Recorte interesado de la normativa ambiental en Canarias

En cierta ocasión, allá por finales de los 90, escuché que la Administración Pública canaria era el mayor delincuente medioambiental. Entonces no me lo creí. Cómo es posible que la Administración cometa delitos ambientales si está ahí para garantizar el interés general de todos, pensé ingenuo. Los siguientes episodios regionales demuestran que esa afirmación es cierta:

Ecologistas en Acción

1. Frente a las islas orientales se ubica el Lugar de Interés Comunitario (LIC), Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Este espacio alberga importantes poblaciones de sebadal que están en franca regresión. El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto recortar el área de protección de este LIC. El objetivo es que los sondeos exploratorios de Repsol no se topen con objeciones legales de tipo medioambiental. Pues bien, el Gobierno de Canarias ha denunciado la zonificación efectuada por el ministerio por considerarla inadecuada, pero ha propuesto la suya propia que salvaguarda las infraestructuras litorales que el Ejecutivo tiene previstas para la zona. Con su discurso ecologista el Ejecutivo autonómico azota el proceder del Gobierno Central en relación a las prospecciones, pero aprovecha para que sus intereses económicos no se vean interrumpidos. Una doble moral que no nos extraña si consideramos que al frente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial está Domingo Berriel, el hombre duplicado; capaz de declarar que hoy día los movimientos ecologistas han perdido su función y, al mismo tiempo, asistir en Madrid a las movilizaciones contra los actuales sondeos petrolíferos.

2. El recorte a discreción de la legislación ambiental en Canarias para permitir infraestructuras invasivas y de gran impacto territorial no es una práctica nueva. Además, permite resolver intereses económicos de ciertos actores (adjudicación de contratos, captación de rentas, influencia en la planificación urbanística, aprovechamientos urbanísticos, etc). La ley 2/2000 de 17 de julio, aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife permitió modificar, en su sector Norte, los límites de la Reserva Natural Especial del Chinyero. El recorte, de unas 63 hectáreas, permitió encajar el tramo norte del Anillo Insular que discurre por los municipios de Icod de Los vinos y El Tanque. La Reserva del Chinyero es un área que alberga coladas recientes que constituyen una muestra representativa y de gran valor ecológico del volcanismo histórico de Canarias y sus ecosistemas. La infraestructura ha sido vendida por sus promotores como paradigma del respeto hacia el territorio que la alberga, aunque las instituciones políticas desdeñaran las alegaciones al proyecto efectuadas por diferentes colectivos ecologistas. Nuevamente el menoscabo de las leyes es patente y el medio natural el principal damnificado.

3. Pero hay más. En mayo de 2010, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas con los votos a favor de CC - PP y el voto en contra del PSOE. El nuevo catálogo se tramitó sin la participación pública y científica que requieren este tipo de procesos y con la declamación altisonante del PSOE que la derogaría cuando accediera al poder. Algo que por supuesto no se ha producido en los más de 3 años que comparten ejecutivo con CC. La propia Comisión Europea ya advirtió que dicho catálogo vulnera lo dispuesto en la directiva europea sobre hábitats y, por tanto, debía ser modificado. Hasta la fecha tampoco se ha producido modificación alguna. ¿Qué se consiguió con ello? Dar vía libre al inicio de la construcción de un puerto industrial en el litoral de Granadilla. Una infraestructura que había sido paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por su afección directa sobre especies y hábitats considerados amenazados por el anterior Catálogo. Las trampas legales, auspiciadas por las formaciones políticas mayoritarias, posibilitan profundizar en el deterioro ambiental de las Islas y satisfacer los intereses económicos antes mencionados.

El Día

4. En Lanzarote hay una buena colección de infraestructuras hoteleras que son ilegales y sobre las que pesan diferentes procesos de demolición. Sus licencias para operar fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por violar la legislación urbanística. Pero ahí siguen, tan firmes como los principales hitos naturales de las Islas, a pesar de que agrupan un buen muestrario de ilegalidades como invadir dominio público, exceder criterios de edificabilidad, superar el número de camas permitidas por el planeamiento, etc. Pues bien, el Gobierno de Canarias por medio del anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, estaría preparando una ley que para algunos permitirá situar dentro de la legalidad a buena parte de esos establecimientos hoteleros. El elemento que lo permitiría es el aumento de edificabilidad (del 50% al 100%) que contempla el anteproyecto, al que se podrán acoger aquellos hoteles que pretendan mejorar y rehabilitar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas.

