El hexágono de la inmovilidad

A lo largo de los últimos veinte años se ha ido imponiendo la evidencia de que el transporte constituye el verdadero "núcleo duro" de la crisis ecológica. (…) No hay ninguna otra actividad humana cuya influencia sobre el entorno presente la combinación de gravedad y multiplicidad de afecciones que caracteriza al transporte. 

 Contra transporte, cercanía. Antonio Estevan. 1994. 

Los siguientes hechos que vamos a enumerar conforman los vértices de uno de los principales problemas de Tenerife y, por extensión, de Canarias puesto que se aplica el mismo esquema de pensamiento; el de la movilidad/accesibilidad. Una problemática contra la que los responsables políticos de nuestra sociedad, no solo no han hecho nada para solucionarla, sino que han contribuido a su agravamiento en detrimento de los ciudadanos de las islas, el privilegiado territorio que tenemos y las exiguas arcas del sector público canario:

1º- En las últimos dos décadas, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han apostado por construir la vía de Ronda en La Laguna, las sucesivas ampliaciones y acondicionamientos de la autopista del norte TF-5, el tercer carril de la TF-1 hasta Güimar, la ampliación de la autopista de interconexión norte-sur o TF-2, el avance del anillo insular en sus diferentes tramos, la vía litoral actualmente en construcción en la capital tinerfeña, el soterramiento de la circulación en la Avenida 3 de Mayo y su acondicionamiento superior para albergar más tráfico de entrada y salida a la capital, la proyectada vía Exterior que uniría Guamasa con la TF-1 por el Sobradillo, etc. Primer vértice; el Cabildo de Tenerife ha apostado por la construcción de infraestructuras de alta capacidad para contener un parque de automóviles en continuo crecimiento, lo que ha incentivado más si cabe el uso del vehículo privado. Sin embargo, los atascos continúan.

2º- Recientemente hemos conocido que la isla de Tenerife presenta una cifra de 804 vehículos por cada mil habitantes. Un indicador que sitúa a la isla por encima de la media que presenta Canarias (789), también muy alta, y de la media nacional (648). Cuando comparamos estas cifras con los enclaves más motorizados del mundo como Gibraltar (744,8), Mónaco (740,6) o Luxemburgo (680,1) entendemos la verdadera dimensión del problema. Segundo vértice del hexágono; Tenerife y por extensión Canarias está entre las zonas con mayor uso del vehículo privado en desplazamientos. Cuando el vehículo privado lo inunda todo el incentivo a tomar otros modos de transporte para desplazarse son inexistentes.

3º- Hace unos meses TITSA publicó su memoria de actividad para el año 2011. El documento certificaba la pérdida de un 23% de usuarios en las conexiones por guagua entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife respecto al 2007. La situación para toda la isla de Tenerife es aún más dramática. Respecto al 2007 la entidad pública ha perdido un total de 10 millones de viajeros. Respecto al 2004, la friolera de 14,7 millones de viajeros. Unas cifras que muestran dos cuestiones; una, que el transporte público a través de la guagua pierde pasajeros a ritmos acelerados; dos, que las instituciones públicas prefieren incentivar el desplazamiento por medio de otros modos de transporte. Este es el tercer vértice del hexágono de la inmovilidad, la debacle interesada de TITSA.

No Incineración Tenerife

4º- En el 2007 se inauguró la primera línea del Tranvía que une las principales ciudades de la zona metropolitana de Tenerife, La Laguna y Santa Cruz. Alguna concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife declaró el 2007 como año de la movilidad. Años después hemos visto que la pérdida del 23% en los usuarios de TITSA que viajan entre los puntos mencionados han sido absorbidos por el tranvía. Cuarto vértice del hexágono de la inmovilidad; desde el Cabildo de Tenerife se promueven modos de transporte de carácter público financiados con dinero público que terminan compitiendo entre sí en lugar de hacerlo con el vehículo privado, y consumiendo nuevo territorio en lugar de utilizar las infraestructuras por donde discurre el automóvil.

5º- Desde hace unos años, la propuesta de nuestras autoridades para superar esta situación ya no consiste en proyectar más autopistas. Ahora pretenden construir una línea ferroviaria de alta velocidad que conectaría las zonas norte y sur de la isla de Tenerife a través de un trazado paralelo a la actual autopista. Una propuesta similar existe en Gran Canaria. Ambas iniciativas han sido convenientemente dotadas de una sutil pátina pseudoecologista utilizando torticeramente las bondades ambientales de un modo de transporte como el tren, al objeto de ocultar la verdadera realidad que suponen ambos proyectos; más consumo de un territorio limitado, mayor dependencia de combustibles fósiles y la reactivación del sector de la construcción de infraestructuras en las islas. La inversión prevista en estos proyectos está cuantificada en unos 2.000 millones de € cada uno, lo que ha provocado que estos planes, dada la grave situación de crisis, se encuentren hibernando en los cajones de sus promotores políticos, aunque continúen adelante administrativamente. En Tenerife, por ejemplo, el Plan Especial de Ordenación del Sur está actualmente en información pública para que los vecinos de más de 20 núcleos urbanos puedan presentar sus alegaciones ante el ruido que generaría el proyecto. Quinto vértice de ese imaginario hexágono de la inmovilidad; se proponen soluciones que no lo son y que además suponen una huida hacia delante en términos económicos, ambientales y sociales. En Tenerife dicho proyecto tardaría 24 años en ser rentable.

6º- El boom inmobiliario y la construcción de infraestructuras son dos caras de la misma moneda. Ambas dinámicas se han alimentado mutuamente generando nuevos desarrollos urbanos, entronizando el urbanismo difuso y las zonas monofuncionales. En Tenerife (hay ejemplos en toda Canarias) son paradigmáticas las zonas comerciales construidas a las afueras de La Laguna o La Orotava, los polígonos industriales, algunas zonas universitarias, zonas residenciales, etc. El urbanismo difuso y las zonas urbanas segregadas del resto de los núcleos urbanos conforman el sexto vértice del hexágono. La consolidación de la dispersión urbanística consume un territorio limitado e incentiva los desplazamientos en automóvil.

