Las Teresitas; el paradigma de una era corrupta

La clave del negocio inmobiliario consiste, pues, en comprar o disponer de hectáreas de terreno rústico barato y conseguir recalificarlas para obtener y vender el máximo posible de metros cuadrados construidos. Y quienes tienen la llave del negocio son las políticos locales y regionales que han de autorizar las recalificaciones de terrenos, con lo que la presencia del poder político en el negocio inmobiliario es obligada. Como también lo es la presión interesada del poder económico para conseguir a la carta las recalificaciones deseadas.

Luces en el laberinto. José Manuel Naredo. 2009. Pág. 206.

Una reflexión preliminar
El final del milagro económico español que abarcó los últimos 15-20 años terminó abruptamente con la explosión de la gigantesca burbuja inmobiliaria. Para algunos existe una correlación muy nítida entre las generosas cifras económicas alcanzadas y la altura de los rascacielos construidos durante esa etapa (Los rascacielos del Golfo y nosotros. Luis Fernandez Galiano. El País. 02.03.2010). Una relación metafórica pertinente entre la bulímica y voraz fase de construcción y el comportamiento positivo de los indicadores economicistas, no así otros indicadores de bienestar social y/o ambiental a los que pocos prestaron atención. Un vínculo que no hubiera sido posible sin la coparticipación de la esfera política. Sus integrantes, responsables últimos de este tinglado de dimensiones mayúsculas ya sea por acción u omisión, utilizaron a su antojo una figura del planeamiento urbanístico fundamental en todo este entuerto, la recalificación de terrenos, bajo el patrocinio muchas veces fraudulento, de la esfera económica. Quedaban ligados peligrosamente el ámbito político y el económico – empresarial y los efectos de esa, presunta asociación criminal, han sido soportados por las otras dos categorías que conforman una sociedad, la ciudadanía y el medio ambiente.

En Canarias existen muchos hitos arquitectónicos y urbanísticos que podemos identificar con una etapa donde se obviaron todo tipo de límites, físicos, económicos y ambientales. Pero el ejemplo paradigmático de una época en la que se rebasaron todas las líneas éticas posibles ha sido y está siendo el caso de Las Teresitas. Un caso que comenzó allá por el año 98 y que ha sido capaz de aglutinar de forma condensada todos los elementos negativos de un período de tiempo donde se mezclaron los intereses de los políticos, los empresarios, los banqueros, las sociedades de tasación, los medios de comunicación…en una operación que, presuntamente, ha quebrantado de forma masiva las bases de un estado de derecho. La presencia de personalidades del mundo de la política y de la economía de la isla de Tenerife en todas las ramificaciones de la trama, demuestran una vez más que los grandes negocios que se generan en Canarias (legales o ilegales) pasan por las manos de una pequeña y escueta élite político-económica que se repite una y otra vez.

Multitud de cuestiones, ninguna respuesta
Las irregularidades que se advierten en el caso Las Teresitas publicadas por algunos medios son numerosas e invitan como mínimo a ser críticos. Si alguien quiere leer una verdadera trama negra este verano, que se olvide de las historias del inspector Walander o de las de Sam Spade, incluso de las del gran Philip Marlowe. Mejor es que opte por investigar lo que ha salido publicado en la prensa canaria y en el propio sumario del caso Las Teresitas. Se sumergirá en una urdimbre de intereses que no tienen desperdicio, dignos de la mejor de las ficciones. La salvedad es que se trata de la pura realidad canaria. Lo que sigue es un breve decálogo con muchas cuestiones a dilucidar que trata de poner orden en una oscura maraña de intereses:

