domingo, 26 de abril de 2015

Informes técnicos: una herramienta al servicio de la tecnocracia


Hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que en España no es habitual que antes de emprender una obra pública se reflexione sobre ella, sobre los costes y beneficios. Sobre eso que llaman vertebración del territorio, que por otra parte me suena a naftalina franquista... pero bueno, comprometer miles de millones de euros y que no hagas un análisis coste-beneficio y lo compares con otras alternativas de transporte es una barbaridad.  


En una viñeta visionaria de El Roto, publicada en febrero del año 97, dos personas, que podrían ser dos políticos, hablan alrededor de una mesa. El que está sentado a la izquierda le dice al otro: el tema es muy complicado, necesitamos la opinión de un experto. A lo que le responde el de la derecha: de acuerdo, ¿a favor o en contra?.

Nos ha venido a la mente esta viñeta después de leer una noticia en la que se indica que un informe elaborado por un grupo de expertos, a petición del Cabildo de Tenerife, advierte de que el Aeropuerto Tenerife Sur está saturado y urge su ampliación. Según esta noticia, el informe concluye que ante la ausencia de espacio y servicios y el crecimiento del número de usuarios, es preciso poner en funcionamiento la segunda terminal del aeropuerto, ya construida, crear un nuevo edificio con este mismo fin e incrementar el campo de vuelo con la construcción de la segunda pista.

Estas son viejas demandas del Cabildo y del aparato empresarial tinerfeño, que hábilmente ha logrado influir en las decisiones de inversión de la máxima institución de la isla picuda. De lo contrario, no se entiende que obras tan caras e impactantes medioambientalmente como el puerto de Granadilla, las diferentes fases del anillo insular o determinados puertos deportivos, hayan salido adelante a pesar de la crisis, de la ausencia de una justificación solvente de su necesidad, y de la manifiesta existencia de otras exigencias sociales de mucha mayor urgencia.

Ampliación de la Terminal del Aeropuerto Tenerife Sur
Tal como indica el profesor Javier Díaz-Giménez en un reportaje sobre el AVE, en España no es nada común reflexionar y pensar sobre la idoneidad de determinadas obras públicas antes de acometerlas. En Canarias conocemos muy bien esta carencia que intenta apuntalarse con apelaciones más o menos directas a un concepto de progreso muy discutible. También, como es el caso, con informes ad hoc, sesgados desde el punto de vista economicista y que dejan fuera del análisis determinadas preguntas cuya no formulación es gravísima. Con ello estos informes se convierten en instrumentos al servicio de la tecnocracia económica y política.

Es penoso que después de una crisis como la que estamos sufriendo, en cuya base se encuentra una burbuja inmobiliaria y de infraestructuras que ha orientado de forma perversa los caudales públicos hacia el enriquecimiento de unos pocos, se sigan utilizando estas estrategias. Estos proyectos de gran presupuesto y afección ambiental grave, máxime en un territorio limitado como el Archipiélago, requieren de un consenso muchísimo más amplio que la simple aquiescencia de una parte pequeña pero muy influyente del empresariado canario. De hecho, este modo de proceder está muy vinculado a determinadas prácticas corruptas, que explican la supervivencia de este tipo de proyectos, dejando en mal lugar la calidad de la democracia que padecemos.

Urge un debate, lo más amplio e interdisciplinar posible sobre la viabilidad, desde el punto de vista económico, social y ambiental, de la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur. ¿Queremos atraer a un mayor volumen de turistas o trabajar para que los que llegan en la actualidad, que ya son muchos, gasten más y mejor? ¿Es necesaria una tercera pista en Tenerife cuando existen otras necesidades sociales urgentes? ¿Qué pasa con la capacidad de carga del territorio si abrimos otra vía de entrada a la Isla? Hacen falta menos informes técnicos sesgados e involucrar más a la ciudadanía en una discusión pública y honesta sobre estos asuntos.

