Desigualdad y pobreza en Canarias (y IV)

El actual modelo de financiación autonómica es fruto del PSOE y CC. 

Australia Navarro. Portavoz parlamentaria del PP en Canarias. 

El consejero de Economía y vicepresidente de Canarias, José Manuel Soria, ha hablado de "apoyo crítico". 

Aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica. El mundo. Julio 2009.  

Rivero utiliza la caída de la financiación autonómica, la reducción de la inversión pública y la retirada de la aplicación de diferentes incentivos económicos del REF como arietes contra el gobierno central para exigir un trato justo con las Islas. Pero sin quererlo, lo que está haciendo el presidente es señalar dos de las principales problemas que presenta Canarias y que están en la base de la generación de desigualdad y pobreza en la región.

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En primer lugar, una desmesurada dependencia de la economía del archipiélago del capital público (ya sea este nacional o europeo) y de las decisiones vinculadas a la inversión en infraestructuras y actividades inmobiliarias. Ciertamente, la financiación autonómica se ha reducido en los últimos años. Incluso es muy posible que desde el gobierno central se estén empleando todo tipo de mecanismos políticos, financieros y legislativos, para dificultar la gestión del grupo de gobierno que arrebató al PP canario la jefatura del ejecutivo que este había ganado en las urnas. Pero una economía sana compensaría la insuficiencia de financiación pública con una iniciativa privada dinámica y solvente, capaz de crear empleo de calidad. No es el caso. Se opta por convertir la falta de financiación en un victimismo que raya lo obsceno, y prueba que lo que importa al mando canario es la defensa a ultranza de los intereses de la clase dirigente que ha sido receptora de esa financiación pública. Recordemos, además, que el ejecutivo de CC-PP aprobó en el 2009 el modelo de financiación autonómica propuesto por el gobierno del PSOE con Zapatero. Ese modelo de financiación recibió, además, el apoyo crítico del PP regional, en palabras de José Manuel Soria, por entonces vicepresidente de Canarias.

Los tres partidos, que han alternado sus papeles a lo largo de los últimos años son parte del problema y no de la solución de la desigualdad y la pobreza en la región. Una discusión entre administraciones que, además, está siendo convenientemente aderezada con las dosis de nacionalismo que tan bien utiliza Coalición Canaria. De lo contrario a qué vienen los debates sobre la residencia y el empleo o sobre la reforma de la Constitución para encajar el hecho diferencial canario que CC saca al palco mediático cuando le interesa. Lo que de verdad interesa conocer a los canarios es ¿Cómo se han distribuido todos esos recursos públicos de los que Canarias ha sido beneficiaria a lo largo de los últimos 15 años? ¿Quiénes han sido los receptores principales de los mismos? ¿Por qué no se han invertido en actividades estratégicas de fondo después de un debate público, democrático e inclusivo? Es ahí donde se pueden encontrar las causas de la desigualdad y la pobreza en las Islas.

En segundo lugar, Canarias cuenta con una legislación que, o bien no se cumple deliberadamente para beneficio de algunos (PGO fraudulentos, catálogo de especies protegidas), o bien no garantiza el incentivo necesario para que florezcan las potencialidades reales del archipiélago (energías renovables, sostenibilidad, turismo de calidad, transporte colectivo, autoconsumo, etc.). ¿Es la nueva legislación del REF una herramienta para que Canarias oriente su desarrollo económico y social por otras vías alternativas o es un instrumento estratégicamente diseñado para seguir consolidando los privilegios de los principales grupos de poder económicos?

