Entre las ruinas oficiales del Día de Canarias

…en estas islas hay un Gobierno, unas instituciones, unos agentes económicos y sociales y muchísimos colectivos plenamente conscientes de la dimensión de los problemas. 

Intervención de Paulino Rivero con motivo del Día de Canarias. 30.05.2013 

En al año 2009, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, lanzó un mensaje esperanzador a la ciudadanía canaria. Dijo que el archipiélago sería la primera comunidad autónoma que saldría de la crisis cuando los vientos de la recuperación económica regresaran. El presidente justificó su afirmación argumentando (es un decir) que Canarias entró en crisis en primer lugar que el resto de España, y por tanto se tomaron medidas paliativas antes que en el resto del territorio nacional. 

En su arenga de hace más de 4 años el presidente apeló al sacrificio, la constancia, el trabajo, la unidad y el diálogo de toda la sociedad. Nada diferente de lo que ocurría en el resto de España. Un discurso socializador de las responsabilidades ante la crisis poblaba todos los canales de comunicación oficiales. Canarias, a pesar de padecer un gobierno autodenominado nacionalista, no iba a ser diferente. También se prolongó ese discurso, muy efectivo en el cometido de asociar la necesidad de reducir la deuda existente con la imperiosa obligación de aplicar recortes en todas las esferas de la sociedad.

Acto institucional Día de Canarias. Diario de Avisos

Ese alegato contra el crecimiento de la deuda se utilizó como un subterfugio que presuntamente nos catapultaría hacia la recuperación. Por eso Canarias aplicó la política de austeridad con fiel seguidismo a lo que se dictaba desde el gobierno central. Incluso el gobierno autonómico sacó pecho y alardeó de ser un alumno aventajado en el cumplimiento de los objetivos de déficit que con jerarquía militar se imponían desde Madrid. ¿No era una contradicción erigirse como campeón nacional en el cumplimiento de los objetivos de déficit y criticar la política de austeridad del PP?

Cuatro años después, aquel Plan Canario 2008 que pretendía ser toda una estrategia en pro del empleo zozobró estrepitosamente. Tanto, que cada año tenemos un plan, una estrategia o un nuevo programa contra el paro, dotados todos ellos de las correspondientes cifras mediáticas que prometen sacarnos del desempleo masivo y crónico. Planes que no son más que versiones de aquél, sin base suficiente para detener la hemorragia del desempleo, sin el consenso y el diálogo suficiente con todos los implicados. ¿Sirvieron de algo aquellas bonificaciones impositivas que supuestamente ayudarían a las familias con rentas inferiores a 30.000€? ¿Y las bonificaciones en impuestos como los del Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados que iban a impulsar el consumo? ¿No entraban en contradicción con el debilitamiento de la capacidad recaudadora de la autonomía y con las posibilidades de hacer frente a la crisis desde el ámbito público? ¿Eran compatibles esas bonificaciones con la injusta subida del IGIC practicada en el 2012 por ser una medida no progresiva? ¿Dónde quedó aquella reforma del sistema educativo o aquel plan que potenciaría la Formación Profesional en las islas? ¿Y la tan cacareada diversificación tecnológica del archipiélago?

Cuatro años después, ni la deuda es la causa última de la profunda crisis que padecemos ni los recortes aplicados han afectado a todos los segmentos de la sociedad de forma proporcional, porque se han aplicado de forma antidemocrática sobre las capas más vulnerables de la sociedad, ni el discurso ideológico de la austeridad ha solucionado nada.

¿Se puede salir del atolladero en el que está Canarias sin un cambio serio, consensuado y dialogado, a medio y largo plazo, en el modelo productivo que caracteriza su economía? ¿Puede avanzar Canarias hacia la recuperación sin reducir los privilegios que tienen los grupos económicos más influyentes en las Islas? ¿Puede decirse que el restablecimiento de la situación en Canarias, se alcanzará sin limitar la influencia excesiva sobre el poder político que tanto cultivan y utilizan asiduamente esos grupos económicos oligárquicos? ¿No es una flagrante contradicción, y una manifiesta evidencia del nivel de autoritarismo del gobierno autonómico, que se solicite una y otra vez una reforma en la Constitución española para encajar el hecho diferencial canario, sin que se promueva una consensuada reforma del estatuto de autonomía para dar cabida a los cambios ocurridos en los diferentes planos de la sociedad canaria después de 3 décadas de autonomía? ¿De veras puede superar Canarias su crítica situación sin una honesta reforma en la ley electoral que busque mejorar la representatividad de todos sus colectivos e incorporar en el Parlamento a aquéllos que deliberadamente se han dejado fuera durante todo este tiempo? ¿Es posible que Canarias avance hacia la mejora sin el impulso de una fuerte y profunda política social que minore los índices de pobreza y desigualdad en el archipiélago? ¿Este gobierno, o cualquier otro, puede situar a Canarias en la vanguardia mundial del desarrollo medioambiental boicoteando una y otra vez las enormes posibilidades que tienen las Islas en este campo apostando una y otra vez por el obsoleto y vetusto paradigma de los combustibles fósiles?

Canarias avanza hacia la recuperación; hay razones para la esperanza dijo ayer Rivero en una nueva versión de sus declaraciones visionarias de hace cuatro años. Esta vez bajo la parafernalia del día de Canarias, la fanfarria construida ex professo en el Auditorio de Tenerife y el fracaso más absoluto de sus políticas. Por eso, el discurso de ayer no es más que otra de las bagatelas a las que nos tiene acostumbrados. En España están cambiando todo para que todo sigua igual. La élite dirigente en Canarias, económica y política, es tan inmovilista que ni siquiera ha cambiado nada. También todo sigue igual. ¡Felicidades Canarias! Tan lejos y a pesar de todo tan cerca. Cada vez más de ellos y menos nuestra.

400 ppm

  

…si las consecuencias del cambio climático consisten en el desplazamiento de las zonas habitables y de las regiones de cultivo, en el avance de los desiertos y en que haya escasez de agua por un lado e inundaciones por otro, esto afecta el equilibrio existente en el campo de tensión internacional en materia de geopolítica, de poder y de recursos políticos; y, visto de ese modo, no hay absolutamente ningún argumento que pueda refutar la idea de que en el siglo XXI el cambio climático generará un potencial de tensión mayor con un peligro considerable de llegar a soluciones violentas. 