Estos son solo algunos ejemplos recientes de cómo se enmienda la legislación ambiental y/o urbanística vigente en Canarias, legalizando determinadas infraestructuras que, de otro modo, no podrían hacerse realidad. Las conclusiones son muy claras:

• Se recorta, altera o modifica a discreción la legislación ambiental y/o urbanística para permitir infraestructuras invasivas y de gran impacto ambiental en el territorio.
• Esos cambios se efectúan con relativa facilidad y con la connivencia de casi todos los grupos políticos mayoritarios en las instituciones políticas.
• Ello apuntaría a la existencia de un poder económico en la sombra que sería el beneficiario de esas modificaciones normativas. Por tanto, cabe pensar que participan de alguna manera en esa toma de decisiones, generando un perjuicio para el bienestar ambiental y material del resto de la población.
• Sorprende que reiteradamente se demande por parte de los representantes de ese poder económico, aligerar y simplificar dicha legislación porque es extensa, compleja y engorrosa. En realidad lo que haría falta es fortalecer a quienes deben hacerla cumplir escrupulosamente.
• Ante esa facilidad para recortarla, alterarla o modificarla no es necesario que estos actores económicos se rasguen las vestiduras en público por la presunta complejidad de dicha legislación. Ya está bien de tanto cinismo.
• Se da carta de naturaleza a un modelo económico que contempla una visión patrimonial del medio ambiente. El territorio me pertenece y hago lo que más me interesa con él; algo así deben pensar quienes toman estas decisiones.
• Se produce una patente pérdida del control jurídico de determinadas intervenciones en el territorio al legalizar lo que es ilegal desde el ámbito político.
• Las instituciones políticas hacen caso omiso a las alegaciones y argumentos efectuados por colectivos sociales que se oponen a intervenciones en el territorio de esta naturaleza. Se produce un desprecio evidente y antidemocrático por parte de esas instituciones hacia la participación ciudadana.
• Cualquier discurso ecologista o apelación a la participación ciudadana que provenga del Ejecutivo autonómico canario, no es más que burda retórica que queda desmentida por hechos como los relatados aquí.

Del referéndum a la encuesta: una consulta demediada

No se puede justificar una negativa a las extracciones en casa mientras consumimos la que se extrae en otros sitios.

Eustaquio Villalba. La consulta. 12.10.14 

El tiempo de organizar una consulta que muestre el rechazo de la población canaria a los trabajos exploratorios de Repsol ha pasado. Y el resultado obtenido en caso de que se celebre, irrelevante. Es triste pero es la realidad. Este texto no pretende reprochar nada. Solo es una reflexión al calor de la problemática de las inminentes perforaciones de Repsol en aguas frente a Canarias. Una vez superada por parte de la multinacional la evaluación de impacto ambiental otorgada mediante resolución favorable por el Ministerio de Medio Ambiente; una vez que el Tribunal Supremo ha proporcionado su aval a los sondeos rechazando las quejas y protestas presentadas por las instituciones canarias y los colectivos ecologistas; una vez que la Comisión Europea no ha detectado razones de peso para detenerlas (a falta de que Bruselas revise los informes que advierten de la utilización de controvertidos estándares de riesgo en el estudio de impacto ambiental de Repsol), parece que lo más urgente es tratar de demorar la celebración de los trabajos exploratorios in situ, a tenor de que jurídica o legalmente será complicado paralizarlos, al menos a corto plazo. Ojalá nos equivoquemos.

Uno de los riesgos más comunes que existen cuando se permite que un partido político lidere una iniciativa ciudadana tan importante, como es la consulta sobre las prospecciones, es que lo prometido por esa formación termine por decepcionar a quienes confiaron en el buen hacer de las acciones del Ejecutivo. Otro es que el partido político en cuestión imponga sus tiempos y formas en el proceso. Tiempos y formas que son específicos del ámbito de la política institucionalizada, muy vinculados a servidumbres electorales, a obligaciones partidistas internas, en definitiva, a bajezas propias de un ámbito en el que muchas veces solo se persigue defender estratégicamente una pose política más que hacer realidad la propia iniciativa. Estas características de la política institucionalizada son, en realidad, difíciles de manejar para agentes que están al margen de este ámbito y solo les mueve el altruismo y la buena voluntad de denunciar injusticias para revertirlas.

