La institucionalización de la destrucción

"Hay una gran reserva de información, que es la biodiversidad"

Ramón Margalef

Es sintomático ver pasar los años y detectar que el entorno que te ha acompañado en el devenir de tu vida y que está asociado a muchas vivencias y emociones personales deriva en un deterioro aparentemente inexorable. Quizás es el signo característico de nuestro tiempo, el deterioro irreversible de las condiciones de nuestro entorno y de la intensificación de los procesos de agotamiento de los recursos, como síntoma de una civilización que muchos consideran a la deriva.

El deterioro del aire de las capitales de las dos provincias, contaminado cada vez más como consecuencia de un sistema de movilidad centrado en el vehículo privado, el retroceso del territorio destinado al cultivo agrícola, la presión urbanística sobre entornos naturales, la contaminación de los acuíferos, la densificación de zonas montañosas hasta límites irracionales, etc, han sido procesos lentos y pausados pero que un mínimo de atención permite observar consecuencias a simple vista.

La idea de sanear las cuentas de los ayuntamientos y de las CC.AA. acometiendo una nueva desamortización, tal y como se ha planteado en algunos medios de comunicación en España (La lucha contra el déficit: ¿una nueva Desamortización?. Jaime Lamo de Espinosa. ABC. 27.05.2010. El autor es presidente de la asociación nacional de constructores independientes. ¿Una coincidencia?) o como se ha hecho en Inglaterra, donde no solo se pretende vender espacios naturales sino reducir los recursos destinados a la protección del medio ambiente, nos parece una vuelta de tuerca más en el afán de privatizarlo todo. Una huida hacia delante que profundiza en el proceso de asignar un precio a todo lo que existe en este mundo, producto de unas prácticas neoliberales que confunde con demasiada frecuencia valor y precio (Vender bosques nos empobrece. El País. 28.08.2010) y que a buen seguro si estas ideas, absolutamente descabelladas se llevan a cabo, terminarán por minorar el grado de biodiversidad.

Nos preguntamos dónde han quedado los planes de acción acordados hace casi 20 años, allá por el año 92 en Río de Janeiro en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que se materializó, entre otras cosas, en lo que se llamó Agenda 21 o Agenda de desarrollo local. El plan, que daba la voz de alarma ante una realidad cada vez más preocupante en cuanto a la pérdida en el mundo de biodiversidad y el avance del cambio climático, perseguía apuntalar el desarrollo sostenible (ese concepto vilipendiado por un uso fraudulento del mismo por muchos sectores de la sociedad en la que hoy nos movemos) mediante la aplicación de tres principios básicos:

a- El principio de precaución que trataba de generalizar un enfoque preventivo en la aplicación de determinadas políticas.
b- El principio de solidaridad según el cual se establecía una conexión en el tiempo entre las generaciones actuales y las futuras para no comprometer el desarrollo de éstas últimas.

c- El principio de participación donde todos los actores sociales tienen el derecho de participar en los mecanismos de decisión de los gobiernos elegidos por aquéllos.

Nada de esto o al menos, muy poco, se ha hecho en un plan que trasladaba la responsabilidad del desarrollo de la Agenda 21 desde los estados al último actor administrativo, los ayuntamientos. Instituciones, por otro lado, directamente afectados por la actual crisis económica, unas veces por su excesivo endeudamiento, otras por mantener una alta conexión con el mundo inmobiliario.

Lo más preocupante, sin embargo, es institucionalizar, mediante la creación de determinadas leyes ese ataque contra la biodiversidad. Es la legalización de la destrucción aprovechando los resquicios legales que permite el sistema democrático representativo o directamente mediante la no aplicación de leyes que están ahí para proteger el medio ambiente. Cómo, si no es de esta forma podría entenderse la proposición de ley denominada “Catálogo Canario de Especies Protegidas” promovida por el grupo de Coalición Canaria y apoyada por el PP.

Una proposición que no solo desprotege un gran número de especies canarias sino que rebaja el nivel de protección de otras muchas y que deja la puerta abierta para “legalizar” intervenciones sobre ecosistemas que gozan de una protección especial, si esas intervenciones son catalogadas de interés general y no afectan sensiblemente a dicho ecosistema. El actor institucional que define qué es lo que se considera interés general bajo unos procedimientos de dudosa justificación ética, moral y democrática, es el mismo que cambia la ley para legalizar intervenciones que estén catalogadas por ese concepto tan voluble como es el de interés general y que son promovidas por instituciones bajo su mando. Todo un homenaje a la institución de la Democracia y al poder legislativo. Lo cual demuestra de paso que el que hace la ley hace la trampa.

La iniciativa está lo suficientemente bien pensada como para considerarla una auténtica argucia legal en la medida que, por un lado, al ser una proposición de ley evita que haya informes técnicos de los expertos medioambientales que la tachen de irracional y por otro permiten que se acometan determinadas obras bajo el pretexto del “interés general”. El grupo de gobierno canario parece olvidar que la Constitución recoge que la utilización del concepto de interés general no es una declaración unilateral sino que debe contar con el concurso y participación de la ciudadanía, puesto que es ésta la que se verá afectada por la intervención y porque en última instancia la ciudadanía como colectivo soberano, tiene derecho a decidir qué es lo que se considera interés general y qué no.

