Stop Desahucios

El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado.  

Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios. El País. 24.10.12.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, comandado por el tándem CC-PSOE, no destaca por las políticas sociales aplicadas hasta ahora para mitigar los índices de pobreza y extrema pobreza que existen en algunos barrios de la capital tinerfeña. En consecuencia, los servicios sociales del ayuntamiento están completamente desbordados ante el elevado grado de indigencia detectado en los alrededores del Pancho Camurria, en el Parque Viera y Clavijo o en la antigua fábrica de Celgán. Parece que en este área no hay decisiones mediáticas que tomar. Sí las hay en lo referente a los desahucios, un drama que ocupa espacio mediático ahora pero que es una consecuencia de esta crisis que ha estado presente desde su origen. Ante el desgaste político del PP y el PSOE que evidencian todas las encuestas por la gestión de la crisis ¿Persigue Coalición Canaria capitalizar políticamente el descontento ciudadano en torno al tema de los desahucios o pretende buscar una solución real?

En cualquier caso, la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de retirar los 1,5 millones de € depositados en la cuenta municipal del ayuntamiento en Bankia, no solo ha sido acertada, es un gesto imprescindible para protestar ante el drama de los desahucios. Por una vez, Canarias y en concreto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, puede ser pionero en una acción que otros municipios españoles amenazan con imitar. Una iniciativa que demuestra que, por una vez, el Consistorio parece estar del lado del ciudadano evitando parapetarse detrás de la abusiva legislación hipotecaria actual o de declaraciones bien intencionadas pero poco resolutivas que siempre terminan beneficiando al eslabón más fuerte de la cadena, en este caso la banca.

A pesar del acierto del Consistorio tinerfeño son precisos algunos comentarios. A la hora de denunciar la problemática de los desahucios es justo reivindicar que los auténticos pioneros en visibilizar mediáticamente el drama fueron los colectivos del 15M y la denominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Han sido ellos y no otros, con sus movilizaciones para impedir los desalojos a las puertas de las viviendas de los afectados en muchísimas localidades españolas, los que, desde hace más de año y medio, han logrado situar en el imaginario colectivo las terribles consecuencias de las ejecuciones hipotecarias. En aquel momento banqueros y políticos de toda condición ni siquiera se daban por aludidos respecto de un asunto de la máxima importancia, cuya resolución era y es de su competencia. Es más, fueron acusados de irresponsables y se les reprimía policialmente con dureza. Simplemente lamentable.

La postura adoptada por los gobiernos del bipartidismo ha sido dar carpetazo a este asunto aprobando protocolos de buenas prácticas o tímidas medidas de escasa función social. Lo que demuestra su insensibilidad, su inoperancia y un sesgo favorable a la banca a la hora de resolver un problema cuyo responsable único directo han sido las propias entidades financieras. Porque ha sido la banca quien ha errado, probablemente con alevosía, aplicando laxas políticas de concesión de créditos en el análisis del riesgo de sus clientes y vendiendo complejos productos financieros que podemos considerar verdaderas armas de destrucción masiva.

Por eso resulta patético y descorazonador ver a políticos de toda índole y entidades financieras de todo tipo rasgarse las vestiduras ahora, cuando el asunto se ha vuelto insostenible después de que se hayan producido más de 400.000 desalojos desde el inicio de la crisis. Más vale tarde que nunca pero esto demuestra que nuestros políticos van por detrás de las necesidades del ciudadano y que la actividad financiera y bancaria debe ser seriamente regulada bajo criterios sociales y democráticos si queremos que responda ante la presente situación. Pero la conclusión fundamental que debemos sacar de toda esta cuestión es, a nuestro juicio, que la movilización, la protesta, la desobediencia, siempre que se ejercite dentro de canales no violentos, tiene efectos muy positivos cuya beneficiaria más directa es la propia sociedad en su conjunto.

La retirada de los 1,5 millones de € por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha demostrado, además, que con decisiones sencillas y aparentemente inocentes como dónde depositamos nuestro dinero o qué tipo de productos consumimos, los ciudadanos disponemos de un gran poder de transformación de la realidad. El modo en que ejercitamos el consumo, es decir, nuestro dinero, es un instrumento de presión formidable para dejar de apoyar determinadas iniciativas, productos, o servicios que violan las normas básicas de convivencia, son inmorales o sencillamente se producen a costa de otros colectivos de la sociedad o del medio ambiente. Un comportamiento que ayuntamientos y administraciones públicas deberían adoptar como norma. Esto sería ejemplar, contribuiría a mejorar la imagen de nuestras instituciones políticas frente a la sociedad y, más importante aún, apoyaría una salida más social de esta injusta situación.

Sin embargo, el impacto mediático de la retirada de fondos realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no debe hacer que veamos solo los árboles en lugar del bosque. Esto sería fatal puesto que serviría para limpiar la cara de las entidades financieras una vez más. Solventar el drama de los desahucios requiere soluciones de largo plazo, centradas en la modificación, bajo criterios sociales y democráticos, de una ley hipotecaria abusiva, inmoral e injusta, garantizar por ley que no se desalojará a ninguna familia cuando, como resultado de la pérdida de su empleo, una persona tenga que interrumpir el pago de su carga hipotecaria, instaurar la dación en pago, crear un parque social de viviendas en alquiler,….En definitiva garantizar el derecho constitucional del ciudadano a disponer de una vivienda digna. Y esto compete al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados.