Del referéndum a la encuesta: una consulta demediada

No se puede justificar una negativa a las extracciones en casa mientras consumimos la que se extrae en otros sitios.

Eustaquio Villalba. La consulta. 12.10.14 

El tiempo de organizar una consulta que muestre el rechazo de la población canaria a los trabajos exploratorios de Repsol ha pasado. Y el resultado obtenido en caso de que se celebre, irrelevante. Es triste pero es la realidad. Este texto no pretende reprochar nada. Solo es una reflexión al calor de la problemática de las inminentes perforaciones de Repsol en aguas frente a Canarias. Una vez superada por parte de la multinacional la evaluación de impacto ambiental otorgada mediante resolución favorable por el Ministerio de Medio Ambiente; una vez que el Tribunal Supremo ha proporcionado su aval a los sondeos rechazando las quejas y protestas presentadas por las instituciones canarias y los colectivos ecologistas; una vez que la Comisión Europea no ha detectado razones de peso para detenerlas (a falta de que Bruselas revise los informes que advierten de la utilización de controvertidos estándares de riesgo en el estudio de impacto ambiental de Repsol), parece que lo más urgente es tratar de demorar la celebración de los trabajos exploratorios in situ, a tenor de que jurídica o legalmente será complicado paralizarlos, al menos a corto plazo. Ojalá nos equivoquemos.

Uno de los riesgos más comunes que existen cuando se permite que un partido político lidere una iniciativa ciudadana tan importante, como es la consulta sobre las prospecciones, es que lo prometido por esa formación termine por decepcionar a quienes confiaron en el buen hacer de las acciones del Ejecutivo. Otro es que el partido político en cuestión imponga sus tiempos y formas en el proceso. Tiempos y formas que son específicos del ámbito de la política institucionalizada, muy vinculados a servidumbres electorales, a obligaciones partidistas internas, en definitiva, a bajezas propias de un ámbito en el que muchas veces solo se persigue defender estratégicamente una pose política más que hacer realidad la propia iniciativa. Estas características de la política institucionalizada son, en realidad, difíciles de manejar para agentes que están al margen de este ámbito y solo les mueve el altruismo y la buena voluntad de denunciar injusticias para revertirlas.

Buque perforador de Repsol y el de la Aramada que lo protege. Greenpeace.

Otro peligro es que, como resultado de ese dejar en manos de políticos profesionales o llevar junto a ellos lo que debería ser iniciativa ineludible de los movimientos sociales, es que se termine por pillar con el paso cambiado a estos últimos cuando el partido político en cuestión abandona o tira la toalla. La consecuencia es que puede desactivarse parcialmente la crítica social, se anula la movilización ciudadana, se neutralizan sus demandas y puede quedar en entredicho la independencia de los movimientos sociales. Un valor fundamental que es el verdadero motor de todo lo anterior. Nunca sabremos qué hubiese ocurrido si la consulta hubiese sido impulsada por los movimientos antipetroleros desde el principio, y mucho tiempo antes de anunciarla el Ejecutivo. Las rotundas movilizaciones que han acreditado suficientemente la oposición ciudadana a los sondeos lo avalaban. Los movimientos sociales deben ir siempre un paso por delante de las instituciones políticas.

Aunque hablar de esto a toro pasado es fácil, parece que algo de todo ello ha ocurrido en relación a la consulta sobre los sondeos exploratorios, o al menos, eso se percibe desde fuera, una vez conocido que el Ejecutivo canario abandona la celebración de la consulta tras conocer que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) la ha suspendido por unanimidad. Hace unos meses, el Gobierno de Canarias, anunciaba, ufano, un referéndum sobre este tema. Iniciativa que finalmente ha quedado demediada y transformada en una insultante encuesta que presuntamente sondeará la opinión de la ciudadanía canaria sobre el asunto. A pocos nos sorprende este resultado si tenemos en cuenta que Coalición Canaria tiene un largo historial de desprecio hacia las opiniones de colectivos sociales y ciudadanos en general, sobre todo las que denuncian el deterioro del medio natural. De ahí proviene su falta de arrestos políticos suficientes para continuar con el proceso. Invocar la participación popular para justificar la consulta es obviar que la intervención de los ciudadanos y sus organizaciones en los asuntos públicos va más allá de asuntos puntuales, es algo que debe acompañar a la acción de gobierno de acuerdo con nuestro marco legal (Villalba de ATAN dixit).

Según el Ejecutivo esta encuesta no sustituye a la consulta propiamente. En teoría ésta se convocará cuando el TC la avale, algo que es difícil que ocurra visto lo ocurrido en Cataluña. Mientras tanto, Repsol, procederá a ejecutar los sondeos, previstos para próximas fechas. En caso de que los movimientos sociales hubiesen liderado la iniciativa y con los resultados de la consulta en la mano ¿Hubiesen ganado en efectividad las movilizaciones contra el petróleo? ¿Se hubiese podido presionar con mayor fuerza y razón al Gobierno Central? ¿Quién hubiese marcado la agenda de quién? ¿Se hubiese podido presionar al gobierno autonómico para eliminar de las DOSE la presencia del gas y exigirles de paso otro modelo económico para las Islas?. Nada bueno podía salir de la colaboración con un Ejecutivo que ha hecho de la destrucción del territorio y el medio ambiente su bandera durante más de dos décadas. El último episodio de las agresiones del Ejecutivo autonómico es que el Gobierno canario propone recortar el LIC marino frente a Fuerteventura y Lanzarote. Con ello liberaría el camino a infraestructuras previstas en el litoral de esas Islas.

Desconocemos si el movimiento antipetrolero de Canarias tiene la suficiente capacidad para reaccionar ahora y levantar en tiempo récord toda la infraestructura necesaria para que el día 23 se pueda efectuar, con las suficientes garantías, una consulta popular sobre los sondeos. En cualquier caso, lo más importante ahora, decíamos al inicio, es tratar de detener o alargar en lo posible la propia organización de las exploraciones por parte de la petrolera. Algo que también intuimos harto complicado aunque se movilice, en el lugar previsto para las prospecciones, un contingente de personas o colectivos que dificulten los trabajos a la multinacional. El uso de la Armada para dejar vía libre al buque de Repsol lo demuestra.

Deberíamos comenzar a pensar desde ya en los comicios previstos para 2015, año de doble cita electoral. Es momento para reflexionar sobre el sentido de nuestro voto, a qué formación política dedicamos nuestro apoyo y sobre todo qué les exigimos para que Canarias modifique su rumbo en el ámbito ambiental y ecológico, pero también en tantos otros aspectos sociales y económicos en los que lideramos los peores indicadores de España y de Europa. No podemos desaprovechar la oportunidad de exigir a los partidos políticos otro modelo económico y de desarrollo centrado en valores diferentes a los actuales.