¿Por qué no se produce un estallido social?

Lo habrá, tarde o temprano lo habrá. Habrá un estallido social. El mundo que prometía un bienestar sostenido está roto. Los políticos no lo ven, o no lo saben o quizá sea que han llegado a ese estado de ceguera, necedad y estupidez que les impide salir de su discurso hueco, repetido y refractario. Es el bloqueo del poder partitocrático tal como lo conocemos. E intuyo que lo que se prepara es el control del estallido. 

 El estallido que viene. Adolfo García Ortega. El País. 30.11.2012 

En 1982 Joaquín Almunia habló de un concepto económico de actualidad, la Tasa de Paro Insoportable. Entonces responsable económico del PSOE y hoy Comisario de la UE, discutía con José María Linde, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía en aquel momento y hoy gobernador del Banco de España, sobre la idoneidad de la tasa de desempleo como indicador de la política de empleo implementada por un gobierno. Más allá de aquella ortodoxa discusión de hace más de 3 décadas (que entre otras cosas sirve para advertir hasta dónde han llegado aquellos que comulgan con una visión ortodoxa de las cosas), es evidente lo apropiado de una reflexión que intenta dilucidar qué tasa de desempleo puede soportar una sociedad. La historia económica de los últimos 30 años nos enseña que gobiernos de uno y otro signo han logrado sobrevivir con tasas de paro de 2 dígitos sin que exista una revolución o un potente estallido social. En España la tasa de desempleo supera el 26% y en Canarias la situación es aún más dramática. El desempleo alcanza a más de un tercio de la población, es decir el 33%.

Sin embargo, la cuestión fundamental ya no parece ser cuál es el nivel de desempleo insoportable. Cualquier nivel de desempleo de dos dígitos tiene consecuencias catastróficas para la cohesión social, la desigualdad y las posibilidades de desarrollo de un país o una región. Esta crisis no es una excepción. Frente a esa reflexión y las interesadas críticas sobre las presuntas deficiencias de indicadores de desempleo tipo la EPA o el Paro Registrado, parece pertinente saber cuáles son las razones que explican por qué no se ha producido un estallido social de gran alcance ante una situación tan grave. 

Huracán Laissez Faire, 2012. Juan José Martín Andrés

Una reflexión necesaria puesto que, ante la supuesta indolencia general de la sociedad, algunos, incluso, se atreven a mantener que el nivel de desempleo de la sociedad no es tal y por eso no se produce el reventón social. El colmo de los discursos interesados ya que esa opinión olvida, deliberadamente, que la irrupción de la PAH, el 15M, los iaioflautas, las Mesas de Convergencia ciudadana, los colectivos que periódicamente se reúnen en cada barrio, las iniciativas cooperativas o solidarias, las Mareas Ciudadanas, las iniciativas de objeción y desobediencia civil, las movilizaciones, etc., son expresiones moduladas de esa explosión. Una explosión que ha llegado a ser controlada pero que está in crecendo. Algunas de las razones que explican que la explosión no haya ido a más, de momento, son:

Un diagnóstico equivocado: Muchos economistas, sociólogos o filósofos se encargaron de explicar de forma convincente las verdaderas causas de esta crisis, incluso de pronosticarla. Sus argumentos no tienen nada que ver con las causas apuntadas desde las instancias políticas y financieras, por eso se les ha silenciado o estigmatizado con la ayuda inestimable de unos medios de comunicación escasamente plurales en el tratamiento de la crisis. De forma deshonesta se nos ha hecho creer que la presente crisis era coyuntural, cuando es un problema estructural que afecta a un sistema capitalista que ya no da más de sí. Un diagnóstico equivocado añade confusión y retarda cualquier intento de movilización.

No hay alternativas: El mensaje del no hay alternativas promovido por los dos últimos gobiernos, también ha hecho mucho daño. Hábilmente nos han vendido que para superar esta situación eran necesarias las políticas de recortes que están aplicando de forma unánime en Europa. Este ideológico discurso, que no está refrendado empíricamente si no es para certificar su fracaso, ha calado en la sociedad de forma muy honda porque se presenta como el único posible. Además, se trata de un discurso que en modo alguno es neutro. Se lanza con objetivos muy concretos; al tiempo que se ocultan otras opciones de salida, es extremadamente efectivo para imponer determinados cambios en el modelo de sociedad vigente; desmantelamiento del Estado del Bienestar, abaratar el trabajo, conservar intactos los privilegios de los agentes que han provocado esta crisis-estafa, y abrir nuevos mercados a un sistema capitalista en colapso. Nos han vendido que las cosas solo funcionan dentro del sistema capitalista y no es así. Existen otras formas de organización de la sociedad en base a criterios ecológicos, solidarios, cooperativos, participativos y democráticos que pueden ayudar a superar el actual cisma.

Un discurso tergiversado: Al diagnóstico equivocado hay que sumar un discurso avieso y claramente interesado que se promueve por parte de los principales representantes políticos y económicos de este país. Un discurso apoyado en un lenguaje eufemístico que intenta ocultar la realidad al tiempo que permite dirigir la munición hacia las instituciones que molestan a esa élite; según esos discursos tenemos un Estado sobredimensionado, un nivel de protección social que no podemos financiar, un rígido mercado laboral que evita el ajuste y un sector público ineficiente. Todas las proclamas a cuenta de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y alegatos similares que ahondan en la tesis de que tenemos que purgar nuestros excesos, entrarían en este enfoque. Un enfoque interesado que persigue un objetivo claro; difuminar las responsabilidades de los causantes de esta crisis-estafa y ocultar a los verdaderos promotores de la misma. Si se oculta a los responsables se evitan las críticas.