En el fondo lo que nos está pidiendo el Sr. Rivero denunciando la presunta ausencia de una política de Estado con el territorio más frágil y alejado, es que Canarias continúe transitando por los mismos derroteros económicos de las últimas décadas. Lo que significa mantener los mismos condicionantes que han influido en que la pobreza y la desigualdad hayan pasado a ser características definitorias del modelo social del archipiélago. Lo que es lo mismo que querer seguir manteniendo el esquema de privilegios, connivencias y prebendas que gozan algunos a costa de la gran mayoría de los canarios. Existen varias formas de paliar las desigualdades y el incremento de la pobreza en un territorio donde su modelo productivo genera tantas disparidades. Pero la condición inicial es tener voluntad política para combatirlas abandonando un sistema de base capitalista para abrazar un sistema alternativo basado en la economía solidaria, la cooperación y la sostenibilidad ambiental.

La primera y más inmediata exige recuperar nuestras principales actividades de generación de riqueza, evitando que el valor creado escape del territorio insular. Si la riqueza que se genera se quedara en el archipiélago se fortalecería el débil mercado interno al tiempo que se potenciaría la economía local. Sería conveniente recuperar las actividades que permitieran a las Islas ganar en autonomía. Las actividades agrícolas donde Canarias tiene ventajas son un buen ejemplo. Posibilitaría que el archipiélago ganara en autonomía alimentaria al tiempo que se embellece el paisaje, materia prima fundamental de un verdadero y potencial turismo respetuoso con el territorio (y de calidad) sobre el que se debería profundizar. Canarias también podría ser pionera en actividades relacionadas con el establecimiento de una economía en transición, baja en carbono y basada enteramente en energías renovables. Cuenta con los recursos para ello, es un nicho de empleo jugoso y podría servir de paradigma para la construcción otro tipo de mundo.

A medio plazo es imprescindible impulsar políticas reales y efectivas de redistribución de la renta centradas en equilibrar las diferencias sociales. Pero lo cierto es que el sistema fiscal de Canarias parece más preocupado en consolidar su función recaudatoria, como lo prueba, por ejemplo, las subidas del IGIC, un impuesto indirecto que afecta por igual a todos los ciudadanos. Al mismo tiempo el archipiélago cuenta con un sistema escasamente progresivo y donde la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es más bien nula. También es vital contar con un sistema de servicios sociales que proporcione cobertura suficiente a sus ciudadanos. Canarias dedica a este concepto solo el 0,65% de su PIB, muy por debajo de la media estatal. El archipiélago es la segunda comunidad con peores servicios sociales de España y la cuarta que más ha recortado su gasto en los últimos 4 años. Tampoco es de extrañar que hace dos años nuestro archipiélago recibiera la puntuación más baja en la aplicación de la Ley de Dependencia.

A largo plazo, el método más claro para combatir la desigualdad y la pobreza es contar con un sector educativo solvente que proporcione la formación que demanda el mercado a su fuerza laboral; un sector sanitario de calidad, con cobertura universal e igualitaria para todos y que garantice unos niveles de salud pública elevados; un sistema de pensiones eficiente que retribuya adecuadamente a la fuerza de trabajo que abandona el mercado laboral y le permita mantener un nivel de consumo digno y acorde con su vida laboral. Pero Canarias no es ejemplar en ninguno de los tres campos mencionados. Recordemos que Coalición Canaria no evitó la decisión de Zapatero de congelar las pensiones en 2010. El sistema sanitario canario es de los peores valorados en España según algunos estudios. Y sobre el sistema educativo canario la OCDE admitía que requería serios cambios 2 años antes de los brutales recortes aplicados con motivo de la crisis.

Hay que derribar varios mitos pacientemente construidos por los que se benefician de ellos. Y uno es el que afirma que creciendo más se distribuirá la riqueza entre todas las capas de la sociedad por el efecto goteo. Canarias ha vivido una prueba más de que este supuesto axioma es falso; hemos conjugado el mejor mes de mayo en la última década, desde el punto de vista turístico, con el hecho de ser la única comunidad autónoma donde creció el desempleo registrado en ese mismo mes en toda España. Una muestra más de que volvemos hacer campeones nacionales de la miseria echando balones fuera.