Guerras climáticas. Harald Welzer. 2010. 

La reducción del límite de velocidad de los 120 a los 110 Km/h permitió a España reducir el consumo de combustibles. También posibilitó el ahorro de unos 450 millones de €, reducir el déficit comercial español, disminuir los accidentes de tráfico y el riesgo de perder vidas en la carretera. Esa decisión es una prueba de cargo de que es posible una política respetuosa con el medio ambiente con resultados evidentes para el bien común y la comunidad. Si la decisión funcionó, como admitió el mismo Rubalcaba, ¿por qué razón se restableció el límite de velocidad? Es evidente que falta voluntad política para tomar decisiones que respeten el medio ambiente. También es una tarea vital mitigar la influencia sobre el ejecutivo de grupos de presión como el de las energías fósiles. Cuatro meses después se restableció el límite de 120 km/h. El gobierno socialista lo justificó de forma poco decorosa y se volvió a las andadas.

En algún momento del último lustro leímos que el grado de contaminación mundial atribuible a la actividad humana había descendido. La causa, la ralentización del crecimiento económico como consecuencia de la crisis. Fue en 2009, cuando las emisiones de CO2 se redujeron. Aquel año algunas zonas de Occidente ya estaban sumidas en la crisis y ese dato se interpretó como un pequeño alivio dentro del desastre económico que comenzaba a vislumbrase. Un consuelo ingenuo. ¿Era aquel dato correcto? A posteriori habría que interpretarlo con reservas porque lo cierto es que las emisiones de gases de efecto invernadero continuaron creciendo en el 2010, 2011, y se apunta que 2012 puede alcanzar niveles récord. Lejos de existir una relación directa entre crecimiento de las emisiones de CO2 y el crecimiento económico, parece más correcto pensar que con el actual modelo económico las emisiones de gases perniciosos no se reducirán. Algunos estudios estiman que el crecimiento de las emisiones globales de CO2 superan en un 58% los niveles de referencia de 1990 que consideraba el malogrado Protocolo de Kioto.

La intensificación de los procesos basados en la quema de combustibles fósiles debido a su agotamiento puede ser una explicación. También, el empuje de los países emergentes como China, Brasil o la India puede proporcionarnos otra explicación. En estos países la crisis ha hecho menos estragos que en EE.UU, la UE o Japón y, por tanto, la voracidad del consumo de los países que han ganado poder adquisitivo han provocado que sus emisiones se hayan mantenido más o menos constantes. Además, y más importante aún, su modelo de crecimiento continúa por los mismos derroteros extractivistas que han sido práctica común en Occidente. También hay que mirar a la paradoja de Jevons o efecto rebote. Cuando se perfecciona la tecnología aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso. Dicha eficiencia crea un efecto llamada que origina un aumento final del consumo y, por tanto, un agotamiento de recursos.

El pasado 10 de mayo la prensa publicó otro dato que apunta a que las emisiones lejos de descender continúan en aumento. La estación meteorológica situada en el volcán Mauna Loa en Hawaii, arrojó que la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre alcanzó las 400 partes por millón de moléculas. Se trata de un centro de medición situado sobre el volcán de la isla más grande de ese archipiélago que, según lo publicado, cuenta con los suficientes datos históricos como para otorgar relevancia científica al indicador. Un dato que revela, una vez más, que la protección del medio ambiente ha quedado relegada entre las prioridades políticas, cuando la situación actual invita a reconducir un modelo de crecimiento insostenible.

La gestión de la crisis se está enfocando exclusivamente hacia la resolución de los efectos más superficiales de la misma, concentrados en el ámbito económico y concretamente en el subsector financiero, desdeñando por completo los impactos que la crisis provoca en otras áreas de la sociedad, como el ámbito social o el medio ambiente. Una evidencia que muestra el interés particular de los que dirigen la gestión del presente trauma en salvar sus intereses más directos, ignorando deliberadamente otros problemas de fondo que también están en el epicentro de la crisis.

Podemos seguir como hasta ahora, con unos esquemas de pensamiento y comportamiento que nos han llevado al desastre más absoluto, o exigir una sociedad más respetuosa con el entorno, con cambios profundos en el actual estilo de vida, en los modos de consumir y de relacionarse con los otros y con el territorio. No parece que el medio natural aguante mucho más.

PGO de El Rosario; un desafuero paradigmático

  

En 2004 se comienza a proyectar el PGO de El Rosario, a partir de ese momento, nuestros terrenos comienzan a ser fruto de diversos proyectos planificados desde la corporación local. Ninguno de ellos atendió a nuestras peticiones, las cuales manifestamos claramente en las alegaciones iniciales y posteriores denuncias públicas, “mantener el uso agrícola de nuestras tierras”.

Comunicado de la familia de Montaña Carboneras. 09.05.2013. 

En un interesante artículo del profesor Álvarez Mora a cuenta del ingente stock de viviendas vacías en España, publicado en la imprescindible revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio social, se argumentaba que la producción de vivienda residencial en España se desvinculó de la satisfacción de las necesidades reales de la población para seguir criterios claramente especulativos y de negocio. El instrumento que se utilizó para ello fue el Planeamiento Urbano, a través del cual se impuso el que denomina modelo urbano de la renta del suelo. Un modelo donde los encargados de la definición del planeamiento se ocupaban (legal o ilegalmente) de conseguir las recalificaciones necesarias para rentabilizar el producto suelo. El fenómeno de las viviendas vacías es, por tanto, el subproducto de este proceso concreto de construcción de la ciudad, que aparta la satisfacción de las necesidades humanas de cobijo para abrazar el más puro interés crematístico.

