Los campos de golf y el derecho a prosperar

  

…la normativa medioambiental y urbanística que afecta a La Palma es excesiva e impide el desarrollo de la Isla…vamos a exigir con rotundidad el derecho a prosperar. 

Guadalupe González Taño (CC). Presidenta del Cabildo Insular de La Palma. Diario de Avisos. 05.04.13 

El turismo de golf engloba todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el desplazamiento temporal de turistas, cuya motivación principal se encuentra en la práctica del golf o en la contemplación de competiciones que tienen que ver con este deporte. España está bien situada en el mercado europeo del turismo de golf. Con una cuota de mercado muy cerca del 40% y un volumen de negocio de 1.030 millones de euros en 2011, ostenta una clara posición de liderazgo y Canarias, según un estudio de KPMG sale bien parada. Con ingresos de 177 millones se sitúa en segundo lugar por detrás de Andalucía, verdadera potencia en España en este tipo de turismo (400 millones €).

Las actividades turísticas relacionadas con el mundo del golf no solo se reducen a la construcción de los campos que albergarán su práctica. También requieren fuertes inversiones en infraestructuras hoteleras y equipamientos que proporcionen servicios a los turistas que quieran practicarlo o contemplarlo. Normalmente, las instalaciones de golf están asociadas a la proliferación de plazas hoteleras y extrahoteleras. Ello supone habilitar desarrollos urbanísticas donde se asientan actividades agrícolas y de primera necesidad, con quien tendrán que competir por el suelo disponible que, tratándose de un territorio insular como Canarias, es escaso y caro. Los desarrollos urbanísticos requieren recalificaciones y éstas traen asociada la especulación. Lo normal es que las instalaciones deportivas de golf estén emplazadas, además, en lugares de gran valor paisajístico lo que habitualmente está relacionado con espacios cuyos suelos son los más productivos y útiles para usos agrícolas.

Campo de golf en Buenavista del Norte. Tenerife

Pero hay más. Como dice Ramón Pérez Almodóvar en un magnífico artículo del 2005, en términos medios, se estima que los campos de golf requieren tanta agua para su mantenimiento como la que demandaría diariamente para consumo humano una población de unos 63.000 habitantes. Una cantidad ingente de agua para una zona como Canarias en la que se lucha diariamente contra uno de sus grandes mantras, la escasez de agua. Así pues, los campos de golf serán otro elemento más que competirá por el consumo de agua. Pero no cualquier agua, normalmente la de calidad máxima. Los estudios recomiendan que las instalaciones deportivas de golf de calidad se rieguen con agua natural, porque la depurada trae consecuencias negativas para la instalación; salinización de los suelos, riesgo de aparición de infecciones que deterioran el piso donde se practica este deporte, y las altas inversiones necesarias en instalaciones depuradoras y/o desaladoras que encarecerían la instalación.

En abril de 2002, el entonces viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Rafael Medina Jáber (CC) no dudó en apostar por el golf como oferta turística. Entonces dijo que el golf podía ser una buena alternativa a las plataneras cuando éstas dejaran de ser rentables en el futuro. Fue más allá al considerar, además, que los campos de golf embellecen el medio ambiente. En aquel momento existían en Canarias 15 campos de golf y 10 más en construcción. Más de una década después de aquella apuesta, con 23 campos de golf operativos que embellecen el territorio canario, resulta que el archipiélago sigue ostentando una tasa de desempleo de las más altas de España, unos índices de desigualdad importantes y un elevado porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Lo que invita a pensar que ese tipo de turismo, basado en la práctica y contemplación del deporte del golf, ha fracasado en su intento de generar rentas, empleo y prosperidad suficiente como para mejorar la situación económica y social del común de los canarios. Más bien parece que ha mejorado la situación económica personal de quienes han sido sus promotores más directos; constructores, inmobiliarias, tour-operadores....

Llegados a este punto surgen una serie de preguntas insoslayables ¿Realmente puede prosperar una isla apostando por el turismo de golf? ¿Podemos considerar que una isla progresa construyendo tres campos de golf dentro de espacios naturales protegidos por sus altos valores ambientales y paisajísticos? ¿De dónde procede el agua que regará estas instalaciones? ¿Entrará en conflicto con el agua destinada a consumo humano o para riego agrícola? ¿Se evalúan seriamente los impactos ambientales que genera un campo de golf? ¿Es el turismo de golf la panacea en Canarias para resolver la precariedad laboral y generar bienestar? ¿Cuántos empleos genera una instalación de golf, de qué tipo y en qué condiciones?

Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. La razón ha sido incorporar en dicho plan los campos de golf de Breña Alta, Los Llanos de Aridane y Barlovento, sin haber ejecutado previamente una evaluación sobre su impacto ambiental en el territorio. La reacción de las autoridades locales, como cabía esperar, puesto que ya es una práctica común en el archipiélago, ha sido la de criticar la legislación ambiental en Canarias. La presidenta del Cabildo Insular de La Palma, Guadalupe González, ha dicho que la legislación en materia de medio ambiente no solo es excesiva en esta isla sino que impide su desarrollo. ¿No será que impide el desarrollo y la captación de rentas de aquellos que promueven estas instalaciones deportivas, altamente impactantes con el medio natural donde se insertan?. Los hechos, desgraciadamente, demuestran que la legislación ambiental en Canarias lejos de ser excesiva no se respeta y se incumple frecuentemente.

Apelando a la acostumbrada demagogia, esta Isla debe quedar para las generaciones futuras, pero nuestros hijos tienen derecho no solo a heredar un territorio bonito y verde, sino también a desarrollarse como personas aquí y a tener un puesto de trabajo, el Cabildo recurrirá ante el Supremo la decisión del TSJC. No es la primera vez que oímos este tipo de declaraciones de cargos políticos. Unas explicaciones que parecen mostrar que las instituciones públicas trabajan más para defender los intereses de determinados agentes empresariales que promueven dichas instalaciones que para el propio ciudadano, verdadero constructor de aquellas instituciones que supuestamente deben defenderle. La estrategia de la Comunidad Autónoma en el procedimiento jurídico argumentaba que los planes territoriales especiales pueden adquirir rango de planes insulares de ordenación. Una ilegalidad manifiesta que retrata claramente la postura de la Comunidad en este asunto.