viernes, 26 de febrero de 2010

Discursos políticos obsoletos

  
Con el paso de los años sorprende leer los discursos realizados por responsables políticos que nos representan cada vez que tratan de acreditar un proyecto viario. Repasando las hemerotecas se detecta con cierta facilidad que se repiten ideas hasta la saciedad, se mantienen proyectos caducos y no se plantean innovadoras ideas que aporten soluciones reales, lo que demuestra una flagrante crisis de contenido, de argumentos y de iniciativas.

Las últimas declaraciones del Sr Melchior, interpelado sobre las ampliaciones de las autopistas, van en esa línea:
“Esta ampliación de las autopistas será la última, y llegará el día en que el esfuerzo será mantener las carreteras, no hacer nuevas”. (Ricardo Melchior 28.09.09. Diario de Avisos)
Y coinciden con las realizadas en el año 2003 por Gregorio Guadalupe (viceconsejero de infraestructuras del Gobierno Canario) respecto a la construcción del anillo insular:
“Gregorio Guadalupe dejó claro que estas nuevas carreteras serán las últimas que se construyan y que luego debe apostarse por el transporte público”. (13.11.2003. Diario de Avisos)
Según la política de (in)movilidad del Cabildo en los próximos años se tendrían que acometer las siguientes obras; vía de cornisa, vía exterior, III Fase de la vía de ronda, la vía litoral de Santa Cruz, la variante de la autopista TF-5, además de la madre de todas las obras, el anillo insular.

En ningún caso las infraestructuras son neutrales. Unas infraestructuras sobredimensionadas incentivan una actividad de transportes sobredimensionada porque el tráfico tiende a ocupar todo el espacio disponible. Esto significa que tratar de solventar la problemática del tráfico incrementando el espacio destinado al vehiculo privado implicaría que más carriles incentivarán más uso del vehículo privado, es decir, un bucle perverso que se retroalimentaría, ya que es la oferta la que regula a la demanda y no a la inversa. Esta política seria fatal en un territorio limitado, frágil y “protegido” como Canarias.

Si partimos de la hipótesis, enormemente discutible, de que todas estas infraestructuras son necesarias y que se van a construir, podemos hacernos la siguiente pregunta; ¿Es necesario el proyecto ferroviario que se ha planteado para Tenerife? El Sr Melchior nos responde de este modo:
“Claro. Si no, no los tendríamos. Lo que quiero decir es que finalizados estos proyectos, salvo mejoras, la Isla no necesitará más. Incluso si llegase a dos o tres millones de habitantes”. (Ricardo Melchior. Diario de Avisos. 11.05.09)
Las consecuencias económicas y ambientales pueden ser descomunales para una economía maltrecha, cuando los costes de la gravosa infraestructura ferroviaria no se vean sufragados por la demanda de uso a consecuencia de esta gran estafa que es la política de infraestructuras del Cabildo. Una política donde se aplican escasas iniciativas de segregación de modos de transporte y no se desincentiva el uso del vehículo privado. Pero ojo, el Sr Merchior también tiene respuesta para justificar por qué estas obras se plantean al mismo tiempo;
“Son proyectos largos, de una inversión importante. El cierre del anillo y el puerto de Granadilla se planteó hace 30 años; la Vía Exterior, hace 15 años; el tren, 10 años. Van coincidiendo en el tiempo. Para resolver estas infraestructuras hacen falta tres legislaturas. Hemos crecido diez veces más en vehículos que el resto del mundo. Por eso el esfuerzo en un transporte público eficaz y efectivo, competitivo con el vehículo privado, basado en tres pilares: taxis, guaguas y transporte guiado”. (Ricardo Melchior. Diario de Avisos. 11.05.09)
Ninguna de esas obras se ha efectuado aún. Debemos de congratularnos que en la sociedad canaria hayan surgido movimientos y agentes sociales lo suficientemente críticos como para poner en duda determinados proyectos carentes de innovación, que pertenecen al imaginario del siglo pasado y que lo que buscan es satisfacer unos intereses crematísticos y controlar unos indicadores economicistas.

