De cuando Coalición Canaria apoyaba la austeridad

  
El déficit público se produce cuando el gasto que realiza una administración supera los ingresos que es capaz de recavar. Se puede combatir el déficit de dos maneras; por la vía de reducir el gasto o incrementando la capacidad de esa administración para incrementar los ingresos públicos. En los últimos tiempos la vía utilizada para la reducción del déficit ha sido la de minorar el gasto público, limitando la capacidad del Estado para impulsar la economía y debilitando el tamaño del sector público.

En una reciente reunión del presidente del Gobierno de Canarias con el Círculo de Empresarios del sur de Tenerife (CEST), Paulino Rivero hizo varias declaraciones a los medios para denunciar que el grado de austeridad aplicado por el gobierno central no genera puestos de trabajo, y que hay que tener iniciativas que ayuden a tener empleo. El presidente aprovechó para responsabilizar directamente al Gobierno del Estado de que la región presenta una de las tasas de paro más altas del territorio nacional. Coalición Canaria se presenta así ante su electorado y el resto de votantes canarios como víctima propiciatoria de una política de recortes que presuntamente no tendría que aplicar por ser alumno aventajado en el cumplimiento del objetivo de déficit, y por considerar que los Presupuestos Generales del Estado español (PGE) dispensan un trato injusto a Canarias. Una hábil estrategia política que permite al gobierno de Canarias eludir su responsabilidad por la dramática situación laboral. Aquí los culpables no son ni los ayuntamientos, ni los cabildos ni los empresarios, sino el Gobierno del Estado, aseveró el mandatario canario.

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Aunque es cierto que los PGE son injustos con el archipiélago, puesto que incumplen irresponsablemente las condiciones del Régimen Económico y Fiscal que obliga al Estado a mantener en las islas la media estatal de inversiones, sorprenden las declaraciones del Sr. Rivero por dos razones fundamentales. En primer lugar, alardear de cumplir el objetivo de déficit al mismo tiempo que se critica la política de austeridad es una contradicción. La primera es la consecuencia de la segunda. Pensar que la austeridad generará confianza y esta empleo, es un dogma de fe sin refrendo al que se han plegado gobiernos de toda condición política, a pesar de que ni ha mejorado el empleo, ni la solvencia de los tesoros públicos, ni el clima de confianza. Una estrategia entronizada constitucionalmente por el bipartidismo español, limitando la capacidad de endeudamiento de la administración pública mediante la estipulación de un objetivo no rebasable. Es la tesis que domina los círculos políticos y económicos más influyentes de este país y que nadie parece cuestionar. Tampoco a nivel autonómico. El excesivo gasto público y la ausencia de disciplina fiscal estarían entre las causas principales de esta crisis. Un pensamiento equivocado para imponer una disciplina fiscal de claro corte ideológico que se ha cebado con partidas de carácter social (Sanidad, Educación, Dependencia, políticas de empleo, pensiones, etc.), sin perjuicio de que hayan inyectado ingentes cantidades de recursos públicos en el sector bancario.

