domingo, 26 de junio de 2011

El estratega

No hay principios. Todo vale en función de la cuota de poder


Dicen algunas voces autorizadas que el Sr. Rivero es un gran jugador del envite pero al parecer, en su pueblo natal no desperdiciaba la oportunidad de hacer trampas si la partida se ponía fea y de ello dependía alcanzar la victoria final. Por esta razón la principal virtud como político del susodicho no es su formación, escasa, tampoco su experiencia, que es mucha. Su principal fortaleza es la de ser un magnífico estratega. Lo demostró en las autonómicas del 2007, logrando un acuerdo con el PP previo a los resultados de las elecciones para dejar en la oposición a la que resultaría la fuerza más votada en aquel momento, el PSC y lo volvió a demostrar en estas últimas autonómicas, llegando a un pacto de gobierno con el PSC que hace unos días se rubricó formalmente. Un flamante pacto que aún tiene pendiente la sesión de investidura pero que, salvo Tamayazo al estilo canario, le hará de nuevo Presidente del Gobierno de Canarias en detrimento de los conservadores, también la fuerza más votada en 2011, y de Soria, con el que ha mantenido agrias discusiones durante la pasada legislatura.

Un buen estratega sabe que para alcanzar la victoria final es necesario saber manejar dos ámbitos:
En primer lugar su entorno más inmediato, en este caso, el local. Apoyado por la tramposa ley electoral canaria que dificulta las mayorías absolutas, la formación nacionalista se ha introducido muy bien entre los resquicios de una izquierda y una derecha cuyas posibilidades de pacto han sido siempre remotas. En ese contexto, los nacionalistas, los terceros en discordia, siempre han tenido la llave de la gobernabilidad. Con el eslogan presuntamente nacionalista de que Canarias es poseedora de unas especificidades y unas particularidades que son preciso reivindicar ante España y Europa, CC ha sabido comulgar a diestro y siniestro con cualquier formación política. Un distintivo que demuestra la habilidad camaleónica de una formación cuyo atributo más distinguido sea, quizás, la ausencia de una ideología política clara que no sea el mantenimiento del poder. Algo que han conseguido porque en su ambición por mantener sus cuotas de poder han podido apoyarse en el eslabón más débil, el PP en el 2007 y ahora el PSOE, relegando la participación de sus socios de gobierno al de meras comparsas. Una coalición PP-CC, a priori lógica por la historia de colaboración política entre ambas formaciones a nivel local, hubiese implicado relegar al Sr. Rivero a una vicepresidencia del gobierno autonómico envenenada y que éste no hubiese aceptado. Supondría una pérdida de poder y liderazgo importante, a la vez que situaría al Sr. Rivero a completa disposición del Sr. Soria, quien, a buen seguro, se ocuparía de administrarle la misma medicina que éste recibió de aquél para mantener el pacto de gobierno en la anterior legislatura, aparentemente sólido pero convulso de puertas adentro.

En segundo lugar, la obtención de buenos resultados a nivel nacional, sobre todo en los 90, han determinado la presencia de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Una herramienta que también han sabido operar a la perfección. La presencia estratégica de CC en el Congreso les proporciona un potencial extra al darles la posibilidad de presionar a quien estuviera en el gobierno central para obtener determinadas concesiones derivadas del juego democrático, mientras localmente se vendía la idea de que para defender los intereses canarios era preciso estar en el Congreso. Una tesis tan peregrina como cualquier otra. PP y PSC, obviamente, disponen de presencia a nivel nacional, pero los nacionalistas han sabido explotar este aspecto tiñendo su discurso de un nacionalismo de salón y a veces hasta trasnochado, argumentando que tanto la izquierda como la derecha no sirven a los intereses canarios puesto que siempre estarán sujetos a los dictados de sus respectivas ejecutivas nacionales. No sorprenden los resultados aunque a primera vista puedan parecer contradictorios. Apoyo de CC al partido que gobierna España (presupuestos, acuerdos puntuales,…) combinados con pactos sólidos a nivel autonómico con el partido político contrario.