Buque perforador de Repsol y el de la Aramada que lo protege. Greenpeace.

Otro peligro es que, como resultado de ese dejar en manos de políticos profesionales o llevar junto a ellos lo que debería ser iniciativa ineludible de los movimientos sociales, es que se termine por pillar con el paso cambiado a estos últimos cuando el partido político en cuestión abandona o tira la toalla. La consecuencia es que puede desactivarse parcialmente la crítica social, se anula la movilización ciudadana, se neutralizan sus demandas y puede quedar en entredicho la independencia de los movimientos sociales. Un valor fundamental que es el verdadero motor de todo lo anterior. Nunca sabremos qué hubiese ocurrido si la consulta hubiese sido impulsada por los movimientos antipetroleros desde el principio, y mucho tiempo antes de anunciarla el Ejecutivo. Las rotundas movilizaciones que han acreditado suficientemente la oposición ciudadana a los sondeos lo avalaban. Los movimientos sociales deben ir siempre un paso por delante de las instituciones políticas.

Aunque hablar de esto a toro pasado es fácil, parece que algo de todo ello ha ocurrido en relación a la consulta sobre los sondeos exploratorios, o al menos, eso se percibe desde fuera, una vez conocido que el Ejecutivo canario abandona la celebración de la consulta tras conocer que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) la ha suspendido por unanimidad. Hace unos meses, el Gobierno de Canarias, anunciaba, ufano, un referéndum sobre este tema. Iniciativa que finalmente ha quedado demediada y transformada en una insultante encuesta que presuntamente sondeará la opinión de la ciudadanía canaria sobre el asunto. A pocos nos sorprende este resultado si tenemos en cuenta que Coalición Canaria tiene un largo historial de desprecio hacia las opiniones de colectivos sociales y ciudadanos en general, sobre todo las que denuncian el deterioro del medio natural. De ahí proviene su falta de arrestos políticos suficientes para continuar con el proceso. Invocar la participación popular para justificar la consulta es obviar que la intervención de los ciudadanos y sus organizaciones en los asuntos públicos va más allá de asuntos puntuales, es algo que debe acompañar a la acción de gobierno de acuerdo con nuestro marco legal (Villalba de ATAN dixit).

Según el Ejecutivo esta encuesta no sustituye a la consulta propiamente. En teoría ésta se convocará cuando el TC la avale, algo que es difícil que ocurra visto lo ocurrido en Cataluña. Mientras tanto, Repsol, procederá a ejecutar los sondeos, previstos para próximas fechas. En caso de que los movimientos sociales hubiesen liderado la iniciativa y con los resultados de la consulta en la mano ¿Hubiesen ganado en efectividad las movilizaciones contra el petróleo? ¿Se hubiese podido presionar con mayor fuerza y razón al Gobierno Central? ¿Quién hubiese marcado la agenda de quién? ¿Se hubiese podido presionar al gobierno autonómico para eliminar de las DOSE la presencia del gas y exigirles de paso otro modelo económico para las Islas?. Nada bueno podía salir de la colaboración con un Ejecutivo que ha hecho de la destrucción del territorio y el medio ambiente su bandera durante más de dos décadas. El último episodio de las agresiones del Ejecutivo autonómico es que el Gobierno canario propone recortar el LIC marino frente a Fuerteventura y Lanzarote. Con ello liberaría el camino a infraestructuras previstas en el litoral de esas Islas.

Desconocemos si el movimiento antipetrolero de Canarias tiene la suficiente capacidad para reaccionar ahora y levantar en tiempo récord toda la infraestructura necesaria para que el día 23 se pueda efectuar, con las suficientes garantías, una consulta popular sobre los sondeos. En cualquier caso, lo más importante ahora, decíamos al inicio, es tratar de detener o alargar en lo posible la propia organización de las exploraciones por parte de la petrolera. Algo que también intuimos harto complicado aunque se movilice, en el lugar previsto para las prospecciones, un contingente de personas o colectivos que dificulten los trabajos a la multinacional. El uso de la Armada para dejar vía libre al buque de Repsol lo demuestra.

