Las medidas sanadoras de FEPECO

Además de reducir la fiscalidad y los costes de Seguridad Social, Fepeco pide otras medidas como la aplicación de desgravaciones fiscales en las obras de reforma y rehabilitación, la reducción de la burocracia e incluso "alguna forma de amnistía fiscal". 

La patronal del ladrillo propone una amnistía fiscal. Canarias Ahora. 28.03.14 

La patronal del sector de la construcción en Canarias, FEPECO, ha informado recientemente de un incremento de la incidencia de la economía sumergida. Según su diagnóstico este crecimiento se estaría produciendo en las pequeñas obras relacionadas con las reformas y la rehabilitación de inmuebles. Argumentan que aflorar estas actividades que se producen en negro en la actualidad permitiría crear dos o tres mil puestos de trabajo.

Sorprende que sea el lobby de los constructores en Canarias quien denuncie, precisamente ahora, un aumento de la economía sumergida en el Archipiélago. Una lacra que lleva años enquistada en estas Islas en muchos sectores pero, sobre todo, en el de la construcción, sin que se les haya detectado mucha preocupación al respecto. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda cifran en más del 27% el impacto de la economía sumergida en las Islas y nos indica que una de sus causas ha sido la expansión de la burbuja inmobiliaria. Nos cuesta recordar alguna declaración de algún miembro de FEPECO denunciando el aumento desaforado del sector de la construcción y de infraestructuras en las Islas y, en consecuencia, el crecimiento de la actividad informal en paralelo durante los años de bonanza económica. Parece que cuando las cosas les iban muy bien en aquellos años, poco les importaba la hipertrofia que se estaba creando en el sector de la construcción.

Obviamente, toda la sociedad en su conjunto debería luchar contra cualquier forma de economía sumergida. Con la expansión de las actividades en negro lo único que se consigue es debilitar la capacidad colectiva que posee una sociedad para progresar. Sin embargo, resulta muy deshonesto declarar que la reducción de la economía sumergida se consigue mediante una rebaja de impuestos y cotizaciones sociales o mediante alguna forma de amnistía fiscal.

Al final, las declaraciones del lobby de la construcción no dejan de ser una nueva petición al poder político para minorar la carga impositiva que los empresarios soportan. Es la sempiterna estrategia del poder económico. Desregular y flexibilizar la normativa con el argumento de que si al empresario le sale más barato producir vía menor carga impositiva, menores cotizaciones sociales o menores costes laborales, no solo podrá producir más sino que, además, podrá contratar más. Un dogma de fe que se difunde de forma irresponsable y que ignora, deliberadamente, que una reducción de salarios y de impuestos tiene contrapartidas; una menor capacidad adquisitiva del trabajador y el debilitamiento de la capacidad financiera del sector público en favor de un incremento de los beneficios empresariales.

Pero lo que resulta un desafuero inadmisible es que se solicite alguna forma de amnistía fiscal para, supuestamente, reducir el impacto de la economía informal en estas Islas. Resulta curioso que se proponga combatir la economía sumergida eximiendo de las responsabilidades fiscales que algunas empresas de la construcción han dejado de asumir y, para más inri, como coletilla moralizadora por si alguna duda quedaba de las buenas intenciones de FEPECO, se diga que se considera fundamental una mayor concienciación social sobre las consecuencias negativas que la economía sumergida. El nivel de desvergüenza alcanza ya límites insospechados.

La impotencia democrática

  

En lugar de un codesarrollo de las regiones de Europa, se asiste a una polarización que la crisis ha acentuado dramáticamente (…) Hasta tal punto que cabe afirmar que, al observar su trayectoria en el conjunto del continente desde 1945, una gran división entre el Norte y el Sur ha reemplazado la división Este-Oeste, aunque la separación no se materialice en un muro, sino más bien en un drenaje unilateral de recursos.

Un nuevo aliento, pero ¿Para qué Europa? Etienne Balibar.Le Monde Diplomatique. Marzo 2014

En mi opinión, el mecanismo a través del cual las democracias mutarán hasta hacerse irreconocibles, no es el tecnológico, sino el económico. En la tensión latente entre democracia y capitalismo, es el desarrollo del capitalismo lo que puede terminar por agotar el espacio propio de la democracia política. 