Desigualdad y pobreza en Canarias (III)

Esta normativa fiscal parece sacada de un texto de El Roto o de Valle Inclán, pero no es así, se trata de la RIC. Evidentemente, no queremos darnos cuenta de que la principal ultraperiferia es la mental que es la que está llevando al disparate a Canarias como sociedad y como espacio económico a la vez que a un aumento abismal de la desigualdad.

Federico Aguilera Klink. ¿Nacionalismo o subvencionalismo? Febrero 2004.  

En el artículo anterior hemos visto algunos indicadores económicos y sociales que ilustran que el modelo productivo que se estila en Canarias es generador de pobreza y desigualdad. Además hemos destacado la inacción del ejecutivo autonómico para impedir la extensión de la desigualdad y la pobreza en las islas durante el periodo de expansión económica. Pero hay otros factores que es necesario han contribuido al incremento de la desigualdad y la pobreza en el archipiélago.

Padylla

La RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, es una herramienta fiscal que permite a los empresarios instalados en el archipiélago quedar exentos de pagar el Impuesto de Sociedades hasta en un 90% de la base imponible de los beneficios no distribuidos. Se trata de un presunto incentivo fiscal otorgado a aquellos empresarios que, a cambio, deben destinar ese volumen de recursos que se ahorran para estimular la inversión, el empleo y, por tanto, el crecimiento económico en las Islas.

La realidad, sin embargo, es que ese volumen de recursos que quedaba exento fiscalmente (según algunas estimaciones en el periodo 98 – 2007 llegó a significar unos 1.300 millones de € anuales que dejaba de ingresar la Hacienda Pública canaria) no se destinó a la creación de actividad económica transformadora de la realidad social de Canarias. Al contrario, los recursos RIC se orientaron a las actividades especulativas que generaban un beneficio rápido y masivo a corto plazo. En la época de la liberalización del suelo, el boom inmobiliario y la aplicación suave de la ley de costas, parte de los recursos RIC fueron destinados al sector de las actividades inmobiliarias, pero también a la suscripción de inversiones financieras de instituciones públicas canarias como la compra de deuda pública autonómica (de modo que los empresarios pasaron de aportar recursos a financiar la Administración Pública canaria), o la adquisición de títulos representativos del capital de sociedades que presuntamente desarrollaban su actividad en el archipiélago. Al mismo tiempo, existe una ingente cantidad de recursos ociosos por este concepto que no han sido materializados aún porque no encuentran destino. Bien empleados, con la supervisión pública adecuada y persiguiendo fines de interés común, esta bolsa de recursos ociosa podría significar una inyección de capital que insuflaría oxígeno a la maltrecha economía canaria.

El efecto perverso generado ha sido múltiple; consolidar un modelo productivo basado en actividades especulativas, muy impactantes medioambientalmente en el caso de Canarias, y creador de un tipo de empleo de baja cualificación y retribución; debilitar el sector público canario puesto que este deja de ingresar una bolsa ingente de recursos que le proporcionaría músculo financiero; fortalecer económica y políticamente al grupo de empresarios que se acogían a este tipo de herramientas fiscales.

Recordemos que este instrumento fiscal está regulado por el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Por tanto, podríamos decir que es una institución extractiva diseñada y entronizada desde Canarias para crear desigualdad. Un artefacto que proporciona una ventaja fiscal a los empresarios, consolidando de facto un sistema impositivo inequitativo que supone un agravio frente a los gravámenes que soportan las rentas del trabajo, proporcionalmente superiores a las de aquellos.