Deberíamos comenzar a pensar desde ya en los comicios previstos para 2015, año de doble cita electoral. Es momento para reflexionar sobre el sentido de nuestro voto, a qué formación política dedicamos nuestro apoyo y sobre todo qué les exigimos para que Canarias modifique su rumbo en el ámbito ambiental y ecológico, pero también en tantos otros aspectos sociales y económicos en los que lideramos los peores indicadores de España y de Europa. No podemos desaprovechar la oportunidad de exigir a los partidos políticos otro modelo económico y de desarrollo centrado en valores diferentes a los actuales.

Canarias y la desmesura de sus desperdicios

Ética como encubrimiento: los problemas sociopolíticos se redefinen como cuestiones personales para condenar a la impotencia a los individuos aislados. (…) ¿Lo que nos pide la ética es separar la basura en contenedores diferentes? ¿O quizás lo que nos pide es acabar con el capitalismo? 

Jorge Riechmann. Moderar extremistán. 2014 

El método principal que se emplea en Canarias para el tratamiento de los residuos que generamos es el depósito en vertederos autorizados. Cada isla del Archipiélago dispone de una zona oficial donde se acumulan estos desechos. Sin embargo, también prolifera el depósito de residuos en vertederos incontrolados. Hay nada menos que 24 espacios donde los canarios depositamos residuos de forma incontrolada y por tanto de manera ilegal. Recientemente la UE ha advertido al Gobierno de España que si no los cierra se enfrentará a una sanción por parte de Bruselas. Canarias ya ha respondido que no puede hacer frente a la clausura de dichos espacios por falta de tiempo y dinero. 

Una maravillosa respuesta por parte del director general de Protección de la Naturaleza, Pedro Cuesta, que revela que para el Gobierno de Canarias la gestión de los desechos producidos en las Islas no merece ni la planificación que requiere este tipo de actividad ni la prioridad presupuestaria necesaria, a pesar de tratarse de un asunto sensible para el bienestar de los canarios. ¿Por qué se produce este desbocado y prohibido almacenaje de residuos en vertederos no oficiales? ¿Falta cultura ambiental en Canarias? ¿Se promueve lo suficiente desde las instituciones políticas? ¿La normativa canaria en materia de gestión y tratamiento de residuos se asemeja a la europea? ¿Qué indicadores presenta Canarias respecto a la gestión y tratamiento de los residuos?

Vertedero de Arico. Tenerife. Celda 2

Esta aparente pasividad, en un asunto fundamental para la sostenibilidad de las Islas, puede entenderse si tenemos en cuenta que la dirección de Protección de la Naturaleza depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo canario en manos del PSOE (Guacimara Medina) y cuyos logros en la presente legislatura son nimios. ¿Qué éxitos puede mostrar esta Viceconsejería en relación a la protección de la biodiversidad, restauración del Catalógo de Especies protegidas, reducción de la contaminación del aire en las zonas metropolitanas canarias, calidad del agua, reducción de la movilidad motorizada, protección de espacios naturales, resiliencia, vertidos...? En teoría para todo ello se montó esta Viceconsejería ¿verdad? ¿No es esto una flagrante contradicción con el discurso sostenible y ambientalista que practica el Gobierno canario con motivo de la problemática de las prospecciones? ¿O es que este discurso es pura retórica? El desdén por los asuntos que tienen que ver con la gestión y el tratamiento de residuos en Canarias no es algo nuevo. El Plan Integral de Residuos de Canarias, documento que contenía las directrices fundamentales del Ejecutivo en relación al tratamiento de basuras, estuvo varios años caducado hace algunas legislaturas.

En un territorio limitado como nuestras islas, debería ser estratégica la gestión de los residuos que producimos porque a mayores toneladas de desechos mayor será el territorio dedicado a ocultarlos. De todos es conocido que muchos de los vertederos de Canarias están casi colmatados o en proceso de estarlo. Por lo que la solución no está en habilitar más espacio para enterrar un volumen de desperdicios en crecimiento. En el ámbito de la generación de residuos sólidos urbanos, según el INE y para el año 2011, Canarias ostentaba el dudoso honor de ser la segunda comunidad autónoma que más residuos sólidos de carácter urbano generaba por habitante, con un indicador que ascendía a 661 kg./hab. Muy por encima del dato que presentan, también para ese mismo año, España (531 Kg./Hab.) y Europa (503 kg./hab.). En el 2012 (último año para el que se dispone información) ese dato mejora situándose en 620 Kg /hab., aunque de forma insuficiente porque nuestra comunidad sigue situándose en segunda posición. Otro dato inquietante es el que nos informa que nuestra comunidad recogió de forma separada solo un 11,30% de todos los residuos sólidos urbanos producidos en el 2012. Ese dato nos sitúa en la cuarta peor posición de toda España, muy lejos de Navarra, la región que mayores porcentajes de separación de residuos presenta (36,46%) y por debajo de la media española (18,22%).

