Entropía democrática

  

La entropía es una magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo; es el grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, o también el grado de irreversibilidad alcanzada después de un proceso que implique transformación de energía.

(Concepto de entropía en Termodinámica).

La oscuridad que rodea a determinados casos de corrupción que actualmente se encuentran en trámite judicial en Canarias permiten comprobar, una vez más, la existencia de un complejo edificio de colaboraciones y connivencias entre el tripartito que se alterna en el poder en las diferentes instituciones políticas (CC, PP, PSOE) y el poder económico, dando carta de naturaleza a toda una serie de complicidades y chanchullos mutuos. La mayor afectada en toda esta maraña de intereses privados ha sido la calidad de la democracia que se practica en Canarias, maltratada por escándalos como Eólicas, Tindaya -Tebeto, Fórum, el caso Unión en Lanzarote, frente marítimo del puerto de Gran Canaria y otras tomaduras de pelo como el superpuerto de Granadilla, las plantas regasificadoras, el puerto de Arinaga, la tercera pista de Gando, etc.

En palabras de José Vidal-Beneyto:

“Las múltiples perversiones actuales de la democracia han producido una tal degradación del sistema que la encarna que puede afirmarse sin provocación que su envilecimiento ha destruido casi todas las virtudes públicas que poseía” (José Vidal - Beneyto. Entropía Democrática. El País. 09.06.07)

En Canarias urge una reflexión sobre la actual crisis que afecta a la calidad de su democracia. Reflexión que ya han realizado los movimientos sociales que han surgido después del caso Vilaflor (2002) pero que el poder político no ha integrado en su agenda porque supone dinamitar su jugosa alianza con el poder establecido.

Esta reflexión debe materializarse en un pacto de compromiso por la Democracia que en última instancia debe ir destinado a recuperar la moral pública. Se hace perentorio incorporar en el proceso de toma de decisiones de nuestras instituciones, a colectivos ecologistas, organizaciones sindicales, agrupaciones de vecinos y demás agentes sociales (Democracia Participativa) que supongan un contrapeso en la desequilibrada balanza actual de la justicia social, donde pesan más los intereses de la tácita alianza político-económica que los factores sociales y/o ambientales.

En definitiva, un pacto autonómico donde todos los agentes sociales participen en un debate público a la hora de tomar decisiones que afectan a la colectividad de la ciudadanía, en un intento de enriquecerlo y liberarlo. Una consecuencia inmediata de este pacto, debe ser la exclusión política de aquellos dirigentes que hayan sido condenados, así como la suspensión temporal de quienes están imputados para el ejercicio de cualquier cargo público hasta que exista sentencia. Lo contrario, lo que hoy se estila, es la legitimación democrática de la corrupción, lo que seguirá contribuyendo a la degradación del sistema. Este pacto solo puede emanar desde abajo, desde la ciudadanía, por eso es vital el espíritu de resistencia ciudadana.