El Cabildo, como máximo garante de las necesidades de los ciudadanos tinerfeños, debería ser la institución que defendiera este enfoque de la obra pública. Pero los hechos revelan que lejos de estar preocupado por las necesidades de la gente común, le importa más satisfacer las necesidades de un parte del empresariado canario. Una injusticia que demuestra que no se gobierna para el pueblo sino para un sector muy concreto de este.

miércoles, 22 de abril de 2015

Oleg Naydenov, segundo aviso


El hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov, a unas quince millas de la costa sur de Gran Canaria, es el segundo aviso que reciben las Islas en relación a las consecuencias que podría tener un vertido de hidrocarburos sobre el territorio canario. El primero fue el derrame de fuel producido en la playa de El Cabrón, también en Gran Canaria, el pasado 16 de julio de 2014. Con todo el asunto de las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura, pensamos, con razón, que un posible vertido vendría por esa vía. Y quizás, nos olvidamos de situar el foco de atención con igual intensidad sobre otras prácticas que también implican un riesgo enorme y permanente de vertido.

Es el caso del tráfico de buques contenedores que navegan a diario entre Tenerife y Gran Canaria o entre la isla redonda y Fuerteventura (casi 6.000 en 2013); o las tareas de carga y descarga de hidrocarburos que se hacen, a menudo y sin posibilidad de detección, en aguas cercanas al Archipiélago con buques gasolineras; o las actividades de reparación, limpieza o desguace de barcos que se efectúan en los mismos puertos canarios; o el mero transporte, carga y descarga en las Islas del petróleo que tratamos para consumo interno. Todas ellas prácticas propias de una sociedad que basa su supervivencia y progreso en la quema de combustibles fósiles, pero a las que no se les presta un seguimiento y un control más preciso. Algo impropio de una sociedad que vive de sus virtudes paisajísticas. Quizás, si Canarias avanzara hacia una sociedad asentada sobre renovables esos riesgos podrían (solo podrían) ser menores. Pero en todo caso parece que no hay suficientes controles, seguimientos o garantías, dados los errores cometidos en el caso del hundimiento del arrastrero ruso.

Mancha del 'Oleg Naydenov' vista desde el espacio. (EUROPA PRESS)

En septiembre de 2013, en relación a un hipotético vertido derivado de las prospecciones frente a las Islas orientales, nos preguntábamos sobre los planes de contingencia que el gobierno de Canarias tendría preparado para prevenir un hipotético derrame de crudo. Nos cuestionamos también cuáles serían las estrategias a aplicar para minimizar el impacto ambiental en caso de accidente grave. Y, más aún, si estaban claros los protocolos de coordinación entre las administraciones locales y centrales para reaccionar con garantías frente a un derrame de hidrocarburos. Y si algo ha quedado claro con estos dos avisos, es que la capacidad de reacción y de coordinación de las Administraciones no solo es limitada sino que, además, es totalmente insuficiente para afrontar sus consecuencias, pudiendo agravarlas de forma irreversible. Y si hay descoordinación es probable que sea compleja la posibilidad de combatir y evitar que se repitan catástrofes como las ocurridas, y con ello lo más importante, asignar responsabilidades.

Una vez más hay que lamentar perjuicios ambientales puesto que el hundimiento se ha producido en una zona de alto valor ecológico. Pérdidas irreversibles donde la biodiversidad se verá seriamente dañada porque la zona es un corredor migratorio para multitud de cetáceos y aves marinas. Pero al fin y al cabo daños accidentales en una guerra, la de la búsqueda y explotación de combustibles fósiles, que se libra a diario y de la que Canarias no es ajena. Ni al Gobierno autonómico ni al central parecen preocuparles demasiado estas pérdidas siempre y cuando no se vea afectado el sacrosanto sector turístico. Y este es otro gran problema, considerar el deterioro medioambiental como daños colaterales es reconocer y aceptar de antemano una distribución desigual de los quebrantos que conlleva un sistema económico como el actual, donde se carga a la naturaleza con los costes necesarios para su funcionamiento.

lunes, 20 de abril de 2015

Arquitecturas del tráfico en Canarias (III)


El conjunto de actuaciones que se presentan responden a una mejora, sin duda necesaria, pero a la vez totalmente insuficiente para proyectar una respuesta a los problemas de congestión de la autopista TF-5.