Para el caso nacional, Paco Segura, excoordinador de transportes de Ecologistas en Acción, diagnostica un cuadro agudo de hipermovilidad motorizada, que se retroalimenta con una fuerte hipertrofia de infraestructuras y se complica con una dispersión urbanística notable. Una lectura totalmente aplicable para el caso de Tenerife y también para Canarias pero agravado si tenemos en cuenta que se trata de un territorio limitado, con menor capacidad de asimilación de dichos impactos y con consecuencias que pueden afectar a su principal fuente de ingresos; el turismo.

De esta deriva hacia la inmovilidad, se ha beneficiado un selecto grupo de agentes. Son los que conforman el sector de la construcción de infraestructuras, la industria del automóvil, la de los combustibles fósiles y el sector inmobiliario. Al pensar el escenario en el que estamos, cabe preguntarse si hay incompetencia por parte de la clase política a la hora de manejar una situación que evoluciona hacia el colapso o, simplemente, connivencia con cada uno de los prebostes de los sectores mencionados.

Nosotros siempre hemos creído que lo segundo, puesto que el conocimiento para enmendar esta situación insostenible existe, es barato y además aplicable en el corto plazo. Si no hay que inventar nada, si las alternativas existen, solo resta pensar que no se aplican por falta de voluntad política. Y es en este punto donde entran en juego los enormes intereses económicos a favor de la permanencia del actual modelo de movilidad, basado en el vehículo privado, así como la gran influencia de aquellos agentes sobre los decisores políticos. Ambas fuerzas boicotean cualquier posibilidad de cambio hacia patrones de movilidad sustentados en valores ecológicos, económicos, sociales y, en suma, democráticos. Por tanto existen alternativas pero su puesta en práctica requiere de la presión ciudadana:

i. Reducción de la velocidad máxima del transporte privado.
ii. Segregación de las vías por donde discurre el transporte público y el privado.
iii. Políticas destinadas a disuadir el uso del vehículo privado y contra su glorificación publicitaria.
iv. Potenciar el uso de vehículos colectivos eléctricos impulsados por energías renovables.
v. Potenciar la complementariedad y no la competencia entre modos de transporte públicos.
vi. Moratoria en la construcción de infraestructuras que alberguen automóviles.
vii. Políticas de creación de proximidad y cercanía.
viii. Promover esquemas de autolimitación y de disminución del consumo de energía.
ix. Régimen Fiscal favorable al transporte colectivo y contra el vehículo privado.

El fantasma del cero energético

  
Margarita Ramos, consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, mantuvo el pasado 23 de octubre una reunión con altos ejecutivos de Red Eléctrica Española. En un receso del encuentro la consejera indicó que Canarias adolece de infraestructuras para el mantenimiento del sistema energético de las Islas. Presuntamente estas infraestructuras tendrían carácter estratégico para Canarias y facilitar su construcción o ampliación se consideraría urgente, de lo contrario, el riesgo de que se pudiera producir un cero energético en las islas es alto.

Declarar la prioridad de dichas instalaciones parece ser la única vía para presionar al gobierno central y hacerlas realidad según el Real Decreto-ley 13/2012 de 30 de marzo aprobado por el PP, que paraliza la inversión en infraestructuras. La necesidad de reparar determinadas infraestructuras eléctricas en las islas resulta evidente, toda vez que muchas de ellas se encuentran en estado deplorable y la tormenta Delta se encargó de demostrarlo. Además, la ausencia de mantenimiento en instalaciones como estaciones, torres o subestaciones, ha sido la causa última de algunos ceros energéticos producidos en el pasado. Por tanto, no cuestionamos que se deba invertir en la mejora de las instalaciones eléctricas ya existentes. Lo que resulta sospechoso es que en un receso de una reunión con personas de alta responsabilidad dentro de REE se aproveche para declarar a los medios la supuesta prioridad de dichas infraestructuras para Canarias sin aportar argumentos de peso.

Planificación de infraestructuras 2008 - 16 en Tenerife. REE

En su demanda parece que la consejera actúa como portavoz de la compañía en un doble sentido; por un lado, al exponer a la opinión pública canaria la presunta prioridad de tales infraestructuras en el archipiélago; por otro lado, al exigir al gobierno central que con independencia de la política de recortes del PP y de cuándo se apruebe la planificación energética estatal, estas infraestructuras serían prioritarias amparándose en el artículo 12 de la vigente Ley del Sector Eléctrico, que establece un tratamiento diferenciado para los sistemas extrapeninsulares.

Ante la ausencia de argumentos y datos claros, la consejera utiliza como justificación una socorrida estrategia en estos tiempos; la política del miedo basada en el fantasma del cero energético. Una estrategia que recuerda los apagones discontinuos que se aplicaron en Tenerife por parte de Unelco-Endesa para crear un clima de opinión favorable a la necesidad del tendido eléctrico de Vilaflor.

La sospecha es lícita y la preocupación es máxima por varias razones:

Primera: REE tiene en la actualidad diferentes proyectos en las islas que han levantado gran controversia entre la ciudadanía. Algunos de ellos se encuentran paralizados por la oposición ciudadana y la compañía estaría valorando alternativas. En el norte de Tenerife, por ejemplo, en la zona de Los Nateros, en La Matanza, estaba prevista la construcción de una subestación eléctrica en un paraje de gran importancia agrícola y paisajística para el que REE estaría, presuntamente, buscando un trazado alternativo ante la oposición ciudadana. En Fuerteventura, REE pretende repotenciar la actual línea de 66 a 132 kv, lo que implicaría la instalación de más de 300 torres desde Corralejo a Matas Blancas. Un proyecto que también tendría gran afección paisajística. Jesús Giráldez habla de este proyecto en su blog La Pejiguera.

Segunda: La idoneidad o no de la construcción de una infraestructura radica en la valoración de su grado de necesidad. Una cuestión que no es baladí. ¿Bajo qué presupuestos se considera que la instalación de estas infraestructuras es urgente y prioritaria? ¿Existen alternativas? ¿Cuáles? ¿Quién toma la decisión de construir dichas infraestructuras? ¿El Gobierno, REE, los ciudadanos, todos los miembros de una comunidad? En los últimos tiempos, han sido el Gobierno y los agentes económicos los que toman dichas decisiones, dejando al margen valoraciones de otros colectivos que podrían enriquecer el debate y la calidad de las decisiones finalmente tomadas. En esta ocasión no parece que vaya a ser diferente. Nada de esto se ha mencionado por parte de un gobierno que declara trabajar por y para los ciudadanos y el medio ambiente.

