Donaciones, condonaciones y otros pecados sin confesar

   

Mientras estas instituciones cambian constantemente adoptando nuevas tecnologías, la información sobre cómo funcionan se mantiene en secreto. Mucho de lo que nos presentan, y que utilizamos como base para comprender el mundo, es desiformación diseñada para hacer que esas instituciones luzcan más atractivas para el mundo exterior. Por eso, sólo conociendo la comunicación interna de esas instituciones podemos entender cómo funcionan realmente. Si queremos crear un mundo más justo, si queremos que la humanidad llegue a su ptencial máximo, el primer paso es tener acceso a esa información. 

Julian Assange. Le Monde Diplomatic. Julio 2013. 

En la última reforma de la ley de financiación de partidos, la de octubre de 2012, el Partido Popular argumentó que las donaciones privadas y la condonación de deudas por parte de la banca son positivas si se realizan de forma transparente y bajo suficientes mecanismos de control. Fue la respuesta del actual partido en el gobierno a varias enmiendas a dicha reforma interpuestas por parte de UPN dirigidas a prohibir las donaciones y condonaciones de deuda. Las enmiendas no prosperaron.

Por su parte Rubalcaba, hace solo unos meses, durante el debate del Estado de la Nación, reconoció el fracaso de la normativa que regula la financiación de partidos y propuso en el Congreso elegir una comisión independiente de personas de reconocimiento general para que haga un diagnóstico de lo que pasa, para que nos propongan vías de solución y con ese informe podamos hacer la ley correspondiente. ¿No es precisamente este el cometido del Tribunal de Cuentas? Cuando Rubalcaba hablaba de elegir ¿no repara en que los partidos políticos subvierten la hipotética neutralidad de esa comisión, precisamente al elegir a sus componentes? Las mal llamadas comisiones de expertos creadas para tratar un tema determinado son de todo menos independientes. Normalmente son instrumentos al servicio del poder económico y/o político para otorgar el marchamo de la objetividad o la neutralidad a sus conclusiones. Conclusiones que luego se transforman en políticas contra el interés general de todos los ciudadanos.

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En el último cuarto de siglo se han redactado tres leyes que tratan de regular la financiación de partidos políticos (1987, 2007 y 2012). Todas ellas han sido insuficientes para garantizar un tratamiento transparente de las tres principales vías de financiación existentes; las subvenciones públicas, las donaciones privadas y la condonación de deudas por parte de la banca. Pero no solo ha fallado el grado de transparencia al que debe aspirar la financiación de partidos. También ha fracasado el control de esos mecanismos de captación de recursos. El Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de las formaciones políticas, presenta un retraso de más de 4 años en el escrutinio de las cuentas de los partidos (las infracciones por este concepto prescriben a los 4 años). Tampoco dispone de la dotación suficiente de personal para realizar sus pesquisas de forma concienzuda y solvente. Por si fuera poco, sus componentes son elegidos por el Parlamento, con lo que es tributario de las mismas entidades que deben investigar.

Estos hechos demuestran que los partidos políticos tienen poca o ninguna voluntad política para regular los mecanismos que permiten su propia financiación, más allá de los discursos buenistas y bienintencionados de todos conocidos. Es normal, se trata de un aspecto que afecta directamente a su funcionamiento económico. Por eso, esperar decisiones contundentes de los partidos políticos para clarificar su financiación es irreal. Sus incentivos para respetar el interés general se minimizan cuando la probabilidad de ganar unos comicios crece cuanto mayor sea el poderío económico de la formación para organizar campañas mediáticas y efectistas. En el mercado político de hoy día, importa más crear la ficción de que una vez alcanzado el poder la formación cumplirá lo pactado, que ejecutar las medidas recogidas en los programas políticos.

El verdadero cisma que ha provocado el Caso Bárcenas no está entre las filas del Partido Popular aún siendo muy grave lo que ha trascendido. El auténtico terremoto radica en el hecho de que confirma, sin género de dudas, los métodos fraudulentos y corruptos de los partidos políticos para captar recursos. Ya sabemos cómo se financia el Partido Popular pero ¿cómo lo hace el PSOE, cómo capta recursos Coalición Canaria, cómo lo hace Izquierda Unida? No deberíamos dejar que las intrigas en el seno del Partido Popular derivadas de las luchas de poder presentes alrededor del asunto Bárcenas nos cieguen. Eso son síntomas como dice Juan José Millás. La financiación de partidos debe aspirar a organizarse de otro modo si queremos regenerar la democracia puesto que es ahí donde reside gran parte de la connivencia entre el poder económico y el político, base de los conflictos de interés y de la corrupción en las democracias representativas. Toda reforma de la democracia debería empezar por esta cuestión. Transparencia, financiación pública o control ciudadano de las cuentas deben ser algunos de los criterios que rijan, a partir de ahora, la contabilidad de las formaciones políticas. Unas organizaciones cuyo funcionamiento es de los más opacos y oscuros de todas las que existen. Otra más de las paradojas que rodean a este sistema político que denominan democracia.