Un referéndum que llega tarde

 
La Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum dice en su artículo 4, punto 2, que el referéndum solo podrá celebrarse en el periodo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales. Esa restricción nos indica que la consulta, en caso de autorizarse por parte de las Cortes españolas, solo podría celebrase en el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y febrero de 2015.

En la reciente decisión del Gobierno de Canarias de convocar una consulta popular sobre la idoneidad de efectuar las prospecciones petrolíferas frente a las Islas hay algo que no huele muy bien. Diferentes colectivos de la sociedad civil canaria habían propuesto, hace ya algún tiempo, la opción del referéndum ante la política autoritaria y del decreto impuesta por el PP y el Ministro de Industria en este asunto. Sin ir más lejos, a la vuelta del verano de 2013 también Nueva Canarias propuso la convocatoria de un referéndum.

En ningún momento, el actual gobierno regional hizo suya esta propuesta. ¿Por qué el gobierno regional, sustentado por CC y PSOE, lanza ahora, en este preciso momento, la convocatoria de la consulta popular? Evidentemente, las próximas elecciones europeas en mayo del presente y la posible convocatoria de los comicios autonómicos en la primavera de 2015 abren una gran oportunidad a Coalición Canaria para presionar y dañar la imagen del Partido Popular en el Archipiélago.

Según las previsiones del consorcio de empresas liderado por Repsol, las prospecciones para determinar si existen hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura comenzarán muy probablemente entre julio y septiembre de 2014. Así mismo, se lo trasladó Mariano Rajoy a Paulino Rivero a principios de año. Por tanto, en el caso excepcional de autorizar y celebrar el referéndum su capacidad real, por sí solo, para frenar los trabajos de sondeo será reducido.

Realmente, qué le interesa más a Coalición Canaria y su socio de gobierno, el PSOE, cuyo máximo responsable, además, manifestó allá por febrero de 2011 que los sondeos reportarían grandes ventajas a Canarias. Lo que más le interesa al gobierno regional es seguir explotando ese victimismo político que tantos réditos electorales ha proporcionado a CC en el pasado y que a menudo servía como moneda de cambio para satisfacer los intereses de los nacionalistas cuando su influencia en los asuntos nacionales era de mayor intensidad. Con la convocatoria de la consulta el gobierno regional va a conseguir precisamente eso, puesto que obligará al PP a retratarse ante España y en concreto ante su electorado en las Islas. Sería muy extraño que las Cortes autorizaran la consulta ya que el Parlamento está controlado por el Partido Popular, porque autorizar el referéndum podría sentar un precedente ante otras CC.AA. que una política centralista como la que desarrolla el PP no estaría dispuesto a permitir y porque, en definitiva, el gobierno del PP siempre ha dicho que el asunto de las prospecciones y los sondeos es un tema cuya competencia es, a todos los efectos, del Estado.

La convocatoria de un referéndum sobre este importante asunto es una herramienta fundamental que un gobierno regional, responsable con su medio ambiente y preocupado por la participación ciudadana, debería hacer valer para presionar a un gobierno central demasiado cercano a los intereses de las grandes compañías, entre ellas las petroleras. Máxime cuando la oposición mostrada por diferentes colectivos de ciudadanos por todo el Archipiélago ha sido muy fuerte y combativa. Esa consulta les permitiría expresar su sentir de forma institucionalizada, además de acercar al ciudadano a las instituciones políticas, tan denostadas en la actualidad, precisamente por el gran déficit democrático que presentan.

En la política de hoy, no solo en el ámbito canario, sigue siendo una asignatura pendiente de los políticos fomentar cauces y vías de participación ciudadana en los asuntos públicos. Algo que no se explora lo suficiente porque supondría habilitar que los partidos políticos pierdan el privilegiado y absoluto papel decisor que tienen en la actualidad. Una vez más, como de costumbre, sobre todo en el ámbito regional, la política, tan sujeta al cortoplacismo, al oportunismo electoral y a la estrategia partidista ha llegado tarde.

Pero ha llegado tarde porque en realidad, en este asunto como en muchos otros que aquejan la salud democrática y ambiental de Canarias (Tindaya, el puerto de Granadilla, la moratoria turística, etc) importa muy poco la opinión de los ciudadanos. Pero eso no debe hacer decaer los ánimos entre aquellos que consideran que una consulta popular es necesaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Marea Blanca a favor de una Sanidad Pública, la Verde que defiende una Educación pública y de calidad o incluso la llamada Marea Azul partidaria de la gestión pública del agua, nos han enseñado que hay procedimientos y vías alternativas a las auspiciadas por los partidos políticos para celebrar una consulta popular y también para poner en marcha iniciativas que pueden tumbar cualquier decisión política tomada contra los intereses ciudadanos. En nuestras manos está. Si dejamos que el gobierno regional lleve la iniciativa en este asuntos estaremos limitados por los tiempos y las servidumbres de los partidos políticos y en ese caso, ya lo hemos visto, los damnificados serán el medio ambiente y el ciudadano.