Tercera: Cuando el gobierno de Canarias se reúne con colectivos ecologistas o asociaciones ambientalistas (con frecuencia escasa y normalmente a petición de estas últimas), nunca denuncia la pérdida de biodiversidad del territorio canario, la contaminación del aire o el deterioro de sus ecosistemas al término de dichas reuniones. Y mucho menos pone en práctica medidas para mitigar dichas afecciones.

Cuarta: Uno de los pocos argumentos que tímidamente ha expuesto la consejera es que un hipotético incremento de la demanda de energía durante el invierno podría ser el causante del desabastecimiento energético. Sin embargo, la profunda crisis económica, el elevado nivel de desempleo en las islas y un sector de la construcción en horas bajas apuntan a una reducción o, como mínimo, el mantenimiento del actual nivel de actividad económica, lo que tendría un efecto similar en la demanda de energía en las islas. No parece que el volumen de demanda de energía se comporte al alza durante el próximo invierno salvo que llegue a Canarias un temporal de frío extremo. El consumo de energía eléctrica está en retroceso desde el año 2008 tal y como indican las estadísticas del ISTAC.

Quinta: REE es una empresa con capital privado y público, y dispone de un alto grado de llegada (influencia) al gobierno central. No necesita acudir a gobiernos regionales que presionen como intermediarios al ejecutivo central. Por si fuera poco el tándem CC-PSOE que gobierna en las islas no facilita dicha cuestión, máxime ante el enconamiento en las relaciones entre el titular del Ministerio de Industria y el presidente del gobierno de Canarias.

Nos da la sensación de que en los próximos meses se oirá hablar y mucho del riesgo de cero energético en las islas y muy poco de datos contundentes que avalen dicha tesis.

Crónica de un atraco perfecto

-Mañana vamos a aprobar...

Rehn, algo ensimismado, se da la vuelta para mirar la cara de De Guindos, y vuelve a escuchar de costado. 

-...la reforma del mercado laboral. Veréis que va a ser extremadamente, extremadamente, agresiva...

Rehn asiente con la cabeza

De Guindos prosigue:

-Usted sabe, va a tener un montón de flexibilidad en la negociación colectiva, reducimos los pagos por indemnización de despido, ya verá, ya verá, es una modificación real...

-Okay, eso sería estupendo. Muy bien.

Conversación entre De Guindos, Ministro de Economía español y Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios en la reunión del Eurogrupo del 09 de marzo de 2012. Pág. 178. 
Indecentes. Ernesto Ekaizer. 2012

Denunciar los efectos que las medidas de austeridad están ocasionando a los países de la UE, como ha hecho el FMI en su último informe, al mismo tiempo que es uno de los organismos internacionales más activos en promoverlas, es un ejercicio de cinismo absoluto. Una práctica solo comparable a la incapacidad que el FMI demostró para vislumbrar la crisis estructural que se avecinaba en el 2007. El informe Desempeño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica: la supervisión del FMI de 2004 a 2007 de la Oficina de Evaluación Independiente del organismo, publicado en el 2011, así lo demuestra. Recordemos que los rescates y las medidas de austeridad posteriores aplicados a Grecia, Portugal, Irlanda o España han sido promovidos por la denominada Troika que la forman el propio FMI, el BCE y la Comisión Europea.

En Indecentes, Crónica de un atraco perfecto, Ernesto Ekaizer, explica que el FMI estaba invalidado para detectar la irrupción de la presente crisis porque existe un paradigma económico que domina las redes de funcionamiento interno del organismo. Es el paradigma económico que tiene al mercado como institución máxima, capaz de asignar eficientemente los recursos de una economía, así como de generar unos precios de equilibrio que servirían de referencia. De ahí que sea la inflación la variable definitiva a controlar. Tanto que su control se ha convertido en un fin más que en un medio, obviando el deterioro de otros indicadores de la actividad económica en la tarea de pronosticar la irrupción de la crisis. Este paradigma económico es el que articula la corriente ortodoxa en la Ciencia Económica, para quien el sistema económico está siempre en equilibrio y cuando no lo está se reajustan automáticamente los precios para regresar al equilibrio. Cuanto mayor sea la libertad de funcionamiento del mercado, mayor será el bienestar que proporcionará. Un dogma que se ha extendido como una mancha de aceite no solo en organismos internacionales, también en el ámbito empresarial, en las academias de enseñanza y en la propia política.

Existieron y existen economistas que denunciaron la existencia de desequilibrios económicos que podían desembocar en una crisis sistémica de proporciones planetarias. Incluso dentro del FMI. También instituciones que ponían el acento en el riesgo que implicaba la relajación de las condiciones en la concesión de créditos, la ingeniería financiera, la financiarización de la economía, la desregulación a la libre circulación de capitales, el creciente aumento de las desigualdades, etc. Pero nadie, incluido el FMI, les hizo caso, prefirieron no escuchar y mirar para otro lado. Y este pensamiento endogámico, reacio a escuchar otras visiones y poco permeable a interpretaciones alternativas del comportamiento del sistema económico, se produce porque sus promotores y adeptos han obtenido y obtienen jugosos dividendos al mantenerlo. Ekaizer habla de los intereses creados. Cuando un conjunto de agentes se lucra al mantener un determinado escenario, no solo tendrán pocos incentivos en modificarlo, intentarán profundizar en ese estado de cosas y ocultar cualquier visión que suponga romper la inercia que les favorece. Ese grupo lo conforman los ganadores de esta crisis, los que la han causado y también los que la están manejando según sus necesidades.

En España también se silenciaron las visiones que auguraban la formación de una burbuja alrededor del sector inmobiliario y de la concesión de créditos. Las autoridades de los dos últimos gobiernos prefirieron ignorar las voces discrepantes y explotar los dividendos que en el corto plazo proporcionaba un sector inmobiliario en desmesurado crecimiento, nutrido por un flujo de crédito que provenía de las principales entidades financieras nacionales e internacionales. Con una economía creando empleo masivo, una recaudación fiscal que alimentaba un poderoso superávit público y un incremento de la riqueza patrimonial de muchas capas sociales, ni los políticos de turno, ni los reguladores, ni los bancos que proporcionaban el crédito iban a cortocircuitar esa inercia ganadora. Al contrario, crearon una entente cordiale que favorecía a todos. Otros serían los que sufrirían el deterioro ambiental de un modelo inmobiliario sin límites, unos precios de la vivienda sobrevalorados y una peligrosa dependencia de la economía española del crédito exterior.

