Recorte interesado de la normativa ambiental en Canarias

En cierta ocasión, allá por finales de los 90, escuché que la Administración Pública canaria era el mayor delincuente medioambiental. Entonces no me lo creí. Cómo es posible que la Administración cometa delitos ambientales si está ahí para garantizar el interés general de todos, pensé ingenuo. Los siguientes episodios regionales demuestran que esa afirmación es cierta:

Ecologistas en Acción

1. Frente a las islas orientales se ubica el Lugar de Interés Comunitario (LIC), Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Este espacio alberga importantes poblaciones de sebadal que están en franca regresión. El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto recortar el área de protección de este LIC. El objetivo es que los sondeos exploratorios de Repsol no se topen con objeciones legales de tipo medioambiental. Pues bien, el Gobierno de Canarias ha denunciado la zonificación efectuada por el ministerio por considerarla inadecuada, pero ha propuesto la suya propia que salvaguarda las infraestructuras litorales que el Ejecutivo tiene previstas para la zona. Con su discurso ecologista el Ejecutivo autonómico azota el proceder del Gobierno Central en relación a las prospecciones, pero aprovecha para que sus intereses económicos no se vean interrumpidos. Una doble moral que no nos extraña si consideramos que al frente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial está Domingo Berriel, el hombre duplicado; capaz de declarar que hoy día los movimientos ecologistas han perdido su función y, al mismo tiempo, asistir en Madrid a las movilizaciones contra los actuales sondeos petrolíferos.

2. El recorte a discreción de la legislación ambiental en Canarias para permitir infraestructuras invasivas y de gran impacto territorial no es una práctica nueva. Además, permite resolver intereses económicos de ciertos actores (adjudicación de contratos, captación de rentas, influencia en la planificación urbanística, aprovechamientos urbanísticos, etc). La ley 2/2000 de 17 de julio, aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife permitió modificar, en su sector Norte, los límites de la Reserva Natural Especial del Chinyero. El recorte, de unas 63 hectáreas, permitió encajar el tramo norte del Anillo Insular que discurre por los municipios de Icod de Los vinos y El Tanque. La Reserva del Chinyero es un área que alberga coladas recientes que constituyen una muestra representativa y de gran valor ecológico del volcanismo histórico de Canarias y sus ecosistemas. La infraestructura ha sido vendida por sus promotores como paradigma del respeto hacia el territorio que la alberga, aunque las instituciones políticas desdeñaran las alegaciones al proyecto efectuadas por diferentes colectivos ecologistas. Nuevamente el menoscabo de las leyes es patente y el medio natural el principal damnificado.

3. Pero hay más. En mayo de 2010, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas con los votos a favor de CC - PP y el voto en contra del PSOE. El nuevo catálogo se tramitó sin la participación pública y científica que requieren este tipo de procesos y con la declamación altisonante del PSOE que la derogaría cuando accediera al poder. Algo que por supuesto no se ha producido en los más de 3 años que comparten ejecutivo con CC. La propia Comisión Europea ya advirtió que dicho catálogo vulnera lo dispuesto en la directiva europea sobre hábitats y, por tanto, debía ser modificado. Hasta la fecha tampoco se ha producido modificación alguna. ¿Qué se consiguió con ello? Dar vía libre al inicio de la construcción de un puerto industrial en el litoral de Granadilla. Una infraestructura que había sido paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por su afección directa sobre especies y hábitats considerados amenazados por el anterior Catálogo. Las trampas legales, auspiciadas por las formaciones políticas mayoritarias, posibilitan profundizar en el deterioro ambiental de las Islas y satisfacer los intereses económicos antes mencionados.

El Día

4. En Lanzarote hay una buena colección de infraestructuras hoteleras que son ilegales y sobre las que pesan diferentes procesos de demolición. Sus licencias para operar fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por violar la legislación urbanística. Pero ahí siguen, tan firmes como los principales hitos naturales de las Islas, a pesar de que agrupan un buen muestrario de ilegalidades como invadir dominio público, exceder criterios de edificabilidad, superar el número de camas permitidas por el planeamiento, etc. Pues bien, el Gobierno de Canarias por medio del anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, estaría preparando una ley que para algunos permitirá situar dentro de la legalidad a buena parte de esos establecimientos hoteleros. El elemento que lo permitiría es el aumento de edificabilidad (del 50% al 100%) que contempla el anteproyecto, al que se podrán acoger aquellos hoteles que pretendan mejorar y rehabilitar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas.

Estos son solo algunos ejemplos recientes de cómo se enmienda la legislación ambiental y/o urbanística vigente en Canarias, legalizando determinadas infraestructuras que, de otro modo, no podrían hacerse realidad. Las conclusiones son muy claras:

• Se recorta, altera o modifica a discreción la legislación ambiental y/o urbanística para permitir infraestructuras invasivas y de gran impacto ambiental en el territorio.
• Esos cambios se efectúan con relativa facilidad y con la connivencia de casi todos los grupos políticos mayoritarios en las instituciones políticas.
• Ello apuntaría a la existencia de un poder económico en la sombra que sería el beneficiario de esas modificaciones normativas. Por tanto, cabe pensar que participan de alguna manera en esa toma de decisiones, generando un perjuicio para el bienestar ambiental y material del resto de la población.
• Sorprende que reiteradamente se demande por parte de los representantes de ese poder económico, aligerar y simplificar dicha legislación porque es extensa, compleja y engorrosa. En realidad lo que haría falta es fortalecer a quienes deben hacerla cumplir escrupulosamente.
• Ante esa facilidad para recortarla, alterarla o modificarla no es necesario que estos actores económicos se rasguen las vestiduras en público por la presunta complejidad de dicha legislación. Ya está bien de tanto cinismo.
• Se da carta de naturaleza a un modelo económico que contempla una visión patrimonial del medio ambiente. El territorio me pertenece y hago lo que más me interesa con él; algo así deben pensar quienes toman estas decisiones.
• Se produce una patente pérdida del control jurídico de determinadas intervenciones en el territorio al legalizar lo que es ilegal desde el ámbito político.
• Las instituciones políticas hacen caso omiso a las alegaciones y argumentos efectuados por colectivos sociales que se oponen a intervenciones en el territorio de esta naturaleza. Se produce un desprecio evidente y antidemocrático por parte de esas instituciones hacia la participación ciudadana.
• Cualquier discurso ecologista o apelación a la participación ciudadana que provenga del Ejecutivo autonómico canario, no es más que burda retórica que queda desmentida por hechos como los relatados aquí.