Hacia el asistencialismo

Cada vez son más las organizaciones que critican la ayuda social basada en la caridad. El argumento es que crea una relación desigual y no implica necesariamente la puesta en cuestión de un sistema que se muestra incapaz de asegurar a la población sus derechos básicos 

Caridad, no gracias. Paz Vaello. El Diario. 18.11.13.  

En la política presupuestaria se puede gastar menos que es por lo que ha optado el Gobierno de este país desde hace tres años, con el argumento dogmático de que la austeridad traerá confianza y esta crecimiento y empleo. Pero también hay otras alternativas. Se puede optar por ingresar más, subiendo impuestos a las rentas más altas, creando nuevos tributos, impulsando la actividad económica, etc. Y también se puede elegir gastar mejor, analizando en profundidad cómo se gasta, en qué se gasta, si el gasto realizado tiene efectividad en términos de empleo, etc.

Padylla

Las decisiones sobre la configuración de un presupuesto autonómico competen a quien lo construye y ejecuta, en este caso el gobierno de Canarias. Está claro que esos presupuestos están sujetos a restricciones que no se pueden obviar; la crisis general que padecemos es una restricción; los recortes en los recursos transferidos a la Autonomía desde el Gobierno Central en virtud de la política de financiación pactada, es otro. Sin embargo, es la Autonomía la encargada de dotar sus cuentas de una filosofía más social o restrictiva, al ser esta la que decide en qué áreas se invierte, qué se subvenciona, en qué sectores se gasta más, en qué áreas se debe ingresar adicionalmente,...

En definitiva, el Gobierno de Canarias por medio de su Consejería de Economía y Hacienda y demás agentes políticos que participan en la configuración del presupuesto, pueden paliar o corregir, al menos en parte, las decisiones antisociales que provienen desde Madrid. ¿Qué política presupuestaria se sigue en las Islas? ¿Se gasta menos porque se recorta igual que a nivel nacional? ¿Se toman medidas para ingresa más? ¿Se analizan los flujos de gasto para confirmar si se está gastando bien y si hay margen para gastar mejor? A nuestro juicio, en Canarias se aplica una política similar a la desarrollada por el Gobierno central en el territorio nacional, una política basada en el recorte con escasa sensibilidad hacia las cuestiones sociales.

Esto explica los diferentes recortes del gobierno autonómico a las ayudas que reciben organizaciones sociales que hacen una gran labor de cobertura y amparo en las Islas. Recortes que no son los primeros; que entre 2009 y 2013 se haya recortado hasta un 64% la aportación de recursos públicos al sector público empresarial; que la Prestación Canaria de Inserción se esté incumpliendo; que Canarias sea la segunda comunidad con peores servicios sociales de España y la cuarta que más ha recortado su gasto en esta materia en los últimos cuatro años; la paralización de la inversión pública en infraestructuras sociales como hospitales mientras se siguen impulsando otras menos perentorias; que desde determinados sectores sociales se acuse al gobierno del Archipiélago de insuficiente compromiso con la cooperación.

Ahora el Gobierno de Canarias ha publicitado con gran bombo que los presupuestos de 2014 aumentan el gasto en políticas sociales y empleo. De este modo, crece el gasto en asistencia sanitaria y salud pública, el de acción social, el de vivienda y el de empleo. ¡Ojo! Esto es cierto. Pero el aumento en los presupuestos no se efectúa mediante un incremento en los ingresos públicos derivado de un crecimiento de la presión fiscal de los que más tienen en nuestra región, o de una lucha contra las enormes bolsas de fraude y la economía sumergida existentes. Esto sería lo lógico para garantizar la equidad, la justicia social y también la consolidación de dichas políticas. No. Se hace por medio del endeudamiento.

Una decisión perversa porque se pretende atender necesidades sociales de primer orden generando mayor deuda y, por tanto, mayor pago en concepto de intereses. Esto implica que el mantenimiento, la duración y en su caso la expansión de dichas políticas, ante la crítica situación del Archipiélago, dependerá de lo atractivas o no que sean las condiciones de financiación para Canarias. ¿No sería más sensato tomar esta decisiones con un poco más de legitimidad o al menos consensuarlas mejor?

La desatención de las políticas sociales y los presupuestos restrictivos por parte del gobierno canario no son dinámicas nuevas, es coherente con su ideología y con los años que gobernó la autonomía con el Partido Popular. Pero deja en mal situación a su actual socio en el gobierno, el PSOE, presuntamente más sensible a paliar las desigualdades y la pobreza en las Islas. Pero visto lo visto, todos sabemos ya desde hace tiempo que las políticas de izquierdas en el Archipiélago brillan por su ausencia.

Al igual que en el resto de España, se consolida en Canarias un nuevo modelo de convivencia basado en el asistencialismo. El sector público autonómico se desentiende de sus obligaciones sociales para con los sectores más vulnerables a la crisis y luego reclama caridad y solidaridad a los demás por medio de telemaratones y demás artefactos mediáticos de cariz compasivo. Se ensalza así la caridad y el asistencialismo pero no se pone en cuestión las dinámicas estructurales de generación de pobreza y desigualdad en las Islas. En una sociedad como la canaria, que aún en épocas de bonanza económica registraba indicadores de desigualdad y pobreza estimables, esta política puede ser fatal.