viernes, 19 de febrero de 2010

PGOU de Santa Cruz de Tf; Llueve sobre mojado

"No hay que exigir únicamente el orden para gobernar bien; es preciso gobernar bien para que se realice el único orden que tenga sentido. No es el orden el que refuerza a la justicia; es la justicia la que da su certeza al orden".
Albert Camus. Ensayos. Aguilar. Madrid. 1981

Conviene avanzar que el problema de fondo que se detecta en la tramitación del PGO de Santa Cruz de Tfe no es nuevo. Todas las grandes decisiones que tienen que ver con cuestiones que afectan al modo de vida de la ciudadanía están rodeadas de la más absoluta oscuridad, se toman con baja o nula participación ciudadana y existe una deficiente definición de los problemas que tratan de solucionar. También se detecta que la argumentación aportada por los actores públicos para legitimar dichas decisiones son de muy baja calidad y con absoluta ausencia de alternativas. En la mayoría de los casos estas alternativas son propuestas por agentes sociales y/o ciudadanos que superan en eficiencia y sostenibilidad a las soluciones aportadas por los promotores de aquéllas decisiones.

Que los planes de ordenación del territorio se han convertido en una herramienta de desorden es un hecho constatado con la simple observación de esa macro parcela, urbanizada en tiempo récord, llamada Cabo Llanos. Un estudio hecho público por Consultrans en el 2004 ya advertía que dada la concentración de equipamientos que existen en la zona (comerciales, administrativos, culturales, industriales, residenciales…), “Santa Cruz corre el riesgo de quedar taponada en su nueva puerta de entrada”. Qué clase de ordenación urbanística pretende explicitar un plan donde conviven inmuebles de diferentes alturas, usos, edificabilidad y volumetría. Qué clase de bien común y distribución de usos trata de ordenar el planeamiento aquí aplicado, cuando salta a la vista la desproporción de los inmuebles y las capacidades disponibles han quedado colapsados desde el punto de vista de la movilidad. La gestación de esta zona parece responder al colosalismo, al resultado económico y la insostenibilidad, características que están en las antípodas de lo que pretende un verdadero PGO.

En general las disposiciones urbanísticas que alimentan los PGO están sujetos a un alto grado de discrecionalidad y arbitrariedad, ante la falta de planificación y criterios que fijen los límites u oriente las propuestas de cada municipio. Todo ello se ve en el actual PGO de Santa Cruz. Pero en todo caso sorprende enormemente que se hable de planes de ordenación en Santa Cruz o cualquier otro municipio de Tenerife en ausencia de una profunda reflexión previa del modelo de ciudad que se quiere construir e incluso del modelo de isla que queremos.

Las dinámicas descritas han acabado por pervertir el sentido del urbanismo, que ha pasado a convertirse en un instrumento que lejos de ordenar, desordena y cuyo objetivo principal es la obtención de réditos económicos y/o electorales. Lo hemos visto recientemente en Gran Canaria con la sentencia del TSJC en contra de la denominada Torre Guanarteme, (http://www.canariasahora.es/noticia/120184/). Un análisis concienzudo de la actualidad económica deja ver cómo se enjugan con aparente normalidad deudas muy dispares con las plusvalías generadas por operaciones de recalificación de terrenos de dudoso interés social, incluidas las deudas de algunos clubes de fútbol.

Ante el actual orden de cosas solo veo dos respuestas:
1º- Denuncia continua de los desmanes que se comenten desde los organismos públicos y privados en contra de la ciudadanía porque es necesario recuperar el desprestigiado concepto de justicia social.
2º- Desobediencia civil en el sentido que establece la RAE; “Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido” al objeto de encontrar soluciones democráticas que satisfagan en mayor medida a los ciudadanos y con el fin de restaurar el orden.

