BOP. Una interpretación libre (y 2)

Según detalla el BOP, el 81% de los encuestados (Pág. 72) considera que la gestión que está haciendo actualmente el Gobierno de Canarias, formado por el pacto entre CC y el PP es mala o regular (41% mala, 40 % regular). La valoración media de dicha gestión se sitúa en un enfermizo 3,67 puntos sobre 10, que es la valoración más baja desde que este estudio se publica. El estudio también sondea la evaluación que los encuestados proporcionan a la actuación del partido que se encuentra en la oposición (Pág. 73), el PSOE (que en las últimas elecciones autonómicas fue el partido más votado). En este caso el 80% de los encuestados estiman que el comportamiento de la presente oposición es mala o regular (46% mala, 34% regular). El dato medio que le proporcionan los encuestados asciende hasta un raquítico 3,21. Por primera vez, la estimación que consigue la oposición es menor que la que presenta el Gobierno de Canarias.

Al margen del error muestral propio de la investigación (y que el estudio sitúa en un más/menos 1,8% para el total de la muestra, contando con un nivel de confianza del 95,5%) y del sesgo negativo que puedan introducir las respuestas del colectivo encuestado producidas en un entorno de crisis severa como el que estamos, proponemos la siguiente hipótesis; el estudio revela que el grado de desconfianza, aprensión y desinterés de la ciudadanía en los prebostes que dominan la vida política y en general de la esfera política canaria es importante.

Se podría argumentar que tal grado de escepticismo puede deberse a los numerosos casos de corrupción que afectan a la actual clase política. Los casos destapados en los últimos años así lo certifican con la imputación de más de 200 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios; caso Las Teresitas, caso Eólicas, caso Faycán, la operación Brisán, caso Unión, caso Fórum Filatélico, caso Arona, así como muchísimas otras causas abiertas relacionadas con el urbanismo en cualquiera de las siete islas.

Sin embargo, si realizamos un análisis más profundo desde el punto de vista programático, indagando en qué es lo que ofrecen los tres grandes partidos políticos canarios podemos detectar que el nivel de diferenciación política es minúsculo. Existe un consenso, probablemente no buscado (¿o sí?), pero al menos tácito, entre las grades fuerzas políticas a la hora de abordar los problemas más relevantes que afectan a la ciudadanía. Nos referimos a Sanidad, Educación, Infraestructuras, Economía, Vivienda, Medio Ambiente… ¿Qué propuestas programáticas realmente diferenciadoras han presentado y ejecutado los partidos políticos? ¿Han mejorado los diferentes indicadores que describen el estado de estos grandes rubros al producirse la alternancia en el poder en las diferentes instituciones políticas? El partido que ha ocupado la oposición en cada una de las legislaturas ¿Ha propuesto medidas alternativas viables a las desarrolladas por el ejecutivo correspondiente?

La respuesta a estas preguntas en la mayoría de los casos es negativa. Ahí están los retrasos en la construcción de los hospitales en Tenerife, la unanimidad de todas las fuerzas políticas para comenzar el superpuerto de Granadilla en Tenerife o la tercera pista de Gando en Gran Canaria, el consenso absoluto para acometer los proyectos ferroviarios en las dos islas capitalinas, el deterioro crónico de las listas de espera en la Sanidad canaria independientemente del responsable político de gestionarlas, el retraso de la ley de dependencia, los desarrollos urbanísticos ilegales acometidos en Lanzarote por cualquiera de los tres grandes partidos políticos, la inexistente política de gestión de residuos sólidos, reducida casi únicamente a la opción de la incineración, etc.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión; ¿Existe en Canarias una alternativa política real dentro de la esfera parlamentaria? La respuesta parece orientarse hacia el lado negativo. No es de extrañar por tanto, que la única salida del votante se materialice en la abstención, el desinterés y la apatía por todo lo que tenga que ver con el ámbito político y se exprese bien a través de la contestación ciudadana en la calle, bien en el nacimiento de movimientos y asociaciones cuyo fin último consiste en tratar de reorientar las decisiones políticas hacia presupuestos más justos socialmente. El análisis del nivel medio de abstención en todos los comicios autonómicos celebrados en España y calculado a partir de los datos electorales que se muestran en el portal de la Constitución, dentro de la web del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/) así parece indicarlo:

Canarias se sitúa en la 5º Comunidad española con abstención media más alta por detrás de Ceuta y Melilla (que solo presentan datos para los comicios celebrados en el 99, 03, y 07) Galicia y Cataluña. Siguiendo a Fernando Gómez Aguilera, director de actividades fundacionales de la Fundación Cesar Manrique (http://www.fcmanrique.org/):

“…los partidos políticos continúan hoy siendo necesarios, aunque insuficientes para encauzar las inquietudes y la voluntad de la ciudadanía a la hora de participar en los asuntos públicos y para representar sus intereses con independencia y justicia.(…).En nuestros días, lo político en buena medida está secuestrado por la maquinaria partidaria y corporativa de la política profesional, impidiendo, bajo pretexto de la representación, la participación, la recuperación de la soberanía de los ciudadanos y la producción de tejido democrático plural. Invertir el modelo liberal de legitimidad democrática, recuperando la ciudadanía activa y el derecho al ejercicio de la política desde la condición de ciudadano, o sea, la socialización de la política, su dignificación, resulta una tarea urgente para rescatarla de las derivas populistas y autoritarias, a las que favorece su deslegitimación y descrédito”. (Fernando Gómez Aguilera. Redes de mediación civil y regeneración de la democracia, en “Experiencias sociales innovadoras y participativas. El Rincón + 10”. Juan Sánchez García (ed.) 2004)

Esta conclusión parece coincidir con los datos aportados por el estudio del CES, donde se indica que el canario tiene un grado de interés por la política bajo o medio (56% y 24% respectivamente, Pág. 68) o que la actual situación política general es mala o regular (51% y 36%, Pág. 66).

El panorama es desalentador puesto que con escasas variaciones los encuestados no consideran que la situación vaya a cambiar ya que evalúan la situación política dentro de un año como mala (34%) o regular (44%, Pág. 67).

Es de esperar que el conjunto de la clase política canaria tome buena nota de estos resultados, se apresure en modificar todo aquello que contribuya a mejorar la imagen real que se está dando a la ciudadanía y que al mismo tiempo la ciudadanía canaria continúe profundizando y extendiendo su capacidad crítica hacia el ámbito político y el conjunto de la sociedad, cuestión vital para la salud democrática de la sociedad y para encontrar las mejores soluciones a los problemas y conflictos que existen.