El nivel de desarrollo de una sociedad debería valorarse por el volumen de desperdicios que genera y, además, por su capacidad para reciclarlos o reutilizarlos en base a tecnologías amables con el medio ambiente. Así, una sociedad que genera un volumen de residuos ingente debería estar penalizada en las clasificaciones de bienestar, a las que son tan aficionadas las grandes organizaciones mundiales tipo FMI u OCDE, sea cual sea su indicador de crecimiento económico. Se podría argumentar que ninguna sociedad puede abstraerse de los niveles de consumo que impone el sistema económico capitalista, que es a la postre lo que produce los residuos. Pero sí existen técnicas para mitigar el impacto de esos niveles de desperdicios mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje.

La normativa básica europea en materia de residuos establece que el orden de prioridades que debe regir la gestión de los residuos es la prevención (es decir,la reducción tanto de la cantidad como de los impactos que generan los residuos sobre el medio ambiente y la salud humana) la preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación. A tenor de las advertencias de Bruselas y de los datos no parece que en Canarias se tome en serio la normativa básica europea referente a este asunto.

En su descargo las instituciones políticas canarias son muy dadas a divulgar la idea de que quienes toman la decisión última de reciclar son los propios ciudadanos. De esta forma se deposita sobre ellos la responsabilidad última de tal acción, al tiempo que se libera a nuestras autoridades de su compromiso político respecto de la creación y su estricto cumplimiento de una normativa que esté en línea con la existente en el resto de España y Europa en materia de gestión de residuos de cada sector económico.

Respecto a esta apelación pública a la ética individual, una precisión nos parece relevante efectuar. Apelar a esa ética individual, que es políticamente correcto, bienintencionado y que en general goza de la aprobación ciudadana, encierra un peligro; enmascara y oculta el necesario combate contra las verdaderas causas de la generación de residuos que son, ni más ni menos, las propias prácticas capitalistas de producción y consumo masivos (Jorge Riechmann. Moderar extremistán. 2014). De esta manera se logra desviar hábilmente hacia un lugar equivocado (la responsabilidad de cada ciudadano) el necesario y vital esfuerzo de cambiar esas pautas de producción y consumo (lo que solo se puede hacer de forma colectiva y por medio de la política), permitiendo la preservación de las mismas y por tanto profundizando el deterioro medioambiental presente.

¿Cuáles son las razones para la ampliación de Guacimeta?

La paradoja de los megaproyectos sugiere revisar no sólo las estructuras de poder que conducen a su desarrollo, sino los propios fundamentos de la economía bajo los que inicialmente se esconden las justificaciones de estas obras. 

Alfonso Sanz Alduán. Hipermovilidad. Síntomas, reacciones y alternativas. 2009

 
El aeropuerto de Guacimeta en Lanzarote es un aeropuerto relativamente pequeño si tenemos en cuenta el volumen de turistas que recibe la Isla. Construido en el año 46 supuso el necesario instrumento para abrir al exterior una isla pequeña sometida a la doble insularidad (alejada de la Península y de las dos grandes islas de las Canarias). Su pista de aterrizaje tiene unas dimensiones de 2.400 metros de longitud por 45 de anchura pero cumplen con los estándares de aviación internacional.

Pues bien, el Cabildo de Lanzarote ha dicho recientemente que su pista debe ser ampliada. No es la primera vez que salta a los medios esta supuesta necesidad. En el 2012, la Cámara de Comercio de Lanzarote ya la reclamó. Tampoco es la segunda. En el 2010, Asolan, la patronal del sector turístico en la Isla, argumentaba que las características físicas de la pista impedían la operatividad de las aeronaves y sus maniobras de aproximación. Y como no hay dos sin tres, tampoco es la tercera vez que se efectúa esta reclamación. En el 2009 la comisión de Fomento del Senado abordó una moción sobre la mencionada ampliación de la pista de rodadura a petición del Partido Popular.

