Las Teresitas; el paradigma de una era corrupta (III)

Un caso no debe demorarse tanto en el tiempo, una justicia tan lenta, cuando se resuelve, no genera justicia, porque el retraso genera injusticia.

  Vicente Garrido. Fiscal Superior de Canarias. EP. 04.10.2013.

El pasado 4 de octubre se conoció la sentencia de la mayor trama de corrupción urbanística en España, el Caso Malaya. Malversación, cohecho, alteración de precios en concurso público, fraude, prevaricación, apropiación indebida, tráfico de influencias,…son algunos de los principales delitos identificados en el caso. El tribunal que ha juzgado la trama mantiene que las sentencias contemplan las máximas penas legales posibles por el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, un vistazo a las resoluciones de los principales acusados muestran cierta suavidad en las penas aplicadas. Los acusados han sido condenados a menos de un tercio de las sanciones solicitadas por el fiscal anticorrupción (para Roca 11 años de los 30 solicitados, para Yagüe 6 años y medio de los 16 pedidos y a Muñoz le han caído solo 2 de los 10 años pretendidos por la fiscalía). Además, 43 de los 95 acusados inicialmente, casi todos ellos empresarios, han sido absueltos de delito, el tribunal no estimó ilegalidades en las operaciones urbanísticas examinadas. Si a esto le añadimos que la justicia solo ha podido recuperar una pequeñísima parte del dinero robado, podemos concluir que la corrupción continúa saliendo muy barata en España.

A todo este despropósito hay que sumar el hecho de que las sentencias no contemplan que el ayuntamiento de Marbella y, por tanto, sus ciudadanos, principales damnificados, sean compensados por los evidente perjuicios morales y económicos producidos por 3 lustros de corrupción institucionalizada. Aunque el tribunal sí recomienda que los bienes y dineros decomisados reviertan de algún modo en el consistorio. Por tanto, el Caso Malaya se salda con sentencias leves, un juicio alargado excesivamente, recuperación insuficiente del dinero sustraído y ayuntamiento no compensado. Toda una injusticia intentando hacer justicia.

Es por esto que en paralelo al Caso Malaya es difícil no pensar en otra trama con la que existen muchas similitudes y que se ha convertido por derecho propio en el paradigma de una era corrupta en Canarias, el Caso Las Teresitas. Un caso que ha vuelto a saltar a la arena mediática en los últimos días por unos supuestos papeles que probarían que los terrenos objeto de la operación urbanística entre el Ayuntamiento de S/C de Tenerife y la sociedad de González y Plasencia, pertenecían a la institución municipal desde el año 67. Es decir, que presuntamente el Ayuntamiento de Santa Cruz se compró a sí mismo el frente de la playa, lo que probaría la fraudulencia de la operación.

Las Teresitas, el Gran Pelotazo. Alba Blanco.

Ignoramos por qué razón han salido a la luz estas pruebas cuando, al parecer, se trataba de una información ya conocida por la Fiscalía Anticorrupción desde el 2006, momento de presentación de la querella por parte del ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia. Incluso cuando se levantó parcialmente el secreto de sumario del caso durante el año 2008, la opinión pública canaria pudo conocer que la fiscal anticorrupción investigaba sobre este asunto y preguntó al alcalde por el mismo.

Lo que resulta inadmisible en este negro y flagrante desaguisado es el excesivo tiempo transcurrido desde que el colectivo Ínsula Viable presentara la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción el 30 de junio de 2005, sin que se haya celebrado juicio alguno desde entonces. Un periodo de tiempo tan largo que va a ser difícil resarcir a los ciudadanos de la capital tinerfeña, y a las Islas en general, de los daños económicos y morales cometidos por una trama que ha dejado las arcas del municipio exánimes. Máxime cuando existe una sentencia en firme del Tribunal Supremo que data del año 2007 y que anula la operación de compraventa del frente de la playa por parte del Ayuntamiento, al tiempo que obliga a la sociedad Inversiones Las Teresitas a reintegrar el importe recibido de la operación (53 millones de €) más los intereses devengados (20 millones €). Importe que tampoco ha sido devuelto.

El tiempo transcurrido sin que se conozcan responsables en firme en este caso revela la lentitud de la Justicia y demuestra que esta está gravemente enferma. No solo habría que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal como dice el Fiscal Superior de Canarias; habría que reconsiderar privilegios políticos como los aforamientos, del que se han servido algunos de los imputados en esta causa para demorar la celebración del juicio; habría que dotar a la Justicia de más efectivos para combatir la corrupción con eficacia; habría que legislar a nivel internacional contra los paraísos fiscales, de los que se valen muchos imputados y condenados en casos de corrupción para salvaguardar el dinero público sustraído ilegalmente al ciudadano, dinero que disfrutarán cuando cumplan la condena; habría que endurecer las condenas por corrupción y las incompatibilidades; los partidos políticos deberían dejar de proteger y por tanto apartar a aquellos miembros que son imputados, para lo cual es necesario que las formaciones políticas avancen en democracia interna; el ciudadano, en fin, debería ser consciente de que si su voto va para una formación política que incorpora en sus listas o mantiene en cargos públicos a personajes imputados por corrupción e incluso condenados, estaría contribuyendo al envilecimiento de la escasa democracia que hoy día existe en nuestro país y al sostenimiento de un sistema que favorece a unos pocos y perjudica a la gran mayoría.