El miedo es el mensaje decía el artista Juan José Martín Andrés en una interesante exposición organizada en Madrid a finales de 2012. A través de una amplia sucesión de titulares de diversos periódicos durante los últimos 20 años, el autor muestra cómo se propaga mediáticamente el miedo, mediante un enfoque basado en reforzar la zozobra y la catástrofe del sistema frente a una perspectiva que potencie las posibilidades de regeneración o superación del mismo que podría traer la crisis. En la exposición podíamos advertir, además, un inquietante efecto; con independencia del contexto crítico que ha jalonado el capitalismo mundial, se repite el planteamiento de los titulares por toda la geografía mundial incidiendo en la congoja y el desasosiego. El miedo inmoviliza porque resquebraja nuestra seguridad individual y colectiva para la rebeldía. Es, ante todo, útil para quebrar la capacidad de contestación de la sociedad a la injusticia y el crimen masivo que se perpetra desde las instancias financieras con la connivencia política. La utilización del miedo como herramienta de dominación y contención de la reacción social no es nueva, se conoce desde tiempo inmemorial. En los últimos cinco años el miedo ha sido utilizado en mayor o menor medida por todos aquellos que han pretendido inocular reformas impopulares que tienen una dirección muy clara.

La incapacidad de asociación: La tremenda incapacidad de gran parte de la ciudadanía para relacionar que el nivel de desempleo actual es la consecuencia del modelo económico desarrollado en España durante la fase de expansión, es otra razón. Una incapacidad lógica cuando deliberadamente se subvierte el lenguaje y se tergiversan los discursos. En el periodo 1996 – 2007 la economía española creció gracias a que irresponsablemente se cebó una descomunal burbuja inmobiliaria y del crédito. De ella se ha beneficiado un sector muy concreto de la sociedad española frente a la gran mayoría. Ni los reguladores hicieron correctamente su trabajo de supervisión, ni los políticos supieron defender los intereses de la ciudadanía, ni el sector financiero supo o quiso valorar correctamente los riesgos a los que se exponía, inmersos en la demencial dinámica de maximizar sus beneficios. Si fuéramos capaces de establecer esta relación de causa-efecto comprenderíamos que ineludiblemente caeremos en los mismos errores si no somos capaces de exigir, firmemente, un cambio en el actual modelo económico.

La situación límite de un sector de la sociedad y del Estado: La gran mayoría de personas está más pendiente de sobrevivir cada día en un contexto de creciente deterioro social que de invertir el tiempo en denunciar lo que está ocurriendo. Ante una tasa de paro inadmisible, existe un clima de depresión social que disuade la capacidad de reacción de las personas. Sobre todo la de aquellos que llevan más de 2 años inmersos en la lacra del desempleo. Además, el desgaste y destrozo del Estado como impulsor de programas de protección social, por la vía de mermar su capacidad de recaudación, obstaculiza que se pueda afrontar esta crisis desde una perspectiva colectiva.

El crecimiento de la economía sumergida: En España se estima que la economía sumergida alcanza el 22-25% y en Canarias incluso más. Cuando el modelo que organiza la sociedad no proporciona otras opciones de supervivencia salvo el deterioro de las relaciones, la gente se refugia progresivamente en actividades que se desarrollan al margen de los cauces normales. La perentoria necesidad de seguir viviendo así lo exige. Un círculo vicioso perjudicial para el conjunto de la sociedad puesto que el fraude y la economía sumergida también dinamitan las posibilidades de afrontar esta crisis desde lo colectivo. 

La histórica fragmentación de la clase trabajadora: A la creciente e histórica fragmentación de la clase trabajadora se añade la incapacidad de las pymes y autónomos de reconocer que su situación es idéntica a la de los trabajadores. Todos ellos son víctimas y damnificados de una misma política económica. Su quiebra es la misma que la de la clase trabajadora. La asociación de trabajadores, responsables de pymes desaparecidas y autónomos fracasados crearía un frente de resistencia colectivo de fuerza indudable.

Afortunadamente, los movimientos sociales y la acción de diversos colectivos, a la vanguardia de las iniciativas para la transformación de la sociedad, llevan cinco años desmontando cada uno de estas razones para que la indignación se transforme en movilización y esta en presión para el cambio. Y está dando sus frutos. No podemos interpretar de otro modo la admisión a trámite de la ILP a favor de la dación en pago; los actos de objeción de algunos ciudadanos contra el copago sanitario, que además ha sido declarado inconstitucional; la negativa de algunos médicos de la sanidad pública a dejar de atender a inmigrantes; la ausencia de miedo en muchos colectivos a la hora de movilizarse a pesar de la contundente e injustificada represión de las fuerzas del orden; la recuperación del lenguaje honesto llamando a las cosas por su nombre (estafa frente a crisis o crímenes frente a suicidios); la rebaja de las tasas judiciales por parte del PP derivada de la contundente movilización de amplios sectores de la Justicia, etc.

El deterioro de la Sanidad canaria

El viceconsejero portavoz del ejecutivo canario, Martín Marrero, reconoció hace unos días que sería un milagro bajar las listas de espera sanitarias en el archipiélago. Los recortes que ha impuesto el gobierno central del PP es la razón. Curiosas declaraciones del viceconsejero porque reconoce voluntariamente la incapacidad del gobierno canario para resolver la problemática de las listas de espera. El Gobierno de Canarias consigue así un triple efecto; se presenta como víctima de la política de recortes aplicada por el Partido Popular desde el gobierno central, logra desvincularse de su responsabilidad en la resolución de la problemática mencionada, a pesar de que se le presupone competencia en el asunto, y le endosa el paquete al gobierno de la nación. Según su interpretación, Coalición Canaria no puede hacer nada para reducir los niveles de espera en el sector sanitario porque el Partido Popular obstruye sus posibilidades de acción. Y estas declaraciones las realizan los nacionalistas de CC, presentes en la jefatura de gobierno autonómica desde hace 2 décadas. Parece que para la exigencia de responsabilidades a Coalición Canaria en este asunto no cuenta el pasado.

No es la primera vez que el ejecutivo canario reconoce su incapacidad para solventar asuntos de vital trascendencia para el ciudadano canario. También, a finales del 2009, el Gobierno autonómico admitió que era imposible reducir el desempleo durante el 2010. Y en octubre de 2012 con motivo de una reunión con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Paulino Rivero argumentó que la austeridad estatal no crea empleo. En aquella ocasión dijo que aquí los culpables no son ni los ayuntamientos, ni los cabildos ni los empresarios sino el Gobierno del Estado. ¿Puede un gobierno electo asumir su incapacidad para resolver los problemas que son de su competencia de forma tan gratuita? Nuestra tesis es que no pero Coalición Canaria lleva algún tiempo con una estrategia clara, intentar canalizar el descontento popular con los recortes y la situación económica contra el PP, mostrándose como víctima propiciatoria de unas políticas que supuestamente CC no pretende aplicar. Los nacionalistas, aparentemente, lograrían quedar exentos de responsabilidades en el deterioro de algo tan importante como las cifras de desempleo y, en el caso que nos ocupa, de la sanidad.

J. Morgan

Aquí ya argumentamos que Coalición Canaria fue activo protagonista de las políticas de austeridad que se han aplicado desde la administración central, tanto con gobiernos socialistas como con ejecutivos populares. Era la época en la que su política mercenaria le llevaba a apoyar al gobierno de la nación en todas aquellas iniciativas que tenían una contrapartida estratégica para sus intereses particulares, pero de dudosa influencia en el bienestar de los canario. Son esas políticas de austeridad que CC ha apoyado fervientemente, entre otras cosas, las que están contribuyendo al deterioro irreversible de áreas como la de sanidad.

Es conocido que el Ministerio de sanidad nunca revela los datos de las listas de espera desglosadas por autonomías. Además, siempre ha sido complicado establecer datos comparables y homogéneos. A este acuerdo se llegó hace años en el Consejo Interterritorial, precisamente para evitar comparaciones entre autonomías. Pero veamos el historial de las listas de esperas quirúrgicas publicadas en la web del Servicio Canario de Salud. Esta lista se elabora aproximadamente desde hace una década y desglosa la lista de espera mayor y menor a 6 meses existente en varios hospitales del archipiélago. Aunque desde el 2003 se han ido añadiendo centros hospitalarios a este desglose, destaca el mantenimiento de una lista de espera total en términos medios de 23.498 personas. La ausencia de datos homogéneos comparables por autonomías evita establecer conclusiones pero no parece que sea un cifra despreciable. En el periodo de estudio publicado se advierte, además, gran volatilidad en las cifras, registrándose incrementos o decrementos que no parecen responder a una tendencia clara hacia la erradicación de las listas de espera. Si nos centramos en el caso concreto de las listas mayores o menores a 6 meses el comportamiento es el mismo. Sí se observa un incremento sostenido de las listas de espera a partir de diciembre de 2011, probablemente debido a los recortes mencionados por el viceconsejero portavoz del gobierno canario.

Es una obviedad que contar con una dotación presupuestaria menor para resolver este asunto dificulta el trabajo. Pero los datos históricos muestran que el problema de las listas de espera lejos de solucionarse se encuentra enquistado. Además, diferentes estudios han ratificado que la sanidad pública canaria está entre las peores valoradas de todo el estado español. Y en este hecho tiene responsabilidad directa el partido que desde hace casi dos décadas se encuentra instalado en el poder autonómico. Las consecuencias están ahí; listas de espera que no se reducen, hospitales públicos cuya finalización parece interminable y un sistema de concertación sanitaria muy favorable para determinadas empresas privadas locales. El mantenimiento deliberado de unas elevadas listas de espera en la sanidad pública ¿favorece los intereses de las empresas locales que controlan de la sanidad privada?

Las iniciativas del Gobierno canario para tratar de obstaculizar la reforma de la sanidad puesta en marcha por Ana Mato, se reducen a la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la decisión del gobierno central del PP de no otorgar la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles. Recurso que ha sido admitido a trámite. Si CC considera que la austeridad obstaculiza la mejora del servicio sanitario público en Canarias ¿Por qué razón no se opone a dicha austeridad con mayor ahínco? Más bien, lo que parece, es que existe un claro consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de recortar el gasto en Sanidad. Intención compartida con mayor o menor convicción por todos los partidos políticos que se han sucedido en el Gobierno de Canarias. Las hemerotecas están ahí. Se recortó en varias ocasiones en la legislatura autonómica 2007-2011 por parte del tándem CC-PP. Y se ha vuelto a recortar en la presente legislatura por parte del gobierno de CC-PSOE. El estado actual de pauperización de la sanidad pública en Canarias es responsabilidad directa de los tres partidos que se han sucedido en el poder pero muy especialmente de Coalición Canaria. Lo demás es intentar escurrir el bulto por motivos electoralistas.

Ciudades en transición, un debate insuficiente en Canarias

…la acumulación del mundo material en el que vivimos acabará, voluntaria o involuntariamente. Pero el fin de este mundo no es necesariamente el fin del mundo - para citar a Patrick Viveret - puede haber un post-petróleo, después de la acumulación de material, incluso post-colapso... 

Las Ciudades en Transición: resiliencia, relocalización y catastrofismo ilustrado .Luc Semal y Mathilde Szuba. Revista Entropía. 23.11.09. 

Las Islas Canarias están ubicadas en una de las zonas con mayor exposición a los cambios climáticos que vendrán como resultado de la acción del hombre sobre la faz del planeta. Su proximidad al desierto del Sáhara, hace del archipiélago una zona especialmente vulnerable al incremento de las tormentas de polvo que, con toda probabilidad, se producirán con el avance de la desertización en el Sahel africano a consecuencia del cambio climático. Las proyecciones que realiza la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estiman un incremento de las temperaturas máximas y mínimas de entre 2ºC y 4ºC para el siglo XXI y una moderada intensificación de la duración de las olas de calor que azotarían al archipiélago. Además, el archipiélago presenta una dependencia del petróleo que ronda el 95%, lo que coloca a las islas en una comprometida situación. No solo está expuesta a la errática evolución del precio del crudo a nivel mundial, con el consiguiente impacto en su déficit comercial, sino que ante una eventual restricción del suministro de este combustible fósil, el archipiélago podría entrar en colapso.

Ambas problemáticas, el cambio climático y el pico del petróleo, son centrales en el denominado Movimiento de las Ciudades en Transición. Sus representantes consideran científicamente probados ambos hechos, de tal modo que solo es cuestión de tiempo que comencemos a sentir directamente los efectos de ambas dinámicas. En este escenario solo queda prepararnos para el choque que supondrá la era post-petróleo. Sorprende que en el archipiélago no esté extendida la reflexión sobre este tema, Canarias es firme candidata a sufrir las consecuencias directas de la era post-petróleo.