A la postre, esta doble dimensión del nacionalismo canario ha permitido evitar un gobierno autonómico del PP cuando ha obtenido su mejor resultado y debilitar a su vez, a sus nuevos socios de gobierno, el PSC, puesto que han eliminado de su estructura interna al colectivo más crítico y más escorado a la izquierda, el que representaban Santiago Pérez y sus huestes, quizás la verdadera amenaza para el Sr. Rivero. Porque, no nos engañemos, en la crisis interna que ha sufrido el PSC esta primavera hay que ver la alargada sombra del Sr. Rivero, capaz de mover hábilmente los hilos en el ámbito nacional para desactivar a todos sus adversarios a nivel local, alcanzando lo que hace unos meses denominamos la cuadratura del círculo. Una jugada maestra de auténtico estratega.

Por esta razón si como apuntan todas las previsiones hay un cambio político en España en las próximas generales, CC encontrará un escenario en el que ha demostrado saber desenvolverse con gran astucia; un gobierno central en manos conservadoras y un gobierno autonómico en coalición con el PSC. Un escenario para el que CC pondrá a funcionar a toda máquina ese gran artefacto político que es su exclusiva puerta giratoria, con la que ha obtenido tan buenos resultados.

Ante este panorama, presumimos que solo unos hipotéticos malos resultados de CC en las próximas generales, junto con unos buenos resultados del PP podrían ser un torpedo en la línea de flotación de CC. La pérdida de poder de los nacionalistas en el Congreso eliminaría su influencia en la vertiente nacional y el hecho de haber elegido como pareja de baile a nivel local al PSC, les puede confinar a un cierto aislamiento si, como está previsto, se confirma el descalabro socialista en las generales. Y es en este hipotético escenario cuando el Sr. Rivero tendrá que emplearse a fondo utilizando la otra fortaleza que le reconocemos, su capacidad de liderazgo de un equipo político como CC, donde las broncas internas entre sus mandos han estado bien sujetas por ahora, pero que aflorarán en los momentos de mayor debilidad de la coalición.

Sabedor de la importancia estratégica que tiene la presencia en el Congreso de los Diputados, ya se comienza a oír en algunos mentideros oficiales que CC pretende lanzar una plataforma electoral nacionalista para concurrir a las generales. Una plataforma que incluiría a Nueva Canarias. (NC exige a CC la revisión de los pactos con el PP para las generales. Diario de Avisos. 25.06.11). Después de desarrollar una campaña electoral autonómica centrada en diferenciarse de CC atacando sus políticas y a muchos de sus dirigentes, con el Sr. Rivero a la cabeza, no tendría sentido alguno que NC aceptase formar parte de esta plataforma. Pero todo es posible en Canarias. Si finalmente se confirma esta hipotética plataforma, se demostraría una vez más el ADN ideológico de CC, capaz de integrar en su seno a las más diversas formaciones utilizándolas con el único leit motiv de mantener sus cuotas de poder. Y aquí tendríamos que reconocer nuevamente al Sr. Rivero como el urdidor último de dicha estrategia.

Dicho esto, durante esta legislatura esperamos más de lo mismo y desde el punto de vista político, el interés va a estar centrado en tres grandes aspectos:

En primer lugar, cuál va a ser el papel que va a jugar el PSC. Resultará interesante ver cómo esta sedicente izquierda institucional canaria compatibiliza sus políticas presuntamente sociales con unos socios de gobierno responsables de asolar Canarias desde el punto de vista del empleo, la pobreza, la desigualdad social, lo medioambiental y lo público durante los últimos 20 años. Será curioso e interesante ver qué propuestas tienen, qué harán y como las venderán. También, si lograrán sobrevivir al cisma socialista que está previsto para estas generales manteniendo su fuerza para imponer su discurso o convirtiéndose, definitivamente, en un mero apéndice de CC, quienes, no les quepa ninguna duda, romperán el pacto de gobierno en cuanto vean sus intereses peligrar.

