El propósito de intentar entender los acontecimientos económicos, políticos y sociales que tienen lugar en el territorio canario no es una empresa fácil. Es común ver en el palco mediático que proporcionan los medios de comunicación, toda una cascada de declaraciones, acontecimientos, hechos y noticias varias que muestran una compleja realidad de difícil interpretación. No pretendo negar esa complejidad, ni de relativizarla, tampoco esperaba que su grado fuera menor y menos en un mundo globalizado e interdependiente como el de hoy, solo me llama la atención la dificultad de intentar abrir un mínimo canal de luz que permita comprender siquiera las decisiones, los sucesos, los actos que se producen en este entorno.
El origen de este espacio, que intenta ser solo un lugar de contemplación y reflexión, parte de la incesante observación (desde cierta distancia) de dicha realidad, constatando con alguna preocupación el deterioro o al menos el escaso avance de las condiciones de vida (en su amplia acepción) en un territorio que pertenece a un país democrático y desarrollado y a un entorno privilegiado desde el punto de vista ambiental, climático y paisajístico.
La erosión de los principales indicadores económicos y sociales, el agresivo desgaste que sufre el entorno medioambiental que sustenta todas nuestras relaciones, el importante nivel de abstención de los votantes en las principales citas electorales, la atonía cuando no indiferencia de gran parte del conjunto de la sociedad civil canaria o la dudosa relación entre la esfera política y la económica son algunos ejemplos que así lo atestiguan y que contrastan con las declaraciones a menudo llenas de fanfarria y autocomplacencia de algunos de los agentes habituales que conforman la sociedad canaria.
La sociedad canaria parece adolecer de dos aspectos, a priori básicos, en un entorno que se autodenomina democrático y desarrollado:
1º - Ausencia o mínima capacidad de diálogo entre los mencionados agentes como instrumento para mejorar la toma de decisiones democráticas. Un diálogo que fomente el debate en la línea de alcanzar un consenso ante las grandes cuestiones y que permita a la ciudadanía una mayor capacidad de participación en tanto que son los últimos afectados de esas resoluciones.
Sorprende sobremanera que la participación ciudadana se reduzca a procedimientos administrativos que contienen altas dosis de burocracia y que lejos de garantizar una participación real mantiene a los ciudadanos al margen del proceso deliberativo en gran parte de las situaciones y en la propia toma de decisiones en la mayoría de los casos. La ausencia de iniciativas que garanticen la intervención y/o colaboración en los asuntos públicos es moneda común dentro de un sistema político que otorga un papel importante al ciudadano solo desde el punto de vista teórico.
De manera más clara:
“…la necesidad del debate público y de la participación ciudadana como instrumentos de política pública que pueden colaborar eficazmente en una mejora en la calidad en la toma de decisiones. (…) La realidad es que los políticos hacen continuas y vacías referencias sobre la participación pública convirtiéndola en una especie de muletilla de obligatoria mención que el propio lenguaje jurídico convierte en trámite, no en vano se habla del trámite de la participación ciudadana. Pero también es cierto que, a pesar de esta resistencia, la evidencia empírica constata que la participación pública mejora la calidad de las decisiones tomadas". (Aguilera Klink. F. 2008. “La nueva economía del agua”, pag 86. Catarata. Madrid)2º- Que ese diálogo se articule desde un punto de vista crítico, plural e incluyente porque solo desde la crítica, desde la perspectiva de cuestionar lo establecido con sólidos argumentos se puede avanzar. Coincidimos con el profesor Naredo en que:
"Asistimos así a las tribulaciones del discurso dominante por ingeniárselas, no sólo para subrayar los signos del progreso sino sobre todo para ocultar los signos de regresión o para ayudarnos a convivir con ellos, aspectos éstos en los que la economía estándar juega un papel de creciente importancia que ha acabado invirtiendo su razón de ser como disciplina desde su mayor criticismo originario hasta su conformismo actual" (Naredo. J. M. 2003. “La economía en evolución”, pag. XXXIX del prólogo a la 3ª edición. Ed. Siglo XXI. Madrid)En la actualidad se detecta que en la gran mayoría de los casos no interesa al establishment la crítica razonada y razonable. Su reacción con frecuencia consiste en la deslegitimación de los responsables de esa crítica, probablemente porque exhiben esos signos de regresión que el poder no quiere o no le interesa mostrar. Esos responsables son, en la mayoría de los casos, agentes que conforman la sociedad civil, esa entidad colectiva que solo cuando goza de “buena salud” (en el sentido de ser diversa, heterogénea, pujante y tener conciencia de sí misma) puede ejerce un contrapeso efectivo respecto de las desviaciones del poder político y el económico al objeto de crear una democracia plena.
Las iniciativas dirigidas a fortalecer el diálogo sosegado, lúcido, abierto y argumentado entre los agentes de la sociedad civil y el poder establecido es la condición necesaria para superar los actuales retrocesos, aportar nuevas iniciativas y en definitiva avanzar en un sistema democrático más pleno.
La Constitución española de 1978 es clarificadora en este aspecto legitimando el derecho a participar que es lo que posibilita el diálogo:
“Art. 23.1: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”Además, en su articulado también obliga a los representantes políticos electos a desarrollar y favorecer vías de participación ciudadana que promuevan las condiciones efectivas de esa participación
“Art. 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”Los proyectos en ese sentido han sido mínimos o de escasa utilidad en el actual sistema político canario.
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