…de las 28 autoridades portuarias existentes en España, 20 están acometiendo obras de ampliación o tienen planes para ello. Este aumento desmedido de proyectos portuarios no se corresponde ni con la caída en la demanda de servicios portuarios ni mucho menos con las lecciones que deberíamos haber aprendido tras la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Miguel Arias Cañete fue meridianamente claro el pasado 1 de febrero de 2012 a pesar de su discurso atolondrando. En su primera comparecencia, el actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente declaró en el Congreso que lanzaría una reforma de la actual Ley de Costas con varios objetivos. Uno de ellos pretendía autorizar en el litoral español el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales, además de agilizar la desafectación del dominio público marítimo-terrestre. Esto es, avanzar en el proceso para que el terreno público pase a manos privadas. El ministro utilizó un mes antes un eufemismo visionario, poner en valor el litoral para armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales. El programa electoral del PP no hacía alusión a modificación alguna de dicha ley, pero casi un año después de los comicios nacionales, sabemos que la hoja de ruta del actual gobierno no está escrita en dicho documento. La ley se reformó el pasado 5 de octubre y a juicio del gobierno servirá para proteger mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos. Entonces Coalición Canaria se frotó las manos. Durante la legislatura anterior, en un debate sobre la reforma de la ley del Medio Marino, la formación nacionalista era partidaria de suavizar la aplicación de la ley solicitando respetar las construcciones y los usos ya existentes a pesar de invadir el dominio público.
Inundación del barrio de San Andrés. 30.08.11 |
A través de la Plataforma Vecinal de San Andrés para el Frente Litoral y otras organizaciones, los vecinos del barrio, han dicho por activa y por pasiva que lo único que desean es construir una escollera semisumergida que le proporcione abrigo de las mareas cíclicas, lo que a su vez permitirá la remodelación de la avenida de acceso al pueblo mediante un proyecto promovido por el ayuntamiento de la capital. La remodelación de la vía permitirá transformar el espacio en un lugar donde el visitante desee estar para lo cual está previsto ampliar el viario existente, habilitar una zona de aparcamientos, peatonalizar alguna calle, crear un paseo paralelo a la escollera, recuperar el parque de La Muralla y crear una zona de baño alternativa en el frente del pueblo. Con ello, San Andrés dejaría de ser una simple zona de transición hacia el área principal de ocio de Santa Cruz, Las Teresitas.
Las dimensiones de esa zona de baño alternativa son importantes porque el ministerio de Fomento ha sugerido recientemente que la mejor solución para proteger el litoral de San Andrés es construir una playa doble a lo largo de la avenida y un dique discontinuo. Finalmente parece que el ministerio financiará la intervención poniendo fin a la controversia burocrática que ha enfrentado a las diferentes Administraciones. La sorpresa es doble porque en primer lugar el ministerio propone construir dos playas artificiales en el espacio libre que quedaría entre la costa y el dique discontinuo, aduciendo que dicha actuación protegerá la costa de los embates del mar con mayor solvencia. ¿Es esta solución del agrado de los vecinos de San Andrés? En todas las declaraciones sobre la problemática se hablaba de habilitar una zona de baño alternativa a Las Teresitas, lo que sugiere una intervención con mesura y de baja intensidad sobre el actual frente del barrio que permita a los vecinos de la zona disfrutar de accesos al mar. No es la primera vez que en el debate de devolver la ciudad al mar se peque de proponer soluciones de gran impacto que solo persiguen fines electoralistas.
En segundo lugar, el ministerio de Fomento parece activar la construcción del Puerto deportivo de San Andrés que ya fue objeto de polémica hace 15 años. Una decisión que parece coger con el pie cambiado al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria. Dicho proyecto contemplaba crear un club náutico privado, una amplia zona comercial, capacidad para más de 400 amarres, un helipuerto y demás equipamientos que podrían comprometer la actividad económica desarrollada en el barrio de San Andrés. Los vecinos del barrio han sido claramente contrarios a la construcción de dicha instalación. El ayuntamiento de Santa Cruz parece que también aunque Puertos parece partidario de abrir esta zona al uso ciudadano. Aunque el proyecto fue sometido a diversas modificaciones que han variado su posición, las dimensiones iniciales del dique de abrigo de la infraestructura invadía el frente costero del barrio San Andrés. Dicho puerto deportivo está proyectado en la zona de ampliación de la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo que obstaculizaría la posible ampliación del puerto capitalino. Una estrategia más para inhabilitar el puerto de Santa Cruz y justificar la ruinosa inversión en el Puerto de Granadilla.
Garachico. Ejemplo de dique semi sumergido |
Un controvertido puerto que también se las ha visto con la justicia. Vinculado a la trama de Fórum Filatélico, el juez Baltazar Garzón sospechaba que el puerto deportivo de San Andrés se iba a utilizar como presunto instrumento para blanquear dinero. Un caso en el que estarían involucrados el anterior presidente de la autoridad portuaria Luis Suárez Trenor y el exalcalde de la capital, Miguel Zerolo, quienes presuntamente habrían recibido cantidades millonarias de dinero para acelerar los trámites burocráticos de la infraestructura.
Desde hace algunos años los puertos deportivos están creciendo como setas en las islas. Bajo la falsa y poco argumentada justificación de que servirán para generar empleo y por tanto superar la actual crisis económica, están proliferando actuaciones de gran impacto visual y ambiental con la consiguiente transformación del carácter público de la costa en áreas de exclusivo disfrute privado. Lo que tenemos aquí es un nuevo caso donde se sobredimensionan las propuestas de infraestructuras, con evidente riesgo de superar la capacidad de carga de determinadas zonas costeras ya deterioradas por actuaciones anteriores. Se olvidan las necesidades ciudadanas, muchas de ellas de carácter prioritario y cuya satisfacción parece factible, barata y rápida si se estuviera interesado en resolver los problemas del ciudadano. Y se ignora deliberadamente, en pro del beneficio económico privado, que la costa es de los entornos más frágiles del territorio, cuya destrucción revierte directamente sobre el ser humano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario