Es la separación de poderes

  

Con un poder legislativo y un poder ejecutivo controlado por los propios partidos, y con un poder judicial de posibilidades muy limitadas, ¿qué nos queda para promover la transformación de este estado de cosas? Que la presión de la sociedad civil se haga efectiva para imponer una reforma sustantiva, o una revolución política que emplee y desborde los cauces institucionales (…)

 

Qué hacemos con la financiación de los partidos políticos. VV.AA. AKAL. 2013.

Yo he cumplido mi compromiso. Con esta Cámara. Con todos ustedes, señorías y con los españoles. Son palabras de Mariano Rajoy en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación. Se refería al paquete de medidas contra la corrupción que su gobierno ha aprobado durante el último año para controlar la actividad económica de los partidos políticos y el de los altos cargos. Una declaración excesivamente complaciente si tenemos en cuenta que esas medidas son, aún, proyectos de ley.

El pasado mes de enero, se publicó el informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España (GRECO). Sus principales conclusiones abundan en la idea de que la corrupción en nuestro país está muy extendida. Además, el informe denuncia la necesidad de instaurar más controles en el funcionamiento del Parlamento en los ámbitos de la regulación de lobbies, en la transparencia e información sobre los bienes de los parlamentarios, en el grado de democracia interna en los partidos, etc. También argumenta que los jueces y fiscales encargados de impartir justicia no solo están sobrecargados sino que los órganos de gobierno del poder judicial se encuentran excesivamente politizados. Todo ello tiene como efecto que la Administración de Justicia sea mucho más lenta de lo deseable. La consecuencia inmediata es que la corrupción salga barata o ni siquiera se sancione.

También a nivel comunitario un reciente informe publicado por la Comisión Europea advertía que la corrupción es un problema habitual en Europa. El 75% de los europeos encuestados así lo percibe en sus países de origen y el 95% en el caso español. El informe estima, además, que la friolera de 120.000 millones de euros es el montante de recursos que anualmente se desvía hacia prácticas corruptas, posibles por relaciones político-empresariales irregulares. Una cifra que algunos consideran conservadora en la medida que equivale solo al 1% del PIB de la UE28. El informe considera que los dos ámbitos donde la corrupción está más arraigada son la adjudicación de contratos públicos y la financiación de los partidos políticos. Asimismo, señala que España es uno de los territorios europeos donde el problema de la corrupción se encuentra más generalizado.

¿Por qué no se soluciona en España lo que denuncian de forma recurrente estos informes? Una buena respuesta nos la proporcionan los autores del libro Qué hacemos con la financiación de los partidos (Maroto/Anderica/Baleato/Ongil) Argumentan que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se encuentran controlados hasta tal punto por las formaciones políticas que su independencia, esencia de una democracia de calidad, se ve claramente anulada. Ahí estaría el germen de la corrupción.

En el ámbito del poder legislativo, estos autores denuncian que son los propios partidos políticos los que en última instancia tienen que aprobar leyes que regulan y sancionan todo lo relacionado con la esfera de su financiación y su funcionamiento interno. ¿Se puede legislar razonablemente sobre estos temas cuando eres parte interesada? La sucesión de casos de corrupción que han afectado a todos los partidos mayoritarios en España, en la práctica totalidad de las legislaturas desde la instauración de la democracia, demuestra que las leyes aprobadas para regular estos asuntos no han sido ni suficientes ni eficaces. ¿Es transparente y accesible al público la información sobre financiación privada de los partidos políticos? ¿Es eficaz el control de las fundaciones y organizaciones vinculadas a las formaciones políticas? ¿Les resulta fácil o difícil eludir los límites a las donaciones privadas indicadas por la ley? ¿Se conocen con precisión las condiciones de condonación de créditos efectuadas por las entidades bancarias a los partidos políticos?...El conflicto de intereses no solo es manifiesto sino evidente.

También hablan de la existencia de mecanismos de impunidad limitadores de la acción del poder judicial en relación a la financiación de los partidos. De esta forma denominan a aquellos elementos perversos creados y consentidos por los propios partidos que contribuyen a eludir su responsabilidad en casos de corrupción. Hablan de contrasentidos como que la financiación ilegal de los partidos políticos no esté catalogada como delito; a la utilización de los medios de comunicación para estigmatizar a determinados jueces responsables de la instrucción de casos donde está implicado alguna formación política; a la existencia de determinadas figuras jurídicas como la prescripción de delitos fiscales (¿también la promulgación de amnistías fiscales?); a los bajos umbrales que el Código Penal establece para que un fraude sea considerado delito fiscal; a la limitadísima responsabilidad penal que la propia ley reconoce a los partidos políticos; a figuras anacrónicas como el indulto (¿también los aforamientos?); o a la aparente facilidad con la que se pueden impugnar los procedimientos probatorios utilizados en investigaciones complejas como las que, por lo general, requieren este tipo de casos.