Ekaizer realiza una certera crónica del contexto que ha propiciado y rodeado la presente crisis, desgranando interesantes declaraciones de los principales responsables políticos y económicos de nuestra sociedad en la última década. Desde la negación de la formación de la burbuja inmobiliaria por parte de Rodrigo Rato y Cristobal Montoro, por entonces Ministros de Economía y Hacienda, respectivamente, en la época de Aznar, a evitar cualquier alusión a los precios artificialmente altos de la vivienda por parte del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Sin olvidar la carta que los inspectores del Banco de España remitieron a Pedro Solbes en su etapa de Ministro de Economía. Una carta donde se distanciaban del pronóstico complaciente que hacía Jaime Caruana de la situación económica española, y donde denunciaban su falta de voluntad para analizar y, en su caso, controlar el enorme flujo de crédito que concedían los bancos españoles alegremente. Más tarde, sobre todo en la segunda legislatura socialista, vendrían los interminables debates sobre si la economía española se estaba desacelerando. Controversias estériles que desembocaban en la negación de la crisis económica basada en una presunta fortaleza del sistema financiero español poco argumentada y mucho menos explicada.

En su crónica, el experiodista de El País y de Público, da cuenta de la posición crítica que mantenían determinadas figuras del panorama social de este país cuando no desempeñaban funciones políticas. Unas opiniones beligerantes con el contexto que se estaba creando (utilizadas por algunos como ariete contra el gobierno de turno), que sufrían un sorprendente proceso de transformación cuando aquéllos pasaban a ocupar puestos de gobierno en alguna institución política o económica. Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica del gobierno de ZP y luego Ministro de Industria, era capaz de hablar de burbuja en el sector inmobiliario, allá por el año 2002, en un informe titulado Aproximación cuantitativa a la burbuja inmobiliaria. Miguel Ángel Fernández Ordoñez en su etapa de columnista económico, allá por el año 2002-03 y luego gobernador del Banco de España durante el gobierno de ZP, censuraba firmemente a aquellos que, como Rodrigo Rato, negaban la formación de tal burbuja. En esa época, MAFO ya advertía que el principal problema de la economía española era afrontar los excesos del sector de la construcción. Si conocían el estado de la economía española, sus deficiencias y desequilibrios, y eran capaces de vislumbrar por dónde evolucionaría ¿Por qué no hicieron nada cuando alcanzaron el poder?

¿Cuáles son las razones para que estas personas transformen y modifiquen sus opiniones cuando pasan a ocupar responsabilidades de prestigio en organismos públicos? Esas razones son similares a las indicadas al principio de este texto; la existencia de un paradigma económico dominante del que los responsables públicos no pueden sustraerse; la incapacidad para escuchar voces argumentadas discrepantes con la versión oficial; la presión que reciben de determinados lobbys favorables a una coyuntura de burbuja; los escasos incentivos para denunciar una situación económica que evolucionaría hacia el colapso, cuando se está en lo más alto de la onda expansiva del ciclo económico; la tendencia a mentir y no gobernar para la ciudadanía con honestidad cuando de lo que se trata es mantener el poder, etc. Este comportamiento produce la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y en consecuencia la correspondiente desafección de la ciudadanía.

Particularmente ilustrativo es el periodo que va desde la recepción por parte del gobierno español de la Carta que remitió el Banco Central Europeo, en el verano de 2011, hasta la modificación de la Constitución para introducir la denominada Regla de Oro del Déficit público a finales de agosto. A la postre el contenido de dicha carta (reforma laboral, liberalización de servicios públicos, limitación del déficit,…) ha demostrado ser la hoja de ruta de los dos partidos mayoritarios de España. Estos han revelado que están más interesados en seguir las directrices que vienen desde Europa que en salvaguardar las necesidades de los ciudadanos que les han votado. Una evidencia que, si continúan por esta senda, invalida al PP y al PSOE para sacar a España de forma democrática y justa de esta crisis.

La narración de Ekaizer no solo muestra que esta crisis es una estafa perpetrada por el sector bancario y permitida por la clase política, sino que la gestión que se está realizando de la misma es un fraude de mayores dimensiones. Tal actuación está poniendo en tela de juicio las instituciones democráticas, lo que muestra a las claras que lejos de gobernar para la ciudadanía, se gobierna para un grupo selecto de agentes. Son estos los que están marcando el paso en la deriva de esta crisis que dura ya media década.

¿Se creen nuestros diputados sus propias mentiras?

….nunca tantos dieron tanto dinero a tan pocos y tan ricos sin pedirles nada a cambio. (…) Se ha dicho: hay que rescatar a los bancos para salvar a la economía, pero después de transferidos decenas de miles de millones de euros al sector financiero en forma de capitalización directa, avales, compra de activos, etcétera, la economía real no funciona. Según los datos publicados, la caída del crédito en España a las familias y empresas es la mayor en los últimos 50 años, desde que existen las series históricas. 

 ¿Dónde está el límite? Joaquín Estefanía. El País. 01.10.12. 

Resulta sorprendente la presunta consternación que, a juicio de muchos medios de comunicación, han despertado entre los políticos españoles las recientes manifestaciones ciudadanas convocadas frente al Congreso de los Diputados en Madrid. Las medidas implementadas por los dos últimos gobiernos de España no solo son impopulares sino que no estaban incluidas en los programas electorales de ninguno de los partidos. Además, su adopción parece perseguir la satisfacción de las apetencias insolidarias y economicistas de las instituciones europeas y no garantizar el bienestar de los ciudadanos que las sufren. Ante la ausencia de legitimidad de esas políticas, es lógico y lícito que el ciudadano dirija su protesta contra la institución desde donde emanan dichas iniciativas. Por lo tanto, el victimismo del que hacen gala ciertos políticos suena a impostura. ¿Ignoran los diputados que sus decisiones no son legítimas o es que se creen sus propias mentiras? 