En segundo lugar, el tripartito CC-PP-PSOE dispondrá de otra legislatura para continuar profundizando en lo que hemos denominado el gigantismo, las agresiones al medio natural, el impulso de un turismo expansivo y la profundización de las desigualdades sociales. Somos pesimistas respecto a que desde estos partidos mayoritarios se produzca un giro en sus políticas. Máxime con la deriva internacional y nacional que esta crisis ha tomado, imponiendo lo que se ha denominado el Consenso de Bruselas (Golpe de estado silencioso. Público. 24.06.11) que no es más que la versión europea del Consenso de Washington, cuyos principios rectores han sido privatización, desregulación económica y desmantelamiento de lo público. Es decir, recortes sociales, austeridad y un profundo deterioro democrático. Una deriva que también tendrá su manifestación por esta autonomía.

Y en tercer lugar, ante este pesimista escenario es preciso que la movilización ciudadana que ha caracterizado a Canarias en los últimos tiempos continúe, se intensifique y se fortalezca. Se deberá proseguir en la denuncia de los retrocesos democráticos que siguen produciéndose, es vital persistir en la defensa del medio natural, en crear redes de conexión con otros movimientos sociales que también denuncian la actual situación, así como con formaciones políticas que han alcanzado poder a nivel municipal y han demostrado una decidida voluntad de cambio.

El reparto de la baraja se ha hecho, aunque con las cartas marcadas, el envite comienza.

Imagen 1: El Rey en el ajedrez. La pieza a proteger y la que dirige todo.
Imagen 2: Paulino Rivero y José Miguel Pérez después de sellar el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias. En Gomera Noticias

sábado, 18 de junio de 2011

Responsabilidad; esa especie en peligro de extinción


Responsable: Dicho de una persona: Que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.

Segunda acepción del término responsable.
Real Academia de la Lengua Española

A nivel internacional ha quedado demostrada la ineficacia de la estrategia europea para alentar la recuperación económica mediante la imposición de severos planes de austeridad. Parece que la fórmula austeridad económica, luego confianza, luego empleo, no solo no es cierta sino que es un síntoma claro de la incompetencia de esta clase política para resolver una grave situación económica que amenaza con una larga época de estancamiento y una nueva crisis financiera en Europa si Grecia quiebra.

Esta y no otra parece ser la conclusión más lógica si tenemos en cuenta las deliberaciones de los responsables de la UE (básicamente Alemania y Francia) sobre las condiciones para imponer un segundo rescate económico al país heleno (La eurozona pugna por encontrar el encaje del sector privado en el rescate de Grecia. El País. 14.06.2011). Si existe un segundo rescate es porque el primero ha demostrado su inanidad. Pero cabe otra pregunta. ¿Quién garantiza que el segundo rescate no fracasará como el primero?. La pregunta no es baladí puesto que, como se sabe, estos rescates van acompañados de una batería de medidas brutales de ajuste. Las conversaciones en la UE que se han desarrollado estos días al más alto nivel, donde se dilucidaba que la banca participara voluntaria u obligatoriamente en este hipotético nuevo rescate de la economía griega, son de risa. ¿De verdad alguien pensaba que la banca iba a participar voluntariamente en la relajación de las condiciones de rescate griegas? La simple exposición de esta problemática en estos términos indigna y es una muestra rotunda del poder de esa élite económica que fagocitó la esfera política hace mucho tiempo.

Hace un año las mentes clarividentes del gobierno español impusieron un plan de austeridad inédito en toda la historia de la democracia española basado en una fuerte reducción del gasto público. (El gobierno baja el sueldo a los funcionarios y quita el cheque bebe. Público. 12.05.2010). Un gesto que se interpretó por muchos como un giro hacia la derecha del PSOE y como la sumisión española a los dictados economicistas de los llamados mercados internacionales para resolver una situación económica a la deriva. Un severo correctivo que ha afectado drásticamente al gasto social (que es uno de los más bajo de la UE-15) y por tanto a las clases populares. Una política más emparentada con la derecha que luego se intensificó con la subida de algunos impuestos indirectos como el IVA y que en este espacio bautizamos en su momento como la hora del sacrificio social.