Al objeto de afrontar el fenómeno de las viviendas vacías, el autor propone un modelo de ocupación del espacio alternativo al que está en el epicentro del boom inmobiliario. Una alternativa basada, precisamente, en utilizar el Planeamiento Urbano para entronizar criterios de planificación urbana basados en la búsqueda de la compacidad frente a la dispersión, donde se reflexione dónde y cómo deben situarse las áreas de centralidad de la ciudad, donde se apueste por la continuidad espacial facilitando la rehabilitación frente a la ruptura y donde, además, se defina un nuevo estatuto jurídico del suelo que permita a la colectividad, y no solo al propietario, beneficiarse de sus potenciales revalorizaciones.

Montaña Carboneras. El Rosario. Tenerife. Foro contra la Incineración

Es imposible dejar de pensar en estos asuntos cuando vemos publicado en diferentes medios canarios dos noticias directamente relacionadas con este tema. Por un lado, la cuantificación por parte del INE de que en Canarias hay un total de 138.262 viviendas vacías en 2011, el 13,3% del total del parque residencial canario. Por otro lado, la anulación, por parte del TSJC, del Plan General de Ordenación Urbana de El Rosario, que contempla irregularidades como la construcción de una urbanización que invade el suelo protegido de Montaña Carboneras.

En Canarias, como en muchas otras regiones de España, se continúa privilegiando un modelo de ocupación del territorio donde el principal objetivo es maximizar la renta del suelo que se deriva de un cambio en su categoría jurídica vía planeamiento. Con un agravante que ya es norma, no es la primera vez que, en Canarias, la Administración Pública, sea cual sea su nivel, se convierte en el principal agente que viola la legislación que ella misma se encarga de aprobar. Los que toman decisiones sobre planeamiento persiguen satisfacer intereses propios o el de aquéllas élites económicas que disfrutan de libre acceso al político, ejerciendo así una influencia enorme sobre el aparato público de toma de decisiones y permitiéndoles modelar las políticas públicas en su beneficio. Son estos mismos grupos económicos los que solicitan a través del político de turno, en un alarde de control sin precedentes, que se aligere la legislación autonómica por ser excesivamente intervencionista, o que demanden, sin rubor alguno, la desaparación de la COTMAC. ¡Pero si la legislación ni siquiera se cumple y se corrompe la actuacion de la Comisión de Ordenación del Territorio!

Cuando lo público es utilizado en interés propio, se produce un daño enorme a las instituciones democráticas; se deslegitima su actuación y se dejan de lado la resolución de otros aspectos como la mencionada problemática de las viviendas vacías, el respeto a la protección ambiental del territorio, o simplemente la ordenación urbana del espacio conforme a criterios democráticos.

¿Cómo es posible que el PGO de El Rosario contemple una urbanización de 30 viviendas en un espacio catalogado como Área de Regulación Homogénea por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y, por tanto, protegida porque prohibe la edificación en barrancos y pendientes? ¿Cómo es posible que ni la Dirección General de Urbanismo, ni la COTMAC, ni el Cabildo de Tenerife, pusieran reparos a tal PGO, aún cuando ni siquiera había sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, y cuando cada una de estas instituciones estaban controladas por formaciones políticas contrarias al equipo de gobierno que comandaba el municipio de El Rosario? ¿Cómo es posible que se aprobara cuando el actual regidor socialista, Macario Benítez, posee importantes propiedades en la zona? ¿Cómo es posible que ningún concejal de los que configuran el Ayuntamiento de ese municipio de Tenerife levantara la mano advirtiendo del conflicto de intereses evidente y de la ilegalidad que se estaba cometiendo?

La tramitación del PGO del municipio tinerfeño de El Rosario es otra alcaldada más que lleva mucho tiempo convertida en norma en el archipiélago. Las tropelías que se cometen desde los poderes públicos en Canarias obligan, cada vez con mayor evidencia, a que la ciudadanía denuncie cada uno de estos abusos y exija participación activa en los asuntos que les afectan. Desde aquí, felicidades a los hermanos González Gil y todos aquellos que les han apoyado. Su tesón y su continua lucha por la Democracia nos hace más fuertes a todos.

¿Huelga general en Canarias? Mejor más unidad ciudadana

Respetamos profundamente al colectivo sindical. Nos parece que han sido un agente del cambio esencial en la sociedad de gran parte de los pasados siglos XIX y XX. Una sociedad sin un movimiento obrero y sindical fuerte daría como resultado un modo de organización social con unas condiciones laborales que lesionarían los intereses de los trabajadores y, por tanto, una sociedad más desigualitaria, desequilibrada y con menor grado de bienestar. Los sindicatos como organizaciones sociales deben continuar jugando un importante papel decisor en la configuración de esta sociedad y también de la que viene.

Ahora bien, esto no es óbice para que reconsideren su posición en el contexto actual y reflexionen profundamente sobre su creciente deslegitimación, una de las consecuencias de la presente coyuntura que se ha convenido en llamar crisis pero que es una clara estafa que ya dura más de 5 años. Una deslegitimación resultado de su falta de cintura a la hora de abordar el creciente deterioro del mercado laboral cuando estalló en España el boom inmobiliario, en marzo de 2008. Su conservadurismo extremo, sus estructuras jerárquicas anquilosadas y poco proclives al cambio o su autoproclamación, en numerosas ocasiones, como los verdaderos y únicos defensores de una sedicente izquierda política que de forma subrepticia (y no tanto) maniobraba en las instituciones para continuar apuntalando un sistema capitalista que lesionaba los intereses del trabajador, explican buena parte de su deslegitimación.

En ese proceso de pérdida de representatividad ha jugado un papel fundamental su falta de competencia para establecer lazos de conexión con otros agentes de la sociedad igualmente esenciales, como el colectivo de autónomos o los pequeños empresarios, damnificados, también, de un sistema económico y social absolutamente devastador y con los que se podrían crear alianzas para mejorar el bienestar de todos. El sistema es uno pero todos, en mayor o menor medida, somos sus víctimas. También ha influido su escasa capacidad para sondear nuevos paradigmas laborales como el reparto del trabajo, los nichos de empleo en el sector medioambiental, la colaboración con otros agentes para expandir empresas de tipo cooperativo, espacios económicos autogestionados o comunitarios, fuera de las estructuras capitalistas. Factores, todos ellos, de aplicación a los sindicatos canarios cuya falta de crédito se ha visto agravada, quizás, por un seguidismo acrítico hacia los sindicatos nacionales por parte de sus sucursales regionales y por la ausencia de foco en el principal problema laboral canario, el desempleo que registran sus jóvenes que supera el 70%.

En este contexto, explicado de forma muy resumida, los sindicatos canarios que integran la plataforma sindical unitaria (UGT, CC.OO, Intersindical Canaria, FSOC, STPA Canarias, STEC, COBAS, USO, Sindicato de la Elevación y Colectivo Independiente Guaguas) han convocado una huelga general contra el gobierno canario. Dos son las razones que inspiran esta convocatoria; la elevada tasa de desempleo en la región que arroja la EPA del primer trimestre de 2013 (34,27%), y el hecho de que el gobierno de Canarias tiene responsabilidades directas en el incremento de dicha tasa por tener transferidas las competencias en materia de empleo.

Que existen razones para una masiva huelga general en las islas es una perogrullada. No solo existen sobrados argumentos sino que llevan existiendo desde hace mucho, incluso antes de la presente crisis. Recordemos que la tasa de desempleo, medida según la EPA, mantiene una tendencia creciente desde el segundo trimestre del año 2007. ¡Qué felices éramos cuando la tasa de desempleo tocaba fondo en Canarias en el 9,78% de aquel trimestre de 2007! Sin embargo, los sindicatos eran conscientes del monocultivo económico que se practicaba y continúa practicándose en las islas. Un modelo económico que ha generado unas condiciones laborales basadas en salarios de los más bajos del territorio peninsular, alto grado de precarización y temporalidad, una economía sumergida creciente y una oligarquía empresarial captadora de rentas, poco innovadora, con una influencia excesiva sobre la clase política y que conspira continuamente para reducir los espacios de competencia en sus mercados, además de pretender transformar sus intereses particulares en interés general de todos los canarios.

Con franqueza, cuando hemos escuchado esta convocatoria, que sin duda apoyaremos porque creemos en la movilización, nos ha entrado un enorme sentimiento de desazón. ¿No resulta un tanto extemporánea esta convocatoria? ¿Por qué ahora y no hace 3 años, o incluso hace 5? Ni siquiera han sido capaces de proponer una fecha concreta y clara. Incluso, después de anunciar la convocatoria han rebajado sus expectativas diciendo que la huelga general en Canarias es solo una posibilidad. ¿Estaban midiendo sus fuerzas con motivo del 1º de Mayo? Por favor, no estamos para juegos, Canarias está en una situación de emergencia social.

Después de varias huelgas generales en España ¿Han logrado evitar los sindicatos la imposición por parte de este gobierno y del anterior de una legislación laboral extremadamente beligerante con los intereses de los trabajadores? ¿De verdad consideran los sindicatos canarios que con más del 34% de desempleo en el archipiélago, piensan obtener un seguimiento masivo en un escenario donde la gente tiene miedo de perder su única fuente de ingresos?

Las huelgas son necesarias pero dudamos de su efectividad en un contexto social donde la relación de fuerzas ha cambiado ostensiblemente. Es más necesario que nunca sondear otras vías de movilización. El 15M, la PAH, las mareas ciudadanas en favor de una sanidad y educación pública, nos están dando pistas por dónde deberían progresar las iniciativas de movilización. El movimiento ecologista canario ha sido, también, una inspiradora fuente de protesta. Pero sobre todo, lo que falta es una potente unidad ciudadana capaz de trasladar sus demandas al ámbito político. Hoy en día, después de más de un lustro de estafa, cuando existe una élite concreta que utiliza las instituciones en beneficio propio, es más urgente que nunca articular un potente movimiento ciudadano que aglutine a todos los damnificados de esta crisis. Sin partidismos, sin personalismos, sin protagonismos. Un movimiento capaz de integrar a todas las sensibilidades. Esto ya no va de izquierdas o de derechas sino de profundizar en la Democracia. ¿Hay alguien, de izquierdas o de derechas, que no esté contra la profunda corrupción que asola las instituciones, que no considere que rescatar el sector bancario sin contrapartidas y sin que fluya el crédito va contra la sociedad, que no apruebe potenciar una economía innovadora e igualitaria, que no se proporcione oportunidades para los jóvenes, que los políticos no representen a sus electores por encima de todo? Canarias no es diferente.

Presuntos progresos

 

Estar en paro es un problema, pero trabajar también es un problema en las actuales condiciones, y cada vez será peor. El futuro no está en los “emprendedores”, sino en la construcción de espacios económicos alternativos y autogestionados: cooperativas, mercado social, intercambio, comunidad. 

Sí se puede, pero no quieren (acabar con el paro). Isaac Rosa. 26.04.13. Zona Crítica. El Diario.es

Para la multinacional, Marta es en un perfil estándar. 24 años, un MBA por el que sus padres han pagado 35.000€ a una prestigiosa escuela de negocios, y 22.000€ brutos de salario anual. Marta dice que la multinacional la envía a Indonesia por tiempo indefinido. Ella ha aceptado. Es más, está encantada. Ve una oportunidad para progresar. La multinacional se lo ha ofrecido después de un año de intenso trabajo en la empresa. Su horario comienza a las 9 de la mañana y termina oficialmente a las 18:30 pero las tareas que tiene asignadas le impiden salir antes de las 21 horas, en el mejor de los casos. Lo normal es que la multinacional disponga de su tiempo como mejor considere. El buen empleado ofrece la flexibilidad suficiente para dar cobertura a las necesidades del cliente. Si mañana hay que presentar un documento, se presenta, con independencia del horario. Es ahí cuando sus prioridades quedan aplastadas por las prioridades de la compañía. No hay margen de maniobra porque el compromiso con la compañía se demuestra en esos momentos.

Le pregunto a Marta si hay algo en Indonesia que le interese. Me contesta que hay una amplia comunidad de europeos en situación similar a la de ella.... Hará vida con ellos. ¿Cuántos proyectos de vida se quiebran en virtud de la condición social del asalariado flexible en la economía globalizada de hoy? Le pregunto si le gusta lo que hace. Duda pero finalmente contesta con un lacónico sí. Su duda es ilustrativa. La vida laboral de los jóvenes que salen de las universidades, de las escuelas de negocio que han sufragado sus padres,… ¿Se parece a lo que esperaban o ni siquiera lo habían pensado? ¿Sueñan los jóvenes ejecutivos de ahora con el último modelo de auricular inalámbrico del mercado o el vehículo de mayor cilindrada que entra en el parking del centro de trabajo para consolarse?

Sergio acaba de salir de una reunión con su jefe. En ella han evaluado su desempeño durante el pasado año. Supuestamente, si la compañía le ofrece algo es porque cuenta con él, porque le han tenido en su radar, porque les gusta como trabaja. Decir no a lo que te ofrecen está mal considerado. Se asocia a la comodidad, a no querer progresar, a no mejorar. ¿Son compatibles con los intereses de la compañía las intenciones de un asalariado de hacer bien su trabajo sin necesidad de escalar en la jerarquía? ¡Ah! Eso forma parte de un concepto obsoleto de lo que hoy significa el nuevo marco de condiciones laborales. Eso no es progresar. El único progreso posible se produce dentro de la compañía y no fuera del entorno laboral del asalariado.

El jefe de Sergio le ha propuesto asumir tareas de responsable de proyecto. Él también las ha aceptado, pero su jefe le ha trasladado que esas nuevas responsabilidades no se verán correspondidas por un incremento de salario. Con toda seguridad, sí supondrá un incremento del tiempo de trabajo efectivo por la vía de horarios de trabajo más elásticos, digitalización de la vida doméstica, disponibilidad para ser ubicado en cualquier momento y correos profesionales que pueden llegar a cualquier hora de la noche. Por el momento, la grave situación económica que atraviesa la economía mundial ha afectado a la evolución de las ventas y los márgenes de la compañía. En consecuencia, los que la dirigen desde las alturas han decidido que este año no habrá ningún tipo de mejora salarial. Si su desempeño durante el nuevo ejercicio laboral es bueno, conforme a los criterios de motivación y compromiso que exige la multinacional, lo recompensarán económicamente,… en el futuro. ¿En qué grado se ve afectada la vida privada del asalariado cuando se somete al imperativo del óptimo rendimiento empresarial? Le pregunto a Sergio de dónde sale la motivación para asumir estas nuevas responsabilidades. Y me responde con otra cuestión ¿Cuál es el margen de elección, hoy, entre engrosar las listas del desempleo y la reducción de salario? La motivación externa no existe, al menos conserva un trabajo, es una cuestión de mera supervivencia, me replica ¿Tenemos en cuenta los estragos que produce en nuestros cuerpos y nuestros afectos la exigencia de tener éxito, éste determinado tipo de éxito?.

En la facultad nos vendieron un concepto de progreso incorrecto o como mínimo profundamente influenciado por el pensamiento económico dominante. Aunque lo peor no fue eso. Lo más flagrante fue que ese concepto lo compramos con todas las garantías y parabienes, sin preguntas de ningún tipo. Nos lo tragamos sin dudas que perturbaran nuestros pensamientos. Supongo que en aquellos momentos no habíamos leído lo suficiente. O eso o es la corrosión del carácter de la que hablaba Sennet, que tampoco leímos.

El gran empresario canario

He dado dinero a varios partidos, pero guardo todos y cada uno de los recibos. 

Félix Santiago. La Opinión de Tenerife. 20.04.2013.  

En Canarias un grupo de empresarios con poder de influencia sobre la clase política proclama por enésima vez que es necesario terminar obras imprescindibles para la isla de Tenerife como el anillo insular o el puerto de Granadilla. Y con precisión de relojero, evidenciando quién marca la pauta, el Cabildo de Tenerife no solo se pone a trabajar en ello sino que propone diferentes fórmulas para garantizar la finalización de las obras del tramo Adeje-Santiago del Teide del anillo insular. El poder de influencia es tan grande que los propios empresarios valoran las propuestas de la Administración y, junto a otros políticos, se permiten el lujo de rechazar o aceptar las recetas planteadas por el Cabildo. Un comportamiento que contrasta visiblemente con el estado de retraso o abandono en el que se encuentran asuntos de vital importancia para Canarias como los hospitales del norte y del sur de Tenerife, la situación de las listas de espera en la sanidad canaria, la desigualdad galopante,….Si esto no revela la gran influencia y connivencia entre la clase política y económica de las islas, es que la ceguera de la ciudadanía, los medios de comunicación y los políticos de bien es tan grande que hemos perdido el rumbo.

Las reacciones de una muestra de empresarios con influencia en el entorno económico de Canarias, ante las declaraciones del empresario y constructor Ambrosio Jiménez, también resultan sintomáticas. El Sr. Jiménez admitió que ha realizado donaciones económicas a los tres partidos que se alternan en el Gobierno de Canarias, tan solo como un detalle. Es más, ha apuntado que cree que todos los empresarios ejercen esta práctica. La confesión y las declaraciones posteriores de un grupo de empresarios revelan un tipo concreto de empresario que se estila en las islas. También de una forma significativa de hacer política y, en suma, de un modelo de democracia muy característica en Canarias. Vistos los papeles de Bárcenas, hay que admitir, no obstante, que todo ello también está extendido al resto del territorio nacional, lo que en esencia denota la podredumbre de un sistema político, económico e institucional que pide a gritos una reforma.

En primer lugar, los grandes empresarios canarios se muestran partidarios, en mayor o menor medida, de implantar un sistema de financiación de partidos políticos similar al existente en EE.UU. El sistema de financiación vigente en EE.UU contempla, entre otros aspectos, que cualquier donación realizada por un particular quede debidamente registrada conforme a la legalidad. Sin embargo, ¿Ha contribuido esa presunta transparencia a reducir el grado de corrupción en el sistema político americano? ¿Ha ayudado a acabar con la enorme influencia que tiene el dinero sobre los políticos que conforman el Congreso de EE.UU? No parece y el caso Enron o el entramado de intereses creados entre el sector bancario y las agencias de calificación de riesgos, que están en la base de la presente crisis, invita a pensar que, lejos de combatir la corrupción, lo que posibilita el sistema americano es que los grandes poderes empresariales tengan influencia y acceso directo sobre los representantes políticos. 