Por tanto, es un tema recurrente que parece volver cada cierto tiempo. Dos curiosidades llaman la atención sobre este asunto. La primera es que todos los agentes que solicitan la ampliación (instituciones camerales, patronales turísticas, Cabildo Insular,…) argumentan que la presunta falta de operatividad genera grandes pérdidas a la economía isleña y dañan la imagen de destino turístico de Lanzarote, perjudicando su competitividad. Obviamente, ninguna de estas instituciones aporta un sólido e independiente estudio que cuantifique esas supuestas pérdidas económicas. La segunda curiosidad es que el Cabildo promueva este tema cada vez que las instituciones económicas de la Isla hablen de ello. Parece que la máxima institución de la Isla solo se mueve por los intereses de estas instituciones utilizando además sus mismos argumentos. En esta ocasión Pedro San Ginés, el presidente del Cabildo, remitió una carta a la Ministra de Fomento indicando que las dimensiones de la pista de aterrizaje supone una severa amenaza para la proyección y competitividad de Lanzarote como destino turístico, además de frenar nuestras intenciones de expansión y diversificación de mercados turísticos, cuya previsible vía de conexión se materializará con aeronaves que requieren infraestructuras de las que la isla carece. Casi nada.

No es extraño que el Cabildo defienda los intereses económicos de Lanzarote, lo que resulta llamativo es que defienda solo las necesidades de las instituciones económicas de la Isla y no tenga en cuenta otras visiones de la problemática. El aeropuerto de Guacimeta está situado a unos 5 Km. de Arrecife, dentro del término municipal de San Bartolomé y se encuentra limitado al sur por Playa Honda y al norte por la carretera LZ2. Por tanto, su ampliación originaría importantes afecciones ambientales. También afectaría a familias que residen en las inmediaciones del aeropuerto. Una previsible ampliación podría suponer su inapelable desplazamiento.

El aparente consenso y cierre de filas entre el Cabildo y las instituciones económicas de la Isla alrededor de este asunto no deja de sorprendernos. Si echamos un vistazo al número de pasajeros recibidos por el aeropuerto durante los últimos trece años, según AENA, podemos ver que Guacimeta se mantiene entre los 10 aeropuertos de toda España con mayor número de pasajeros recibidos. Su promedio aproximado es de unos 5.282.000 pasajeros anuales. Además, es el tercer aeropuerto con mayor afluencia de pasajeros de las Islas Canarias. No parece que las actuales dimensiones de la pista de aterrizaje supongan un condicionante para la llegada de pasajeros a Lanzarote. Por tanto, si la Isla está perdiendo competitividad y proyección como destino turístico no puede ser atribuido a la longitud actual de la pista.

Por otro lado, hay una contradicción enorme entre la oposición que, con toda la razón, mantienen instituciones políticas y económicas de Lanzarote a los sondeos exploratorios de Repsol frente a sus costas, y mantener, al mismo tiempo, las bases de un modelo turístico basado en atraer más y más turistas a una Isla dotada de un frágil ecosistema. Aunque un potencial blowout colapsaría de forma inmediata la economía y el territorio lanzaroteño (y de paso el del Archipiélago), el actual modelo turístico supone una permanente amenaza sobre nuestro medio ambiente soporte de la vida. Entre ambos casos hay una diferencia de intensidad e inmediatez pero en esencia estaríamos hablando de lo mismo; un modelo de desarrollo económico basado en el monocultivo de un sector turístico masivo y sustentado en la quema de combustibles fósiles.

Por tanto, ¿Cuáles son los intereses reales del Cabildo para apoyar la ampliación del aeropuerto? ¿Existe un mero interés económico basado en impulsar el sector de la construcción o hay algo más? ¿Tiene que ver con acelerar la ejecución de una inversión que se podría diluir, aunque esté contemplada en el Plan Director, ante la reciente decisión del Gobierno de España de privatizar el 49% de AENA? ¿No es más coherente que el Cabildo se preocupe por cómo se distribuye la renta turística en la Isla ante las enormes cotas de desigualdad y paro presentes en Lanzarote? ¿Son sólidos los argumentos que proporcionan las instituciones políticas y económicas para la ampliación del aeropuerto de Lanzarote? ¿Realmente creemos que aeronaves de grandes dimensiones como el A380 harían escala en Lanzarote si dispusiéramos de una pista de aterrizaje mayor? ¿Conviene profundizar en el actual modelo económico y turístico en Lanzarote y las Islas Canarias?