En este escenario, resulta sintomático y muy preocupante que en España aquellos que han intentado determinar las causas y los responsables de casos de corrupción, presuntamente vinculados con financiación ilegal de partidos y adjudicación irregular de contratos públicos (Baltazar Garzón ¿también Pedro J. Ramírez?) que son, precisamente, los ámbitos donde la corrupción está más generalizada según los informes mencionados más arriba, se hayan convertido en víctimas de su propio interés por esclarecer los hechos. Triste panorama que revela una tendencia inquietante, aquél que se aventura a investigar, ya sea desde el ámbito judicial, el periodístico o cualquier otro tipo, es apartado de sus funciones. Además, de forma fulminante y con una violencia significativa, la que se ejerce utilizando mecanismos propios del Estado cuya instrumentalización es como mínimo ilegítima (utilización de la Fiscalía Anticorrupción, acusaciones de prevaricación, anulación de pruebas por obtención irregular de las mismas pero que muestran indicios de delito que además luego no se investigan, estrangulamiento de fuentes de financiación en medios de comunicación, etc) La sensación general de impunidad es un caldo de cultivo que retroalimenta las prácticas ilícitas.

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, ha propuesto una serie de interesantes requisitos que los partidos políticos tendrían que cumplir mínimamente para ganarse el voto de los ciudadanos y facilitar la transformación de nuestro actual sistema político. Se trata de obligaciones de transparencia que las formaciones políticas tienen que cumplir, necesariamente, en el momento de convocatoria de los comicios y una serie de deberes adicionales que han de ser recogidos en sus programas electorales. Deberes a satisfacer en el curso de la legislatura. Necesaria reflexión que una ciudadanía activa y consciente tendríamos que considerar de cara a las próximas citas electorales que se celebrarán en Europa y en el ámbito autonómico español. Máxime, si pensamos que los partidos políticos son, aún, agentes que pueden propiciar un cambio hacia una sociedad más democrática e inclusiva. ¿Lo son?

Un peldaño más allá, los autores de Qué hacemos con la financiación de los partidos políticos ponen sobre la mesa otra reflexión ineludible para que esto deje de ser una estafa colectiva consentida y asumida por todos: ¿Qué es lo que esperamos y queremos de los partidos políticos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué deben servir? ¿Realmente queremos partidos políticos?

Un referéndum que llega tarde

 
La Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum dice en su artículo 4, punto 2, que el referéndum solo podrá celebrarse en el periodo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales. Esa restricción nos indica que la consulta, en caso de autorizarse por parte de las Cortes españolas, solo podría celebrase en el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y febrero de 2015.

En la reciente decisión del Gobierno de Canarias de convocar una consulta popular sobre la idoneidad de efectuar las prospecciones petrolíferas frente a las Islas hay algo que no huele muy bien. Diferentes colectivos de la sociedad civil canaria habían propuesto, hace ya algún tiempo, la opción del referéndum ante la política autoritaria y del decreto impuesta por el PP y el Ministro de Industria en este asunto. Sin ir más lejos, a la vuelta del verano de 2013 también Nueva Canarias propuso la convocatoria de un referéndum.

En ningún momento, el actual gobierno regional hizo suya esta propuesta. ¿Por qué el gobierno regional, sustentado por CC y PSOE, lanza ahora, en este preciso momento, la convocatoria de la consulta popular? Evidentemente, las próximas elecciones europeas en mayo del presente y la posible convocatoria de los comicios autonómicos en la primavera de 2015 abren una gran oportunidad a Coalición Canaria para presionar y dañar la imagen del Partido Popular en el Archipiélago.

Según las previsiones del consorcio de empresas liderado por Repsol, las prospecciones para determinar si existen hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura comenzarán muy probablemente entre julio y septiembre de 2014. Así mismo, se lo trasladó Mariano Rajoy a Paulino Rivero a principios de año. Por tanto, en el caso excepcional de autorizar y celebrar el referéndum su capacidad real, por sí solo, para frenar los trabajos de sondeo será reducido.