Rodea el Congreso. Manel F en El Diario.es

Sin embargo, no hay que perder de vista que quien debe estar regocijándose y riéndose a carcajadas de los últimos acontecimientos, es el sector bancario y financiero. Con gran diligencia y habilidad, el verdadero causante de la actual crisis económica ha logrado desviar el centro de atención sobre su grado de responsabilidad. Los señores diputados son responsables por su incompetencia y sobre todo por doblegarse a las anquilosadas y obsoletas estructuras de sus partidos políticos, que ya no sirven como herramientas para ejercer la democracia. Pero lo que no se dice (o se dice poco) es que estos están muy influenciados por el ámbito económico donde se ubica el poder financiero, producto de un concepto de democracia donde la política y la economía se han entrelazado peligrosamente. 

Utilizando cauces opacos para afianzar una deriva de la crisis favorable a sus intereses, el poder económico y, en concreto, el de la banca, ha manejado a su antojo el muñeco de la política, como si de un ventrílocuo se tratara. Inyecciones continuas de dinero público en bancos quebrados, creación del banco malo, desmantelamiento progresivo de las Cajas de Ahorros, rígida opacidad respecto del funcionamiento interno de las entidades financieras, altos ejecutivos de banca situados en lo más alto de la jerarquía de ministerios con alto poder decisor, obstáculos a la bajada de precios de la vivienda, impulso institucional de la propiedad frente al régimen de alquiler, permisividad absoluta en la ejecución de desahucios, transigencia ante el corte abrupto del flujo de crédito, dirigentes bancarios que no responden ante la gestión nefasta e interesada de sus propias entidades, reformas laborales que presionan a la baja los salarios y precarizan el empleo, paraísos fiscales contra los que no se lucha de forma contundente,….son ejemplos claros del poder que ejerce la banca sobre la política donde los señores diputados han tenido un protagonismo especial por acción u omisión. 

En la crítica a las instituciones democráticas que se desprende de las últimas convocatorias, queremos pensar que la ciudadanía es consciente de este poder que de forma subrepticia ejerce el sector bancario sobre la política. Cada vez es más evidente y por ello el ciudadano se moviliza. De ahí el No nos representan del 15 M, que aboga por una reformulación de la democracia hacia horizontes más participativos, que permitan neutralizar la influencia de los grandes grupos de poder económico en España. Una situación que solo puede ser reconducida desde la acción política. Porque solo un marco institucional que delimite responsabilidades y garantice un reparto equitativo de los costes y ajustes de esta crisis, resolverá la situación. Lo demás no son más que intoxicaciones que provienen de aquellos que, desprestigiando la política, les interesa mantener el actual sistema de representación democrática, vaciándolo de contenido para gloria de esos grupos de poder. Ellos saben que sin política, sin unas instituciones democráticas robustas y solventes que visibilicen las preferencias ciudadanas somos fáciles presas de sus intereses. La crisis ha resultado ser una gran estafa financiera de proporciones planetarias. Pero la evolución que está tomando la salida de la misma es otra estafa de mayores dimensiones si cabe.

Juguetes del Viento

   
Todo se puede corregir. 

Depende del entusiasmo, de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión. 

Momento de parar. César Manrique (1985).  

En la serie de esculturas Los Juguetes del Viento se concentra la visión que tenía César Manrique del arte. Por un lado, son esculturas que aprovechan la fuerza del viento para articular el movimiento de cada uno de sus sólidos componentes. La necesaria presencia del viento para que Los Juguetes alcancen su máxima expresión, subraya la vertiente integradora con el espacio natural a la que toda obra de arte debe aspirar en la concepción de Manrique. Por otro lado, sus formas coloristas y divertidas remarcan la perspectiva lúdica y juguetona de su obra. Un diseño aparentemente sencillo proporciona a cada escultura una dimensión ciertamente infantil e ingenua. Lejos de ser características negativas sirven como elementos identificativos que inmediatamente las conecta con nuestro subconsciente, al fin y al cabo todos hemos sido niños. Sus esculturas se transforman en fácil referente sobre un áspero territorio.

Esta semana se han cumplido dos décadas del fallecimiento del artista conejero como resultado de un desafortunado accidente de tráfico el 25 de septiembre de 1992. Su obra permanece y su visionario pensamiento parece más necesario que nunca, ante la proliferación masiva de agresiones al medio natural perpetradas por los agentes político – económicos mayoritarios. Un periodo que coincide también con la aplicación, durante casi 20 años, de prácticamente las mismas políticas por parte de los sucesivos gobiernos que, en solitario o en coalición, han estado liderados por CC.

Un modelo de desarrollo intensivo en energía, consumidor de territorio, altamente contaminante de la atmósfera que respiramos y sin sentido alguno de los límites naturales ni de la contención, que no solo no se ha podido reorientar hacia horizontes más sostenibles sino que se ha potenciado desde las más importantes instancias político - económicas. Al mismo tiempo, sobre casi todas las islas que conforman el archipiélago han recaído algunas de las más importantes distinciones medioambientales que otorgan organismos internacionales, así como figuras de protección de diferente rango. Patrimonios de la Humanidad, Reservas de la Biosfera, Parques rurales, Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación….pueblan el territorio canario. Recientemente, La Gomera fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, convirtiendo a Las Islas Canarias en una de las comunidades autónomas con mayor número de Reservas en España, solo superada por Andalucía y Castilla-La Mancha.

Bienvenidas sean todas estas menciones pero ¿Son compatibles este tipo de distinciones, otorgadas, presuntamente, por el alto estado de conservación de cada enclave, con un modelo de desarrollo dilapidador de recursos? ¿Cómo se conjugan ambas dinámicas que parecen ir en sentidos opuestos? ¿Sirven para reorientar un modelo de desarrollo intensivo en recursos fósiles hacia otro modelo más conservacionista? Según la UNESCO en las Reservas, la población local debe jugar un papel esencial en la toma de decisiones, participando en la búsqueda y desarrollo de formas sostenibles de explotación. ¿Participa la población local en la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible de su entorno? ¿Se fomenta esta participación desde las principales instituciones políticas y/o económicas de las islas? No parece. Con el paso del tiempo el cinismo más descarado y la hipocresía más evidente han terminado por articular las declaraciones y los gestos de responsables políticos y económicos que tienen que ver con la protección de nuestro entorno. Los hechos, sin embargo, siguen demostrando que se continúa usando el medio natural como sumidero de residuos.