El Movimiento de las Ciudades en Transición aboga por atacar las causas primarias que originan el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), al mismo tiempo que defiende una desvinculación progresiva de las energías de combustibles fósiles, en este caso del petróleo. De este modo se pasaría de atacar las consecuencias del cambio climático y la dependencia del petróleo (vertidos, contaminación atmosférica, residuos, etc.) a combatir sus causas, introduciendo un modelo de organización de la sociedad en base a criterios ecológicos y decrecentistas; consideración de los límites biofísicos del territorio, de la capacidad de carga de los ecosistemas, reducción del consumo energético, reducción de la huella ecológica, generación de fuentes de energía limpias, introducción de la idea de sobriedad en el comportamiento humano, reconsiderar las necesidades, etc. Con ello se consigue fortalecer un concepto fundamental en tal movimiento; la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un organismo, individuo o sociedad para recuperarse y adaptarse sin llegar al colapso, frente a un choque que origina un cambio de sus condiciones de supervivencia. Para el caso de Canarias es pertinente plantearlo así: ¿Qué se está haciendo en las islas para prepararnos ante una modificación brutal de las condiciones de vida en el archipiélago, como resultado de la interrupción del suministro de petróleo o ante la necesidad de imponer una reducción drástica de las emisiones de GEI? La respuesta es nada o muy poco.

Un debate de calado como este afecta al modelo de sociedad presente en las islas. Por tanto, parece imprescindible que para favorecer la discusión entre los agentes sociales, es preciso que la Administración Pública crea en las problemáticas mencionadas y ponga los medios para crear conciencia sobre el asunto desde el ámbito institucional. Sin embargo, no se detecta en Canarias el suficiente grado de reflexión sobre la idea de crear ciudades en transición. Es verdad que el Plan Energético de Canarias 2006 – 2015 (PECAN) contempla la reducción de la dependencia del petróleo hasta rebajarlo al 72,3%. Sin embargo, con el 2015 a la vuelta de dos años escasos parece muy poco probable que la economía canaria pueda prescindir del petróleo hasta ese porcentaje. Además el PECAN es categórico en cuanto a introducir el Gas Natural en el mix energético canario en los plazos más breves posibles. Otra fuente de energía fósil que, aunque reduciría la dependencia del petróleo, continuaría contribuyendo al cambio climático. Rompería por tanto uno de los dos principios básicos del Movimiento.

Lo más flagrante de todo es que Canarias cuenta con condiciones óptimas para el impulso de energías renovables que no solo no se están aprovechando sino que interesadamente se obstaculiza su desarrollo. Por supuesto, no se advierten iniciativas relacionadas con la reconsideración de las necesidades, la promoción de la agricultura local, la creación de cercanía, la movilidad sostenible, el autoabastecimiento, incrementar los niveles de autosuficiencia o el impulso de planes de formación relacionados con las causas y los efectos del cambio climático y el pico del petróleo.

En los últimos tiempos El Hierro ha ocupado espacio mediático por su proyecto de autoabastecimiento sostenible de agua y energía. ¿Podríamos considerar la isla de El Hierro como una isla en Transición? Podría ser un primer paso porque la filosofía del proyecto persigue reducir la dependencia de los combustibles fósiles para generar energía. Sin embargo, lo cierto es que el proyecto contempla también la construcción de plantas de desalación para generar agua. Una decisión que sorprende cuando parece demostrado que los recursos hídricos presentes en los acuíferos de la isla son suficientes para el consumo humano y agrícola presente y futuro. ¿Por qué invertir en unas infraestructuras de discutible necesidad? Quizás la respuesta esté en el hecho de que las desalinizadoras estarían gestionadas por Unelco-Endesa, monopolio habitual en la generación y la distribución en la región. Se ha publicado que su funcionamiento será posible gracias a fuentes de energía renovable. Una deseable decisión que, sin embargo, no está del todo clara.

El proyecto, además, no parece poner en cuestión el consumo de energía y agua ilimitado aunque esta se obtenga mediante la generación de fuentes renovables. Tal como ha dicho Eustaquio Villalva, representante de ATAN: buscar el equilibrio entre población y recursos es aplicar la ciencia y la tecnología a reducir las necesidades energéticas sin mermar la calidad de vida de la población.

El movimiento tiene un atractivo adicional, se presenta como apolítico. La razón es fácil de entender. Si aceptamos probadas las dos hipótesis de partida es seguro que sobrevendrá el colapso. Y ante la irrupción de este no cabe la clásica postura dicotómica de conservadores y progresistas para sobrevivir al mismo. El medio ambiente es una cuestión superior, es el soporte de la vida. Ante la coyuntura que se avecina en el ámbito medioambiental, sería sensato no solo extender estos debates sino comenzar a poner los cimientos de una verdadera sociedad en transición en Canarias para transformarnos en muchos de nuestros comportamientos que ahora lucen insostenibles. Ello permitiría crear un entorno de reflexión del que se podrían sacar conclusiones importantes y vitales para la acción.

El bipartidismo entra en barrena

El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Pueden estar seguros todos los que nos están viendo. 

José María Aznar. 14.02.2003 

Presentaron un programa político que no respetaron ni en lo más mínimo. Proclamaron que era una ruta para el cambio y conminaron a la sociedad española a que se sumara a ese cambio. Alcanzaron un poder absoluto pero hicieron lo contrario de lo que decían. La fatal herencia dijeron. Una herencia que todavía seguían esgrimiendo como argumento más de un año después de acceder al poder. Confundieron la mayoría absoluta emanada de las urnas con la legitimidad para realizar profundas alteraciones en el modelo de sociedad vigente. Obviaron el debate político y apelaron al decreto para imponer unas reformas claramente ideológicas. Reformas asentadas en la privatización y la eliminación de todo lo público. En ese golpe de estado había beneficiarios claros. Pero ninguno formaba parte de esos casi 6 millones de desempleados que hay en la actualidad. Los agraciados han sido los mismos que han metido a la nación en el actual pozo sin fondo, esos que utilizan las puertas giratorias y el tráfico de influencias.