¿Dónde estamos un año después? A tenor de lo que nos presentan los principales indicadores sociales, estamos igual o peor que hace un año, con el añadido de que el partido del gobierno ha perdido el respaldo de la ciudadanía en las administraciones locales. Por tanto, aquí también tenemos la versión nacional de la completa inutilidad de los planes de ajuste ideados por el gobierno para reconducir la debacle económica. El colmo llega cuando la totalidad del establishment político, económico y mediático de este país exige a los impulsores del 15-M medidas claras para resolver un dislate de proporciones globales que aquéllos han provocado y cuya impericia para resolver es manifiesta.

Ante esta situación cabe preguntarse sobre la responsabilidad de quienes han sido los promotores y arquitectos últimos de todos estos desaguisados económicos. El diccionario de la Real Academia de la lengua nos indica que la responsabilidad es aquella cualidad de ser responsable, esto es, aquello que está obligado a responder de algo o por alguien. ¿Se responde ante algo o alguien hoy en día? He aquí una de las grandes cuestiones de una época, esta que nos ha tocado vivir, donde la responsabilidad no solo podemos considerarla como una especie en claro peligro de extinción, también se han creado sutiles mecanismos para que la asunción de responsabilidades por parte de agentes públicos o privados se diluya y/o se difumine al igual que los derivados financieros distribuyeron hábilmente los riesgos por el sistema financiero, para llegar a la economía real dejando indemne a quienes han provocado estos destrozos económicos, la gran banca.

¿Es responsable acometer una serie de reformas económicas y sociales sin que figuren en el programa electoral de las formaciones políticas que las promueven? A nuestro juicio no y no es suficiente con aportar el argumento de que la actual situación de crisis económica así lo exige. Ni moralmente, ni desde el punto de vista de la legitimidad democrática, existen razones que justifiquen dichas acciones porque tienen el agravante de realizarse a costa de las clases más populares como ha indicado la experiencia y porque se realizan una vez que el partido ha llegado al gobierno, sin hacer mención de ellos durante la campaña. Lo hicieron los conservadores en Inglaterra y pasará en España. ¿Alguien ha escuchado cuáles son las propuestas del PP para reconducir esta situación antes de los próximos comicios nacionales?. ¿No es esto una verdadera falta de responsabilidad?

Frente a las contribuciones presuntamente altruistas al mejoramiento social, económico y ambiental del poder empresarial a través de la proliferación de eso que se ha dado en llamar la Responsabilidad Social Corporativa o la filantropía de algunos personajes bien posicionados, lo cierto es que vivimos en un entorno donde la irresponsabilidad es un precepto convertido en ley implícita. Y en el mundo de la política ocurre otro tanto. Escuchamos continuas apelaciones a la responsabilidad por parte de unos señores, los políticos, que no dudan en protegerse entre sí cuando los tribunales les imputan delitos de corrupción. ¿Qué son si no una evidente irresponsabilidad, las gratuitas pasarelas de políticos y empresarios entre las esferas política y económica con aparente normalidad, tan usuales hoy en día que ya ni son noticia en la prensa?

En Canarias tenemos nuestra particular dosis de ausencia de responsabilidad. Hemos padecido un gobierno que no es capaz de articular un programa claro para sacar a Canarias del marasmo del desempleo. Se acometen recortes sociales sin pudor, con un consenso discutible y sin que dichos recortes figuren en los programas de esas formaciones que detentan el poder. Si echamos un vistazo a los cargos políticos que han sido elegidos en las últimas elecciones, veremos toda un ristra de personajes imputados que han logrado acceder a importantes cuotas de poder político. (Los imputados de Canarias logran mantenerse en las instituciones. Canarias Ahora. 24.05.11). Es la presunción de inocencia, se nos dice con insistencia mientras la Democracia se degrada y se desvirtúa. Pero aquí nadie dimite. ¿Dónde están los responsables? Puede ser una pertinente pregunta. Otra puede ser cómo hacer para que el concepto de responsabilidad vuelva a impregnar nuestra sociedad.

En primer lugar, urge fortalecer los mecanismos jurídicos encargados de sancionar contundentemente todos aquellos actos que impliquen una dejación de responsabilidades por parte de sus protagonistas. Lo que está directamente emparentado con la necesidad de endurecer las penas contra delitos en los que se haya demostrado algún conflicto de intereses.