Aquí, aquí y aquí, hemos tratado de mostrar con argumentos por qué las actuaciones previstas por el Cabildo de Tenerife para resolver los atascos continuos que se forman en la TF5 desde hace décadas (sí, décadas), no solo son insuficientes sino que contribuyen a generar más volumen de tráfico y, por tanto, más retenciones. El error es que todas las actuaciones intentan acoger un volumen de tráfico en continuo crecimiento, creando las infraestructuras necesarias para ello y sin poner límite al uso del vehículo privado. Ahora el Gobierno de Canarias ha reconocido que dichas actuaciones son insuficientes para resolver la problemática. Sin embargo, hasta el momento no ha optado por paralizar los planes previstos por el Cabildo de Tenerife. ¿Por qué?.

Parece sorprendente que aún admitiendo la ineptitud de dichas intervenciones para solucionar las colas de la TF5, el Gobierno de Canarias no opte, al menos, por exigir al Cabildo de la isla paralizar dichas actuaciones y reclamar o aportar soluciones reales. Competencia para ello tiene y ese debe ser su cometido. Pero en plena crisis económica y social parece que se sigue practicando aquello del despilfarro público sin que pase nada, a pesar de la gran cantidad de necesidades sociales pendientes de satisfacer en la Isla. Una práctica que no extraña cuando desde determinados púlpitos mediáticos se continúa defendiendo actuaciones tan derrochadoras económicamente y tan agresivas ambientalmente como el AVE.

TF5 a la altura de Ofra. Fotos aéreas de Canarias.
La propuesta que el Gobierno autonómico considera más adecuada para resolver los embotellamientos de la TF5 es más destructora del territorio si cabe. Plantea que se ejecuten las infraestructuras previstas en el Planeamiento insular, a saber, la Vía de Cornisa y la Vía Exterior. Recordemos que la denominada Vía Exterior es una carretera que permitirá enlazar la zona del aeropuerto de Tenerife Norte con el Sur de la Isla a la altura del Chorrillo, transformando las últimas parcelas de mayor calidad agrícola de la isla en cemento y hormigón. Por su parte, la Vía de Cornisa es una infraestructura que comenzaría a la altura del barranco de Tahodio y desembocaría en la actual Vía de Ronda a través de un trazado que discurrirá, en su mayor parte, bajo tierra.

Si las propuestas del Cabildo son insuficientes para resolver el problema de los atascos en la TF5, las del Gobierno de Canarias son plenamente inútiles, pero a la vez muy convenientes para garantizar la supervivencia de un modelo económico basado en la construcción y las infraestructuras. Más de lo mismo. Así, la acción del Cabildo y la del Gobierno autonómico se refuerzan mutuamente para generar una nueva vuelta de tuerca a un modelo económico que ha demostrado sobradamente su fracaso estrepitoso en términos económicos, sociales y ambientales. Las clases políticas que aún creen en estas estrategias para resolver problemas como los detectados y, más aún, para salir de la crisis, están tan obsoletas como los planteamientos que defienden.

Lo peor es que estas actuaciones tienen sustento jurídico y político en los propios planes insulares. Por eso es urgente pensar y actuar de otra manera desde el propio planeamiento insular. Es preciso articular los elementos políticos, económicos y ambientales a través de procesos de ordenamiento territorial que limiten los usos del suelo conforme a la capacidad de carga de cada territorio, de acuerdo con la sensibilidad de los ecosistemas que albergan, protegiendo la biodiversidad que atesoran y, sobre todo, sometiendo a discusión pública, directa y democrática su aprobación. El territorio y la naturaleza pasarían, así, a ser sujetos de derechos y no meros instrumentos de explotación y saqueo. Pero ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias parecen estar preocupados por esto. ¿Lo están los otros partidos aspirantes a gobernar Canarias a nivel municipal y autonómico?