La economía sumergida en Canarias

La economía sumergida aleja el temor a una revuelta social en España junto con otros tres soportes: el colchón familiar, los subsidios y las ONGs 

Informe Prensa Economía Sumergida. GESTHA. Enero 2014.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha publicado recientemente un interesante estudio sobre la envergadura que ha adquirido en España la economía sumergida durante los últimos años. El interés de dicho estudio, titulado La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, radica en el hecho de que los análisis sobre este tema son minoritarios y muy generales debido a la complejidad de los procedimientos empleados para su estimación. Este informe tiene la virtud de incorporar un examen detallado de la distribución de la economía sumergida en España por comunidades autónomas y provincias. El estudio se centra en el periodo comprendido entre los años 2000 - 2011 y además contempla una proyección para el año 2012.

Ecomomía sumergida por Comunidades. Gestha.

Desafortunadamente, como en tantos otros indicadores de tipo socioeconómico, Canarias no sale bien parada. El estudio le atribuye el cuarto volumen de economía sumergida más alto de todo el territorio nacional para 2012, alcanzando el 27,9% del PIB regional. Para el conjunto de España el indicador se sitúa en el 24,6% del PIB nacional. El estudio de Gestha está en línea con otros análisis realizados, por ejemplo, por CC.OO. o el Instituto Español de Analistas Financieros, que ya habían advertido que la economía sumergida en el archipiélago alcanza un porcentaje apreciable del PIB regional y muy superior a la media española.

Las principales razones que utiliza Gestha para justificar un nivel de economía sumergida tan alto en España están relacionadas con las enormes bolsas de dinero negro generadas por la excesiva vinculación de la economía al boom inmobiliario, el incremento de la corrupción y la escasa transparencia de las instituciones, así como una tasa de paro elevada.

Canarias es un caso paradigmático de estos fenómenos. La excesiva dependencia de la economía de las Islas del subsector inmobiliario y de la construcción hizo que el mercado de trabajo se comportara conforme a la evolución de la bonanza de este subsector. Una dependencia incentivada desde la clase política. Los políticos pronto percibieron los réditos electorales que obtendrían de impulsar sin control territorial ni ambiental un sector que proporcionaba trabajo para casi todos (aunque fuera en condiciones precarias y en negro) y grandes plusvalías para los que se beneficiaban de las recalificaciones de terrenos. Esto se tradujo en un concierto fraudulento y corrupto entre el poder político y el económico que derivaría en malversación, tráfico de influencias, sobornos, prevaricación, etc. No es casualidad que Canarias cuadriplicara el % de municipios que se han visto afectados por algún episodio de corrupción urbanística en España. Semejante descontrol y corrupción ha sido el caldo de cultivo para generar una economía sumergida en las Islas de las más altas de España que parece que nadie quiere resolver.

Gestha, además, muestra con su estudio un dato inquietante de clara aplicación al caso canario; la economía sumergida se ha convertido junto con las familias, la cobertura de las ONGs y los subsidios, en uno más de los colchones que, ante la incapacidad manifiesta que presenta la economía canaria para generar empleo y de calidad, mitigan un posible estallido social (Canarias terminó el 2013 con una tasa de desempleo que supera el 33% de la población activa). Lo que viene a cuestionar este dato es la voluntad política real del gobierno regional de combatir con medidas solventes el enorme fraude generado en las Islas y que ha impulsado la economía sumergida durante los últimos años. ¿Está dispuesto el gobierno a luchar contra la economía sumergida sabiendo que esta es un sostén fundamental de la paz social ante el deterioro socioeconómico de las islas a nivel de empleo, pobreza y desigualdad?

La respuesta hay que buscarla en las propias propuestas que hace Gestha para crear un sistema tributario eficaz. ¿Conoce el gobierno de Canarias la dimensión del fraude que lastra la economía regional con vista a tomar medidas solventes para su reducción? ¿Se ha encargado algún estudio independiente para cuantificarlo y conocerlo? ¿Se ha dotado a la Hacienda Autonómica de los recursos suficientes a nivel económico y humano para luchar contra el fraude? ¿Se controla la elusión fiscal en Canarias? ¿Se han puesto en marcha en el archipiélago campañas solventes para concienciar al ciudadano de que pagar impuestos nos beneficia a todos y contribuye a crear un sector público con músculo financiero?