La reforma electoral SÍ es una prioridad

De lo que tenemos que discutir en el Parlamento para no seguir separándonos más de los ciudadanos es sobre lo que verdaderamente les preocupa, que es ver cómo mejoramos la educación, la sanidad, las políticas de empleo… Evidentemente, el Partido Popular está abierto a perfeccionar el modelo electoral. Pero quede claro que nadie nos para por la calle para decirnos que sería más feliz. 

Asier Antona. La reforma electoral no es una prioridad. Diario de Avisos. 10.12.12

El partido que se ha aupado en la presidencia del gobierno de Canarias en los últimos comicios autonómicos, Coalición Canaria, logró solo el 13,49% de los votos de todo el censo electoral canario. Los resultados están disponibles en el portal del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Con ese resultado la formación nacionalista ha obtenido 21 escaños, el 35% de la tarta del Parlamento. Su actual socio de gobierno, el Partido Socialista Canario, alcanzó el 13,43% de la confianza del electorado, lo que le granjeó 15 escaños, es decir, el 25% del Parlamento. Con su pacto, ambos partidos dejaron fuera del gobierno a la formación más votada, el Partido Popular, que consiguió la confianza del 16,79% del electorado. Un porcentaje que le da acceso a la misma cantidad de escaños que los nacionalistas, 21. Cualquier ciudadano que haga este sencillo análisis entenderá que los escaños conseguidos por cada formación política no tienen el mismo coste en votos. Por tanto concluirá que en el sistema electoral canario la proporcionalidad de los votos no es la misma puesto que da acceso a un número distinto de concejales y de escaños. Sin embargo, ninguno de los tres grandes partidos políticos de Canarias considera que la reforma de la ley electoral sea una prioridad.

% de votos sobre censo electoral según partidos políticos. 2011

Además de las tres formaciones mencionadas, Nueva Canarias superó la barrera del tope regional del 30% de los votos y esto le dio derecho a 3 escaños, el 5% del Parlamento. En otras circunscripciones, aquella barrera oscila entre el 3% y el 5%, lo que demuestra que las barreras de acceso para contar en la política canaria son altas y difíciles de superar. Por tanto, existieron 94.591 votos a otras formaciones políticas (más del 10% de los votos a candidaturas) que no han superado aquel obstáculo y, por tanto, no tienen representación en la máxima institución política de la autonomía. Cualquier individuo que vea estos datos concluirá que el acceso al Parlamento es una empresa compleja y, por tanto, la pluralidad del sistema electoral canario deja mucho que desear. A pesar de ello, ni CC ni PP ni PSOE valoran como prioritario la reforma de la ley electoral canaria.

La abstención registrada en los últimos comicios autonómicos en el archipiélago alcanzó el 37,26% (559.827 votos). Los partidos que forman el gobierno de Canarias, CC y PSC, están sustentados solo por el 26,29% del censo electoral (404.539 votos). Un porcentaje sensiblemente inferior (¡Más de 10 puntos!) al número de ciudadanos que decidieron quedarse en casa y no votar aquel día. Sus razones tendrían. Una de ellas pudo haber sido considerar que ninguna de las formaciones políticas les representaría adecuadamente. Una persona sensata que examine estos datos será capaz de llegar a la conclusión de que la representatividad del sistema electoral canario es discutible. No obstante, las fuerzas políticas mayoritarias en el archipiélago prefieren posponer la reforma de la ley electoral sine die.

En marzo de 2011 escribíamos en este medio que la reforma de la ley electoral canaria debía ser una prioridad en el programa de cada grupo parlamentario. La razón era sencilla. El sistema electoral canario es la piedra angular sobre la que se sustenta el edificio de poder en la región. Un instrumento que permite a CC, PP y PSOE obtener un reparto sesgado de la soberanía, al mismo tiempo que obstaculizan la entrada de otras formaciones políticas que puedan modificar dicho reparto y aportar aire fresco al enrarecido clima político en Canarias.

La calidad de un sistema electoral depende de las normas que lo hacen posible. Que esas normas boicoteen su grado de proporcionalidad, su nivel de representatividad o la pluralidad del mismo es equivalente a minar el desarrollo democrático del archipiélago y, por tanto, su nivel de bienestar. No es casualidad que Canarias tenga las cifras de desempleo más altas de Europa, la Sanidad más deficiente de España y un nivel educativo manifiestamente mejorable. Un escándalo que ninguno de los tres partidos mayoritarios está dispuesto a solucionar.