La impotencia democrática. Ignacio Sánchez Cuenca. Pág. 167. 2014 

Entender lo que pasa en los ámbitos de la política y la economía española se está convirtiendo en una empresa cada vez más frustrante. La razón hay que buscarla en la creciente dificultad para percibir con claridad cuáles son las causas que nos han llevado a la situación de zozobra económica y social por la que transitamos. Y son ya casi seis años. Obviamente, esta dificultad creciente para comprender lo que nos pasa es consecuencia del gran ruido ambiente. Con el estimable concurso de los medios de comunicación afines, este ruido es impreso por los diferentes agentes económicos y políticos. Éstos ya sean de izquierdas o de derechas pretenden satisfacer sus intenciones haciendo una utilización partidista de la crisis.

Para abrirse camino en esta jungla de intereses resulta fundamental cultivar un elevado nivel crítico con lo que nos venden algunos desde su respectiva trinchera ideológica, así como mantener altas cotas de independencia intelectual. En este escenario, resulta imperioso exigir argumentos de calidad a todos esos actores que a diario nos maltratan dialécticamente con sus mensajes. Una empresa compleja pero posible.

Precisamente son argumentos lo que destila el último libro de Ignacio Sánchez Cuenca y que lleva por título La impotencia democrática. En él, el profesor de Ciencias Políticas intenta dar una explicación razonada de la profunda crisis política que atraviesa España y su relación con la debacle económica que sufrimos. ¿Cuáles son las razones de la crisis política que vive España? ¿Es la crisis económica fruto de la crisis política o son dos fenómenos independientes sin relación entre ellas? ¿Podemos salir de la crisis económica promoviendo cambios institucionales en el ámbito nacional como la reforma de las Autonomías, la reducción de los altos niveles de corrupción, la modificación de las reglas electorales o el impulso de un proceso constituyente? No a juicio del profesor.

Sánchez Cuenca demuestra con solvencia que esas reformas institucionales que se reclaman desde posiciones conservadoras y progresistas poco pueden hacer para resolver el desbarajuste económico en el que estamos. Obviamente de un mejor diseño institucional obtendríamos sociedades más inclusivas y democráticas pero antes de que sobreviniera la crisis, esos problemas institucionales ya existían. Entonces gozamos de una época de bonanza económica sin precedentes (aunque sin que esa bonanza ayudara a reducir la desigualdad) La mejor manera de justificar una reforma política es venderla como solución a la crisis económica y eso es lo que están haciendo algunos a ambos lados del arco parlamentario. Según el profesor esto no deja de ser una deshonesta estrategia oportunista contra la que es preciso defenderse.

Para entender el descrédito que vive el sistema político español hay que apuntar más allá de las fronteras nacionales, mostrando lo que España tiene en común con otras regiones europeas que también están aquejadas de una crisis política de magnitud similar. Sánchez Cuenca indaga en la incapacidad de los grandes partidos políticos españoles para promover iniciativas que resuelvan el malestar ciudadano. Un desasosiego producto de las injusticias de la crisis económica derivadas del reparto desigual de los ajustes. Esta falta de aptitud de los partidos hay que buscarla en el proceso de vaciamiento de competencias que los gobiernos han sufrido en beneficio de instancias supranacionales. Una derivación del avance de una lógica concreta de la globalización. Una lógica basada en el predominio del cuerpo doctrinal de la Economía Ortodoxa (y por tanto de los economistas que la cultivan) del crecimiento excesivo del sector financiero y de la enorme influencia del poder económico en la política que habría encontrado las claves para domeñarla.

El politólogo considera que el espacio donde más lejos se ha llevado esta lógica de la globalización es en la Unión Europea, cuya actual arquitectura institucional esconde una arquetípica estrategia de adelgazamiento de la democracia en cada Estado nacional. Una Europa que viola el principio de autogobierno de cada región, base de una democracia de calidad, para facilitar la concentración de poder en instituciones como el BCE, la Comisión o el Parlamento Europeo sobre los que no existe un control democrático efectivo. En la visión de Sánchez Cuenca, las decisiones colectivas ya no dependen de las preferencias ciudadanas sino que son función del criterio de instituciones que carecen de legitimidad democrática. Un proceso que se ha operado a partir de la constitucionalización de normas que entronizan el funcionamiento de un mercado libre de cortapisas, en detrimento de una regulación que sujete con criterios sociales el comportamiento del poder económico. En un escenario de esta índole, donde se han cedido a niveles superiores importantes parcelas de decisión en materia económica, cualquier partido político que acceda al poder en España estaría aprisionado por las directrices europeas.