Hay otro factor a tener en cuenta y que explica en parte la desigualdad y la pobreza en Canarias. ¿Cuál es la calidad del gasto público en Canarias? Es decir, aquellos que se benefician de los servicios públicos que proporciona el estado del bienestar autonómico ¿son los mismos que los que lo sufragan? Si es así estamos ante un problema redistributivo importante, también ante un dilema ético. La teoría nos dice que deben ser los individuos con rentas superiores los que tienen que aportar proporcionalmente más al sistema que financia el Estado del Bienestar autonómico. El fraude fiscal desvirtúa la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza porque cuanto mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal que deban soportar el resto de contribuyentes y, por tanto, menores los ingresos obtenidos para financiar los servicios públicos. Canarias con una economía sumergida que alcanza, según algunas estimaciones, el 28,7% del PIB (la segunda más alta de España) y un volumen de evasión fiscal no despreciable que obliga a cada canario a realizar un esfuerzo fiscal extra de unos 2.100 € (la media española se sitúa en los 1.910€), hacen pensar que los que financian la Educación, la Sanidad, la vivienda social, el subsidio de desempleo, los servicios asistenciales, los programas contra la exclusión social, etc., son los mismos que los que lo sufragan. Y resulta que son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias en estas actividades.

Desigualdad y pobreza en Canarias (II)

   
Esta pérdida de peso de los salarios ha provocado que España sea uno de los países con mayor desigualdad de Europa.

Hay alternativas. Navarro, Torres, Garzón. 2011. 

En el artículo anterior hemos reflexionado sobre los fenómenos de la desigualdad y la pobreza en Canarias. Hemos mantenido la tesis de que estos fenómenos avanzan en nuestro archipiélago por factores internos tales como una estructura productiva que crea condiciones desiguales y una ausente política redistributiva por parte del ejecutivo autonómico. Veamos algunas cifras.

En la Encuesta de Estructura Salarial del 2006, dos años antes de la crisis, Canarias mantenía el segundo salario medio anual más bajo de España con 16.431,12 €. Cuatro años después, en 2010, la misma encuesta, la última que se ha realizado, sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con el menor salario medio de España con 19.315,56€. Si analizamos el tipo de actividades que se practican en el archipiélago entenderemos a qué se debe este fenómeno. La economía canaria no destaca por contar con tareas de alto valor añadido como las relacionadas con la innovación y la I+D+i, las actividades financieras y de seguros, la información y las comunicaciones o la gran industria. Más bien destaca por las ocupaciones relacionadas con la hostelería, el turismo de sol y playa, la construcción o las actividades inmobiliarias. Según la Encuesta de Estructura Salarial, estas profesiones se retribuyen con salarios bajos. Por lo que es relativamente coherente que si en un territorio predominan profesiones retribuidas con bajos salarios, sea ese territorio el que presente el menor salario medio. Todo ello tiene importantes implicaciones en la construcción de un mercado interno frágil puesto que, desde el punto de vista económico, de partida contará con un nivel de demanda interna débil. Canarias no es ajena a esta descripción.

El encargado de establecer un marco legal e institucional que facilite los intercambios de mercado es el sector público. Como regulador es, además, el responsable de trabajar para construir un modelo productivo centrado en tareas punteras, de alto valor añadido y que reporten a sus ciudadanos un nivel de bienestar suficiente. Mediante la modificación de este marco institucional el sector público puede influir en los precios de los bienes y de los factores intercambiados en el mercado. Por tanto, tiene la posibilidad de modificar la distribución primaria de la renta. Para ello debe crear las condiciones económicas y políticas necesarias para que ese modelo productivo genere empleo de calidad con salarios remunerados de forma competitiva, fomentando así la igualdad. Desde luego esto no se consigue invitando exclusivamente a operadores de telefonía que ofrecen actividades de baja cualificación a instalarse en las Islas, tal como hizo el ejecutivo canario hace un año.