Realmente, qué le interesa más a Coalición Canaria y su socio de gobierno, el PSOE, cuyo máximo responsable, además, manifestó allá por febrero de 2011 que los sondeos reportarían grandes ventajas a Canarias. Lo que más le interesa al gobierno regional es seguir explotando ese victimismo político que tantos réditos electorales ha proporcionado a CC en el pasado y que a menudo servía como moneda de cambio para satisfacer los intereses de los nacionalistas cuando su influencia en los asuntos nacionales era de mayor intensidad. Con la convocatoria de la consulta el gobierno regional va a conseguir precisamente eso, puesto que obligará al PP a retratarse ante España y en concreto ante su electorado en las Islas. Sería muy extraño que las Cortes autorizaran la consulta ya que el Parlamento está controlado por el Partido Popular, porque autorizar el referéndum podría sentar un precedente ante otras CC.AA. que una política centralista como la que desarrolla el PP no estaría dispuesto a permitir y porque, en definitiva, el gobierno del PP siempre ha dicho que el asunto de las prospecciones y los sondeos es un tema cuya competencia es, a todos los efectos, del Estado.

La convocatoria de un referéndum sobre este importante asunto es una herramienta fundamental que un gobierno regional, responsable con su medio ambiente y preocupado por la participación ciudadana, debería hacer valer para presionar a un gobierno central demasiado cercano a los intereses de las grandes compañías, entre ellas las petroleras. Máxime cuando la oposición mostrada por diferentes colectivos de ciudadanos por todo el Archipiélago ha sido muy fuerte y combativa. Esa consulta les permitiría expresar su sentir de forma institucionalizada, además de acercar al ciudadano a las instituciones políticas, tan denostadas en la actualidad, precisamente por el gran déficit democrático que presentan.

En la política de hoy, no solo en el ámbito canario, sigue siendo una asignatura pendiente de los políticos fomentar cauces y vías de participación ciudadana en los asuntos públicos. Algo que no se explora lo suficiente porque supondría habilitar que los partidos políticos pierdan el privilegiado y absoluto papel decisor que tienen en la actualidad. Una vez más, como de costumbre, sobre todo en el ámbito regional, la política, tan sujeta al cortoplacismo, al oportunismo electoral y a la estrategia partidista ha llegado tarde.

Pero ha llegado tarde porque en realidad, en este asunto como en muchos otros que aquejan la salud democrática y ambiental de Canarias (Tindaya, el puerto de Granadilla, la moratoria turística, etc) importa muy poco la opinión de los ciudadanos. Pero eso no debe hacer decaer los ánimos entre aquellos que consideran que una consulta popular es necesaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Marea Blanca a favor de una Sanidad Pública, la Verde que defiende una Educación pública y de calidad o incluso la llamada Marea Azul partidaria de la gestión pública del agua, nos han enseñado que hay procedimientos y vías alternativas a las auspiciadas por los partidos políticos para celebrar una consulta popular y también para poner en marcha iniciativas que pueden tumbar cualquier decisión política tomada contra los intereses ciudadanos. En nuestras manos está. Si dejamos que el gobierno regional lleve la iniciativa en este asuntos estaremos limitados por los tiempos y las servidumbres de los partidos políticos y en ese caso, ya lo hemos visto, los damnificados serán el medio ambiente y el ciudadano.

Comités de expertos

Expertos. Les oímos hablar en los medios de comunicación con su halo de neutralidad, sabiduría y objetividad e inconscientemente otorgamos total credibilidad a lo que nos dicen. Sin embargo, tendemos a olvidar que, como cualquier ser humano son falibles y sus palabras nunca son neutrales. Bajo sus tecnicismos y argumentos se esconde una filosofía determinada que en mayor o menor medida sirven a los intereses del poder político y económico. En definitiva, el marchamo de supuesta independencia se lo otorgan aquellos que justificarán sus propuestas a posteriori.

El Roto

En noviembre de 2011, el gobierno regional promovió la creación de un comité de expertos encargado de estudiar la reforma de las Administraciones Públicas canarias.  Su principal cometido sería efectuar una evaluación del funcionamiento y el marco competencial de cada uno de los ámbitos de la administración para identificar duplicidades e ineficiencias. De esa evaluación debían salir propuestas y recomendaciones de actuación dirigidas a mejorar el servicio prestado al ciudadano por parte de las administraciones. Unas mejoras que se elevarían al Ejecutivo canario, quien tendría las competencias para adoptarlas o no.