El resultado inmediato de esta arquitectura institucional, con su principal e indiscutido proyecto de moneda única como elemento presuntamente aglutinador de sensibilidades nacionales, ha sido la división del proyecto comunitario en países deudores (los del Sur, damnificados de las políticas de austeridad) y acreedores (los del Norte, beneficiarios de esas políticas de austeridad) Un mecano cuyas principales instituciones presentan un sesgo favorable a estos últimos. Esta es la denominada fractura europea. Fractura que sitúa en primer plano la necesidad de promover un debate honesto e informado sobre la conveniencia de pertenecer a este tipo de UE. Una necesidad sobre la que prácticamente no se habla en España.

De seguir por estos derroteros, el conflicto al que estamos asistiendo entre democracia y capitalismo se resolverá con el estrechamiento del ecosistema propio de la democracia en favor del capitalismo. Sánchez Cuenca augura un futuro sombrío para nuestras sociedades, con una democracia circunscrita solo al ámbito local, que garantiza libertades y derechos individuales, sí, pero sin capacidad para transformar un orden económico cada vez más injusto y empobrecedor. Desolador.

Del PECAN 2006 a las DOSE 2014

Sustituyen el petróleo por el gas y continúan frenando nuestra soberanía energética; apuestan por unos ciclos combinados obsoletos, más caros que las renovables, hibernados en la península porque no pueden competir con la energía eólica… 

Directrices para el gas. Antonio Morales. Canarias Ahora. 03.03.14

Muy ufanos se quedaron los parlamentarios canarios el pasado jueves presentando una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo regional a establecer, como objetivo de las directrices energéticas de Canarias, el autoabastecimiento de su demanda energética desde fuentes renovables. La proposición se aprobó y los parlamentarios quedaron satisfechos con la buena acción del día.

Si de algo nos debemos de congratular en Canarias es del retraso de la introducción del gas natural en el mix energético de las Islas. Un gas altamente contaminante y peligroso que profundizaría la dependencia de Canarias de los combustibles fósiles y que, además, obstaculizaría el impulso de las fuentes de energía renovable. En 2006 el Plan Energético de Canarias (PECAN) el documento donde quedaba recogida la política energética que el Gobierno regional desarrollaría, hablaba no solo de incorporarlo sino también de incrementar su participación en el balance de energía primaria hasta el 20% en 2015.

El retraso en la construcción del Puerto de Granadilla en Tenerife (plataforma elegida para la ubicación de las plantas de gasificación) debido a la fuerte movilización social, es el elemento que ha demorado la instalación de esta fuente de energía en esta isla. Lo que ha postergado la puesta en funcionamiento del gas en Gran Canaria han sido los problemas para decidir qué administración local tenía la competencia final para designar la ubicación de la planta de gas. El resultado ha sido que, a fecha de hoy, la incorporación del gas en el mix energético de las islas ha sido nulo. Y ello a pesar del esfuerzo evidente del Gobierno regional para asentar la introducción de este combustible fósil en las Islas por medio de la polémica creación de GASCAN, la compañía transportista encargada de la construcción, almacenamiento y transformación del gas natural licuado. Entre sus integrantes figuraban los principales empresarios de Tenerife y Gran Canaria en el conglomerado empresarial Regional Canaria de Energía. Precisamente los problemas de materialización del proyecto y sus beneficios asociados es lo que llevó a que los propios empresarios decidieran vender su participación en 2011 (42%) a Enagás.

El PECAN 2006 también contemplaba impulsar la generación de energía por medio de fuentes renovables con un resultado igualmente desastroso. Sorprende que con las inmejorables condiciones que tienen las Islas para generar energía mediante fuentes renovables, los avances en esta materia hayan sido decepcionantes. Lo que puede atribuirse a que el Ejecutivo nunca haya tenido interés real en incorporar políticas de generación de energía a través de fuentes renovables. El hecho de que en los últimos 15 años no se haya instalado un solo molino de viento en territorio canario lo demuestran.

El seguimiento de los objetivos establecidos por el PECAN son bastante elocuentes; la reducción de la dependencia del petróleo de las Islas desde el nivel del 99,4% en 2005 hasta el 72% en 2015 ha fracasado rotundamente. En 2011 la dependencia canaria del petróleo se situaba aún en el 98,9%. Alcanzar un nivel de autoabastecimiento de energía primaria en 2015 de hasta el 8% también ha sido una decepción. Si partía de un nivel del 0,6% en 2005 solo se pudo alcanzar el 1,1% en 2011. En cuanto a la generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables, el PECAN establecía alcanzar un nivel del 30% frente al 3,9% existente en 2005. A fecha de 2011 ese porcentaje solo había mejorado hasta el 6,4%.