1- Recalificaciones a la carta
La Junta de Compensación vendió a la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT) la totalidad de la bolsa de terreno situada tras la playa en junio de 1998 por 33 millones de €. 24 horas después el TSJC reconocía derechos edificatorios en el frente de la playa producto de un litigio anterior, lo que automáticamente revalorizaba el espacio. ¿Se filtró la sentencia del TSJC y por tanto se precipitó la venta? ¿Quién la filtró? En el año 2001 en plena tramitación del convenio urbanístico, el Ayuntamiento de Santa Cruz compra una parte de los terrenos, el frente de la playa, por el módico precio de 52,4 millones de € a la sociedad ILT y modifica la calificación de los terrenos aledaños transformándolos en residenciales. Éstos serían vendidos a la división inmobiliaria de la aseguradora Mapfre de la que era consejero uno de los propietarios de ILT. La venta se realiza por un valor de 90 millones de €. ¿Cuáles son los argumentos para que el Ayuntamiento recalificara los terrenos posteriores al frente de la playa? ¿Se trató de una recalificación a la carta? ¿Fue una coincidencia que ILT vendiera los terrenos a la inmobiliaria de Mapfre siendo uno de sus consejeros copropietario de aquélla sociedad? (Ignacio González participa con Mapfre en la sociedad que urbaniza la trasera de la playa. Diario de Avisos. 08.02.08. En Revista San Borondón).

2- Conflictos de interés
¿Es legítimo que la entidad financiera más importante de la provincia de S/C de Tfe concediera un préstamo por valor de 33 millones de € a ILT, en la que uno de sus cofundadores era vicepresidente del comité ejecutivo de CajaCanarias? ¿Se actuaba bajo estrictos criterios de gestión económica cuando se concedió el préstamo a una persona (administrador de la sociedad) cuya nómina era de poco más de 700€ mensuales, en un tiempo récord de 48 horas, sin que aún existiera legalmente la sociedad, creada 24 horas después, y aportando como único aval los terrenos objeto de la operación y no el patrimonio de los empresarios solicitantes del crédito?

3- CajaCanarias, el brazo económico del poder político
Una de las iniciativas puestas en marcha durante esta crisis, enmarcada en esa corriente general de privatizaciones masivas, ha sido desmantelar la figura de las Cajas de Ahorros. Numerosos pretextos se han aportado. Todos dirigidos a desprestigiar su papel en nuestra sociedad, sobre todo como elemento vertebrador local por la imprescindible acción social que han efectuado desde sus orígenes. Uno de los argumentos esgrimidos ha sido la de ser entidades excesivamente politizadas. ¿Es coherente dinamitar la estructura de las Cajas bajo un argumento político de esta categoría cuando en muchos casos se ha demostrado una connivencia evidente entre el poder económico y el político? ¿Es realmente ineficiente el modelo de las Cajas o es la irresponsabilidad de sus consejeros, políticos o no, derivadas de participar en el festín inmobiliario, los que han usado a su antojo y con escaso rigor económico estas entidades?. El préstamo concedido a ILT, auspiciado por la mayoría del consejo de administración de CajaCanarias provocó que el Banco de España abriera un expediente a la entidad y una posterior sanción en firme por infringir la normativa. Según la máxima autoridad bancaria en España, en la operación se han utilizado unos parámetros en los que han primado consideraciones de tipo comercial y socio político sobre criterios técnicos de ponderación de los riesgos soportados y beneficio esperado, habiendo incurrido por ello en prácticas financieras poco adecuadas…(Jaime Caruana, entoces director del Banco de España. Préstamos con aval político. Canarias 7. 25.01.08) ¿Existen responsabilidades penales de los administradores y de la dirección de CajaCanarias en todo el proceso de Las Teresitas?