En segundo lugar, parece imperativo introducir más y desde luego, de mejor modo, al conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. La presencia de la ciudadanía en la esfera política por medio de mecanismos participativos más efectivos, garantizaría balancear las cuotas de poder económico y político que hoy en día influyen excesivamente en la toma de decisiones.

En tercer lugar, un verdadero estado democrático se preocuparía por activar y fortalecer a la Sociedad Civil a través de una apuesta decidida por la educación en valores cívicos. Crear ciudadanía y sujetos políticos mediante la promoción de la discusión argumentada, los espacios de reflexión abiertos, el conflicto dialéctico pacífico entendido como la herramienta que facilitaría la integración de la diversidad,…Todos son elementos previos a la acción y a la transformación social que parecen básicos para exigir a nuestros representantes y a los agentes privados las responsabilidades que les corresponden. Una Sociedad Civil enérgica y robusta es expresión de una democracia de alta calidad.

En cuarto lugar, es imperativo avanzar en métodos de transparencia pública. La opacidad es sinónimo de irresponsabilidad al encubrir comportamientos incorrectos e ilegítimos. Las nuevas tecnologías poseen grandes potencialidades en este aspecto y utilizadas adecuadamente permitirían ganar en transparencia.

Hay muchas más iniciativas pero parece que la responsabilidad seguirá siendo una especie en peligro de extinción salvo que la Sociedad Civil se levante en masa.

Imagen 1: Sede del Banco Central Europeo en Francfort. Uno de los responsables de los planes de ajuste. En El Mundo
Imagen 2: Manifestación contra el PGO de Santa Cruz de Tenerife. Una forma de solicitar responsabilidades. En Plataforma vecinal contra el PGO

viernes, 10 de junio de 2011

Ciudadanía y deslegitimación de las instituciones

  
Las políticas que nos metieron en este follón no eran respuestas a las exigencias ciudadanas. Eran, salvo unas pocas excepciones, políticas abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, y en muchos casos, las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios. Y al tratar de echarle la culpa a la plebe, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos


Existe una corriente de opinión que argumenta que la actual situación económica y social es producto de la pasividad de la ciudadanía. Desde diferentes medios se nos indica que la gente ha perdido su componente ciudadana y crítica con el actual panorama. Si la gente, se nos dice, haciendo uso de su versión ciudadana más genuina saliera a la calle masivamente, la élite política reorientaría el curso de sus decisiones. A nuestro juicio culpar exclusivamente a la ciudadanía de su letargo a la hora de exigir cambios es injusto y tiene un componente interesado; facilita que los responsables de todo este tinglado político-económico no solo dejen de asumir responsabilidades sino que reproduzcan en el futuro las actuaciones y las decisiones que han tomado para meternos a todos en este desaguisado.

Podemos estar de acuerdo que en la situación actual tiene responsabilidad una parte de la ciudadanía que se encuentra asentada en la pasividad, producto de una sociedad anestesiada por el hedonismo y el consumismo. Lo ocurrido en Islandia es la excepción que confirma la regla. Pero también es cierto que hay un sector de la ciudadanía que ha despertado y el movimiento 15-M es la última manifestación de esta repolitización ciudadana pero no la única. En Canarias existe un sector de la sociedad que ha sido pionero en promover diferentes iniciativas legislativas populares (ILP), movilizaciones en la calle que pide responsabilidades, creación de espacios de crítica en redes virtuales, creación de foros de discusión real que generan, al menos, un debate más plural y más independiente…. Diría más, es el responsable del salto a la arena política mediante la creación de una formación ecosocialista que pretende cambiar las cosas.

Ese sector, que no podemos catalogar de minoritario, cargado de buenos argumentos para cambiar la sociedad, está enfrentado a una estructura política institucional que a pesar de ser depositaria de la soberanía popular, es obvio que no desea profundizar en fórmulas que garanticen el protagonismo de los ciudadanos. ILP rechazadas o no debatidas en el parlamento, ninguneo continuo del concepto de interés general, creación de leyes ad hoc para facilitar el encaje de determinadas infraestructuras, austeros recortes sociales, corruptelas, inexistencia de propuestas que avancen en métodos de democracia participativa…son acciones que no responden a crear un modelo de convivencia satisfactorio para el conjunto de la sociedad, responde a satisfacer los intereses de un colectivo muy concreto, la élite económica.

