Comités de expertos

Expertos. Les oímos hablar en los medios de comunicación con su halo de neutralidad, sabiduría y objetividad e inconscientemente otorgamos total credibilidad a lo que nos dicen. Sin embargo, tendemos a olvidar que, como cualquier ser humano son falibles y sus palabras nunca son neutrales. Bajo sus tecnicismos y argumentos se esconde una filosofía determinada que en mayor o menor medida sirven a los intereses del poder político y económico. En definitiva, el marchamo de supuesta independencia se lo otorgan aquellos que justificarán sus propuestas a posteriori.

El Roto

En noviembre de 2011, el gobierno regional promovió la creación de un comité de expertos encargado de estudiar la reforma de las Administraciones Públicas canarias.  Su principal cometido sería efectuar una evaluación del funcionamiento y el marco competencial de cada uno de los ámbitos de la administración para identificar duplicidades e ineficiencias. De esa evaluación debían salir propuestas y recomendaciones de actuación dirigidas a mejorar el servicio prestado al ciudadano por parte de las administraciones. Unas mejoras que se elevarían al Ejecutivo canario, quien tendría las competencias para adoptarlas o no.

Entre las medidas propuestas por el Comité de expertos han trascendido dos de importancia capital en el desarrollo económico y social de las Islas:

Por un lado, se ha propuesto que las Corporaciones Locales tengan capacidad para tramitar, aprobar y desarrollar de forma definitiva sus propios planes generales de ordenación del territorio sin necesidad de que la Cotmac otorgue su autorización. Una propuesta que no es nueva. Desde hace algún tiempo la supresión de la Cotmac ha sido exigida por diferentes agentes políticos y empresariales (¡Qué casualidad!). La Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias se ocupa de garantizar la legalidad en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Su cometido consiste en velar por el cumplimiento y respeto de las normas urbanísticas aprobadas en Canarias.

Algunos han denunciado su presunta ineficiencia argumentando que demora la aprobación de los planes urbanísticos en las Islas e imprime una gran dosis de burocracia que obstaculiza el desarrollo económico de las Islas. Sin embargo, su actuación ha permitido paralizar, en no pocas ocasiones, desmanes urbanísticos que de otra forma hubieran adquirido carta de naturaleza oficial. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que dejar la llave de la recalificación urbanística en manos exclusivas de las Corporaciones Locales no es lo mejor. Una perversidad que no solo desembocó en el consumo indiscriminado de territorio sin unos mínimos criterios ambientales o sociales, sino que se han detectado infinidad de casos de corrupción como consecuencia del concierto tácito entre el político de turno y el poder económico local.

La segunda medida propuesta por parte del comité de expertos al Ejecutivo data de 2012 y consiste en eliminar la que en su momento se llamó ley de moratoria turística. En la actual coyuntura de crisis y teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en las Islas, el comité de expertos considera un obstáculo insalvable para la recuperación económica del Archipiélago que exista una ley que regule y limite los establecimientos alojativos en Canarias. Aunque han dejado claro que la propuesta no contempla consumir más suelo, si consideran necesario impulsar la construcción y la rehabilitación. Para lo cual la presente ley es un estorbo. Esta propuesta tampoco es nueva. Diferentes agentes políticos y también empresariales han exigido su derogación (seguramente es otra casualidad).

El Roto

La moratoria turística en el Archipiélago se inició con diferentes decretos y leyes hace más de una década (Decreto 4/2001, Ley 19/2003,…). Legalmente supuso la entronización de una estrategia integral de moderación de la oferta alojativa turística desde el punto de vista cuantitativo. Aunque la idea original fue matizada y flexibilizada en el Parlamento, el objetivo último perseguía transformar el modelo turístico vigente en las Islas bajo criterios sostenibles, interviniendo en los espacios turísticos que mostraban claros síntomas de saturación y/o declive. La realidad, sin embargo, es que la mal llamada moratoria tuvo un impacto perverso y considerable sobre el territorio. Como consecuencia de que la ley presuponía la paralización o derogación de proyectos turísticos futuros, se estimuló la expansión de áreas turísticas ya consolidadas y se crearon otras nuevas (campos de golf, incremento de la residencialidad de los edificios, etc). Justo el efecto que se deseaba modular o mitigar. Por si fuera poco dicha ley ya fue flexibilizada por el Gobierno el pasado año.

A partir de aquí, surgen una serie de cuestiones que conviene considerar:

¿Por qué razón cada vez que se estudia el modo de reformar las Administraciones Públicas se concluye que lo mejor es eliminar normativas existentes, desregular ámbitos de actuación o vaciar de contenido al Sector Público? ¿Es así como las Administraciones Públicas prestarán un mejor servicio al ciudadano? Estas medidas propuestas por el comité de expertos tienen un calado importante ¿No sería más coherente, plural y por tanto más democrático involucrar en la generación de las mismas a otros colectivos que están en disposición de aportar un conocimiento de calidad sobre gestión del territorio y crecimiento turístico? ¿No existe base para la recuperación económica canaria mediante la promoción de otro modelo económico basado en un respeto real por el territorio? ¿Queremos impulsar de nuevo un sector de la construcción responsable de desmanes urbanísticos irreversibles? ¿Construir más hoteles con categoría de 4 ó menos estrellas será la panacea del empleo en Canarias? Que las Corporaciones Locales tengan capacidad para tramitar, aprobar y desarrollar de forma definitiva sus propios planes generales de ordenación sin la supervisión de la Cotmac ¿no supone un incentivo para que los Ayuntamientos retomen comportamiento urbanísticos irresponsables?