Entre las medidas propuestas por el Comité de expertos han trascendido dos de importancia capital en el desarrollo económico y social de las Islas:

Por un lado, se ha propuesto que las Corporaciones Locales tengan capacidad para tramitar, aprobar y desarrollar de forma definitiva sus propios planes generales de ordenación del territorio sin necesidad de que la Cotmac otorgue su autorización. Una propuesta que no es nueva. Desde hace algún tiempo la supresión de la Cotmac ha sido exigida por diferentes agentes políticos y empresariales (¡Qué casualidad!). La Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias se ocupa de garantizar la legalidad en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Su cometido consiste en velar por el cumplimiento y respeto de las normas urbanísticas aprobadas en Canarias.

Algunos han denunciado su presunta ineficiencia argumentando que demora la aprobación de los planes urbanísticos en las Islas e imprime una gran dosis de burocracia que obstaculiza el desarrollo económico de las Islas. Sin embargo, su actuación ha permitido paralizar, en no pocas ocasiones, desmanes urbanísticos que de otra forma hubieran adquirido carta de naturaleza oficial. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que dejar la llave de la recalificación urbanística en manos exclusivas de las Corporaciones Locales no es lo mejor. Una perversidad que no solo desembocó en el consumo indiscriminado de territorio sin unos mínimos criterios ambientales o sociales, sino que se han detectado infinidad de casos de corrupción como consecuencia del concierto tácito entre el político de turno y el poder económico local.

La segunda medida propuesta por parte del comité de expertos al Ejecutivo data de 2012 y consiste en eliminar la que en su momento se llamó ley de moratoria turística. En la actual coyuntura de crisis y teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en las Islas, el comité de expertos considera un obstáculo insalvable para la recuperación económica del Archipiélago que exista una ley que regule y limite los establecimientos alojativos en Canarias. Aunque han dejado claro que la propuesta no contempla consumir más suelo, si consideran necesario impulsar la construcción y la rehabilitación. Para lo cual la presente ley es un estorbo. Esta propuesta tampoco es nueva. Diferentes agentes políticos y también empresariales han exigido su derogación (seguramente es otra casualidad).

El Roto

La moratoria turística en el Archipiélago se inició con diferentes decretos y leyes hace más de una década (Decreto 4/2001, Ley 19/2003,…). Legalmente supuso la entronización de una estrategia integral de moderación de la oferta alojativa turística desde el punto de vista cuantitativo. Aunque la idea original fue matizada y flexibilizada en el Parlamento, el objetivo último perseguía transformar el modelo turístico vigente en las Islas bajo criterios sostenibles, interviniendo en los espacios turísticos que mostraban claros síntomas de saturación y/o declive. La realidad, sin embargo, es que la mal llamada moratoria tuvo un impacto perverso y considerable sobre el territorio. Como consecuencia de que la ley presuponía la paralización o derogación de proyectos turísticos futuros, se estimuló la expansión de áreas turísticas ya consolidadas y se crearon otras nuevas (campos de golf, incremento de la residencialidad de los edificios, etc). Justo el efecto que se deseaba modular o mitigar. Por si fuera poco dicha ley ya fue flexibilizada por el Gobierno el pasado año.

A partir de aquí, surgen una serie de cuestiones que conviene considerar:

¿Por qué razón cada vez que se estudia el modo de reformar las Administraciones Públicas se concluye que lo mejor es eliminar normativas existentes, desregular ámbitos de actuación o vaciar de contenido al Sector Público? ¿Es así como las Administraciones Públicas prestarán un mejor servicio al ciudadano? Estas medidas propuestas por el comité de expertos tienen un calado importante ¿No sería más coherente, plural y por tanto más democrático involucrar en la generación de las mismas a otros colectivos que están en disposición de aportar un conocimiento de calidad sobre gestión del territorio y crecimiento turístico? ¿No existe base para la recuperación económica canaria mediante la promoción de otro modelo económico basado en un respeto real por el territorio? ¿Queremos impulsar de nuevo un sector de la construcción responsable de desmanes urbanísticos irreversibles? ¿Construir más hoteles con categoría de 4 ó menos estrellas será la panacea del empleo en Canarias? Que las Corporaciones Locales tengan capacidad para tramitar, aprobar y desarrollar de forma definitiva sus propios planes generales de ordenación sin la supervisión de la Cotmac ¿no supone un incentivo para que los Ayuntamientos retomen comportamiento urbanísticos irresponsables?