¡Qué ironía!, que tenga que ser la desobediencia la que reivindique y exija orden al establishment político actual, caracterizado por practicar la política del caos y la arbitrariedad en sus decisiones.

viernes, 12 de febrero de 2010

BOP. Una interpretación libre (y 2)


Según detalla el BOP, el 81% de los encuestados (Pág. 72) considera que la gestión que está haciendo actualmente el Gobierno de Canarias, formado por el pacto entre CC y el PP es mala o regular (41% mala, 40 % regular). La valoración media de dicha gestión se sitúa en un enfermizo 3,67 puntos sobre 10, que es la valoración más baja desde que este estudio se publica. El estudio también sondea la evaluación que los encuestados proporcionan a la actuación del partido que se encuentra en la oposición (Pág. 73), el PSOE (que en las últimas elecciones autonómicas fue el partido más votado). En este caso el 80% de los encuestados estiman que el comportamiento de la presente oposición es mala o regular (46% mala, 34% regular). El dato medio que le proporcionan los encuestados asciende hasta un raquítico 3,21. Por primera vez, la estimación que consigue la oposición es menor que la que presenta el Gobierno de Canarias.

Al margen del error muestral propio de la investigación (y que el estudio sitúa en un más/menos 1,8% para el total de la muestra, contando con un nivel de confianza del 95,5%) y del sesgo negativo que puedan introducir las respuestas del colectivo encuestado producidas en un entorno de crisis severa como el que estamos, proponemos la siguiente hipótesis; el estudio revela que el grado de desconfianza, aprensión y desinterés de la ciudadanía en los prebostes que dominan la vida política y en general de la esfera política canaria es importante.

Se podría argumentar que tal grado de escepticismo puede deberse a los numerosos casos de corrupción que afectan a la actual clase política. Los casos destapados en los últimos años así lo certifican con la imputación de más de 200 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios; caso Las Teresitas, caso Eólicas, caso Faycán, la operación Brisán, caso Unión, caso Fórum Filatélico, caso Arona, así como muchísimas otras causas abiertas relacionadas con el urbanismo en cualquiera de las siete islas.

Sin embargo, si realizamos un análisis más profundo desde el punto de vista programático, indagando en qué es lo que ofrecen los tres grandes partidos políticos canarios podemos detectar que el nivel de diferenciación política es minúsculo. Existe un consenso, probablemente no buscado (¿o sí?), pero al menos tácito, entre las grades fuerzas políticas a la hora de abordar los problemas más relevantes que afectan a la ciudadanía. Nos referimos a Sanidad, Educación, Infraestructuras, Economía, Vivienda, Medio Ambiente… ¿Qué propuestas programáticas realmente diferenciadoras han presentado y ejecutado los partidos políticos? ¿Han mejorado los diferentes indicadores que describen el estado de estos grandes rubros al producirse la alternancia en el poder en las diferentes instituciones políticas? El partido que ha ocupado la oposición en cada una de las legislaturas ¿Ha propuesto medidas alternativas viables a las desarrolladas por el ejecutivo correspondiente?

La respuesta a estas preguntas en la mayoría de los casos es negativa. Ahí están los retrasos en la construcción de los hospitales en Tenerife, la unanimidad de todas las fuerzas políticas para comenzar el superpuerto de Granadilla en Tenerife o la tercera pista de Gando en Gran Canaria, el consenso absoluto para acometer los proyectos ferroviarios en las dos islas capitalinas, el deterioro crónico de las listas de espera en la Sanidad canaria independientemente del responsable político de gestionarlas, el retraso de la ley de dependencia, los desarrollos urbanísticos ilegales acometidos en Lanzarote por cualquiera de los tres grandes partidos políticos, la inexistente política de gestión de residuos sólidos, reducida casi únicamente a la opción de la incineración, etc.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión; ¿Existe en Canarias una alternativa política real dentro de la esfera parlamentaria? La respuesta parece orientarse hacia el lado negativo. No es de extrañar por tanto, que la única salida del votante se materialice en la abstención, el desinterés y la apatía por todo lo que tenga que ver con el ámbito político y se exprese bien a través de la contestación ciudadana en la calle, bien en el nacimiento de movimientos y asociaciones cuyo fin último consiste en tratar de reorientar las decisiones políticas hacia presupuestos más justos socialmente. El análisis del nivel medio de abstención en todos los comicios autonómicos celebrados en España y calculado a partir de los datos electorales que se muestran en el portal de la Constitución, dentro de la web del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/) así parece indicarlo:

