viernes, 19 de febrero de 2010

PGOU de Santa Cruz de Tf; Llueve sobre mojado

"No hay que exigir únicamente el orden para gobernar bien; es preciso gobernar bien para que se realice el único orden que tenga sentido. No es el orden el que refuerza a la justicia; es la justicia la que da su certeza al orden".
Albert Camus. Ensayos. Aguilar. Madrid. 1981

Conviene avanzar que el problema de fondo que se detecta en la tramitación del PGO de Santa Cruz de Tfe no es nuevo. Todas las grandes decisiones que tienen que ver con cuestiones que afectan al modo de vida de la ciudadanía están rodeadas de la más absoluta oscuridad, se toman con baja o nula participación ciudadana y existe una deficiente definición de los problemas que tratan de solucionar. También se detecta que la argumentación aportada por los actores públicos para legitimar dichas decisiones son de muy baja calidad y con absoluta ausencia de alternativas. En la mayoría de los casos estas alternativas son propuestas por agentes sociales y/o ciudadanos que superan en eficiencia y sostenibilidad a las soluciones aportadas por los promotores de aquéllas decisiones.

Que los planes de ordenación del territorio se han convertido en una herramienta de desorden es un hecho constatado con la simple observación de esa macro parcela, urbanizada en tiempo récord, llamada Cabo Llanos. Un estudio hecho público por Consultrans en el 2004 ya advertía que dada la concentración de equipamientos que existen en la zona (comerciales, administrativos, culturales, industriales, residenciales…), “Santa Cruz corre el riesgo de quedar taponada en su nueva puerta de entrada”. Qué clase de ordenación urbanística pretende explicitar un plan donde conviven inmuebles de diferentes alturas, usos, edificabilidad y volumetría. Qué clase de bien común y distribución de usos trata de ordenar el planeamiento aquí aplicado, cuando salta a la vista la desproporción de los inmuebles y las capacidades disponibles han quedado colapsados desde el punto de vista de la movilidad. La gestación de esta zona parece responder al colosalismo, al resultado económico y la insostenibilidad, características que están en las antípodas de lo que pretende un verdadero PGO.

En general las disposiciones urbanísticas que alimentan los PGO están sujetos a un alto grado de discrecionalidad y arbitrariedad, ante la falta de planificación y criterios que fijen los límites u oriente las propuestas de cada municipio. Todo ello se ve en el actual PGO de Santa Cruz. Pero en todo caso sorprende enormemente que se hable de planes de ordenación en Santa Cruz o cualquier otro municipio de Tenerife en ausencia de una profunda reflexión previa del modelo de ciudad que se quiere construir e incluso del modelo de isla que queremos.

Las dinámicas descritas han acabado por pervertir el sentido del urbanismo, que ha pasado a convertirse en un instrumento que lejos de ordenar, desordena y cuyo objetivo principal es la obtención de réditos económicos y/o electorales. Lo hemos visto recientemente en Gran Canaria con la sentencia del TSJC en contra de la denominada Torre Guanarteme, (http://www.canariasahora.es/noticia/120184/). Un análisis concienzudo de la actualidad económica deja ver cómo se enjugan con aparente normalidad deudas muy dispares con las plusvalías generadas por operaciones de recalificación de terrenos de dudoso interés social, incluidas las deudas de algunos clubes de fútbol.

Ante el actual orden de cosas solo veo dos respuestas:
1º- Denuncia continua de los desmanes que se comenten desde los organismos públicos y privados en contra de la ciudadanía porque es necesario recuperar el desprestigiado concepto de justicia social.
2º- Desobediencia civil en el sentido que establece la RAE; “Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido” al objeto de encontrar soluciones democráticas que satisfagan en mayor medida a los ciudadanos y con el fin de restaurar el orden.

¡Qué ironía!, que tenga que ser la desobediencia la que reivindique y exija orden al establishment político actual, caracterizado por practicar la política del caos y la arbitrariedad en sus decisiones.

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