Mamotretos

¿Por qué nosotros, si fueron ellos…o tal vez nosotros también? 

(Neo)Ruinas. VV.AA. 2012

Resulta curioso que en Canarias cueste tanto derribar edificios situados en áreas protegidas por la ley para el uso y disfrute exclusivo del ciudadano. Además, no solo cuesta acatar sentencias judiciales que pontifican la demolición de construcciones ilegales que persiguen revertir decisiones lesivas para el ciudadano, sino que cuando se acatan, el perjudicado termina siendo el propio ciudadano. Es este el que finalmente paga los platos rotos vía presupuesto público y no los responsables de las ilegalidades. En otras ocasiones se terminan legalizando unas estructuras claramente dañinas en un territorio limitado y frágil como el canario. Una forma más de impunidad e injusticia, lo que nos indica hasta qué punto las instituciones carecen de sensibilidad suficiente hacia los derechos ecológicos y ambientales del ciudadano.

Edificio que albergaría un centro comercial y aparcamientos en Tfe

En el año 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de S/C de Tfe, dictaminó la validez del acuerdo plenario celebrado en septiembre de 2009. En ese pleno se aprobó el derribo del esqueleto del edificio de aparcamientos construido en la entrada de la playa de Las Teresitas. Es decir, fue necesario un pleno en el Ayuntamiento en el año 2009 y luego que un juez, dos años después, certificara la validez de aquél para acatar la decisión de derribo. Un poco kafkiano pero ni con una cosa ni con la otra ha sido posible abatir ese monumento a la incompetencia y la corrupción que se ha dado en denominar Mamotreto.

Ahora la reciente sentencia del Juzgado Nº 5 de S/C de Tenerife considera probado que varios ex ediles, funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña autorizaron la construcción del inmueble sabiendo que era ilegal. La juez ha dictaminado que el bloque no se puede recuperar ni legalizar, por lo que su demolición es una obligación derivada del delito. Por eso sentencia a los condenados a costear con su patrimonio la demolición del edificio. Ojalá nos equivoquemos pero la experiencia nos dice que el esqueleto del edificio de aparcamientos de Las Teresitas seguirá ahí por mucho tiempo más. Y ahora que se requiere de una construcción similar para el sostenimiento del encauzamiento del barranco de El Cercado, mucho más.

Pero en estas Islas hay otros mamotretos que avalan esta afirmación. Entre los años 2006 y 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró ilegal 22 licencias de complejos turísticos que fueron concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise. El Cabildo insular de Lanzarote inició en 1991 una revisión de sus normas urbanísticas que concluyó con la aprobación en el año 2000 de una moratoria que limitaba la construcción de nuevos hoteles en territorio lanzaroteño. Ni el ayuntamiento de Yaiza ni el de Teguise respetaron la normativa del Plan Insular y se lanzaron a conceder miles de plazas turísticas adicionales. En ello se basó el alto tribunal para la ilegalización de complejos turísticos entre los que figuran el Princesa Yaiza, el Meliá Volcán, el Iberostar Papagayo, el Gran Castillo, el Natura Palace, el Rubicón Palace, el Papagayo Arena o el Son Bou. Para más inri, algunos de esos hoteles, cuya licencia impugnó el TSJC, recibieron hasta el año 2002 fondos millonarios procedentes de ayudas europeas que supuestamente tenían por fin relanzar zonas deprimidas económicamente.

Edificio de la embotelladora de Taguluche

En la actualidad ninguna de esas sentencias de derribo se han ejecutado por lo que todos esos hoteles siguen ocupando la costa de forma ilegal con el consiguiente menoscabo ambiental. Es más, el Gobierno de Canarias está trabajando en un anteproyecto de ley para legalizarlos. ¿Cómo? Adaptándolos al planeamiento vigente permitiendo aumentar su edificabilidad y transformando las plazas adicionales que no respetaban la normativa en zonas comunes. Una argucia legal que es posible, al parecer, gracias a la Ley de Modernización Turística, una ley pensada para la rehabilitación de hoteles a la que se podrán acoger estos complejos. A cambio de obtener un estatus legal, estos hoteles abonarían las plusvalías correspondientes y el 15% del aprovechamiento urbanístico. Y todos contentos.

En 1998 el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno de Canarias promovieron el proyecto de construir una planta de envasado de agua en el barrio de Taguluche en Valle Gran Rey. El proyecto, que llegó a declararse de interés social por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, se situaba en una zona declarada Monumento Natural (Lomo del Carretón) así como lugar de importancia comunitaria. Pretendía que la empresa ICA Ingenieros SL comercializara el agua procedente, principalmente, de los Manantiales de Mona, El Choquete y Las Tederas. El agua de esos y otros manantiales naturales proceden del acuífero de la zona y ha permitido mantener un pequeño sector agrícola del que viven muchas familias. Estos manantiales han colaborado en preservar algunos de los últimos reductos de laurisilva en La Gomera así como la rica flora y fauna de esa zona de la isla.

Edificio en Acorán

En poco tiempo se comenzó a construir un edificio de gran impacto visual donde se envasaría el agua de forma industrial. Una construcción formada por dos plantas con sótano y depósito con capacidad de 20.000 m3. En diciembre del año 2000 el TSJC dictó resolución que suspendía cautelarmente la construcción de dicho edificio gracias a la movilización ciudadana. Una sentencia que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey tardó en acatar y encajar. Con posterioridad, en 2004 el TSJC declaró ilegal el proyecto de embotelladora promovido por las tres administraciones canarias exigiendo no solo su paralización definitiva sino su demolición. Y en 2009 el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey contra la resolución del TSJC. A pesar de todas las sentencias el edificio, a día de hoy, aún continúa en pie y abandonado en el corazón del paraje. Hace aproximadamente un año, el TSJC dictaba una providencia por la que daba un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para presentar un proyecto de demolición del edificio. Y hace escasamente tres meses la misma institución judicial le daba un ultimátum. Pues ni con esas se consigue derribar el edificio y restablecer la legalidad.

En este breve pero ilustrativo inventario de agresiones ambientales no podemos olvidar que toda una generación de individuos hemos tenido el “privilegio” de conocer los esqueletos de dos edificios que se han mantenido incólumes durante tres décadas, sin que las instituciones correspondientes hayan hecho nada o casi nada por su derribo, a pesar de su enorme impacto visual y su sempiterno abandono. Hablamos de los edificios que se iban a situar en el Puntillo del Sol en La Matanza, en pleno paisaje protegido de la Costa de Acentejo, o en Acorán situado en la costa de Añaza.