Canarias Negra

“Vivimos en lo que se llama una democracia, el gobierno de la mayoría. Un espléndido ideal si fuese posible hacer que funcionara. El pueblo elige, pero la maquinaria del partido nomina, y las maquinarias de partido, para ser eficaces, necesitan mucho dinero. Alguien se lo tiene que dar, y ese alguien, ya sea individuo, grupo financiero, sindicato o cualquier otra cosa espera cierta consideración a cambio”

El magnate Harlan Potter a Philip Marlowe en “El largo adiós”. Raymond Chandler. Pág. 307. Ed Cátedra. Madrid. 2005

Vivimos en una realidad con trazos de la mejor serie negra que emula las brillantes y sobresalientes tramas narradas por Hammett y Chandler. Pero la realidad siempre supera a cualquier clase de ficción. De un tiempo a esta parte (quizás siempre estuvieron ahí, solo que ahora se hacen más evidentes) proliferan personajes del poder económico que corrompen el interés público de algunos de los miembros más conspicuos del poder político a base de regalos como contraprestación a la adjudicación de contratos. Tesoreros de algunos partidos políticos están presuntamente implicados en turbias tramas de financiación irregular. Protagonistas de la alta política (que no hace mucho defendían un plan hidrológico nacional basado en obra hidráulica) son imputados por cohecho, malversación, blanqueo y delito electoral y confiesan en televisiones públicas que no es una excepción que lo presupuestado en muchos proyectos públicos se exceda como norma. Importantes elementos del poder judicial serán sentados en el banquillo de los acusados por colectivos de la extrema derecha tributaria del franquismo, en el mismo instante en que ese mismo juez destapa uno de los mayores casos de corrupción que apunta al centro de la actual oposición española.

Y mientras todo eso ocurre los dos grandes partidos de este país continúan rechazando de mutuo acuerdo las iniciativas propuestas por la izquierda parlamentaria de tipificar como delito la verdadera esencia de la cuestión, la financiación ilegal de los partidos, que ni siquiera es delito. Porque, no nos engañemos, en esta sociedad democrática desconocemos por completo las tripas de los partidos que nos gobiernan, convirtiéndolos en uno de los entes más oscuros y opacos del sistema, lo que constituye un verdadero problema democrático.

Tampoco falta la necesaria dosis de cinismo y propaganda del aparato de los grandes partidos respecto a la limpieza de sus miembros imputados, apelando a la presunción de inocencia desde una posición, la del político, cuyo nivel de responsabilidad pública debería obligarle a tener en alta consideración aspectos tales como la dimisión, el comportamiento ejemplar y la renuncia al puesto ante el menor indicio de sospecha fundada. No sorprende por tanto, que en la última memoria del fiscal general del Estado, se indique que hay abiertas 720 causas judiciales contra cargos públicos, de las que unas 500 corresponden al PSOE y al PP. Todo ello viene a constatar que la corrupción no es, ni mucho menos, una anomalía del sistema. Todo lo contrario, se trata de un tumor con metástasis que está en el mismísimo corazón del sistema, pervirtiendo su funcionamiento y degenerando su naturaleza. La problemática se extiende a las penas por corrupción. No hay más que echar la vista atrás y analizar las condenas de los imputados por casos de corrupción para concluir que las conductas corruptas salen muy baratas. En los últimos 10-12 años se han extraído más de 4.158 millones de euros según se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y muchos de los condenados han cumplido condenas irrisorias además de ser readmitidos por sus partidos una vez cumplidas las condenas (“La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años” ).

En Canarias la situación no es diferente. Se mantienen causas abiertas contra representantes de los tres grandes partidos en las islas lo que nos indica que meter la mano en la caja no es cosa de ideologías. A izquierda y derecha e incluso en posiciones nacionalistas, cuando se trata de dinero, parece que la única ideología que rige el comportamiento es la del dinero fácil y si puede ser público mejor. El caso Teresitas, el caso Arona, el caso eólico, el caso Tindaya, las irregularidades destapadas en Mogán o Telde en Gran Canaria, y el desaguisado que ocurre en Lanzarote, con la operación Unión y Jable, que dejan más de 50 detenidos (“La semana de la operación Jable´”. La Provincia. 24.04.10) así lo atestiguan.

En una sociedad como la actual, con grandes desequilibrios económicos y sociales y una simbiosis tan fuerte entre el poder económico y el político conviene fortalecer los principales elementos constitutivos del poder judicial para avanzar en la constitución de una sociedad más justa y democrática decidida a compensar la natural tendencia del poder económico a concentrarse y extenderse.

Nos referimos a trabajar por la independencia de los tribunales superiores de justicia y apoyar sin concesiones las actividades de los fiscales anticorrupción en todas aquellas actuaciones irregulares susceptibles de investigación.

También parece indiscutible la necesidad de respaldar la acción de los juzgados de primera instancia o de instrucción de cada territorio. Se trata de los órganos más cercanos a la población y a la unidad administrativa más sensible a los casos de corrupción, los ayuntamientos, por cuanto que son las administraciones locales las que tienen la llave del negocio al ser éstas las que en última instancia autorizan las recalificaciones de terrenos.

En suma, como procedimiento fundamental parece necesario contribuir a despolitizar el poder judicial y respetar la separación de poderes, esencia de la auténtica democracia. No parece de recibo que en un sistema que se dice democrático se coarte continuamente la acción de los jueces. Las continuas referencias a la adscripción ideológica de los magistrados por parte de ciertos medios y de muchos políticos o la exigencia de algunos partidos de renovar a los miembros de sus órganos supremos cada vez que se dictan sentencias que no son favorables a sus intereses, nos muestran intenciones denodadas de la clase política y de algunos medios de comunicación dirigidas a desprestigiar y debilitar la autonomía del poder judicial.

Todo ello complementado por el apoyo a la acción fiscalizadora del Tribunal de cuentas como entidad encargada de comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respecta los principios de legalidad, eficiencia y economía.

En esta tarea de construir una sociedad más justa y democrática, juega un papel fundamental la influencia y el empuje de una Sociedad Civil activa, dinámica y exigente que sea capaz de influir en las agendas políticas y económicas reivindicando mayor participación social en las principales decisiones que se toman como modo complementario de ejercer un contrapeso sobre las derivas del poder económico y político. Al fin y al cabo es la Sociedad Civil junto con los demás agentes que conforman la Sociedad, los últimos afectados por las decisiones que se toman al más alto nivel político y económico. Pero esto será objeto de otro artículo posterior.

Un comentario final.
En el artículo de El País, publicado el domingo 16.05.2010 y titulado "Jueces bajo sospecha" aparece una interesante reflexión que profundiza en la idoneidad de que los medios de comunicación y los propios partidos políticos etiqueten a los miembros del poder judicial desde el punto de vista ideológico, lo que profundiza en la politización de la Justicia y contribuye a que los jueces, en su labor de dictar sentencias, lo hagan bajo sospecha de parcialidad, lo que supone desestabilizar su independencia y menoscabar el sistema democrático.