¿Quiénes son los responsables? se preguntaba el artista en el año 85 con motivo de la carga que imprimía sobre el territorio de Lanzarote la expansión de las actividades turísticas y del sector de la construcción. Una pregunta pertinente de rotunda actualidad a la luz de la presente crisis (estafa) donde ninguno de sus responsables ha respondido por sus excesos inmobiliario – financieros. Decía Manrique que cualquier gobierno tiene la obligación de cuidar el espacio que nos sirve para el desarrollo de nuestras vidas, de la educación y cultura, de nuestras riquezas y, sobre todo, de la “permanencia de esa riqueza”. Los sucesivos gobiernos electos en Canarias ¿Lo han hecho? ¿Quiénes han contribuido a dilapidar la permanencia de esa riqueza? Esos de estupidez incalificable (…) que frívolamente no se interesan sino por su triunfo personal y que el artista ya tenía identificados desde el 78. Esos son los autores de la actual situación de Canarias que continúan siendo esencialmente los mismos 20 años después, porque dos decenas de años después el modelo de desarrollo continúa siendo esencialmente el mismo.

Y el mejor homenaje que podemos hacer a la figura de César Manrique a 20 años de su muerte en tiempos como los actuales, donde se aplican políticas que adolecen de estar legitimadas por la ciudadanía, no es otro que recuperar su activismo medioambiental. Por tanto no permitamos que el afán de lucro y las malas intenciones de los especuladores hagan de nuestro entorno un infierno estándar y masificado, que destroce nuestro brillante futuro.

Un Parlamento que dice NO al ciudadano

    
En un nuevo alarde de ausencia de transparencia el Parlamento de Canarias rechazó el pasado día 12 de septiembre crear una comisión de investigación sobre la gestión del incendio que asoló La Gomera durante el fatídico mes de agosto. Todo en virtud de la democracia. Los votos de CC y PSOE, los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias, son los que han evitado la propuesta de investigación del PP.

El hecho de que el incendio haya calcinado un 10% de la superficie arbórea de La Gomera, que haya tomado unas dimensiones similares a los ocurridos en esta misma isla en 1978 y 1984 y el hecho de que el incendio nunca tuvo que haber tomado la envergadura que finalmente tomó, son razones suficientes para legitimar una investigación concienzuda por parte de las fuerzas políticas e instituciones implicadas en su gestión. Sin embargo, para el Parlamento de Canarias no son suficientes. Eso sí, el Presidente del Gobierno de Canarias y el Presidente del Cabildo gomero pidieron previamente rigor y cordura en el debate político generado por los incendios. Otra de cinismo al que nos tienen acostumbrados una clase política que ya no gobierna para el ciudadano.

J.R. Mora

En su artículo 52 la ley establece que el Parlamento de Canarias puede nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. ¿No es de suficiente interés público un incendio iniciado en zonas de cultivo abandonadas (producto de una política de desarrollo rural también olvidada) que el día 8 de agosto se daba por controlado pero que se reactivó con virulencia dos días después? ¿Por qué se rebajó el nivel de alarma el día 8 de agosto y abandonaron la isla los efectivos de la UME sabiendo que venía una ola de calor? ¿Cómo es posible que tal incendio alcanzara esas dimensiones colosales? ¿Por qué la Comunidad Autónoma de Canarias con 4 parques nacionales, una economía basada en el turismo y un territorio del que depende enteramente no cuenta con una flota de hidroaviones propia como política de prevención estratégica? ¿Se solicitaron los medios contra incendios en el momento adecuado? ¿Las políticas de austeridad han afectado a las políticas de prevención de incendios en Canarias? ¿En qué magnitud y con qué legitimidad se recorta en estas áreas? ¿Es fruto de una decisión consensuada y democrática? Muchas son las cuestiones que quedarán sin responder producto de un Parlamento que dice NO a otra importante y necesaria comisión de investigación.

No deja de ser curioso y contradictorio que desde las instancias políticas oficiales se estigmatice, con evidente oportunismo, a determinados colectivos sociales como los del No a todo, que mantienen una postura crítica con las políticas desarrolladas en Canarias, y sea el propio Parlamento de Canarias, institución donde presuntamente reside la soberanía popular y, por tanto, máxima expresión de la democracia, la que obstaculice la celebración de comisiones de investigación que mejoraría el clima democrático en las islas y devolvería al mismo una legitimidad que, hoy por hoy, pierde a marchas forzadas. Una prueba más de que la clase política que conforma el Parlamento ha involucionado, transformándolo y degradándolo a una herramienta de exclusivo conflicto partidista que poco sirve a los intereses ciudadanos, a la sociedad que lo ha elegido y a la democracia en su conjunto.

No es el único caso en el que el Parlamento canario da la espalda a los ciudadanos. Lo ocurrido con diferentes Iniciativas Legislativas Populares (ILP) es una muestra flagrante de que la participación ciudadana está muy limitada en el actual modelo constitucional de democracia representativa (Democracia, ma non tropo. Rafael Escudero Alday. Nº 116 de la Revista Papeles). El rechazo del Parlamento de Canarias a tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la protección del litoral de Granadilla en Tenerife, después de haber recabado más de 56.000 firmas (se necesitan 15.000 en Canarias); la ILP Salvar Veneguera, en Gran Canaria, presentada durante los años 90 y que logró reunir 54.000 firmas (de las que el Parlamento solo aceptó 39.150) para declarar el Barranco de Veneguera Espacio Natural Protegido como figura que protegiera el espacio frente a los proyectos urbanístico – especulativos que se estaban preparando, objetivo finalmente no conseguido por la desvirtuación de la iniciativa en el propio trámite parlamentario de la misma; y la más reciente ILP por la mejora del sistema educativo canario, que el Gobierno de Canarias acaba de rechazar a pesar de contar con el aval de 40.000 firmas, son claros ejemplos de que la participación ciudadana es boicoteada por nuestro Parlamento una y otra vez. Con estas pruebas habría que decir que los verdaderos agentes del No a todo, los del No a todo aquello que suponga la mejora en el bienestar de los ciudadanos y la profundización en la calidad de la democracia, son los miembros que conforman el actual Parlamento y no otros.