Obviamente, hay que actuar con la máxima transparencia en todo lo relacionado con la financiación de partidos políticos, pero lo que se debe discutir mediante un debate diverso, democrático y público es si es legítimo que los partidos políticos se financien con aportaciones económicas procedentes del sector privado. ¿Cómo garantizamos la independencia del partido político receptor de esas aportaciones en su función legisladora? ¿Cómo evitamos el evidente conflicto de interés que existe cuando la misma formación política que tiene que legislar en materia bancaria o energética o de infraestructuras, recibe importantes aportaciones económicas de los agentes que operan en esos sectores? En los papeles de Bárcenas existen indicios claros que apuntan a que existió una relación más que directa entre los que hacían las donaciones económicas al Partido Popular y los adjudicatarios de determinadas obras. Por tanto, parece claro concluir que el Parlamento y toda su maquinaria de la democracia representativa no ha sido capaz de balancear los intereses particulares de cada grupo, mediatizados por los donantes. Dar a conocer quién hace las aportaciones económicas y en qué cuantía, sin ningún cambio adicional, supone robustecer una herramienta de influencia inmediata sobre la clase política española.

En segundo lugar, las declaraciones del empresario Félix Santiago nos parecen muy llamativas. El máximo responsable del grupo constructor que lleva su nombre ha dicho que llegado el periodo electoral ha procurado siempre mirar a todos por igual, intentando ayudar a todas las siglas. Como si de un buen padre se tratara, consciente de las carencias de cada uno de sus hijos, el constructor nos ofrece una visión asistencialista y paternalista del gran empresario para con los grupos políticos. Sus declaraciones certifican que el gran empresario ya no responde al perfil de aquella persona capaz de crear riqueza para la comunidad donde opera, de innovar, de generar empleo o crear procedimientos de trabajo de nuevo cuño que permiten mejorar la productividad de su empresa y, por extensión, la de la economía donde opera. No. Estos empresarios consiguen contratos y negocios gracias a las aportaciones económicas que realizan a la formación política que desempeña funciones de gobierno, parapetados tras la opacidad de una legislación de financiación de partidos insuficiente y poco debatida. Son, en definitiva, meros captadores de rentas cuyos réditos se materializan en jugosos contratos y adjudicaciones previa comisión. Un hecho que visibiliza dos fenómenos preocupantes en la política; la enorme dependencia económica de los partidos políticos respecto de sus donantes privados para hacer realidad sus dispendiosas campañas electorales y su escasa capacidad de autofinanciación a través de su base de afiliados.

Empresarios como estos son los personajes que, valiéndose de su privilegiada influencia política, se permiten realizar declaraciones poco contrastadas que persiguen exclusivamente hacer realidad sus intereses más particulares. Son ellos los que nos sermonean sin datos contrastados que en la administración pública canarias sobran al menos 5.000 empleados públicos. Son ellos los que abogan por reducir salarios y precarizar las condiciones laborales en virtud del bien común, los mismos que se llenan la boca hablando de la presunta eficiencia del mercado y de las bondades de la competencia, al mismo tiempo que se ocupan de neutralizar la rivalidad que puedan encontrar maniobrando de forma oscura entre bambalinas. ¿Son estos los empresarios referencia de la excelencia para los emprendedores canarios?

Ante semejantes afirmaciones, los pequeños empresarios que conforman el tejido económico de estas islas deberían salir en tromba a denunciarlas. Permitiría a las pymes canarias tomar distancia de estas prácticas fraudulentas y serviría para denunciar el enorme poder del que disponen estos individuos en detrimento de las propias pymes y de la sociedad canaria en su conjunto. En definitiva, ayudaría a reafirmar la idea esencial de que la empresa y los empresarios, entendidos como agentes creadores de riqueza y bienestar, son vitales para crear una próspera economía.

¿Las declaraciones del Sr. Jiménez pillan por sorpresa a alguien? Salvo algunas voces, asombra que desde los autodenominados partidos políticos democráticos no se haya exigido una investigación concienzuda sobre las afirmaciones de estos empresarios. ¿Dónde está la fiscalía para investigar estos asuntos? Que este tipo de prácticas corruptas estén tan interiorizadas y arraigadas en el imaginario colectivo canario, hasta el punto de no accionar las alarmas morales y éticas, es un indicador más de la decadencia de un sistema donde un solvente entramado cruzado de intereses político-económicos trabaja a favor de una clase dirigente muy concreta.

El poder contra los movimientos sociales

  

Nos estamos quejando continuamente de la incapacidad de la sociedad para opinar, para participar y para revelarse. Para romper las ataduras de la sumisión. Pero cuando surgen movimientos sociales fuertes y comprometidos, de inmediato se pone en marcha el aparato de las descalificaciones y las anulaciones. 

Cuando ya nada se espera. Antonio Morales. Canarias Ahora. 08.04.2013 

La PAH es el último blanco de la ofensiva dialéctica de la Administración central en los últimos tiempos. Una ofensiva ya habitual que tiene por objeto la demonización de esos elementos de la Sociedad civil que ponen en cuestión sus decisiones autoritarias o, al menos, poco consensuadas. Sin embargo, este movimiento parece ser el único que defiende los intereses del ciudadano de a pie, frente a una actuación de la Administración que podría catalogarse de fraudulenta. En el caso concreto de los desahucios, ninguno de los niveles de la Administración se ha ocupado de buscar una solución solvente a tal drama. Tampoco de modificar una ley que a la postre ha resultado ser manifiestamente abusiva, inmoral y cancerbera de los intereses de los responsables de esta crisis, como ha demostrado la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Recordemos que fue el juez José María Fernandez Feijó, (y no la Administración) el que elevó a Luxemburgo la consulta de si la ley hipotecaria española resultaba conforme con la legislación europea. Además, han tenido que ser los propios ciudadanos los que, auto-organizándose, han sido capaces de crear una solvente red de cobertura solidaria con aquellos que han sido desalojados forzosamente. Este proceso ha permitido visibilizar el conflicto social, demostrar que La PAH tiene argumentos y soluciones de mayor calidad democrática que las aportadas por la Administración para resolver el drama, y ha logrado situar a los que dirigen las instituciones en una sospechosa e incómoda situación más cercana a la defensa de los intereses del sector bancario. ¿Qué ley hipotecaria resultará derivada del trámite parlamentario de la ILP presentada por La PAH? Probablemente una que cambie todo para que todo siga igual.

