La intervención del Sr Melchior en el diario La Opinión de Tenerife el día 27.05.2010 a través de un entrevista-chat con los lectores del periódico, no ha podido estar salpicada de más cinismo.
Ante la pregunta de un participante (pregunta nº 4) sobre cuáles son las principales actuaciones que va a realizar el Cabildo a corto plazo, el Sr Melchior contesta del siguiente modo;
Nos gustaría conocer cuáles son esas iniciativas centradas en aspectos sociales y ese esfuerzo que según él continúa realizando la institución tinerfeña en el ámbito social. Pero sobre todo nos gustaría saber por un lado, en qué consisten esos objetivos centrados en el medioambiente, la repoblación forestal y la prevención de incendios y por otro lado qué proyectos persiguen una mejora en la movilidad en el territorio. Es evidente que en estos aspectos las propuestas defendidas por el Cabildo no solo son insuficientes sino que menoscaban claramente los intereses medioambientales y de movilidad en la isla al impulsar obras de dudoso interés social como son la vía litoral, el anillo insular o el puerto de Granadilla entre otras muchas ya denunciadas en este espacio y que han contribuido a potenciar el importante déficit que tiene TITSA.» En primer lugar nuestro objetivo fundamental son todas las actuaciones sociales: la atención a personas con discapacidad, los mayores y los menores, es decir, en el ámbito social seguimos haciendo el mismo esfuerzo. En segundo lugar, trabajamos en todo lo que se refiere a la conservación y mantenimiento de las carreteras, que están en una situación que requieren toda nuestra atención. Otro de nuestros objetivos es el medioambiente, la repoblación forestal y la prevención de incendio. Y, sin duda, también, el fomento de las actividades económicas para la generación de puestos de trabajo. Estamos impulsando las actividades estratégicas como son las telecomunicaciones y contar con una mayor y más barata red de comunicación con el resto del mundo (anillo de fibra óptica, cable y conexión con Europa, África y América), sin olvidar la movilidad dentro de nuestro territorio: guaguas, trenes, taxis…
Si volvemos a la entrevista-chat, nos parece interesante resaltar la respuesta del Sr Melchior ante la pregunta del responsable de este espacio (pregunta 25) sobre el tema que nos ocupa en este artículo. El Sr Melchior utiliza toda su pericia dialéctica, demostrando gran capacidad de síntesis y compendio, así como nula disposición a argumentar, para responder de forma opaca y oscura a la pregunta formulada, lo que por otro lado no es sino una metáfora diáfana de cómo actúa la institución en muchas de sus competencias que afectan a la ciudadanía de la isla:
"Buenas tardes Sr Melchior: Tanto el Cabildo de Tfe como el Gobierno de Canarias han utilizado el concepto de interés general para justificar muchos de los proyectos de infraestructuras que promueven. A tenor de algunas resoluciones judiciales donde el Tribunal Supremo o el TSJC declara que esas obras no proceden o han sido paralizadas (embotelladora de Taguluche, Puerto de Granadilla, etc) ¿Está utilizando el Cabildo el concepto de interés general correctamente? ¿Lo utiliza de forma sesgada cuando no tiene argumentos contundentes que justifiquen esos proyectos? Cuando las instituciones públicas utilizan el concepto de interés general, la participación ciudadana es imperativa, lo dice la Constitución. ¿El Cabildo de Tfe, ha tenido en cuenta estas formas de participación? ¿Cómo? Muchas gracias
» Respuesta: El Cabildo de Tenerife cuando pide la declaración de interés general es porque está justificado"
¿En base a qué, Sr Melchior, el Cabildo utiliza la declaración de interés general? ¿Por qué está justificado en unos proyectos y no en otros? Con esta simple pregunta no le exigíamos un decálogo extenso y detallado del uso del concepto de interés general por parte de la institución. Esperábamos que, al menos, nos deleitara con alguna explicación breve sobre si el Cabildo emplea el concepto conforme a la ley y tiene en cuenta de alguna forma la participación ciudadana. Es evidente Sr Melchior, que el Cabildo no solo no tiene (ni ha tenido) en cuenta al conjunto de la Sociedad para impulsar muchas de las obras desarrolladas en la isla, sino que su actuación se ve lastrada por la participación de unos sectores muy concretos de la ciudadanía más emparentados con el poder económico y empresarial que dirige el cotarro en la isla, que con el resto. Como su propia respuesta indica implícitamente, la pedagogía de la institución para explicar la necesidad social de esas intervenciones o del uso del concepto de interés general para justificarlas es nula, porque son obras que se imponen directamente a la ciudadanía por encima de otras necesidades perentorias y sobre todo para satisfacer los intereses de ese poder económico y empresarial ya mencionado, un lastre Sr Melchior, que les lleva a utilizar el concepto de interés general de forma torticera y rodeado de toda la retórica dialéctica que ha caracterizado a la clase política canaria.