Por otro lado, dado el marco institucional en el que se desarrolla nuestra democracia ¿Serviría de algo una comisión de investigación sobre la gestión del incendio de La Gomera? Lo dudamos. Al estar formadas por miembros de los propios partidos políticos que han gestionado los asuntos que se pretenden investigar, sus resultados siempre estarán condicionados y limitados por los intereses y el oportunismo electoral de los mismos. Más que para esclarecer los hechos, las comisiones de investigación han sido utilizadas para eludir responsabilidades y endosar al resto la carga del asunto investigado. Tal y como están configuradas, las comisiones de investigación no son más que un mecanismo que sirve para lavar la fachada democrática manifiestamente mejorable de nuestro sistema político pero cuyos resultados suelen dejar mucho que desear. ¿Sirvió de algo la comisión de investigación que pretendía esclarecer las responsabilidades políticas en las irregularidades detectadas en el proyecto de Tindaya?

¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento de las comisiones de investigación? ¿Cómo podemos hacer que sirvan a los intereses ciudadanos? Una vez más tenemos que exigir aquello de que es necesario profundizar los cauces que posibilitan una participación real y directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es vital que en esas comisiones se haga presente el ciudadano como un agente más que controle y regule el funcionamiento y el comportamiento de las fuerzas políticas. La participación de la ciudadanía no puede ser canalizada solo a través de los partidos políticos tal y como consagra la Constitución. Demostrado está que este hecho ha derivado en la instauración de un tripartidismo inoperante en el Parlamento de Canarias. La participación ciudadana se produce cuando esta siente que se le escucha e interpela y ello sucede cuando se permite que sus decisiones vinculen y condicionen el comportamiento de los partidos políticos. Pendiente está instaurar y generalizar mecanismos de participación directa y real que proporcionen voz y voto a la ciudadanía. Solo así los partidos políticos serán controlados con solvencia por los ciudadanos que les han votado. Solo así mejorará el bienestar de las sociedades ya que, en ese caso, se habrá permitido que sea el propio ciudadano quien tripule su propio destino, sin interferencias ajenas e interesadas de otros agentes.

Canarias; Pleno desempleo

Durante el mes de agosto la tasa de paro registrado en Canarias cayó un 0,39% respecto al mes anterior. 1.119 personas, afortunadamente, encontraron empleo y el indicador muestra un total de 288.666 parados en las islas. Margarita Ramos, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias se apresuró a decir desde el viernes 31 que las cifras en el mes de agosto no son malas aunque no son todo lo favorable y positivo que le gustaría. Unas declaraciones insuficientes, como todas las interpretaciones que hace la clase política cada vez que se publican las insostenibles cifras del paro en Canarias.

Padylla. 05.06.2012

Si profundizamos en los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenemos que el dato interanual (agosto 2012 – agosto 2011) muestra que el paro registrado en Canarias ha crecido en 36.188 personas, un 14,33% más (Pág. 21). En agosto de 2011 teníamos que el dato interanual (agosto 2011 – agosto 2010) mejoraba un 3,19% bajando en 8.316 personas (Pág. 21). La evolución del paro registrado en los últimos 3 años no deja lugar a dudas sobre el deterioro del empleo en Canarias.

Las estadísticas nos indican además, que los contratos generados en agosto de 2012 por la economía canaria fueron 45.616, lo que supone un 12,52% menos que los formalizados en julio de 2012 (Pág. 46). En términos anuales tenemos que se contrata menos respecto a agosto de 2011, un -7,42%, aunque los contratos de carácter indefinido crecen un 6,80%, lo cual es bueno. En cualquier caso de todos los contratos suscritos en agosto de 2012, un 90,49% son contratos temporales, lo que muestra que son contratos coyunturales que se generan por el periodo estival que ya casi hemos dejado atrás.

Nuestra clase política, los creadores de opinión y los agentes dobles de estas islas nos martillean continuamente con la idea de que Canarias tiene un importante déficit de infraestructuras en relación a otras comunidades autónomas españolas y que su insularidad y ultraperificidad son costes que deben paliarse, entre otras cosas, con más infraestructuras. El pensamiento económico dominante también nos dice que las infraestructuras, en concreto las relacionadas con el transporte, son buenas para la sociedad porque traen grandes beneficios y mucho empleo. El último en apuntarse a esta moda que dura ya mucho tiempo es el Ministro de Industria, Energía y Turismo. Canarias no puede prescindir del petróleo con una tasa de paro del 32, nos dice en relación a los presuntos empleos que traerán las prospecciones petrolíferas.

Cuando enfocamos la cuestión nos damos cuenta que a pesar de que en el territorio canario se han acometido gran cantidad de infraestructuras relacionadas con el transporte, el turismo o el urbanismo en los últimos 20 años, Canarias continúa a la cabeza del desempleo nacional y europeo. Una paradoja que demuestra que las previsiones de generación de empleo se manejan con gran ligereza por los inductores de esas infraestructuras y se difunden con gran irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación, que adolecen de un tratamiento más crítico de estas cuestiones en virtud del buen Periodismo.

Sin embargo, desde las instancias políticas se ponen en práctica medidas de política económica que no solo no crean empleo o crean empleo insuficiente porque pertenecen a un modelo económico caduco y por tanto superado, sino que favorecen la acumulación de rentas de los sectores de la sociedad ya acomodados, profundizando en la polarización y desigualdad social. ¿Cómo es posible que la economía canaria duplique durante el 2011 el crecimiento registrado a nivel nacional sin que los datos del desempleo mejoren lo más mínimo? Antonio Glez Viéitez apunta a la consolidación de una burguesía turística a la que los sucesivos gobiernos de Canarias han favorecido con sus políticas (REF, RIC, Fondos Estructurales, ayudas a la formación, a la agricultura, etc.). Los avances en los indicadores económicos regionales no se traducen en una mejora de las condiciones sociales del conjunto de las islas, sino en el robustecimiento de los mismos de siempre.

Por tanto no es que las cifras de desempleo no sean malas, es que siguen siendo insostenibles y están provocando que la economía isleña retroceda años. El Consejo Económico y Social afirmó el pasado viernes día 7 de septiembre que la economía canaria ha retrocedido 12 años en términos per cápita. Suponemos que en este retroceso hay responsabilidades directas de la formación política que ha gobernado la autonomía desde hace casi 20 años, CC.