Intervención de Rajoy con motivo del asunto Bárcenas

Eliminaron el nombre de las cosas para sustituirlas por su lenguaje corporativo. Se inventaron conceptos que le daban la vuelta a la realidad o directamente la negaban. La utilización de muchos de esos conceptos de factura enlatada ruborizaría a cualquiera pero ellos mantenían el rostro grave y circunspecto. Torpedearon graves investigaciones que les afectaban. No dudaron en desprestigiar la Justicia cuando dictaminaba en su contra. Inventaron toda clase de conspiraciones contra ellos y peor aún, contra España. Reaccionaron como una piña, cerrando filas, como un búnker. Eso sí, no faltaron grandilocuentes pactos contra la corrupción, el desempleo o los desahucios con una oposición cómplice, timorata, desorientada y absolutamente negligente.

Nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades pero fueron ellos los que medraron por encima de cualquier moral. Se hincharon la boca declarando que era urgente hacer recortes para garantizar la sostenibilidad de todo. Pero ya se habían ocupado de aumentar sus emolumentos mediante procedimientos oscuros, opacos y fuera de toda ley. Dieron amparo a evasores de diferente condición, legalizaron la fortuna de defraudadores de toda calaña, utilizaron los indultos a discreción. Mientras, mantenían que el Estado no tenía dinero para nada. Pero continuaron recapitalizando los bolsillos de los que habían generado la crisis.

Y después de todo esto, después de un año en el que han exigido a la sociedad española toda clase de sacrificios, algunos posiblemente inconstitucionales, después de mentir descaradamente, cuando el grado de corrupción es tal que ya no pueden sacudirse la mierda, fueron capaces de salir al palco mediático para reclamar credibilidad sin aportar prueba alguna. ¡Qué desvergüenza! Y para más INRI, el principal representante de la oposición se contenta con solicitar la dimisión del presidente. Que deje paso a otro, dijo, sin exigir la convocatoria de elecciones anticipadas o sin activar iniciativa alguna en el Parlamento (en clara minoría). Eso sí, permitió que los periodistas le hicieran preguntas.

El bipartidismo español está en estado comatoso y terminal. La zozobra está registrada en las estimaciones de voto de las encuestas. El partido del gobierno en caída libre y el de la oposición no logra capitalizar el descontento. Tampoco los otros partidos del arco parlamentario parecen obtener grandes réditos de la presente situación. La que avanza es la abstención y el descrédito de las instituciones que sustentan la democracia. Un escenario de descontento político de la ciudadanía unido a la crisis económica, a la corrupción que parece estar generalizada y a la incapacidad para detener el creciente desempleo, son los síntomas de la fase terminal de un régimen. Y aquí se abren dos caminos; o ir a peor, con una política aún más injusta socialmente protagonizada por el partido que preside el gobierno y una sedicente oposición; o ir a mejor, asumiendo de una vez que este modelo político está agotado e iniciando un nuevo proceso constituyente comandado por la ciudadanía donde se invierta el orden de prioridades actuales, de modo que el bienestar ciudadano pase a ser el principal. Una cosa sí parece clara, sin política no saldremos de la situación en la que nos han metido y para mejorar es preciso que esa política sea ejercida por los ciudadanos.

La reforma electoral SÍ es una prioridad

De lo que tenemos que discutir en el Parlamento para no seguir separándonos más de los ciudadanos es sobre lo que verdaderamente les preocupa, que es ver cómo mejoramos la educación, la sanidad, las políticas de empleo… Evidentemente, el Partido Popular está abierto a perfeccionar el modelo electoral. Pero quede claro que nadie nos para por la calle para decirnos que sería más feliz. 

Asier Antona. La reforma electoral no es una prioridad. Diario de Avisos. 10.12.12

El partido que se ha aupado en la presidencia del gobierno de Canarias en los últimos comicios autonómicos, Coalición Canaria, logró solo el 13,49% de los votos de todo el censo electoral canario. Los resultados están disponibles en el portal del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Con ese resultado la formación nacionalista ha obtenido 21 escaños, el 35% de la tarta del Parlamento. Su actual socio de gobierno, el Partido Socialista Canario, alcanzó el 13,43% de la confianza del electorado, lo que le granjeó 15 escaños, es decir, el 25% del Parlamento. Con su pacto, ambos partidos dejaron fuera del gobierno a la formación más votada, el Partido Popular, que consiguió la confianza del 16,79% del electorado. Un porcentaje que le da acceso a la misma cantidad de escaños que los nacionalistas, 21. Cualquier ciudadano que haga este sencillo análisis entenderá que los escaños conseguidos por cada formación política no tienen el mismo coste en votos. Por tanto concluirá que en el sistema electoral canario la proporcionalidad de los votos no es la misma puesto que da acceso a un número distinto de concejales y de escaños. Sin embargo, ninguno de los tres grandes partidos políticos de Canarias considera que la reforma de la ley electoral sea una prioridad.

% de votos sobre censo electoral según partidos políticos. 2011

Además de las tres formaciones mencionadas, Nueva Canarias superó la barrera del tope regional del 30% de los votos y esto le dio derecho a 3 escaños, el 5% del Parlamento. En otras circunscripciones, aquella barrera oscila entre el 3% y el 5%, lo que demuestra que las barreras de acceso para contar en la política canaria son altas y difíciles de superar. Por tanto, existieron 94.591 votos a otras formaciones políticas (más del 10% de los votos a candidaturas) que no han superado aquel obstáculo y, por tanto, no tienen representación en la máxima institución política de la autonomía. Cualquier individuo que vea estos datos concluirá que el acceso al Parlamento es una empresa compleja y, por tanto, la pluralidad del sistema electoral canario deja mucho que desear. A pesar de ello, ni CC ni PP ni PSOE valoran como prioritario la reforma de la ley electoral canaria.

La abstención registrada en los últimos comicios autonómicos en el archipiélago alcanzó el 37,26% (559.827 votos). Los partidos que forman el gobierno de Canarias, CC y PSC, están sustentados solo por el 26,29% del censo electoral (404.539 votos). Un porcentaje sensiblemente inferior (¡Más de 10 puntos!) al número de ciudadanos que decidieron quedarse en casa y no votar aquel día. Sus razones tendrían. Una de ellas pudo haber sido considerar que ninguna de las formaciones políticas les representaría adecuadamente. Una persona sensata que examine estos datos será capaz de llegar a la conclusión de que la representatividad del sistema electoral canario es discutible. No obstante, las fuerzas políticas mayoritarias en el archipiélago prefieren posponer la reforma de la ley electoral sine die.