En etapas de crisis profunda la destrucción de empleo es más fácil y virulenta en este tipo de economías. La colocación de toda esa fuerza de trabajo ociosa es más difícil debido a su formación insuficiente. Si además de ello contamos con un sistema educativo que no permite el reciclaje de esa fuerza laboral y un mercado de trabajo que no ofrece otros nichos de empleo como alternativa, obtenemos como resultado una economía con un alto desempleo y de larga duración. Canarias es un ejemplo de libro de todo ello donde, además, con los recortes aplicados en Educación y unas prestaciones por desempleo limitadas, más que luchar contra la desigualdad y la pobreza parece que se trabaja deliberadamente para su consolidación. ¿Quién es el responsable de que el modelo productivo canario cuente con estas características? El estado español participa en la definición de ese marco institucional pero también lo debe hacer y de forma directa la comunidad autónoma. Antes de la crisis Canarias ya tenía estos problemas en su modelo productivo. ¿Cuáles son las acciones desarrolladas por el ejecutivo canario para crear un modelo productivo basado en la innovación, la alta cualificación, la investigación o la calidad? ¿Responde el nuevo Régimen Ecónomico y Fiscal (REF) de Canarias a estas exigencias?

Desde el año 1996 hasta el 2007, Canarias registró una tasa de variación anual de su PIB que osciló en torno al 3%. Sin embargo, ni la desigualdad ni la pobreza se vieron reducidas durante ese largo periodo de bonanza en proporción similar. Para el año 2000 el INE situaba el % de personas bajo el umbral de la pobreza en Canarias en el 22,6%; en el 2004 en el 24,1% y en el 2007 en el 26,8%. Para el conjunto del estado español ese indicador fue de 18,4%, 19,9% y 19,7% respectivamente. Lo que denota el comportamiento de esa variable es que el modelo productivo canario no solo generó desigualdad y pobreza durante la expansión económica en mayor proporción que en el resto del estado español, sino que los esfuerzos por contener el incremento de esas variables por parte del ejecutivo autonómico fueron totalmente nulos.

Asimismo, la tasa de riesgo de pobreza en la comunidad autónoma de Canarias se incrementó del 24% en 2007 al 35% del año 2012, un incremento meteórico que muestra un fenómeno común en toda España; en periodos de profunda crisis las magnitudes que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social crecen con fuerza. Las condiciones de creación de esa desigualdad se han enquistado tanto en el sistema productivo canario que ya forman parte de su ADN y es muy difícil paliarlas en épocas de crisis. ¿Dónde fue a parar la riqueza generada en el último periodo de bonanza del archipiélago? ¿En manos de quién está esa riqueza? La Agencia Tributaria, en un estudio del 2011 estableció que solo el 0,2% de la población canaria concentraba el 80% de la riqueza del archipiélago. Esto son datos y está muy lejos de ser ideología.

Desigualdad y pobreza en Canarias (I)

  

…estamos cada vez más lejos de la igualdad de oportunidades que los canarios merecemos; y no por errores de los distintos gobiernos de Canarias, que han multiplicado esfuerzos a pesar del estrecho margen presupuestario, sino por la ausencia de una verdadera política de Estado con el territorio más alejado y frágil. 

Doce puntos. Paulino Rivero. 02.06.2013. 

Vincular la pobreza y la desigualdad a la desatención de Canarias por parte del Estado español, como ha hecho hace unas semanas el presidente del gobierno de Canarias, es reduccionista. Muestra una sola de la multitud de dimensiones que tiene el fenómeno y, por supuesto, refleja la parte que más le interesa al ejecutivo de cara a exonerar su responsabilidad ante la magnitud del drama.

La desigualdad social y la pobreza son dos conceptos básicos en Sociología que además están estrechamente relacionados. Aunque es posible poner coto a la pobreza sin reducir la desigualdad, lo cierto es que conviven ambos fenómenos en muchas sociedades. Olvidados durante las épocas de expansión económica porque quedan ocultos bajo los indicadores de opulencia, lo cierto es que en épocas de vacas flacas estos términos hacen acto de presencia de nuevo en el palco mediático. Lo que prueba la permanencia de su existencia y también su agravamiento. Este comportamiento es en parte lógico, tanto la desigualdad como la pobreza son dos aspectos consustanciales al Capitalismo. La lógica de reproducción capitalista implica la acumulación del capital a base de privilegiar los procesos de concentración de la riqueza, que es, precisamente, la otra cara de la desigualdad y la pobreza. En una época donde se subvierte el contenido de algunos conceptos, para utilizarlos de forma tendenciosa, conviene precisar ambos términos para evitar que nos vendan la moto para luego analizar someramente qué pasa en Canarias.

