jueves, 27 de junio de 2013

Desigualdad y pobreza en Canarias (III)


Esta normativa fiscal parece sacada de un texto de El Roto o de Valle Inclán, pero no es así, se trata de la RIC. Evidentemente, no queremos darnos cuenta de que la principal ultraperiferia es la mental que es la que está llevando al disparate a Canarias como sociedad y como espacio económico a la vez que a un aumento abismal de la desigualdad.


En el artículo anterior hemos visto algunos indicadores económicos y sociales que ilustran que el modelo productivo que se estila en Canarias es generador de pobreza y desigualdad. Además hemos destacado la inacción del ejecutivo autonómico para impedir la extensión de la desigualdad y la pobreza en las islas durante el periodo de expansión económica. Pero hay otros factores que es necesario han contribuido al incremento de la desigualdad y la pobreza en el archipiélago.

Padylla
La RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, es una herramienta fiscal que permite a los empresarios instalados en el archipiélago quedar exentos de pagar el Impuesto de Sociedades hasta en un 90% de la base imponible de los beneficios no distribuidos. Se trata de un presunto incentivo fiscal otorgado a aquellos empresarios que, a cambio, deben destinar ese volumen de recursos que se ahorran para estimular la inversión, el empleo y, por tanto, el crecimiento económico en las Islas.

La realidad, sin embargo, es que ese volumen de recursos que quedaba exento fiscalmente (según algunas estimaciones en el periodo 98 – 2007 llegó a significar unos 1.300 millones de € anuales que dejaba de ingresar la Hacienda Pública canaria) no se destinó a la creación de actividad económica transformadora de la realidad social de Canarias. Al contrario, los recursos RIC se orientaron a las actividades especulativas que generaban un beneficio rápido y masivo a corto plazo. En la época de la liberalización del suelo, el boom inmobiliario y la aplicación suave de la ley de costas, parte de los recursos RIC fueron destinados al sector de las actividades inmobiliarias, pero también a la suscripción de inversiones financieras de instituciones públicas canarias como la compra de deuda pública autonómica (de modo que los empresarios pasaron de aportar recursos a financiar la Administración Pública canaria), o la adquisición de títulos representativos del capital de sociedades que presuntamente desarrollaban su actividad en el archipiélago. Al mismo tiempo, existe una ingente cantidad de recursos ociosos por este concepto que no han sido materializados aún porque no encuentran destino. Bien empleados, con la supervisión pública adecuada y persiguiendo fines de interés común, esta bolsa de recursos ociosa podría significar una inyección de capital que insuflaría oxígeno a la maltrecha economía canaria.

El efecto perverso generado ha sido múltiple; consolidar un modelo productivo basado en actividades especulativas, muy impactantes medioambientalmente en el caso de Canarias, y creador de un tipo de empleo de baja cualificación y retribución; debilitar el sector público canario puesto que este deja de ingresar una bolsa ingente de recursos que le proporcionaría músculo financiero; fortalecer económica y políticamente al grupo de empresarios que se acogían a este tipo de herramientas fiscales.

Recordemos que este instrumento fiscal está regulado por el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Por tanto, podríamos decir que es una institución extractiva diseñada y entronizada desde Canarias para crear desigualdad. Un artefacto que proporciona una ventaja fiscal a los empresarios, consolidando de facto un sistema impositivo inequitativo que supone un agravio frente a los gravámenes que soportan las rentas del trabajo, proporcionalmente superiores a las de aquellos.

Hay otro factor a tener en cuenta y que explica en parte la desigualdad y la pobreza en Canarias. ¿Cuál es la calidad del gasto público en Canarias? Es decir, aquellos que se benefician de los servicios públicos que proporciona el estado del bienestar autonómico ¿son los mismos que los que lo sufragan? Si es así estamos ante un problema redistributivo importante, también ante un dilema ético. La teoría nos dice que deben ser los individuos con rentas superiores los que tienen que aportar proporcionalmente más al sistema que financia el Estado del Bienestar autonómico. El fraude fiscal desvirtúa la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza porque cuanto mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal que deban soportar el resto de contribuyentes y, por tanto, menores los ingresos obtenidos para financiar los servicios públicos. Canarias con una economía sumergida que alcanza, según algunas estimaciones, el 28,7% del PIB (la segunda más alta de España) y un volumen de evasión fiscal no despreciable que obliga a cada canario a realizar un esfuerzo fiscal extra de unos 2.100 € (la media española se sitúa en los 1.910€), hacen pensar que los que financian la Educación, la Sanidad, la vivienda social, el subsidio de desempleo, los servicios asistenciales, los programas contra la exclusión social, etc., son los mismos que los que lo sufragan. Y resulta que son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias en estas actividades.

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