Por tanto, a un año de cumplimiento de dicha planificación, el impacto del PECAN en el modelo energético existente en el Archipiélago ha sido realmente mínimo. Por esta razón, la revisión del PECAN prevista ha quedado sin efecto y el Ejecutivo canario ha decidido elaborar un documento denominado Directrices de Ordenación Sectorial de Energía (DOSE) con un horizonte temporal que llega hasta el 2020. Un documento que en apariencia es novedoso pero que adopta las misma líneas estratégicas del PECAN 2006, donde se indica que los objetivos enunciados en dicho documento siguen manifestándose con la misma urgencia (Pág. 265 Tomo I) incluida la introducción del gas. ¿Realmente se reduce la dependencia de Canarias respecto de los combustibles fósiles facilitando la introducción del gas natural? Aquí los Tomos II y III de dicho documento.

Antonio Morales ha denunciado brillantemente que dicho documento ha superado ya el periodo de exposición pública y su contenido no hace más que profundizar en el mismo modelo que veníamos soportando hasta ahora y en bloquear el desarrollo de las energías renovables.

Con todo ello resulta fácil entender el brindis al sol que el Parlamento de Canarias ha hecho aprobando aquélla proposición no de ley para exigir al Gobierno regional impulsar el autoabastecimiento de su demanda de energía mediante fuentes renovables. La proposición no de ley fue promovida por un diputado nacionalista y apoyada por todos los grupos del arco parlamentario salvo por el PP. ¿Qué sentido tiene esta proposición no de ley cuando las DOSE han superado el periodo de exposición pública y donde se hace una apuesta clara por la introducción del gas en las Islas? ¿Este comportamiento del Parlamento no parece reproducir el conflicto que existe en torno a las prospecciones petrolíferas entre el Gobierno central (Soria) y el Ejecutivo regional (Rivero)? En consecuencia ¿No cabe pensar que esta proposición no de ley no es más que otra pantomima promovida por el grupo parlamentario de Coalición Canaria? Si tanto interés tienen en potenciar las energías renovables ¿Por qué no una proposición de ley vinculante que fomente definitivamente las fuentes de energía renovables en las Islas? ¿A quién pretenden engañar?

Mamotretos

¿Por qué nosotros, si fueron ellos…o tal vez nosotros también? 

(Neo)Ruinas. VV.AA. 2012

Resulta curioso que en Canarias cueste tanto derribar edificios situados en áreas protegidas por la ley para el uso y disfrute exclusivo del ciudadano. Además, no solo cuesta acatar sentencias judiciales que pontifican la demolición de construcciones ilegales que persiguen revertir decisiones lesivas para el ciudadano, sino que cuando se acatan, el perjudicado termina siendo el propio ciudadano. Es este el que finalmente paga los platos rotos vía presupuesto público y no los responsables de las ilegalidades. En otras ocasiones se terminan legalizando unas estructuras claramente dañinas en un territorio limitado y frágil como el canario. Una forma más de impunidad e injusticia, lo que nos indica hasta qué punto las instituciones carecen de sensibilidad suficiente hacia los derechos ecológicos y ambientales del ciudadano.

Edificio que albergaría un centro comercial y aparcamientos en Tfe

En el año 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de S/C de Tfe, dictaminó la validez del acuerdo plenario celebrado en septiembre de 2009. En ese pleno se aprobó el derribo del esqueleto del edificio de aparcamientos construido en la entrada de la playa de Las Teresitas. Es decir, fue necesario un pleno en el Ayuntamiento en el año 2009 y luego que un juez, dos años después, certificara la validez de aquél para acatar la decisión de derribo. Un poco kafkiano pero ni con una cosa ni con la otra ha sido posible abatir ese monumento a la incompetencia y la corrupción que se ha dado en denominar Mamotreto.

Ahora la reciente sentencia del Juzgado Nº 5 de S/C de Tenerife considera probado que varios ex ediles, funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña autorizaron la construcción del inmueble sabiendo que era ilegal. La juez ha dictaminado que el bloque no se puede recuperar ni legalizar, por lo que su demolición es una obligación derivada del delito. Por eso sentencia a los condenados a costear con su patrimonio la demolición del edificio. Ojalá nos equivoquemos pero la experiencia nos dice que el esqueleto del edificio de aparcamientos de Las Teresitas seguirá ahí por mucho tiempo más. Y ahora que se requiere de una construcción similar para el sostenimiento del encauzamiento del barranco de El Cercado, mucho más.