El despropósito llega cuando existiendo la movilización, se acusa a estos ciudadanos de no tener propuestas concretas, precisas y efectivas. Son un grupo heterogéneo, se nos dice con insistencia. La consecuencia es que terminan vilipendiados y estigmatizados por parte de algunos que consideran que sus propuestas están manidas, son simplonas y adolecen de desconexión. Habría que preguntarse si las propuestas presentadas por la élite política mundial para superar la crisis económica actual, son novedosas, si han solucionado algunas de las problemáticas creadas, si responden a una planificación que pretende aliviar el sufrimiento de todos, si son propuestas homogéneas y coherentes. No. No hay más que ver los planes para rescatar a Grecia por segunda vez. ¿No deberíamos situar la carga de la prueba sobre la actual dirigencia política, poseedora del poder y los medios necesarios para reorientar la actual situación? ¿No debería ser la actual dirigencia política la que proponga medidas eficaces y democráticamente consensuadas?

No estamos completamente seguros de que la actual deslegitimación hacia la que derivan nuestras instituciones sea responsabilidad directa de la ausencia de ciudadanía. En todo caso es responsabilidad de aquellos que usan la democracia a su antojo, a su discreción particular, ignorando que las instituciones democráticas deben perseguir el bien común, el consenso de la comunidad e impulsar el interés general. En lugar de esto se ha vaciado de contenido a las instituciones más representativas de la democracia transformándolas en un mero cuerpo ceremonial, un cascarón sin fondo que ha perdido toda capacidad de gestión pública. Un cuerpo sin contenido que luego es también privatizado basándose en la presunta ineficiencia de su carácter público. La democracia es consenso y separación de poderes y en Canarias las decisiones se toman por decreto unilateral con altas dosis de autoritarismo.

¿Es responsable la ciudadanía de que el Cabildo de Gran Canaria, presuntamente gobernado por una coalición de izquierdas en funciones, deje en manos de la empresa Endesa-Enel la explotación de la estación hidroeléctrica de Chira, abandonando la posibilidad de iniciar un cambio sostenible y público en el panorama energético canario? ¿Es responsable la ciudadanía, de la bronca interna del PSC en Tenerife que derivó en la escisión de una parte de sus integrantes? ¿Es responsable la ciudadanía de que formaciones políticas de ideologías aparentemente opuestas sean capaces de unirse para facilitar la gobernabilidad de las instituciones? ¿Es responsable la ciudadanía de que Canarias cuente con la ley electoral más antidemocrática de Europa? ¿Es responsable la ciudadanía de que los recortes sociales realizados hayan sido focalizados en Sanidad o Educación?.... No. Al menos no del todo.

El modelo de democracia que tenemos es un modelo colonizado por una partitocracia que a su vez está secuestrada por una élite económica que la dirige por medio de procedimientos muy claros; reuniones en secreto y en público (La élite político económica un grupito de amiguetes) presuntos estudios rigurosos que pretenden influir sus decisiones (La cuadratura del círculo. J. García Luján. Canarias Ahora. 13.04.2011) y sobre todo apoyo económico por medio de una financiación de partidos opaca, de la que no se habla o no se quiere hablar (Financiación de partidos; la otra piedra angular).

La progresiva deslegitimación que están alcanzando las instituciones tiene como consecuencia la degradación del actual modelo de democracia. Y esa deslegitimación es responsabilidad en su mayor parte de los políticos que están al frente de esas instituciones, elegidos por los ciudadanos ¡cierto! pero por medio de unas reglas del juego tramposas y donde nadie asume responsabilidades.