No parece que los datos del desempleo en Canarias mejoren en el corto plazo hasta que se eliminen los privilegios acumulados por una clase empresarial con excesiva influencia sobre las decisiones políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Una clase empresarial de carácter caciquil y vinculada a actividades económicas que pertenecen a un modelo económico productivo obsoleto (turismo masivo, infraestructuras invasivas, construcción desaforada, consumo masivo del territorio, petróleo,…). El paro no mejorará hasta que se apueste de forma honesta por las posibilidades económicas y de generación de empleo que ofrece un sector como el de las energías renovables y la sostenibilidad, sector donde Canarias tiene mucho que decir. Hasta que se impulse decididamente el tejido productivo generado por las Pymes canarias, ahogadas como las del resto de España por falta de financiación procedente de las entidades bancarias. Canarias no saldrá adelante hasta que el salario medio anual deje de ser el más bajo de todo el territorio nacional y hasta que se apliquen medidas efectivas que minoren la alta desigualdad y pobreza existentes mediante un aumento del gasto social aplicado en la región. Ambas medidas contribuirían a fortalecer una demanda interna débil. La situación económica canaria no despegará hasta que se trabaje en el perfeccionamiento de una democracia autonómica con el sistema electoral más injusto y desproporcionado de Europa. Una peculiaridad que da lugar a un Parlamento autonómico poco representativo de las preferencias políticas de los canarios.

Y, en fin, la coyuntura canaria no saldrá del agujero en el que está hasta que se dejen de aplicar desde el gobierno central y, también desde Europa, políticas de austeridad y de supresión de todo aquello que tenga que ver con lo público. Unas políticas reproducidas y practicadas con irresponsable seguidismo por un gobierno regional que renunció hace mucho a mejorar las condiciones económicas y sociales reales de los canarios.

Fuego y políticas rurales

Este verano de sol inclemente redescubrimos El Batán. Ese peculiar enclave de casas situado en el macizo de Anaga, en Tenerife, destaca por estar encajonado entre las paredes del monumental Barranco del Río, que sinuosamente desemboca en la costa norte del macizo. El caserío consta de tres partes; El Batán de arriba, El Batán de abajo y las Casas Lereras hasta donde llega la carretera y desde donde se alcanza una perspectiva fantástica de todo el entorno, incluidas las casas de Chinamada. Un diminuto caserío, El Batán, con una economía basada en el cultivo de atractivos bancales donde se trabaja la vid, las papas y algunos árboles frutales. Sus escasos y ya viejos pobladores viven también de la ganadería. 

Consecuencias del incendio en La Gomera

Pero en el pasado este singular enclave que perteneció al mencey Beneharo destacó por el hecho de ser un importante asentamiento donde se trabajaba el lino. Como se sabe el tallo del lino sirvió para confeccionar telas, mayormente destinadas para tejidos de ropa interior y su semilla, la linaza, además de ser utilizada como ingrediente para hacer infusiones, proporcionaba tinta negra para la seda, aceite para la pintura o pasta para vidrieras. Este enclave debe su nombre al uso habitual de los batanes, unos artilugios que se empleaban para el abatanado de los lienzos. El ingenio permitía golpear los lienzos para ablandarlos. Una rueda impulsada por medio de una corriente de agua permitía accionar unos grandes martillos de madera que batían con fuerza el tejido contra unos pilones. La humedad de la zona de Anaga permitía dicha industria.

En el recorrido por uno de los magníficos senderos de El Batán nos cruzamos con un parroquiano de la zona. Un viejo caballero que protegía su cara curtida por un sol implacable con un sombrero blanco. Ayudado por un bastón aún era capaz de transitar un terreno ingrato con un desnivel importante, a pesar de la ola de calor que azotó las islas este verano y que convirtió al sol en el protagonista y causa importante de los incendios. Pero no la única.

Por aquello de saludar e intercambiar algunas palabras con la gente de la zona, algo que siempre es deseable porque enriquece, entablamos una corta pero agradable conversación bajo el frescor de un imponente drago que existe frente a la Cuerva del Lino. Además de hablar de la toponimia del lugar y de mostrarnos otros senderos a recorrer, el señor se lamentaba de que el caserío de El Batán se despoblara. Pero lo que realmente desequilibraba la calma de aquel hombre era que ya nadie cultivara, limpiara o cuidara la mayoría de terrenos de esta zona. Y he aquí un rotundo quejido que es causa fundamental de la propagación de los importantes incendios forestales producidos en La Palma, Tenerife y sobre todo en La Gomera. El abandono del cultivo de determinadas zonas rurales, su progresivo despoblamiento, la desatención de bancales dejando que crezcan todo tipo de hiervas, matorrales o pastos a su alrededor, que además no son consumidos por ningún tipo de ganadería, también olvidada, supone un caldo de cultivo enormemente inflamable ante una climatología que progresivamente, también por la acción del hombre, tiende a ser más seca.

Corteza del pino canario

La inexistencia por parte de nuestras autoridades de una verdadera política de desarrollo rural que se preocupe de la limpieza de zonas agrícolas y ganaderas, de la potenciación de la agricultura en lugares de especial sensibilidad forestal y ecológica, la recuperación de la gestión tradicional del entorno rural, de la implantación de iniciativas que en el largo plazo contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, la laxa prohibición de ocupar urbanísticamente determinadas zonas ecológicamente delicadas, una seria política de prevención de incendios unida a una solvente estrategia de concienciación ciudadana a favor del respeto de nuestros montes y contra el fuego, etc, está en la base de los desastres forestales recientes. Iniciativas todas ellas que no solo crearían empleo y riqueza, servirían para hacer más atractivo un paisaje que es la principal motivación turística de nuestros visitantes. Unas sinergias a las que se ha renunciado.

Cuando a la ausencia de este tipo de estrategias unimos políticas de recortes indiscriminados, la incompetencia y lentitud de la acción del gobierno regional, la ausencia de medios solventes para la extinción de incendios, el avance lento del cambio climático y la inexistencia de medidas para revertirlo, ocurren cosas como las que hemos visto este verano. En este contexto, la exigencia a nuestras autoridades de responsabilidades políticas y penales, si caben, como han exigido este sábado el colectivo ciudadano La Gomera se Mueve en San Sebastián de La Gomera, no solo está justificado, es una muestra de madurez crítica de una sociedad que ya no admite el saqueo de los recursos o del patrimonio público. Tampoco las negligencias de unos gestores acomodados en sus poltrona durantes años. Prevenir es más barato que la hercúlea labor de recuperación que espera a los parajes arrasados por el fuego.