En marzo de 2011 escribíamos en este medio que la reforma de la ley electoral canaria debía ser una prioridad en el programa de cada grupo parlamentario. La razón era sencilla. El sistema electoral canario es la piedra angular sobre la que se sustenta el edificio de poder en la región. Un instrumento que permite a CC, PP y PSOE obtener un reparto sesgado de la soberanía, al mismo tiempo que obstaculizan la entrada de otras formaciones políticas que puedan modificar dicho reparto y aportar aire fresco al enrarecido clima político en Canarias.

La calidad de un sistema electoral depende de las normas que lo hacen posible. Que esas normas boicoteen su grado de proporcionalidad, su nivel de representatividad o la pluralidad del mismo es equivalente a minar el desarrollo democrático del archipiélago y, por tanto, su nivel de bienestar. No es casualidad que Canarias tenga las cifras de desempleo más altas de Europa, la Sanidad más deficiente de España y un nivel educativo manifiestamente mejorable. Un escándalo que ninguno de los tres partidos mayoritarios está dispuesto a solucionar.

Financiación de partidos y corrupción

 

¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes.

Qué hacer con la corrupción. J. A. Gómez Yañez y César Molinas. El País. 22.01.2013 

Este país necesita una auténtica regeneración en todo. Desde la más alta cúpula, hasta los niveles medianos. Todo esto procede de un error en el sistema de financiación de los partidos y hay que modificarlo.

“De los sobresueldos debió quedar constancia en la contabilidad del PP”. Jorge Trías. El País. 22.01.13

El modo que utilizan los partidos políticos para financiar su actividad es uno de los grandes pilares que sustenta todo el edificio de nuestra actual democracia (el otro es la ley electoral). De nada sirve que un partido político promueva las leyes más justas socialmente si en sus sótanos se captan recursos de la forma más irregular y fraudulenta posible. Pero en España, en la actual coyuntura, ni se toman decisiones socialmente justas ni se conocen con total certeza las vías de financiación de las formaciones políticas ni, tampoco, las personas físicas o jurídicas que las utilizan. Ahora el escaparate mediático está ocupado por el PP y CiU, pero antes estuvieron el PSOE o el PNV. No hay que esperar grandes iniciativas por parte de estos grandes partidos para enderezar el modo en que se financian. Todos están aquejados de la misma dolencia. Sus acciones no pasarán de discursos reprobatorios más o menos altisonantes, estériles comisiones de investigación o apelaciones dramáticas a realizar auditorías externas…. no vaya a ser que acusando al otro de irresponsable se descubran ellos mismos.



Sergio Gay. Eldiario.es

Esto explica por qué nuestra democracia es incompleta, deficiente y manifiestamente mejorable. No se pueden tomar decisiones políticas que mejoren el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, si quienes las toman son tributarios de quienes financian la actividad de esos partidos. Y eso es precisamente lo que ocurre en este país. Se han tomado decisiones favorables a los que han provocado la presente crisis, la banca; se han promovido infraestructuras innecesarias para la sociedad española pero muy beneficiosas para las grandes constructoras; se ha inflado una burbuja inmobiliaria que benefició a los propietarios del suelo y a inmobiliarias mientras se cebaba una bomba que ha estallado dejando un nivel de desempleo inadmisible; se privatizan servicios esenciales como la Sanidad o la Educación para gloria de los nuevos prestatarios externos que comienzan a colonizar lo que antes era gestión pública; las arcas públicas españolas son las más débiles de la Europa desarrollada pero ningún partido político es capaz de subir la presión fiscal a las grandes empresas o a individuos con las mayores bolsas de dinero, muchas de ellas ocultas; la economía española no crea empleo pero se impone una reforma laboral que lesiona los intereses de los trabajadores y refuerza al empresariado….

Nada de esto es casualidad. Hunde sus raíces en un sistema de financiación de partidos y un grado de corrupción generalizada donde el damnificado más directo es el ciudadano. Los grandes agentes y lobbys de nuestra sociedad utilizan las vías de financiación de los partidos o la ausencia de su regulación para penetrar en las entrañas de los partidos políticos por las cloacas de estos; donaciones anónimas, ausencia de límites en el endeudamiento de los partidos políticos y opacidad en la negociación de créditos con la banca, condonación de deudas bancarias, opacidad total en las cuentas de las agrupaciones locales, información confusa sobre las vías de financiación de las fundaciones de cada formación política, obstáculos a la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas o carencia de medios económicos para investigar de forma solvente, ausencia de un método contable homogéneo aplicable a todos los partidos por igual, inexistencia de auditorías externas independientes y de una rotunda normativa sancionadora para aquellas formaciones que incumplan lo prescrito, escasa información sobre las fuentes de ingresos de las AA.PP, nula colaboración entre el Tribunal de Cuentas, el Banco de España y la Agencia Tributaria….La ley sobre Financiación de Partidos Políticos data del año 87 (3/1897 de 2 de julio), fue modificada en el 2007 con la ley 8/2007 de 2 de julio y en octubre pasado se aprobó la tercera versión (5/2012, de 22 de octubre). Con esta nueva modificación mucho de lo anterior se recoge por primera vez en más de 30 años de democracia, aunque de forma aún muy laxa.

Más tarde o más temprano tenía que suceder lo que está sucediendo. Ninguna mentira es tan sólida como para pasar por verdad toda la vida. Los opacos procedimientos que las formaciones políticas utilizan para financiar sus acciones se van desvelando y con ello la confirmación de la podredumbre que está gangrenando a esta democracia de mínimos. ¡Qué casualidad que sean esos mismos partidos los que intentan argumentar que el actual sistema democrático no necesita reforma alguna! Vaya si lo necesita.