4- Tasaciones sobrevaloradas y otras que se rechazaron
En la base de la burbuja inmobiliaria de estos años figura la frenética actividad de agentes como las tasadoras que inflaban las valoraciones de los terrenos objeto de compra-venta. Acción que beneficiaba a toda la cadena de agentes que participaban en ese proceso económico; banca, promotores inmobiliarios, instituciones públicas, notarios….Según ha trascendido existieron distintas valoraciones realizadas por diferentes tasadoras (Tinsa y Sociedad de Tasación), todas ellas por un importe muy elevado salvo la realizada por la arquitecta municipal, Pía Oramas. Ésta establecía una valoración muy inferior a las anteriores y sin embargo fue rechazada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamento de Santa Cruz. Además de la valoración de Pía Oramas existían otras dos valoraciones más en poder del Ayuntamiento, las realizadas por la Universidad Carlos III y el gabinete Pool Guest, que coincidían con el valor proporcionado por la arquitecta municipal. ¿Cuáles fueron las razones que justificarían haber rechazado estas valoraciones? ¿Por qué se encargaron valoraciones adicionales a Tinsa y a la Sociedad de Tasación cuando el Ayuntamiento ya disponía de tres informes que además coincidían? ¿Tuvo algo que ver CajaCanarias en la decisión de dar por buena la valoración que efectuaban estas tasadoras? ¿Qué responsabilidad se puede exigir a las tasadoras que efectuaron las valoraciones que finalmente contribuyeron a fijar el precio de la operación, por realizar una valoración a todas luces incorrecta al obviar la moratoria turística y los deslindes?.

5- El dominio público y la moratoria turística
En 2001, el año cuando se adquirieron las parcelas por parte del Ayuntamiento, estaba vigente la delimitación de costas del año 61 que abarcaba hasta el vial que recorre la playa. Esta delimitación imposibilitaba a los nuevos propietarios de los terrenos promover actuación residencial u hotelera alguna porque estarían sobre dominio público. Cualquier construcción violaría la condición pública del terreno. Con posterioridad salió a la luz que el deslinde del 61 no era el que debería aplicarse sino el delimitado por la ley de costas del año 88 que es el que salió a información pública y por tanto de aplicación. Pues bien, independientemente de aplicarse éste o aquél deslinde, el caso es que con la ley de costas del 88 también existía afección sobre las parcelas del frente de la playa, negando cualquier propiedad que no fuera la estatal. ¿Sabía el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que estas parcelas eran de titularidad pública cuando optó por adquirirlas a ILT?. Para más inri, la compra de los terrenos por parte del consistorio se realizó después de la aprobación por parte del Parlamento de Canarias de la moratoria turística, que hipotéticamente limitaba los aprovechamientos urbanísticos en este enclave. (Gran parte de las parcelas ya eran públicas. La Opinión. 26.01.2008). Aún desconociendo la aplicación de los deslindes de costas, caso de flagrante incompetencia, ¿Por qué efectuó la compra el Ayuntamiento al conocer la Ley de Directrices según la cual entraría en vigor el primer decreto de la moratoria dictada por el Parlamento canario que limitaría las plazas hoteleras? (Un nuevo peritaje encargado por el TSJC fijó en 15 millones el precio del frente de la playa. Diario de Avisos. 29.01 2008).

6- La Junta de Compensación de la playa de Las Teresitas
En la política canaria el nivel de sorpresa es mayúsculo y no tiene parangón alguno. En todo este cambalache hay que tener presente también que la Junta de Compensación de la Playa cedió al consistorio tinerfeño de forma gratuita los terrenos que luego fueron comprados por éste. Así parece deducirse en virtud de un convenio urbanístico firmado en 1986 con Manuel Hermoso de alcalde de la capital. Según este convenio la Junta de Compensación habría cedido al consistorio capitalino los terrenos con destino a uso público de la playa (La Junta cedio gratis al Ayuntamiento de S/C de Tfe lo que Zerolo compró por 52 millones. La Provincia. 28.01.2008). Por tanto parece deducirse que el Ayuntamiento compró unas parcelas que ya eran propiedad del Ayuntamiento. ¿Sabía esto el Consistorio?

