Obsesión reformista y dependencia energética

 
El Partido Popular ha entrado en el gobierno de España como un elefante en una cacharrería. Así invitan a pensar las reformas presentadas, mucho antes de los 100 días de rigor, en Justicia, en Sanidad, en Educación o en Economía. La excusa de que la herencia socialista es nefasta, siendo cierta, está dando mucho juego a los populares. Ante la crisis actual y la exigencia externa de realizar cambios (eje franco-alemán y mercados), surge el oportunismo del PP de imponer su proyecto de España. Lo que sorprende es la rapidez con la que el Partido Popular es capaz de realizar reformas en áreas clave de la sociedad española, en un tiempo récord, con una inmediatez de relámpago y prácticamente sin el consenso del resto de formaciones políticas. ¿No es una contradicción intentar transformar con tal urgencia áreas estratégicas de la sociedad, presuntamente claves en el desarrollo de un país?. En estas circunstancias, plantear un pacto de Estado en aquellas cuestiones que afectan a la ciudadanía de forma directa suena anacrónico. La consecuencia es que cada cuatro años tenemos una versión de España coincidente con los intereses coyunturales del partido que gobierna, pero inservible para colocar al país en una senda sólida de desarrollo económico, social y cultural.

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Un desmontaje del Estado que se realiza progresivamente, muchas veces de forma opaca, obviamente con todos los papeles en regla que permite esta democracia ceremonial. El desarme está amparado por una mayoría parlamentaria que les permite implementar cualquier propuesta que consideren sin necesidad del consenso parlamentario. Ya comentamos en otra ocasión que la única oposición posible ante el monopartidismo de esta legislatura sería la que provenga de la calle. El inmenso poder asumido en las dos últimas citas electorales permite al PP desarrollar su proyecto de España con total libertad y, si así lo desea, sin el consenso de las demás formaciones políticas.

La manía reformadora también ha llegado al sector de la Energía. Recientemente el flamante ministro de Industria, Energía y Turismo, ha hecho unas declaraciones que invitan a pensar en la posibilidad de que el Gobierno Central autorice las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El ministro ha declarado que España no puede permitirse el lujo de eludir la posibilidad de sondear si hay o no petróleo. Estas declaraciones se suman a las dos últimas decisiones tomadas por el ministro en materia de energía y que dibujan un panorama general preocupante y especialmente crítico para Canarias; eliminación de las primas futuras a las renovables y el desbloqueo legal para la construcción de dos plantas de gas natural licuado en las islas provinciales, declarándolas, como ya es norma por esta tierra, obras singulares.

Unas declaraciones que apuntalan un modelo energético que profundiza la dependencia de los combustibles fósiles en Canarias, se obstaculiza el desarrollo de otras fuentes de energías renovables y si finalmente se autorizan las prospecciones petrolíferas, significará asumir enormes riesgos relacionados con la posibilidad de derrames masivos que pueden tener importante influencia sobre Canarias. En definitiva, más dependencia respecto de la energía fósil, menos alternativas de energía limpia y más riesgos de catástrofes.

Evolución de la extracción de petróleo y sus máximos

Es difícil que un ministro comience su mandato de forma tan clara y concisa del lado de los intereses oligopólicos de la industria de la energía fósil y en contra de los intereses de la ciudadanía. No vamos a profundizar en los riesgos que traerá para las islas la ejecución de dichas prospecciones, otros ya lo han hecho. Ni en las implicaciones que tienen dichas decisiones en el mantenimiento de un modelo productivo que genera desempleo. Lo que nos parece relevante es el modo en que nuestros responsables políticos toman decisiones. Suele ser usual imponer las decisiones, sin un consenso previo que demuestre el interés de implicar a otros actores afectados, sin un estudio solvente e independiente de los potenciales beneficios y perjuicios que pueda generar, sin la transparencia que requieren decisiones políticas de alto nivel. Este modo de actuar se parece más a recientes dictaduras, a regímenes donde la palabra Democracia solo sirve para cubrir el expediente.

¿Se puede compatibilizar una política energética convencional basada en la extracción de más petróleo, con los riesgos que ello conlleva para las costas y los ecosistemas canarios, con un modelo económico donde el turismo es el gran motivador del crecimiento económico? El Sr. Soria tiene que saber que no, sus competencias abarcan la Industria, la Energía y el Turismo. Salvo que gobierne para unos grupos de poder muy concretos.