Son esas reglas las que se tienen que modificar bajo criterios más transparentes y democráticos para lo cual, obviamente es precisa la movilización ciudadana. La abstención es un indicador no solo de la indolencia de esta ciudadanía, también es un indicador de la falta de propuestas políticas y de la monocolor escena política española. No digamos ya la canaria.

Los movimientos sociales han ocupado parte de esa falta de alternativas. Lo han hecho históricamente. En esa tarea está ya mucha gente en Canarias. Hay que seguir por esta línea y crear puntos de conexión entre todos los movimientos ciudadanos. En los próximos meses, en el próximo año, las cosas tenderán a empeorar porque en Europa, en España y probablemente a nivel autonómico, los fanáticos del dolor, en palabras de P. Krugman (Cuando la austeridad falla. Paul Krugman. El País. 24.05.2011) continuarán apostando por la austeridad y la contención del gasto.

Imagen 1: Blog de Javier Monsalvett
Imagen 2: Cartel contra el Puerto Industrial de Granadilla. Tenerife. En el Digital de Canarias

miércoles, 1 de junio de 2011

Crisis de representatividad; el resultado del 22-M

  
La democracia, al albergar dos términos contradictorios, pueblo y poder, arrastra una indefinición tan amplia que le permite oscilar entre el despotismo y la acracia según el poder se divorcie o se fusione más o menos con el pueblo. Ahora que casi todos los regímenes políticos se dicen democráticos, es el grado de participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones públicas el que marca el lugar que ocupan en el amplio abanico de posibilidades antes mencionado. Y esta participación no cae del cielo, sino que depende de la existencia de unas instituciones que la propicien y de una ciudadanía activa e implicada.


Que la democracia es la mejor forma de gobierno de todas las que existen es una perogrullada que alcanza límites insospechados. Y quienes reiteran una y otra vez esta idea, retórica por evidente, esconden, a buen seguro, un personal interés en no reconocer que los sistemas políticos son mejorables y que se pueden perfeccionar con una decidida voluntad política. Mejoras que pueden orientarse en varios frentes, por ejemplo en alcanzar una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos. Si los grandes partidos que dominan el tinglado político no desean avanzar en este aspecto es porque su actual grado de representación en las instituciones, es decir, su cuota de poder, correría peligro ante una eventual reforma y/o regeneración de los actuales mecanismos democráticos.

La primera conclusión que obtenemos al analizar los resultados electorales del pasado 22-M en Canarias, es que la primera fuerza política en las islas ha sido la abstención con 542.358 votos. La distancia respecto de la formación política más votada, el PP, es descomunal, un 88% más de sufragios. Este dato, que puede servir como indicador cuantitativo de la separación entre la política institucional y la ciudadanía, aunque se ha reducido respecto a las autonómicas de 2007 (casi un 9% menos), debería hacer reflexionar a toda la clase política en bloque sobre su capacidad para alentar la participación de la gente en un momento crítico como el actual, donde se necesita más y mejor política que nunca para superar una situación económica y social deteriorada. No es la primera vez que se registran tan altos índices de abstención, lo que demuestra que es un problema enquistado que solo es posible superar cambiando radicalmente el cómo y el qué se propone durante las campañas electorales. Aunque la mejor forma de alentar el voto es resolviendo los problemas de la ciudadanía durante la legislatura para lo cual es preciso un acercamiento a la gente corriente.

A la elevada abstención hay que sumar el crecimiento del voto nulo (25.191) y el voto en blanco (25.192), un crecimiento del 170% respecto al 2007. Al margen de las interpretaciones que se puedan realizar de cada una de estas dos modalidades de sufragio, lo cierto es que al nivel de abstención anterior hay que añadir 50.383 sufragios que no tendrán representación alguna ni en el Parlamento ni en el ámbito local. Por si solos, los votos nulo/blanco serían la quinta fuerza política en Canarias lo que viene a evidenciar un problema similar al anterior. Hay un elevado número de ciudadanos a los que les trae al pairo los despliegues políticos realizados durante las campañas electorales, sus propuestas, sus debates cara a cara, sus estrategias, sus declaraciones….¿No debería preocupar estos aspectos a nuestra clase política? ¿Cuál es su explicación para justificar tal nivel de desafección? ¿Han tomado alguna medida?