Pero en estas Islas hay otros mamotretos que avalan esta afirmación. Entre los años 2006 y 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró ilegal 22 licencias de complejos turísticos que fueron concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise. El Cabildo insular de Lanzarote inició en 1991 una revisión de sus normas urbanísticas que concluyó con la aprobación en el año 2000 de una moratoria que limitaba la construcción de nuevos hoteles en territorio lanzaroteño. Ni el ayuntamiento de Yaiza ni el de Teguise respetaron la normativa del Plan Insular y se lanzaron a conceder miles de plazas turísticas adicionales. En ello se basó el alto tribunal para la ilegalización de complejos turísticos entre los que figuran el Princesa Yaiza, el Meliá Volcán, el Iberostar Papagayo, el Gran Castillo, el Natura Palace, el Rubicón Palace, el Papagayo Arena o el Son Bou. Para más inri, algunos de esos hoteles, cuya licencia impugnó el TSJC, recibieron hasta el año 2002 fondos millonarios procedentes de ayudas europeas que supuestamente tenían por fin relanzar zonas deprimidas económicamente.

Edificio de la embotelladora de Taguluche

En la actualidad ninguna de esas sentencias de derribo se han ejecutado por lo que todos esos hoteles siguen ocupando la costa de forma ilegal con el consiguiente menoscabo ambiental. Es más, el Gobierno de Canarias está trabajando en un anteproyecto de ley para legalizarlos. ¿Cómo? Adaptándolos al planeamiento vigente permitiendo aumentar su edificabilidad y transformando las plazas adicionales que no respetaban la normativa en zonas comunes. Una argucia legal que es posible, al parecer, gracias a la Ley de Modernización Turística, una ley pensada para la rehabilitación de hoteles a la que se podrán acoger estos complejos. A cambio de obtener un estatus legal, estos hoteles abonarían las plusvalías correspondientes y el 15% del aprovechamiento urbanístico. Y todos contentos.

En 1998 el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno de Canarias promovieron el proyecto de construir una planta de envasado de agua en el barrio de Taguluche en Valle Gran Rey. El proyecto, que llegó a declararse de interés social por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, se situaba en una zona declarada Monumento Natural (Lomo del Carretón) así como lugar de importancia comunitaria. Pretendía que la empresa ICA Ingenieros SL comercializara el agua procedente, principalmente, de los Manantiales de Mona, El Choquete y Las Tederas. El agua de esos y otros manantiales naturales proceden del acuífero de la zona y ha permitido mantener un pequeño sector agrícola del que viven muchas familias. Estos manantiales han colaborado en preservar algunos de los últimos reductos de laurisilva en La Gomera así como la rica flora y fauna de esa zona de la isla.

Edificio en Acorán

En poco tiempo se comenzó a construir un edificio de gran impacto visual donde se envasaría el agua de forma industrial. Una construcción formada por dos plantas con sótano y depósito con capacidad de 20.000 m3. En diciembre del año 2000 el TSJC dictó resolución que suspendía cautelarmente la construcción de dicho edificio gracias a la movilización ciudadana. Una sentencia que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey tardó en acatar y encajar. Con posterioridad, en 2004 el TSJC declaró ilegal el proyecto de embotelladora promovido por las tres administraciones canarias exigiendo no solo su paralización definitiva sino su demolición. Y en 2009 el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey contra la resolución del TSJC. A pesar de todas las sentencias el edificio, a día de hoy, aún continúa en pie y abandonado en el corazón del paraje. Hace aproximadamente un año, el TSJC dictaba una providencia por la que daba un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para presentar un proyecto de demolición del edificio. Y hace escasamente tres meses la misma institución judicial le daba un ultimátum. Pues ni con esas se consigue derribar el edificio y restablecer la legalidad.

En este breve pero ilustrativo inventario de agresiones ambientales no podemos olvidar que toda una generación de individuos hemos tenido el “privilegio” de conocer los esqueletos de dos edificios que se han mantenido incólumes durante tres décadas, sin que las instituciones correspondientes hayan hecho nada o casi nada por su derribo, a pesar de su enorme impacto visual y su sempiterno abandono. Hablamos de los edificios que se iban a situar en el Puntillo del Sol en La Matanza, en pleno paisaje protegido de la Costa de Acentejo, o en Acorán situado en la costa de Añaza.