7- Mauricio Hayek, ese oscuro y esencial secundario
Las investigaciones apuntan a que este personaje de la trama desvió una suma importante de dinero hacia paraísos fiscales. La opacidad con la que trabajan estas entidades han obstaculizado las investigaciones, una muestra adicional de que la erradicación de los paraísos fiscales es una tarea imprescindible y desafortunadamente aún pendiente para la construcción de una sociedad más transparente. De las informaciones se desprende que el abogado que supuestamente defendía los intereses de la Junta de Compensación, tarea por la que cobraba, también recibió comisiones por parte de los interesados en que los terrenos se vendieran, en este caso ILT. Además, según parece, carecía de facultades jurídicas para autorizar la venta de los terrenos a la sociedad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de este siniestro personaje en toda la operación?. Las investigaciones apuntan a que Hayek también era propietario de algunos de los terrenos objeto de la operación. (El abogado Hayek, la X de Las Teresitas. La Provincia. 31.01.08). Un secundario esencial en esta trama capaz de asumir una triple personalidad puesto que fue capaz de recibir ingentes cantidades de dinero desde todos los frentes posibles; como propietario 2,3 millones de €, como abogado de la Junta, 240.000€ y como asesor de ILT, 1,2 millones de €.

8- Cisma en el núcleo de poder del PSOE de Santa Cruz
El convenio urbanístico de Santa Cruz que afectaba a los terrenos de la playa de Las Teresitas sufrió una tramitación no exenta de polémica. Con una amplia contestación en la calle, el Ayuntamiento optó por comprar el frente de la playa después de que todas las fuerzas políticas que integraban el Ayuntamiento votaran por unanimidad a favor de la compra en pleno municipal. Ninguna de las formaciones quiso perder la presunta bandera de salvadores de la playa, lo que demuestra un comportamiento electoralista. En esa votación, Santiago Pérez, entonces secretario insular del PSOE, ordenó a sus cuatro concejales, con Emilio Fresco como lider, que votaran en contra o bien se abstuviesen por considerar que la operación lesionaba los intereses de los ciudadanos de Santa Cruz. Nadie le hizo caso. Fue el inicio de un continuo enfrentamiento entre Pérez y Zerolo del que los medios de comunicación han dado cuenta detallada. ¿No es esa unánime votación una prueba de cargo de que en Canarias las políticas de los tres grandes partidos no se distinguen en lo más mínimo? ¿Es coherente que el grupo político que ocupaba la oposición en el Ayuntamiento, votara en la misma dirección que el gobierno en un asunto de vital importancia para los ciudadanos de Santa Cruz? ¿Fue ese pleno la causa primera de la escisión interna del PSOE de Tenerife y que culminó en el presente año con la suspención de las ejecutivas insular y de Santa Cruz de Tenerife de los socialistas, ambas próximas a Santiago Pérez?

9- Presunta financiación ilegal del CCN, un caso relacionado
A consecuencia de un registro policial en el 2007 en un piso propiedad de uno de los empresarios copropietarios de ILT, la policía encontró documentación importante que implican al CCN en una presunta trama de financiación ilegal. La documentación encontrada versaba sobre la contabilidad de la formación política. Las investigaciones, al parecer muy avanzadas, han demostrado un gasto excesivo de la citada formación en la precampaña de las autonómicas del 2007 (La policía destapa que el CCN gastó 5,1 millones en la campaña de 2007. La Provincia. 08.07.2011). ¿Es casual que el contable del CCN sea el hombre que solicitó el crédito a CajaCanarias que permitió a ILT comprar las parcelas a la Junta de Compensación? ¿Existe relación, más allá del parentezco de sus responsables entre la sociedad ILT, la venta de los terrenos de la playa y el CCN? Más concretamente ¿Hasta qué punto está relacionada la trama de Las Teresitas con la presunta financiación ilegal del CCN?.