Los procedimientos de financiación deben hacerse públicos y transparentes por imperativo legal si se quiere acabar con esto de una vez. La transparencia es la mejor medicina contra las actividades oscuras generadoras de corrupción. Ningún partido político puede oponerse a esta iniciativa, y si lo hacen quedarán retratados. También es preciso un estricto control ciudadano de los mismos. Un control donde además de los organismos fiscalizadores pertinentes, dotados de los medios económicos adecuados, el ciudadano tiene que tener capacidad para comprobar por sí mismo la procedencia de hasta el último euro que entra en las formaciones políticas. En pleno siglo XXI, con el avance de las nuevas tecnologías, no hay excusas.

Y hablando de financiación de partidos, en clave local ¿Cómo está el asunto en el caso de Coalición Canaria? El último informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos emitido por el Tribunal de Cuentas, data, atención, del 2007. Para el caso de Coalición Canaria (Pág. 53 – 56 del informe), el Tribunal se hace eco de los mismos aspectos negativos que aquejan al resto de formaciones:

• La contabilidad rendida por la formación no recoge la actividad desarrollada por la mayor parte de la organización local, tampoco la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
• Solo 26.384€ corresponden a cuotas de afiliados.
• 180.000€ corresponden a donativos realizados por tres personas jurídicas.
• 754.417€ es la deuda con entidades de crédito que declara CC.
• La memoria presentada por la organización contiene información genérica sobre las partidas del balance y la cuenta de resultados, lo que es considerado como insuficiente por el Tribunal. 
• Falta de integración en las cuentas presentadas de la actividad desarrollada por la organización.
• No se ha presentado el informe preceptivo relativo a los resultados del sistema de control interno que debe haber establecido el partido para controlar sus cuentas.
• La fundación Canarias 7 Islas es la única fundación vinculada a CC que, no obstante, no mantuvo actividad en el ejercicio fiscalizado.

Tabacaleras y petroleras, una estrategia similar

   

…las decisiones de Soria y sus compañeros de ministerio le están haciendo ganar dinero a multinacionales petroleras australianas y alemanas, hoy mismo.

 Fuerteventura acusa a un lobby político de mercadear con los permisos con las prospecciones. Canarias Ahora. 15.01.2013 

En los años 50 la industria tabacalera sentía el aliento de la Organización Mundial de la Salud. Acusaban al tabaco de ser la primera causa del cáncer de pulmón. Pero la gran industria del tabaco no se achantó. Al contrario movilizó una cantidad ingente de recursos para generar confusión entre la opinión pública. El objetivo final era evitar cualquier relación de causalidad directa entre el cáncer de pulmón y el tabaco. De este modo, la industria tabacalera maniobró para evitar la aplicación de políticas de salud pública contra el consumo de tabaco, manipuló para reducir la financiación de la lucha antitabáquica en el seno de organizaciones públicas de salud internacionales, pusieron en práctica estrategias que desviaban la atención sobre los problemas de salud pública planteados por el consumo de tabaco, financiaron científicos que trabajaban en la divulgación de tesis que destacaban otras causas del cáncer de pulmón y que, al mismo tiempo, tergiversaban los resultados negativos de otros importantes estudios científicos sobre el tabaco. No faltó la compra de espacio mediático en los principales medios de comunicación, asegurándose así la divulgación de una opinión favorable a sus intereses. Se compraron políticos cuya misión principal fue obstaculizar la aplicación de sanciones a la gran industria del sector. La lista de sucias estrategias aplicadas por las tabacaleras es interminable. 

Zona donde se ubicaría la bolsa de hidrocarburos. WWF

Tuvieron que pasar décadas para que la vinculación entre el tabaco y el cáncer de pulmón fuera incontrovertible, a pesar de las sólidas pruebas que existían en aquel tiempo. La deshonestidad de las tabacaleras y toda la pléyade de científicos, periodistas y políticos a sueldo para ellos fue arduamente desenmascarada, aunque ha tenido que pasar mucho tiempo para ver en las propias cajetillas los efectos del excesivo consumo de tabaco. Y esto no es más que el triunfo de las artimañas de la industria tabacalera.

El debate sobre la extracción de petróleo en las islas y las prospecciones se parece cada vez más al debate entre el cáncer y el tabaco de los años 50. Defensa numantina en España y Europa por parte de ciertos poderes públicos de los intereses de las petroleras; se obstaculiza el desarrollo de las energías limpias; se coloca en el Ministerio a personas afines a Repsol tramitando el expediente que autorizaba las prospecciones; se agilizan los trámites burocráticos que exigían las prospecciones para evitar la aplicación de otras leyes más restrictivas; se manipulan datos para poner en tela de juicio el cénit del petróleo; desaparecen del expedientes de las prospecciones informes contra las mismas; el espacio dedicado en los medios de comunicación a desmontar la idoneidad de las prospecciones se minimiza; el Ministerio de Industria impide la consulta del expediente de las prospecciones…. Las iniciativas de las tabacaleras al lado de las que desarrolla el potente lobby de las energías fósiles pueden considerarse candorosas.

Su estrategia, además, incluye difundir falsos argumentos. El primer argumento de los que apuestan que en las aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote existe petróleo en abundancia es el del empleo. La industria crearía tal número de empleos en el archipiélago que rechazar las prospecciones es sinónimo de irresponsabilidad dada la situación económica de las islas. Desmontado ese argumento se ha aportado otro. A saber, permitirá la independencia energética de las islas. Razonamiento peregrino porque lo que traerá es, precisamente, profundizar en la dependencia del petróleo que en las islas alcanza el 95%. No contentos con esto se ha llegado a aportar otra tesis, que el archipiélago disfrutaría de condiciones ventajosas de compra del hidrocarburo extraído. Sin embargo, todos sabemos que la compañía que gestionaría la bolsa de hidrocarburos lo venderá en el mercado internacional a aquel precio que mejor maximice su beneficio.

La extracción de petróleo es el cáncer de la sociedad desarrollada actual y su causa un modelo de desarrollo extractivista centrado exclusivamente en el crecimiento económico. Si tenemos que esperar más de medio siglo para reducir la presencia de las energías fósiles en el mix energético del archipiélago canario, nos hundimos. Sobre todo porque la evidencia de que el petróleo es un tipo de energía que pertenece a un modelo de desarrollo obsoleto, es apabullante. Como aplastante es el hecho de que Canarias tenga grandes potencialidades para desarrollar fuentes limpias de energía, irresponsablemente desaprovechadas y por las que alguien tendrá que admitir responsabilidades en algún momento.