Población en riesgo de pobreza

Uno de los principales factores explicativos de la desigualdad social es la desigualdad económica o de rentas y hace referencia a la disparidad de ingresos que se puede detectar en un colectivo, región o país. Al hablar de disparidad de ingresos estamos haciendo referencia a cómo se distribuye la renta entre los diferentes actores de la sociedad. En general, existen dos grandes modos de distribuir la renta que se genera en un sistema económico. Por un lado, la distribución primaria de la renta es la que resulta en el sistema económico al retribuir los factores de producción (en general, Capital, Trabajo y Recursos) según sea su aportación al sistema productivo. Se trata, por tanto, de la distribución de ingresos que genera el propio funcionamiento del mercado una vez que ha asignado lo que se produce según los precios, la dotación de factores disponibles y los tipos de actividad que se ejecutan.

Por otro lado, la distribución secundaria de la renta o redistribución de la renta viene a ser un segundo proceso de reparto de la renta. Este segundo reparto lo ejecuta el Sector Público y consiste en permitir un mayor o menor nivel de consumo a los agentes económicos según su aportación al sistema productivo. Para ello el Sector Público, en el ámbito local, nacional o internacional, utiliza las herramientas fiscales que tiene a su alcance; impuestos, transferencias, subsidios de desempleo, pensiones, etc. Se trata por tanto de equilibrar los niveles de ingreso de cada colectivo, región o país en base a criterios de justicia, cohesión e igualdad social.

La pobreza también es un aspecto complejo. Muestra la dificultad de los individuos para acceder a los bienes y servicios esenciales que les garanticen una calidad de vida digna y un desarrollo personal y social satisfactorios. El principal factor explicativo de la pobreza es la existencia de una renta insuficiente derivada de la ausencia de empleo o de una retribución escasa del mismo.

Por tanto, tenemos varios conceptos íntimamente relacionados. La pobreza y el nivel de renta por un lado, y la desigualdad y la distribución de la renta por el otro. Conceptos que nos llevan a otros dos más generales que son clave; la estructura productiva del mercado y las políticas redistributivas. ¿Cuáles son las características más relevantes del mercado en Canarias? ¿Qué medidas redistributivas han llevado a cabo los diferentes gobiernos de Canarias en los últimos 20 años?

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos decir que el mercado en Canarias se caracteriza por promover una estructura productiva excesivamente dependiente del ciclo económico, donde la creación de empleo está vinculada a altas tasas de crecimiento del PIB. Es, además, un mercado de monocultivo, es decir, centrado exclusivamente en actividades masivas como el turismo de sol y playa, la construcción o las actividades inmobiliarias, desdeñando otras actividades de mayor valor añadido como las relacionadas con la industria de las energías renovables, el medio ambiente, la cultura, o el turismo de calidad alejado del concepto del todo incluido. A destacar la enorme actividad informal que se genera al margen de los cauces formales de la economía, la baja inversión en I+D+i o en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, tenemos un mercado con un alto nivel de precarización y temporalidad laboral y una baja cualificación de su capital humano. Lo que se materializa en una elevada tasa de desempleo difícil de combatir, y en un salario medio anual de los más bajos del territorio nacional.