Canarias se sitúa en la 5º Comunidad española con abstención media más alta por detrás de Ceuta y Melilla (que solo presentan datos para los comicios celebrados en el 99, 03, y 07) Galicia y Cataluña. Siguiendo a Fernando Gómez Aguilera, director de actividades fundacionales de la Fundación Cesar Manrique (http://www.fcmanrique.org/):

“…los partidos políticos continúan hoy siendo necesarios, aunque insuficientes para encauzar las inquietudes y la voluntad de la ciudadanía a la hora de participar en los asuntos públicos y para representar sus intereses con independencia y justicia.(…).En nuestros días, lo político en buena medida está secuestrado por la maquinaria partidaria y corporativa de la política profesional, impidiendo, bajo pretexto de la representación, la participación, la recuperación de la soberanía de los ciudadanos y la producción de tejido democrático plural. Invertir el modelo liberal de legitimidad democrática, recuperando la ciudadanía activa y el derecho al ejercicio de la política desde la condición de ciudadano, o sea, la socialización de la política, su dignificación, resulta una tarea urgente para rescatarla de las derivas populistas y autoritarias, a las que favorece su deslegitimación y descrédito”. (Fernando Gómez Aguilera. Redes de mediación civil y regeneración de la democracia, en “Experiencias sociales innovadoras y participativas. El Rincón + 10”. Juan Sánchez García (ed.) 2004)
Esta conclusión parece coincidir con los datos aportados por el estudio del CES, donde se indica que el canario tiene un grado de interés por la política bajo o medio (56% y 24% respectivamente, Pág. 68) o que la actual situación política general es mala o regular (51% y 36%, Pág. 66).

El panorama es desalentador puesto que con escasas variaciones los encuestados no consideran que la situación vaya a cambiar ya que evalúan la situación política dentro de un año como mala (34%) o regular (44%, Pág. 67).

Es de esperar que el conjunto de la clase política canaria tome buena nota de estos resultados, se apresure en modificar todo aquello que contribuya a mejorar la imagen real que se está dando a la ciudadanía y que al mismo tiempo la ciudadanía canaria continúe profundizando y extendiendo su capacidad crítica hacia el ámbito político y el conjunto de la sociedad, cuestión vital para la salud democrática de la sociedad y para encontrar las mejores soluciones a los problemas y conflictos que existen.

viernes, 5 de febrero de 2010

BOP. Una interpretación libre (1)

 
Las conclusiones del barómetro de opinión pública (BOP) publicado en Canarias el pasado 22 de enero de 2010 presenta algunos resultados curiosos dignos de mención. No obstante, hay que indicar en primer lugar que la encuesta adolece de un tratamiento más profundo y exhaustivo de algunas magnitudes que podrían proporcionar un conocimiento más preciso de la situación política, económica y social en Canarias. Por ejemplo, en la sección 14 “Ciudadanía y participación“ (Pág. 79), se pueden avanzar las respuestas con cierta facilidad puesto que es fácil entender que lo normal es que todos nos declaremos como personas cívicas, tolerantes o solidarias. Parece más sensato y productivo orientar las preguntas hacia otras direcciones que aporten propuestas reales y/o modos diferentes de participación, que contribuyan a indagar en el grado de pretensión real del canario a participar en los asuntos públicos. Recordemos que esta información ha sido proporcionada por el Consejo Económico y Social (CES) organismo asesor y consultivo del Gobierno de Canarias (http://www.cescanarias.org/)


