(…) a Bruselas no le consta que los proyectos de exploración de hidrocarburos "hayan sido autorizados hasta el momento" y "todavía no se ha emitido el impacto medioambiental" del proyecto (…)
Nos acostumbramos a acudir a las instituciones de la Unión Europea, presunta garante del medio ambiente libre de combustibles fósiles y contaminación, cada vez que percibimos que el territorio, el medio ambiente que posibilita nuestra vida y nuestras acciones, se ve amenazado por la acción de una empresa, un gobierno o cualquier otro actor. Una legislación que, en teoría, castigaría a aquellos actores acostumbrados a considerar el territorio como exclusivo sumidero de los residuos que generan.
Y lo cierto es que en Europa existe todo un cuerpo legislativo orientado a la protección del medio ambiente y también al impulso de la energía basada en fuentes renovables. Ahí está el compromiso de los Estados miembros de reducir el consumo de energía primaria en un 20%, en potenciar las renovables o en limitar los gases de efecto invernadero para el año 2020. Una legislación que ha contribuido a crear la ilusión de que hay una institución última en la esfera supranacional a la que siempre podremos acudir como ciudadanos y que garantizaría nuestro derecho a un medio ambiente de calidad.
Sin embargo, lo cierto es que esta normativa existe solo sobre el papel y que a la hora de la verdad, en el momento de su aplicación, tanto desde el punto de vista punitivo como desde la óptica de sentar unas bases sólidas para potenciar un entorno más favorable a políticas más ecológicas, la UE se ha quedado corta o sus resultados han sido muy laxos. Al contrario de lo que estamos viendo al nivel de la política económica, donde la capacidad de decisión y acción de los países miembros está subordinada a las órdenes más o menos directas que provienen del BCE, la Comisión Europea o la mismísima Alemania, en la esfera ambiental corresponde a las autoridades de los Estados nacionales tomar una decisión que sea gravosa o no para el medio natural. Y aunque estas decisiones deben respetar la legislación europea, en la práctica se pasan por alto muchos derechos ambientales reconocidos en la normativa.Consecuencia; mientras esperábamos esas supuestas resoluciones de la UE favorables al medio ambiente, se han perpetrado los mayores desafueros. Dónde estaba la legislación europea cuando el urbanismo desaforado español se expandía por su territorio en los últimos 20 años, qué tiene que decir la UE ante los últimos cambios operados en la ley de costas española; y qué decir de la creciente privatización, auspiciada por la propia Comisión Europea de un recurso esencial para la vida como es el agua.
En esta dinámica quizás tenga mucho que ver el hecho, muchas veces denunciado, de que las instituciones europeas tienen un gran déficit democrático. Esto las convierte en fáciles presas de la acción, cada vez más directa y visible de grupos de presión con pocas o ninguna intención de elevar la protección del medio ambiente al panteón de los valores comunes. La única institución elegida por medios democráticos es el Parlamento europeo y su peso dentro del conjunto de las instituciones europeas es, al menos, discutible. Es la Comisión Europea la que en la práctica tiene más competencias. Un organismo con muchos defectos en el ámbito de la representación ciudadana. En la Revista Papeles la profesora Rodriguez Palop reflexionaba sobre la preservación de los bienes comunes en los textos constitucionales y se preguntaba ¿Cómo podemos definir y proteger el bien común en un mundo heterogéneo y conflictual en el que el código moral y el modelo político vigente forman parte del problema? A nivel europeo parece existir el mismo problema.
Valga esta larga introducción para mostrar nuestro escepticismo ante la capacidad real de la UE de paralizar las prospecciones que Repsol tiene previsto iniciar este verano frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Parece ser que la Comisión Europea, en respuesta a determinadas quejas de ciudadanos canarios a las prospecciones, aún tiene dudas sobre si las perforaciones violan la normativa europea en materia medioambiental. En este sentido la Comisión argumenta que aún no se ha emitido una declaración de impacto ambiental. No es posible por tanto para la Comisión Europea determinar si se ha producido o no una infracción al derecho de la Unión Europea hasta que el proyecto haya recibido una autorización final por parte de las autoridades competentes. Unas declaraciones que muestran el flagrante despiste (simulado o no) de esa institución frente a la problemática de las prospecciones de Repsol.
Este comportamiento de la Comisión no es nuevo. En Tenerife el Observatorio Ambiental Granadilla se creó como consecuencia de un Dictamen de la propia Comisión. Su función radicaba en realizar un seguimiento de la correcta aplicación de las medidas correctoras que debían mitigar el impacto ambiental del puerto de Granadilla. Las dudas sobre la independencia de este organismo son fundadas. Pues bien, la Comisión Europea ha preferido mirar para otro lado y considerar que no hay irregularidades en los trabajos realizados por el OAG.
Con el puerto industrial de Arinaga en Gran Canaria pasó algo parecido. La necesidad de dicha instalación no se argumentó adecuadamente. Una vez construido, diversos organismos han demostrado su baja operatividad. Hasta el punto que la Comisión llegó a reclamar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas 11,7 millones de € de las ayudas FEDER con las que se financió el proyecto. Hace algo más de un año, la Comisión también resolvió cerrar el expediente que exigía devolver las ayudas. En ambos casos, las infraestructuras son una realidad y el daño ambiental provocado, también.
Las últimas decisiones tomadas por la Comisión en materia de renovables y respecto a la obtención de gas natural por el procedimiento de fractura hidráulica, invitan a ser pesimistas respecto a que la UE sea realmente un espacio de preservación del medio ambiente. En todo caso, estas decisiones mostrarían el verdadero rostro de unas instituciones europeas muy poco favorables a proteger un medio ambiente saludable y de calidad para todos los ciudadanos europeos.
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