10- Anulación de la compraventa del frente de la playa
En el año 2007, el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa de los terrenos del frente de la playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz como consecuencia de una denuncia del colectivo ecologista El Rincón. Asociación que fue la que presentó el recurso administrativo ante el Tribunal Supremo por considerar ilegal la compraventa de los terrenos de la playa (El Supremo anula la compraventa de Las Teresitas hecha por Zerolo en 2001. La Opinión. 12.05.07). En el año 2010 el Supremo se ratificó en su decisión lo que automáticamente declaraba nula de pleno derecho dicha operación (El Supremo anula definitivamente la compraventa del frente de la playa. Diario de Avisos. 27.04.2010). ¿Por qué no se han recuperado los 52,4 millones de € que el Ayuntamiento pagó en el 2001 a ILT por la compra del frente de la playa? Esta es la gran pregunta hasta el momento y que ninguna de las grandes fuerzas políticas que conforman el Consistorio parecen querer contestar aunque se utilice de forma electoralista reiteradamente. El hecho de que fuese un colectivo ecologista el que cursó el recurso administrativo ante la máxima autoridad jurídica ¿No es otra prueba del envilecimiento al que han llegado los tres partidos mayoritarios en Canarias que no fueron capaces de llevar a cabo iniciativas en este sentido? La nulidad de la operación ¿No es suficiente prueba para que todo el equipo de gobierno que refrendó la compra en aquel pleno municipal de 2001, con el alcalde de Santa Cruz a la cabeza, dimitiera en bloque en ese momento de todas sus funciones?. Un nuevo consenso unánime de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Santa Cruz para recuperar los 52,4 millones de € fue refrendado el pasado día 26 de julio en pleno municipal (Aprueban recuperar los fondos invertidos en Las Teresitas. La Opinión. 25.07.2011). Veremos si esta muestra de consenso se manifiesta en una acción decidida por parte del Consistorio para recuperar dicha cantidad o bien se convierte, como tantas otras cuestiones por el paso del tiempo y la burocracia interna de las instituciones, en una nueva muestra de irresponsabilidad organizada.

Un desenlace frustrante
Estas y muchas otras preguntas se suceden en un caso complejo e interminable. No obstante, nos aventuramos a pronosticar un desenlace del caso que contendrá altas dosis de frustración. Por otros casos similares que se han producido en el insondable universo de las recalificaciones urbanísticas sabemos que, en España, las penas relacionadas por delitos urbanísticos son muy laxas. El delito de prevaricación no implica pena de cárcel, sí de inhabilitación para cargo público. En cuanto a la malversación la pena de prisión va desde los 4 a los 8 años y de 10 a 20 de inhabilitación. Las penas por cohecho van en la misma línea y la financiación ilegal de partidos ni siquiera es delito. Por otro lado, la reciente designación del ex alcalde de la capital tinerfeña, principal imputado en la trama, como senador por CC apunta a que el caso se dilatará aún más en el tiempo y exigirá la intervención del Tribunal Supremo por el fuero que le protege. Somos muy respetuosos con la presunción de inocencia pero también tenemos claro que mantener en cargos públicos a personajes imputados en causas, es como mínimo, reprobable. Todas las estrategias de dilación de las que se benefician estos privilegiados señores son una clara muestra de que nadie asume responsabilidades y suponen una tergiversación del fuero, de la propia presunción de inocencia y en último término de la justicia.

Breve epílogo
En el tintero quedan muchos otros despropósitos como por ejemplo que ILT se ahorrara, presuntamente, más de 5 millones de € en el pago de impuestos en el ejercicio 2001 al acogerse a la RIC de forma indebida. El ensordecedor silencio que mantuvo parte de la prensa tinerfeña ante el levantamiento del secreto de sumario por parte de sus responsables judiciales…De la aplicación de todo el peso de la ley sobre aquéllos cuyas actuaciones se demuestren constitutivas de delito y de garantizar la independencia de la esfera política respecto de la económica dependerá que dejemos atrás esta época de miserias político-económicas y envilecimiento democrático para abrazar una nueva era donde se respeten los límites, no solo desde el punto de vista ético, también desde la perspectiva económica, la ambiental y la política. Lo contrario es continuar enfangados en la mierda sin que quienes tengan que rendir cuentas lo hagan, degradando cada vez más el término de responsabilidad política y con él una sociedad construida sobre verdaderos valores democráticos.

Imagen 1: La playa de Las Teresitas
Imagen 2: Antonio Plasencia, Ignacio Glez y Miguel Zerolo. Algunos de los protagonistas de esta historia. En La Opinión.
Imagen 3: La playa hacia 1930. En el blog Nuestra isla: Tenerife