Un cambio de sociedad premeditado e ideológico

    
- ….¿No termina nunca esta mierda? ¿Es que en este mundo las cosas no cambian nunca? 

- Eh, Foss -dijo el fiscal tomando a Clark por el hombro-, pues claro que cambian. No te lo tomes tan a pecho. Algunos mueren, los demás envejecemos, llega gente nueva, los antiguos se marchan… Las cosas cambian todos los días. 

- Pero apenas se nota –dijo Clark. 

- Eso, sí –asintió el fiscal-. Apenas. 

Los amigos de Eddie Coyle. George V. Higgins. 1971. 

En los primeros días de un nuevo año de crisis que comienza es de recibo destacar la ejemplar iniciativa de dimisión pactada por 322 directivos de ambulatorios en Madrid, como respuesta a las intenciones privatizadoras del gobierno regional de esa comunidad. La huelga conjunta que han convocado médicos y enfermeros demuestra que la unión es vital para combatir una ofensiva privatizadora, puramente ideológica que no atiende a las propuestas de ahorro, planes alternativos o argumentos fundados, presentados por los colectivos afectados del sector sanitario madrileño. Lo que ocurre en Madrid no deja de ser una muestra a pequeña escala de lo que está sucediendo a nivel nacional. Un cambio de modelo de sociedad sin el consenso suficiente de todos los colectivos.

Raices tocando las puertas del cielo

Si hay que describir brevemente lo que ha significado el 2012, diríamos que ha sido el año en que se han consolidado las bases para un profundo cambio en el modelo de sociedad vigente. Un modelo de sociedad que tiende hacia la desaparición del sector público y la entronización de la privatización de todo. La austeridad es el elemento vertebrador del proceso y la completa falta de argumentos sólidos para justificarlo, el síntoma de una etapa con un gran déficit moral.

Paradójicamente, o precisamente por este motivo, todo este cambio se produce en un entorno político donde el Partido Popular goza de una amplia mayoría parlamentaria que le proporciona la suficiente estabilidad para, al menos, debatir ese cambio de modelo. No lo han hecho ni lo desean. Lo que invita a pensar que se trata de reformas premeditadas y con una profunda carga ideológica que responde a exigencias externas (Organismos europeos) e internas (sector más conservador del Partido Popular, Patronal, grandes empresas,..). Un modo de proceder que profundiza la crisis democrática e institucional que existe en España. El partido en el gobierno ha confundido la mayoría emanada de las urnas con su legitimidad para acometer reformas de calado, lo que exige un consenso sólido más allá del que le proporcionan los diputados de su propio partido. La débil justificación que han aportado para todo ello es que la sociedad española ha vivido por encima de sus posibilidades (¡!) y por tanto no hay alternativa posible. Pura mentira.

En clave local, Canarias deja atrás un nuevo y crítico periodo en el que se han conseguido máximos históricos de desempleo y pobreza mientras se olvida combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Además se ignora que la distribución de la riqueza en la comunidad es básica para su progreso. Eso sí, grandilocuentes planes de estímulo del empleo y el crecimiento no faltan. Lo que hace falta saber es si los promotores de estas estrategias, de pobres resultados hasta el momento, se creen sus propias patrañas.

Hablemos claro. El gobierno de la región es incapaz de detener la sangría del desempleo que corroe a esta pequeña sociedad. Del mantenimiento del actual status económico, social y ambiental se benefician aquellos agentes para los que realmente gobierna el actual ejecutivo en Canarias. Estos son, a su vez, quienes financian al tripartidismo político dominante en esta tierra. ¿Cómo, si no es de este modo, podemos entender que no se trabaje para iniciar un cambio en el modelo energético de las islas? ¿Por qué no se exploran vías alternativas para implantar un modelo turístico sostenible? ¿Por qué razón no se diversifica la economía canaria? ¿Cuál es la causa de que en el archipiélago exista un alto índice de economía sumergida y desigualdad y, al tiempo, se pongan en práctica escasas medidas para combatirlas? ¿Qué razón explica que Canarias tenga el nivel salarial más bajo de todo el territorio nacional? En suma, ¿Qué cuestiones obstaculizan la transición de la economía canaria hacia un modelo más sostenible y justo?

La incompetencia jalonó la acción del gobierno en Canarias durante el 2012 como han demostrado los arrasadores incendios del verano en La Gomera, Tenerife o La Palma sin que nadie asuma responsabilidades. También la injusticia, Chovito, en Tenerife, es eliminado mientras otras construcciones que pertenecen a grupos económicos potentes y que también incumplen la ley de costas siguen en pie. Y, cómo no, la burda propaganda, puesto que se han utilizado las inaceptables prospecciones petrolíferas que pretende realizar Repsol en aguas frente a Fuerteventura y Lanzarote para promover, desde el gobierno regional, un falso discurso ambiental que no tiene plasmación alguna en la realidad.

Lo que subyace es un claro plan de confrontación entre el gobierno regional y el ejecutivo nacional. Una estrategia que alcanzan su máxima expresión en todo aquello que está relacionado con la cartera que es responsabilidad del ministro José Manuel Soria. Un conflicto que demuestra que Rivero y Soria tienen numerosos asuntos pendientes. Harían bien en resolverlos ante un psicólogo, los damnificados están siendo los canarios.

A estas alturas de la crisis, de la que se cumplirá pronto un lustro, existen suficientes alternativas, o al menos, sólidas ideas que deben ser exploradas por los poderes públicos de forma democrática, transparente y participativa si se quisiera superar la actual coyuntura. Tanto en el ámbito local canario como en el nacional, muchos colectivos sociales, grupos de pensamiento, organismos públicos y privados, etc, han propuesto infinidad de medidas que, como mínimo, permiten afrontar los problemas presentes de otro modo. Si no se hace es porque no se quiere hacer, así de claro. Por esta razón es vital seguir perseverando en la protesta y es imperativo que una opción política ciudadana con valores y programas distintos a los que nos han llevado a esta situación pueda alcanzar mayores cuotas de poder. Es difícil que las actuales formaciones políticas resuelvan con equidad y por si solas el desaguisado en el que estamos.