La tercera conclusión que obtenemos del pasado 22-M es que en Canarias, como consecuencia de una antidemocrática ley electoral, configurada por las tres formaciones mayoritarias del archipiélago y de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, hay un total de 94.541 individuos que no estarán representados en el Parlamento de Canarias los próximos cuatro años. Estas formaciones no han logrado superar una de las dos barreras electorales, la del 6% autonómico. Un porcentaje inadmisiblemente elevado que va en detrimento de la pluralidad parlamentaria. ¡Atención!, es como si más de toda la población de La Palma quedara al margen del proceso electoral. Una minoría, el 4,46% de toda la población de Canarias, pero cuyo silencio mayoritario en el Parlamento será ensordecedor.

La suma de todos estos votos (abstención, voto en blanco, voto nulo y sufragios a formaciones que no han podido acceder al Parlamento) hacen un total de 687.282, el 45% de toda la población de votantes. Una cifra que nos proporciona la verdadera envergadura de lo defectuosa que es nuestra democracia, de su crisis de representatividad, de la necesidad de una profunda reforma.

Hay más. Para facilitar la denominada gobernabilidad de las instituciones y toda esa retórica que persigue una presunta estabilidad, con la que se llenan la boca con mucha facilidad políticos varios, la ley permite habilitar pactos entre las fuerzas políticas presentadas a los comicios. La formación política más votada ha sido el PP pero, la aritmética electoral hace posibles otros escenarios de gobierno; escenario 1, que CC logre un pacto conjunto con el PSOE para erigirse como coalición gobernante. Escenario 2, aún más problemático para Canarias que el anterior, que consistiría en que CC o el PP gobernaran en minoría, al menos, hasta las próximas elecciones generales, tal y como indican algunos analistas. Y aquí viene la cuarta conclusión. Venimos de una legislatura donde los dos partidos conservadores se hicieron con el poder desplazando a la oposición al partido más votado, el PSOE, y en su última etapa la tercera fuerza política, CC, tomó el mando en minoría. Estrategias políticas que han generado continuas confrontaciones durante toda la legislatura entre los tres partidos mayoritarios. Ante la deteriorada situación económica y social en Canarias, no parece que sea lo más conveniente. Volver a reeditar una legislatura en estas condiciones, con un clima político enrarecido, supondría olvidar, una vez más, los problemas de una ciudadanía que está harta de su clase política desde hace mucho tiempo, más centrada en conservar sus cuotas de poder y sus parcelitas de influencia, a pesar de lo que trascienda en los medios.

En cualquiera de los tres escenarios posibles, gobierno en minoría del PP (19% de toda la población de votantes) o de CC (15% de toda la población de votantes), o gobierno de coalición entre CC y PSOE (27% de toda la población de votantes), será un gobierno de una minoría, al margen de que nuestros políticos se esfuercen en pregonar que gobernarán para la mayoría. Una situación perfectamente legal e incluso democrática porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico pero ¿Es legítima? ¿Es justa? ¿Es esta la democracia que queremos? Una nueva coalición conservadora, CC-PP, aglutinaría un mayor número de votantes, un 34% de toda la masa de votantes pero también en este caso sería una minoría quien haya erigido a la presidencia a nuestros gobernantes.

Esto son aspectos estrictamente numéricos. No hemos mencionado cuestiones como que algunos candidatos imputados por malversación, cohecho, prevaricación y demás delitos relacionados con la esfera urbanística han sido refrendados por el electorado. Canarias era la segunda comunidad autónoma con más candidatos imputados. Una depravación que está gangrenando nuestra democracia. Tampoco hemos hablado de las listas cerradas, la burocratización de la participación ciudadana en los asuntos públicos, la triple paridad electoral, la sobre-representación de las islas periféricas…

Si ante estas evidencias no resulta claro que nuestra democracia necesita una profunda renovación y/o regeneración, tanto en los mecanismos que la articulan como en la propia concepción de los partidos políticos encargados de aplicarla, es que se está cerrando los ojos irresponsablemente a una realidad que ya nos está pasando una factura muy cara.