Una estructura productiva que destaca también por una alta concentración de rentas en manos de pocas familias que, a su vez, debido a su poder económico, tienen una gran influencia sobre las decisiones políticas de calado que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de las Islas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias para modificar esta estructura productiva que es la responsable de una distribución primaria de la renta tan desigualitaria y unas rentas laborales tan bajas? ¿Quién decide lo que se produce y cómo se produce en las Islas? ¿Dónde están los esfuerzos del gobierno canario para cambiar un modelo económico tan injusto, desigual e impactante medioambientalmente?

En cuanto a las políticas redistributivas llevadas a cabo por el gobierno de Canarias, hay que decir que se caracterizan por su extrema debilidad. Por un lado, las políticas sociales no han logrado crear una red de protección social suficientemente asentada frente a la existente en otras comunidades españolas. En Canarias, sobresale un sistema de garantía de ingresos fragmentado, con una cobertura sobre los más vulnerables muy desigual y donde el nivel de gasto social que nos correspondería por nuestro nivel de renta es insuficiente.

Eneko

Por otro lado, Canarias despunta por mantener un sistema fiscal escasamente progresivo, incapaz de detraer proporcionalmente más rentas a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Una política que se puede ejecutar modulando los tramos autonómicos de cada impuesto o creando otros capaces de gravar a los colectivos más pudientes. La aplicación, con un seguidismo exacerbado por parte del gobierno de Canarias, de las políticas de austeridad que desde el gobierno central se han ejecutado de forma indiscriminada, ha tenido un efecto demoledor sobre aquellos colectivos de la sociedad canaria más vulnerables. La virulencia del ajuste fiscal promovido por Europa y España ha supuesto en la autonomía grandes recortes en sectores como la Sanidad, la Educación o la Dependencia. Sectores que, antes de los recortes, contaban con importantes deficiencias de calidad en su funcionamiento que se han transformado en crónicas después de estos. Los damnificados han sido las capas menos pudientes de la sociedad, que son las que más se beneficiaban, precisamente, de la utilización de los programas sanitarios y educativos. El resultado de la ausencia de políticas redistributivas equilibradoras ha sido que los colectivos más pudientes siguen manteniendo sus privilegios económicos y políticos, y aquellos sectores de la sociedad más débiles seguirán hundiéndose económicamente. La brecha entre unos y otros continuará creciendo y en este fenómeno el gobierno de Canarias tiene una responsabilidad directa porque ha renunciado a redistribuir la renta.

Las transferencias económicas que recibe Canarias desde instituciones públicas también forman parte de las políticas de redistribución. Dice Rivero que el archipiélago ha sufrido una reducción de la inversión española en obra pública. Pero no es menos cierto que desde instancias europeas han entrado una cantidad no despreciable de recursos bajo el amparo de las políticas RUP. Transferencias económicas empleadas mayormente en el desarrollo de infraestructuras de transporte y energía de dudosa utilidad social y con una gran huella medioambiental. Una transferencia de recursos efectuada sin la adecuada evaluación de su impacto sobre la cohesión social y sin valorar su eficacia redistributiva. Pero que sí han reportado grandes beneficios económicos a los grupos empresariales de esos sectores. Lo que les ha servido para consolidar su poder de influencia política en las Islas. ¿Por qué no se han orientado estas transferencias hacia la inversión en la economía del conocimiento, en innovación o en desarrollo empresarial?

La caída de la financiación autonómica, la reducción de la inversión en obra pública y la cancelación de la aplicación de algunos incentivos económicos que contempla el REF, son factores que pueden haber afectado al incremento del diferencial de rentas entre Canarias y el resto de CC.AA. Pero lo cierto es que las causas del incremento de la desigualdad y la pobreza en las Islas hay que imputarlas en gran parte al ejecutivo canario. Durante los periodos de bonanza económica es cuando se debe trabajar por la reducción de las desigualdades sociales. Y Canarias es un caso ejemplar en no ejecutar esa tarea cuando lo tenía que hacer. La consecuencia en una etapa de profunda crisis es la cronificación de los índices de desigualdad y pobreza que es lo que tenemos en la actualidad.