En segundo lugar, Coalición Canaria ha participado activamente apoyando tales políticas a nivel nacional. Cuando el PSOE y el PP han necesitado su apoyo para llevar a cabo sus iniciativas de ajuste presupuestario, CC no ha defraudado. Unas políticas que han mermado la capacidad recaudatoria del Estado y ello está en la base del desmantelamiento del Estado del Bienestar y la aplicación de políticas sociales. Recordemos que el apoyo de Coalición Canaria, CiU y PNV permitieron al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero sacar adelante la principal ley económica de la legislatura 2004-08. Una reforma fiscal que rebajaba el IRPF y el impuesto de sociedades a partir de enero de 2007. Era la época en la que se decía alegremente que bajar impuesto era de izquierdas. 4.500 millones de euros anuales, es la cantidad que el Estado ha dejado de percibir por la aprobación de una regresiva reforma fiscal en la que Coalición Canaria jugó un papel protagonista. Puesto que la memoria es muy débil, hay que recordar, además, que gracias a la abstención de Coalición Canaria, CiU y UPN, Zapatero logró sacar adelante el real decreto-ley de medidas de ajuste del gasto público en aquel fatídico mayo de 2010 para los socialistas. Ana Oramas, lanzó duras críticas al gobierno socialista de entonces pero a la hora de la verdad, Coalición Canaria no fue un obstáculo para sacar adelante estas medidas de ajuste. Tampoco fue un obstáculo cuando Zapatero, también en el 2010, decidió congelar las pensiones. En este caso, Coalición Canaria y el PNV votaron a favor de la iniciativa que supuso la congelación de las pensiones en la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Coalición Canaria dijo entonces que se abstenían por responsabilidad. Un sentido de la responsabilidad muy particular del que los nacionalistas parecen no acordarse en estos momentos. Probablemente porque ahora Coalición Canaria no obtiene contrapartidas del gobierno central tan presuntamente necesarias para el archipiélago como la delimitación de las aguas canarias.

Decíamos antes que el déficit público puede combatirse también mediante el incremento de la capacidad recaudatoria de la administración autonómica, modificando el gravamen de aquellos tributos que son competencia de la autonomía o creando otros que, bajo criterios de progresividad, permitan incrementar los ingresos de la autonomía. Pues bien, el gobierno de Canarias optó por subir el IGIC del 5% al 7% a partir del 1 de julio de 2012. Una medida similar a la que han tomado el PSOE y el PP a nivel nacional con el IVA. Lo que permite incrementar la recaudación, sí, pero a costa de penalizar el consumo y de aplicar un incremento impositivo que afectará por igual a colectivos con diferente nivel de renta. En una comunidad con un 33% de paro y un nivel similar de colectivos bajo el umbral de la pobreza, el incremento del IGIC es otra iniciativa que profundiza la austeridad puesto que supone aumentar el esfuerzo fiscal de las familias frente al de las empresas. Sin embargo, poco ha hecho el ejecutivo autonómico para incrementar el gravamen en la zona alta del tramo autonómico del IRPF. Con efecto el 1 de enero del 2012 solo ha aumentado un punto porcentual para las rentas superiores a 53.000€ al año. O respecto a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, una cuestión donde Canarias actúa a rebufo de las decisiones que se toman a nivel estatal. En este aspecto el ejecutivo canario adecuó la base mínima canaria del impuesto al límite fijado por el acuerdo del Consejo de Ministros. También ha sido insuficiente la creación de otros impuestos que permitan fortalecer las arcas públicas autonómicas.

Pero el ámbito que cuenta con el mayor potencial recaudatorio es la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. El ejecutivo autonómico, sin embargo, no ha logrado avanzar en estos ámbitos o lo conseguido es, como mínimo, insuficiente. Algunas estimaciones del Colectivo de Técnicos de Hacienda sitúan el porcentaje de economía sumergida en las islas en el 28,7%, la segunda más alta del territorio español. Según este colectivo una reducción de diez puntos en la tasa de economía sumergida, lo que la situaría en la media europea, permitiría a la administración canaria recaudar 1.530 millones de euros adicionales anualmente. ¿Qué medidas concretas y efectivas ha logrado poner en práctica el ejecutivo canario para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida?

Nuestra tesis es que CC intenta canalizar el descontento popular con los recortes y la situación económica contra el PP, mostrando al gobierno de Canarias como víctima propiciatoria de unas políticas que supuestamente CC no pretende aplicar. Todo para rentabilizar y capitalizar el descontento popular del electorado con los dos grandes partidos de carácter nacional. Sin embargo, con su política mercenaria, Coalición Canaria ha sido un actor indispensable en el desarme del Estado del Bienestar, el adelgazamiento de la capacidad financiera del Estado español y en la imposición de la austeridad como política para salir de la crisis.