Pero sobre todo lo que roza la auténtica grosería son las declaraciones de los arquitectos políticos de tal proposición nada más aprobar la misma el pasado día 18.05.2010, remarcando nuevamente la supuesta necesidad social del puerto industrial de Granadilla en tiempos de crisis o su pretendida oportunidad estratégica. Nos preguntamos que tendrá que ver una obra tan impactante en el territorio de la costa tinerfeña con superar la actual crisis económica o con el progreso de la isla.

La terquedad y la insistencia de los políticos en sacar adelante la intervención, nos lleva a sospechar que ésta, debe estar más relacionada con satisfacer determinadas relaciones clientelares de la clase política para con los grupos de poder económicos que extienden sus tentáculos en Canarias, con las plusvalías que se pueden generar en la recalificación de los terrenos donde se desarrollará el proyecto y con el abandono lento y pausado que desde las instancias políticas se está sometiendo al puerto de Santa Cruz de Tenerife, que con proporcionar verdadero progreso a los habitantes de la isla. Un progreso que, como el ataque a la biodiversidad en Canarias, desde hace mucho tiempo se ha desligado de la idea de mejorar las condiciones de igualdad en la isla para identificarse con la destrucción del territorio.

Los responsables de tal desaguisado no han tenido pudor, ni decencia política alguna en reconocer, cada vez que los medios les han interpelado al respecto, las verdaderas intenciones de tal iniciativa. Así se recoge en algunos medios; “Berriel (Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y autor material de la proposición), quien llegó a negar públicamente que el catálogo estuviera vinculado a las obras del Puerto de Granadilla, reconoció ayer que, tras la descatalogación de los sebadales, "no parece que tenga problemas" la obra del puerto, "como no debió tenerlo nunca" (Berriel deja claro que el nuevo catálogo desbloqueará Granadilla. Diario de Avisos. 01.07.10). Incluso, reclamar al estado la reanudación de las obras del Puerto de Granadilla: “El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, instó este miércoles al Estado a acometer las obras del puerto de Granadilla, puesto que no tiene "ningún problema" una vez aprobada la Ley del nuevo catálogo de especies protegidas” (“Berriel pide al Estado retomar Granadilla”. Canarias Ahora. 30.06.2010)

El PP, socio de gobierno de CC, no ha querido dejar perder la oportunidad de mostrar su opinión al respecto a través de Manuel Domínguez, secretario general del grupo en Tenerife, quien ha manifestado que; "se convierte en una gran oportunidad" para la isla (“El PP celebra la reanudación de la construcción del puerto de Granadilla (Tenerife) que defiende por "estratégica". 20 minutos. 15.07.10).

Esta actitud de desafío y osadía, más propia de una república bananera, nos indica la verdadera catadura moral de unos sujetos políticos que han puesto a la comunidad en una situación de precariedad absoluta si atendemos a los indicadores de paro, umbral de pobreza, desigualdad social, deterioro del medio ambiente, etc. Y muestra una actitud desafiante para con las instituciones del poder judicial (La Autoridad Portuaria desafía a jueces y fiscales. Canarias 24horas. 16.07.2010).

Ante esta catarata de declaraciones, el TSJC ha tenido que precisar que la suspensión sobre las obras del puerto sigue vigente; “El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ayer que mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla, motivo por el cual las obras del puerto industrial se paralizaron en febrero de 2009, apenas dos semanas después de haber comenzado. Fuentes del Alto Tribunal canario afirmaron que está pendiente de resolver el recurso del Gobierno regional, a través del cual se pedía el levantamiento de la citada suspensión cautelar, una vez aprobado el pasado mes de junio el Catálogo Canario de Especies Protegidas, que deja fuera de la categoría de vulnerable a los sebadales. Las mismas fuentes precisaron que si la Autoridad Portuaria decide saltarse esta suspensión cautelar, "tendrá que atenerse a las consecuencias" (El TSJC avisa: la suspensión de las obras sigue vigente. La Opinión. 15.07.2010)

En una sociedad donde los que dirigen el cotarro se permiten la licencia de desafiar al poder judicial con total impunidad y donde las relaciones clientelares entre el gobierno y algunos grupos económicos sostiene un sistema basado en el reparto de contratos y el tráfico de influencias, solo queda la Sociedad Civil para defender el patrimonio natural y la biodiversidad que aún sobrevive, así como fortalecer las instituciones del poder judicial para que sancionen con contundencia todas las actuaciones que puedan constituir delito.

Las últimas noticias respecto a la protección de los sebadales a través del catálogo nacional de especies protegidas, no invitan al optimismo (Los sebadales, fuera del catálogo nacional de especies. La Opinión. 31.08.10) y es una prueba más para reafirmarnos en la idea del abandono que el PSOE ha hecho en esta segunda legislatura del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con la protección del entorno natural. Y es que se puede esperar muy poco de este PSOE de principios del siglo XXI. Urge una alternativa política distinta que ponga en el centro de su ideario la protección del medio natural, el debate sosegado con la sociedad civil respecto a todo aquello que le afecte y además una defensa de lo público frente a la ofensiva privatizadora de la actualidad.

Foto 1: Obras del puerto deportivo de Garachico, Tenerife. En "Las obras del puerto se ‘adelantan’ y culminarán dentro de un año". Diario de Avisos. 01.09.2010
Foto 2: Costa de Radazul. Tenerife. En La Opinión