¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes.
Este país necesita una auténtica regeneración en todo. Desde la más alta cúpula, hasta los niveles medianos. Todo esto procede de un error en el sistema de financiación de los partidos y hay que modificarlo.
El modo que utilizan los partidos políticos para financiar su actividad es uno de
los grandes pilares que sustenta todo el edificio de nuestra actual democracia (el otro es la ley electoral). De nada sirve que un partido político promueva las leyes más justas socialmente si en sus sótanos se captan recursos de la forma más irregular y fraudulenta posible. Pero en España, en la actual coyuntura, ni se toman decisiones socialmente justas ni se conocen con total certeza las vías de financiación de las formaciones políticas ni, tampoco, las personas físicas o jurídicas que las utilizan. Ahora el escaparate mediático está ocupado por el PP y CiU, pero antes estuvieron el PSOE o el PNV. No hay que esperar grandes iniciativas por parte de estos grandes partidos para enderezar el modo en que se financian. Todos están aquejados de la misma dolencia. Sus acciones no pasarán de discursos reprobatorios más o menos altisonantes, estériles comisiones de investigación o apelaciones dramáticas a realizar auditorías externas…. no vaya a ser que acusando al otro de irresponsable se descubran ellos mismos.
Esto explica por qué nuestra democracia es incompleta, deficiente y manifiestamente mejorable. No se pueden tomar decisiones políticas que mejoren el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, si quienes las toman son tributarios de quienes financian la actividad de esos partidos. Y eso es precisamente lo que ocurre en este país. Se han tomado decisiones favorables a los que han provocado la presente crisis, la banca; se han promovido infraestructuras innecesarias para la sociedad española pero muy beneficiosas para las grandes constructoras; se ha inflado una burbuja inmobiliaria que benefició a los propietarios del suelo y a inmobiliarias mientras se cebaba una bomba que ha estallado dejando un nivel de desempleo inadmisible; se privatizan servicios esenciales como la Sanidad o la Educación para gloria de los nuevos prestatarios externos que comienzan a colonizar lo que antes era gestión pública; las arcas públicas españolas son las más débiles de la Europa desarrollada pero ningún partido político es capaz de subir la presión fiscal a las grandes empresas o a individuos con las mayores bolsas de dinero, muchas de ellas ocultas; la economía española no crea empleo pero se impone una reforma laboral que lesiona los intereses de los trabajadores y refuerza al empresariado….
Nada de esto es casualidad. Hunde sus raíces en un sistema de financiación de partidos y un grado de corrupción generalizada donde el damnificado más directo es el ciudadano. Los grandes agentes y lobbys de nuestra sociedad utilizan las vías de financiación de los partidos o la ausencia de su regulación para penetrar en las entrañas de los partidos políticos por las cloacas de estos; donaciones anónimas, ausencia de límites en el endeudamiento de los partidos políticos y opacidad en la negociación de créditos con la banca, condonación de deudas bancarias, opacidad total en las cuentas de las agrupaciones locales, información confusa sobre las vías de financiación de las fundaciones de cada formación política, obstáculos a la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas o carencia de medios económicos para investigar de forma solvente, ausencia de un método contable homogéneo aplicable a todos los partidos por igual, inexistencia de auditorías externas independientes y de una rotunda normativa sancionadora para aquellas formaciones que incumplan lo prescrito, escasa información sobre las fuentes de ingresos de las AA.PP, nula colaboración entre el Tribunal de Cuentas, el Banco de España y la Agencia Tributaria….La ley sobre Financiación de Partidos Políticos data del año 87 (3/1897 de 2 de julio), fue modificada en el 2007 con la ley 8/2007 de 2 de julio y en octubre pasado se aprobó la tercera versión
(5/2012, de 22 de octubre). Con esta nueva modificación mucho de lo anterior se recoge por primera vez en más de 30 años de democracia, aunque de forma aún muy laxa.
Más tarde o más temprano tenía que suceder lo que está sucediendo. Ninguna mentira es tan sólida como para pasar por verdad toda la vida. Los opacos procedimientos que las formaciones políticas utilizan para financiar sus acciones se van desvelando y con ello la confirmación de la podredumbre que está gangrenando a esta democracia de mínimos. ¡Qué casualidad que sean esos mismos partidos los que intentan argumentar que el actual sistema democrático no necesita reforma alguna! Vaya si lo necesita.
Los procedimientos de financiación deben hacerse públicos y transparentes por imperativo legal si se quiere acabar con esto de una vez. La transparencia es la mejor medicina contra las actividades oscuras generadoras de corrupción. Ningún partido político puede oponerse a esta iniciativa, y si lo hacen quedarán retratados. También es preciso un estricto control ciudadano de los mismos. Un control donde además de los organismos fiscalizadores pertinentes, dotados de los medios económicos adecuados, el ciudadano tiene que tener capacidad para comprobar por sí mismo la procedencia de hasta el último euro que entra en las formaciones políticas. En pleno siglo XXI, con el avance de las nuevas tecnologías, no hay excusas.
Y hablando de financiación de partidos, en clave local ¿Cómo está el asunto en el caso de Coalición Canaria? El último
informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos emitido por el Tribunal de Cuentas, data, atención, del 2007. Para el caso de Coalición Canaria (Pág. 53 – 56 del informe), el Tribunal se hace eco de los mismos aspectos negativos que aquejan al resto de formaciones:
- La contabilidad rendida por la formación no recoge la actividad desarrollada por la mayor parte de la organización local, tampoco la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
- Solo 26.384€ corresponden a cuotas de afiliados.
- 180.000€ corresponden a donativos realizados por tres personas jurídicas.
- 754.417€ es la deuda con entidades de crédito que declara CC.
- La memoria presentada por la organización contiene información genérica sobre las partidas del balance y la cuenta de resultados, lo que es considerado como insuficiente por el Tribunal.
- Falta de integración en las cuentas presentadas de la actividad desarrollada por la organización.
- No se ha presentado el informe preceptivo relativo a los resultados del sistema de control interno que debe haber establecido el partido para controlar sus cuentas.
- La fundación Canarias 7 Islas es la única fundación vinculada a CC que, no obstante, no mantuvo actividad en el ejercicio fiscalizado.
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