Hecha esta salvedad, si tomamos al pie de la letra los resultados, podemos decir que mientras para un 85,1% (Pág. 36) de los encuestados la protección del medio ambiente es de gran importancia, no lo sitúan como un problema importante, ocupando las últimas posiciones de los principales temas a resolver en Canarias (0,6%, Pág. 12). Sorprende esta contradicción, máxime cuando en un 62% de los casos, los encuestados estarían dispuestos a sacrificar un mayor desarrollo económico en favor de una mayor sostenibilidad ambiental (Pág. 38).

Aunque los datos no son concluyentes y habría que utilizar otras fuentes de información para contrastar las conclusiones del BOP, la hipótesis que mantenemos es que el deterioro medioambiental que sufren las islas no es percibido por parte de la ciudadanía como un problema fundamental. De hecho, un 43% (Pág. 19) de los encuestados valoran la actuación de la Administración en esa área como “neutra”, es decir, no la evalúan ni positiva, ni negativamente, independientemente de si cualquier administración de la política canaria actúa o no. Esto denota cierta insensibilidad del público encuestado en lo relativo a la problemática del medio ambiente. Aunque sí admiten que el Gobierno de Canarias debería invertir de forma prioritaria en protección ambiental, dicha acción ocupa el puesto nº 7 de las 11 donde el ejecutivo canario tiene que invertir de forma preferente (12,3%, Pág. 21), es decir, muy lejos de las tres primeras áreas que, con razón, ocupan el ranking (Salud, Servicios Sanitarios y Viviendas).

A la luz de esta interpretación y de estos datos, parece pertinente preguntarnos si los movimientos ambientalistas que han surgido en Canarias, principalmente a partir de la masiva manifestación contra las torres de Vilaflor en el año 2002, han logrado construir socialmente el problema de la protección medioambiental.

A tenor de las movilizaciones que han tenido lugar desde esa época, la respuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa, al menos en cierto sector de la sociedad canaria relacionado principalmente con las islas occidentales, que ha salido a la calle cada vez que se le ha convocado para manifestarse libremente. Los ejemplos están ahí, el superpuerto de Granadilla, la construcción de la vía exterior, la construcción del anillo insular, la construcción de la central térmica y el puerto de Agando en Fuerteventura, la polémica tramitación del plan general de ordenación urbana en Tacoronte y en Santa Cruz de Tenerife, etc. Si nos remontamos más atrás del año 2002, también hay ejemplos relevantes aunque, quizás, con menor grado de contestación; la protección de El Rincón en La Orotava, la construcción de la vía de Ronda en La Laguna, la embotelladora de Taguluche en la Gomera, la ILP para promover una línea ferroviaria hasta el norte de Tenerife. Sin embargo, no parece que esta sensibilidad se manifieste en los resultados del barómetro. ¿Por qué? ¿Nos está mostrando el barómetro la indiferencia de la sociedad canaria a movilizarse y a expresar su disenso ante determinados temas? ¿Hace el estudio las preguntas pertinentes?.

Quizás tenga que ver con el sesgo en origen que pueden incorporar las preguntas del barómetro, al que hacíamos referencia al principio de este artículo, en cuyo caso, sería un flagrante error por parte de los responsables de este informe que debido a su carácter asesor y consultivo debería ser una fuente de información a tener en cuenta para el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

En todo caso no parece muy congruente que la problemática de la protección del medio ambiente ocupe un lugar tan difuso y neutro en la percepción de los canarios. Sobre todo en un entorno donde el territorio juega un papel fundamental como soporte físico e identitario de las actividades que se desarrollan y además cuando el turismo es para los canarios un área de influencia muy alta en la economía según la misma fuente (92%, Pág. 30).