Similar comportamiento hemos detectado en la lucha ecologista y ciudadana en Canarias que ha alcanzado su último éxito cuando el TSJC ha anulado el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma y tres de los cinco campos de golf proyectados.

Campaña de La PAH a favor de la ILP hipotecaria

La ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico intenta regular en todo el territorio canario la incidencia negativa del hombre sobre el entorno y sus elementos naturales. Dicha ley tiene por objeto instrumentar las medidas de evolución del impacto ecológico, como protocolo ineludible para detectar anticipadamente el deterioro ecológico que determinados proyectos pudieran ocasionar en el medio natural donde se asientan (art. 1.2). Además de establecer tres categorías de evaluación ambiental (Art. 4) que se deberán aplicar según cada caso, en su artículo 6 determina que se someterán a evaluación básica de impacto ecológico todo proyecto o actividad objeto de autorización administrativa que vaya a realizarse en área de sensibilidad ecológica. Por tanto, y aunque en su artículo 10 el Gobierno de Canarias se reserva el derecho de excluir del procedimiento de evaluación a determinados proyectos por razones de urgente necesidad, la ley es clara sobre este aspecto; todo proyecto debe ir acompañado de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Además de esta ley, la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, tiene por objeto contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta ley obliga a las comunidades autónomas con competencias planificadoras en la ordenación del territorio y el urbanismo, a la realización de un proceso de evaluación ambiental estratégica de los planes y estrategias que elaboren. La ley vuelve a ser, por tanto, muy clara y exigente.

Recientemente, hemos sabido que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el que se anula parte del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, se basa en la ausencia del correspondiente informe de evaluación de impacto ambiental de tres campos de golf que el plan territorial contemplaba construir sobre territorio protegido. Si la ley es clara respecto a la obligación de presentar dichos informes ¿Cómo es posible que el Cabildo Insular de La Palma, la consejería correspondiente del gobierno autonómico y el propio Gobierno de Canarias no hayan cumplido con este trámite? Lo que observamos es que, por un lado, la Administración autonómica asume, legislando, proteger el medio natural canario, mejorar la calidad de vida en un entorno ambiental digno para la persona, el adecuado uso de los recursos naturales y la preservación de los recursos genéticos animales y vegetales (Preámbulo de la ley 11/1990). Pero por otro, nos encontramos que la Administración es un protagonista activo en el incumplimiento sistemático de las directrices legales sobre medio ambiente. En este caso concreto el informe de sostenibilidad y viabilidad económica solo hacía alusión genérica a los perímetros en los que se iban a ubicar estas instalaciones y la carga alojativa prevista. Si la propia actuación de la Administración incumple la ley ¿Cómo actuar ante semejante despropósito? Eustaquio Villalba, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), sugiere aquí, lo que debemos hacer.

Según ha trascendido en los medio de comunicación, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias llegó a proponer como argumento en el proceso, que los planes especiales tienen el mismo carácter regulador que los planes insulares. Un argumento desestimado por el tribunal al considerar que los planes especiales por sí solos no pueden contar con el mismo rango que los planes insulares, figura jurídica de mayor jerarquía en el planeamiento. La ley del suelo y la normativa de ordenación del territorio también son muy claras en este aspecto, determinan la imposibilidad de que un plan de rango inferior modifique o contradiga lo establecido en el superior al que esté expresamente subordinado. Si esto es así ¿Cuáles son las razones para que las administraciones argumentaran en este sentido en el caso del Plan Territorial de La Palma?

Hay que recordar que el fallo del alto tribunal canario tiene su origen en un recurso interpuesto hace años por ATAN. Entre las estrategias de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario estaba la de lograr incapacitar a dicha organización para llevar la acción judicial. ATAN destaca por ser una organización ecologista que desde 1972 tiene como fin general la defensa del medio ambiente velando por la ordenación y el uso sostenible de los recursos del territorio. Su solvencia en ese cometido está suficientemente acreditada. Además, se ha erigido en muchos casos como el único defensor del derecho que tiene el ciudadano a disfrutar de un medio natural libre de agresiones. En el proceso judicial contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma se demuestra una vez más que la propia administración ha intentado boicotear su capacidad legal de denuncia. ¿Por qué razón intentó obstruir la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la participación de ATAN en el proceso? ¿No será que esta administración percibió los sólidos argumentos legales con los que concurría ATAN en el proceso y, por tanto, hacía peligrar la construcción de los tres campos de golf previstos en el Plan Territorial Especial así como las rentas que proporcionaría a algunos?

Lo que percibimos en este asunto es un episodio más donde la Administración pública autonómica infringe metódicamente la ley de protección del territorio en las islas, e intenta obstaculizar la denuncia de determinados movimientos ciudadanos que, cargados de razones legales, se erigen como únicos defensores de los intereses ciudadanos en el proceso jurídico derivado de la denuncia. Una percepción muy grave. De ser cierta (en Canarias hay muchos ejemplos que lo corroboran) llevaría a concluir que las instituciones políticas parecen defender con mayor ahínco los intereses de los impulsores de las agresiones al medio natural, olvidando deliberadamente los derechos de los ciudadanos que votan para que esas instituciones les defiendan. Lo que implica que trabajan para los grupos oligárquicos que las dominan y no para el ciudadano.

Los campos de golf y el derecho a prosperar

  

…la normativa medioambiental y urbanística que afecta a La Palma es excesiva e impide el desarrollo de la Isla…vamos a exigir con rotundidad el derecho a prosperar. 