La economía sumergida en Canarias

La economía sumergida aleja el temor a una revuelta social en España junto con otros tres soportes: el colchón familiar, los subsidios y las ONGs 

Informe Prensa Economía Sumergida. GESTHA. Enero 2014.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha publicado recientemente un interesante estudio sobre la envergadura que ha adquirido en España la economía sumergida durante los últimos años. El interés de dicho estudio, titulado La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, radica en el hecho de que los análisis sobre este tema son minoritarios y muy generales debido a la complejidad de los procedimientos empleados para su estimación. Este informe tiene la virtud de incorporar un examen detallado de la distribución de la economía sumergida en España por comunidades autónomas y provincias. El estudio se centra en el periodo comprendido entre los años 2000 - 2011 y además contempla una proyección para el año 2012.

Ecomomía sumergida por Comunidades. Gestha.

Desafortunadamente, como en tantos otros indicadores de tipo socioeconómico, Canarias no sale bien parada. El estudio le atribuye el cuarto volumen de economía sumergida más alto de todo el territorio nacional para 2012, alcanzando el 27,9% del PIB regional. Para el conjunto de España el indicador se sitúa en el 24,6% del PIB nacional. El estudio de Gestha está en línea con otros análisis realizados, por ejemplo, por CC.OO. o el Instituto Español de Analistas Financieros, que ya habían advertido que la economía sumergida en el archipiélago alcanza un porcentaje apreciable del PIB regional y muy superior a la media española.

Las principales razones que utiliza Gestha para justificar un nivel de economía sumergida tan alto en España están relacionadas con las enormes bolsas de dinero negro generadas por la excesiva vinculación de la economía al boom inmobiliario, el incremento de la corrupción y la escasa transparencia de las instituciones, así como una tasa de paro elevada.

Canarias es un caso paradigmático de estos fenómenos. La excesiva dependencia de la economía de las Islas del subsector inmobiliario y de la construcción hizo que el mercado de trabajo se comportara conforme a la evolución de la bonanza de este subsector. Una dependencia incentivada desde la clase política. Los políticos pronto percibieron los réditos electorales que obtendrían de impulsar sin control territorial ni ambiental un sector que proporcionaba trabajo para casi todos (aunque fuera en condiciones precarias y en negro) y grandes plusvalías para los que se beneficiaban de las recalificaciones de terrenos. Esto se tradujo en un concierto fraudulento y corrupto entre el poder político y el económico que derivaría en malversación, tráfico de influencias, sobornos, prevaricación, etc. No es casualidad que Canarias cuadriplicara el % de municipios que se han visto afectados por algún episodio de corrupción urbanística en España. Semejante descontrol y corrupción ha sido el caldo de cultivo para generar una economía sumergida en las Islas de las más altas de España que parece que nadie quiere resolver.

Gestha, además, muestra con su estudio un dato inquietante de clara aplicación al caso canario; la economía sumergida se ha convertido junto con las familias, la cobertura de las ONGs y los subsidios, en uno más de los colchones que, ante la incapacidad manifiesta que presenta la economía canaria para generar empleo y de calidad, mitigan un posible estallido social (Canarias terminó el 2013 con una tasa de desempleo que supera el 33% de la población activa). Lo que viene a cuestionar este dato es la voluntad política real del gobierno regional de combatir con medidas solventes el enorme fraude generado en las Islas y que ha impulsado la economía sumergida durante los últimos años. ¿Está dispuesto el gobierno a luchar contra la economía sumergida sabiendo que esta es un sostén fundamental de la paz social ante el deterioro socioeconómico de las islas a nivel de empleo, pobreza y desigualdad?

La respuesta hay que buscarla en las propias propuestas que hace Gestha para crear un sistema tributario eficaz. ¿Conoce el gobierno de Canarias la dimensión del fraude que lastra la economía regional con vista a tomar medidas solventes para su reducción? ¿Se ha encargado algún estudio independiente para cuantificarlo y conocerlo? ¿Se ha dotado a la Hacienda Autonómica de los recursos suficientes a nivel económico y humano para luchar contra el fraude? ¿Se controla la elusión fiscal en Canarias? ¿Se han puesto en marcha en el archipiélago campañas solventes para concienciar al ciudadano de que pagar impuestos nos beneficia a todos y contribuye a crear un sector público con músculo financiero?