Guadalupe González Taño (CC). Presidenta del Cabildo Insular de La Palma. Diario de Avisos. 05.04.13 

El turismo de golf engloba todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el desplazamiento temporal de turistas, cuya motivación principal se encuentra en la práctica del golf o en la contemplación de competiciones que tienen que ver con este deporte. España está bien situada en el mercado europeo del turismo de golf. Con una cuota de mercado muy cerca del 40% y un volumen de negocio de 1.030 millones de euros en 2011, ostenta una clara posición de liderazgo y Canarias, según un estudio de KPMG sale bien parada. Con ingresos de 177 millones se sitúa en segundo lugar por detrás de Andalucía, verdadera potencia en España en este tipo de turismo (400 millones €).

Las actividades turísticas relacionadas con el mundo del golf no solo se reducen a la construcción de los campos que albergarán su práctica. También requieren fuertes inversiones en infraestructuras hoteleras y equipamientos que proporcionen servicios a los turistas que quieran practicarlo o contemplarlo. Normalmente, las instalaciones de golf están asociadas a la proliferación de plazas hoteleras y extrahoteleras. Ello supone habilitar desarrollos urbanísticas donde se asientan actividades agrícolas y de primera necesidad, con quien tendrán que competir por el suelo disponible que, tratándose de un territorio insular como Canarias, es escaso y caro. Los desarrollos urbanísticos requieren recalificaciones y éstas traen asociada la especulación. Lo normal es que las instalaciones deportivas de golf estén emplazadas, además, en lugares de gran valor paisajístico lo que habitualmente está relacionado con espacios cuyos suelos son los más productivos y útiles para usos agrícolas.

Campo de golf en Buenavista del Norte. Tenerife

Pero hay más. Como dice Ramón Pérez Almodóvar en un magnífico artículo del 2005, en términos medios, se estima que los campos de golf requieren tanta agua para su mantenimiento como la que demandaría diariamente para consumo humano una población de unos 63.000 habitantes. Una cantidad ingente de agua para una zona como Canarias en la que se lucha diariamente contra uno de sus grandes mantras, la escasez de agua. Así pues, los campos de golf serán otro elemento más que competirá por el consumo de agua. Pero no cualquier agua, normalmente la de calidad máxima. Los estudios recomiendan que las instalaciones deportivas de golf de calidad se rieguen con agua natural, porque la depurada trae consecuencias negativas para la instalación; salinización de los suelos, riesgo de aparición de infecciones que deterioran el piso donde se practica este deporte, y las altas inversiones necesarias en instalaciones depuradoras y/o desaladoras que encarecerían la instalación.

En abril de 2002, el entonces viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Rafael Medina Jáber (CC) no dudó en apostar por el golf como oferta turística. Entonces dijo que el golf podía ser una buena alternativa a las plataneras cuando éstas dejaran de ser rentables en el futuro. Fue más allá al considerar, además, que los campos de golf embellecen el medio ambiente. En aquel momento existían en Canarias 15 campos de golf y 10 más en construcción. Más de una década después de aquella apuesta, con 23 campos de golf operativos que embellecen el territorio canario, resulta que el archipiélago sigue ostentando una tasa de desempleo de las más altas de España, unos índices de desigualdad importantes y un elevado porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Lo que invita a pensar que ese tipo de turismo, basado en la práctica y contemplación del deporte del golf, ha fracasado en su intento de generar rentas, empleo y prosperidad suficiente como para mejorar la situación económica y social del común de los canarios. Más bien parece que ha mejorado la situación económica personal de quienes han sido sus promotores más directos; constructores, inmobiliarias, tour-operadores....

Llegados a este punto surgen una serie de preguntas insoslayables ¿Realmente puede prosperar una isla apostando por el turismo de golf? ¿Podemos considerar que una isla progresa construyendo tres campos de golf dentro de espacios naturales protegidos por sus altos valores ambientales y paisajísticos? ¿De dónde procede el agua que regará estas instalaciones? ¿Entrará en conflicto con el agua destinada a consumo humano o para riego agrícola? ¿Se evalúan seriamente los impactos ambientales que genera un campo de golf? ¿Es el turismo de golf la panacea en Canarias para resolver la precariedad laboral y generar bienestar? ¿Cuántos empleos genera una instalación de golf, de qué tipo y en qué condiciones?

Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. La razón ha sido incorporar en dicho plan los campos de golf de Breña Alta, Los Llanos de Aridane y Barlovento, sin haber ejecutado previamente una evaluación sobre su impacto ambiental en el territorio. La reacción de las autoridades locales, como cabía esperar, puesto que ya es una práctica común en el archipiélago, ha sido la de criticar la legislación ambiental en Canarias. La presidenta del Cabildo Insular de La Palma, Guadalupe González, ha dicho que la legislación en materia de medio ambiente no solo es excesiva en esta isla sino que impide su desarrollo. ¿No será que impide el desarrollo y la captación de rentas de aquellos que promueven estas instalaciones deportivas, altamente impactantes con el medio natural donde se insertan?. Los hechos, desgraciadamente, demuestran que la legislación ambiental en Canarias lejos de ser excesiva no se respeta y se incumple frecuentemente.

Apelando a la acostumbrada demagogia, esta Isla debe quedar para las generaciones futuras, pero nuestros hijos tienen derecho no solo a heredar un territorio bonito y verde, sino también a desarrollarse como personas aquí y a tener un puesto de trabajo, el Cabildo recurrirá ante el Supremo la decisión del TSJC. No es la primera vez que oímos este tipo de declaraciones de cargos políticos. Unas explicaciones que parecen mostrar que las instituciones públicas trabajan más para defender los intereses de determinados agentes empresariales que promueven dichas instalaciones que para el propio ciudadano, verdadero constructor de aquellas instituciones que supuestamente deben defenderle. La estrategia de la Comunidad Autónoma en el procedimiento jurídico argumentaba que los planes territoriales especiales pueden adquirir rango de planes insulares de ordenación. Una ilegalidad manifiesta que retrata claramente la postura de la Comunidad en este asunto.