La respuesta del Sr Melchior denota, además, cierta actitud mesiánica en el sentido de que la ciudadanía debe creer en la actuación neutral, objetiva, orientada al bien común y seguramente conforme a derecho de la institución, sin exigir contrapartida alguna materializada en algún tipo de control ciudadano más allá de las urnas. Sin embargo, no corren buenos tiempos para la creencia sin más, para la fe, para la confianza inmotivada en los prebostes de la vida política actual. Visto en retrospectiva ha quedado demostrado que las intervenciones del Cabildo, en lo relativo al impulso de determinadas infraestructuras, se han erigido en intervenciones sesgadas que lejos de perseguir el Interés General, han defendido el interés particular de unos pocos. Interés particular que luego han disfrazado de general con la retórica institucional habitual que emplea el Cabildo.
En el año 2003 el Sr Aznar declaró en el Congreso de los Diputados que debíamos creerle cuando decía que el régimen de Sadam Husein en Irak tenía armas de destrucción masiva. (Aznar: "Créanme, Sadam Husein está vinculado al terrorismo". El País. 14.02.03). Del mismo modo el Sr Zapatero, en plena campaña electoral en el año 2008 dijo, sin ningún tipo de rubor, que la economía española no se vería afectada por la crisis económica, la situación económica española evolucionaría según la metáfora de un "aterrizaje suave".
No son tiempos para la fe en la clase política Sr Melchior, que está muy lejos de solucionar o conectar con las mayorías que les votan. Sería un ejercicio de democracia y de respeto a la ciudadanía que dejase a un lado esas actitudes mesiánicas o esas apelaciones inmotivadas a la confianza.
La respuesta del Sr Melchior denota, además, cierta actitud mesiánica en el sentido de que la ciudadanía debe creer en la actuación neutral, objetiva, orientada al bien común y seguramente conforme a derecho de la institución, sin exigir contrapartida alguna materializada en algún tipo de control ciudadano más allá de las urnas. Sin embargo, no corren buenos tiempos para la creencia sin más, para la fe, para la confianza inmotivada en los prebostes de la vida política actual. Visto en retrospectiva ha quedado demostrado que las intervenciones del Cabildo, en lo relativo al impulso de determinadas infraestructuras, se han erigido en intervenciones sesgadas que lejos de perseguir el Interés General, han defendido el interés particular de unos pocos. Interés particular que luego han disfrazado de general con la retórica institucional habitual que emplea el Cabildo.
En el año 2003 el Sr Aznar declaró en el Congreso de los Diputados que debíamos creerle cuando decía que el régimen de Sadam Husein en Irak tenía armas de destrucción masiva. (Aznar: "Créanme, Sadam Husein está vinculado al terrorismo". El País. 14.02.03). Del mismo modo el Sr Zapatero, en plena campaña electoral en el año 2008 dijo, sin ningún tipo de rubor, que la economía española no se vería afectada por la crisis económica, la situación económica española evolucionaría según la metáfora de un "aterrizaje suave".
No son tiempos para la fe en la clase política Sr Melchior, que está muy lejos de solucionar o conectar con las mayorías que les votan. Sería un ejercicio de democracia y de respeto a la ciudadanía que dejase a un lado esas actitudes mesiánicas o esas apelaciones inmotivadas a la confianza.
La declaración de interés general de algunos de los proyectos promovidos por las instituciones canarias, no solo el Cabildo de Tenerife, ha estado sujeta en muchos de los casos, normalmente en proyectos de gran afección medioambiental, social y económica, a arbitrariedades de distinto signo que ponen en entredicho la idoneidad de esa declaración, lo que dinamita la calidad de la democracia que se practica en las islas y matiza la urgencia y la necesidad de muchos de esas intervenciones. Desde un punto de vista retrospectivo creemos que es útil recordar algunos casos paradigmáticos que permiten detectar el modo de actuación de las instituciones políticas canarias en este sentido:
Quedó demostrado con la polémica del tendido eléctrico hacia el sur de la isla a principios de este siglo. En aquella ocasión las instituciones que promovían el proyecto manifestaban que garantizar el suministro eléctrico en el sur de la isla implicaba extender una línea de alta tensión de 220 KV por vía aérea. La propuesta atravesaba un total de cuatro paisajes protegidos por las medianías de Tenerife además de partir por la mitad el municipio de Vilaflor. La iniciativa fue defendida por todas las instituciones de la isla salvo por el ayuntamiento de Vilaflor, su gente y un gran número de ciudadanos del resto de la isla que no aceptaron la imposición de un proyecto que adolecía de un estudio serio de alternativas y que sospechosamente estaba emparentado con los intereses de la eléctrica. En los momentos de mayor confrontación, la compañía Unelco presionó efectuando apagones selectivos (e ilegales) en diferentes zonas del sur de la isla para demostrar a la opinión pública que la necesidad de la línea era perentoria.
Fue el ayuntamiento de Vilaflor al promover un estudio de alternativas realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, quien demostró no solo que existían alternativas al proyecto del Cabildo de Tenerife sino que esas alternativas eran más eficientes y contenían una afección medioambiental, económica y social menor que la propuesta oficial del Cabildo.
El resultado de la polémica quedó resuelta el 23 de noviembre de 2002 cuando más de 100.000 personas salieron a la calle para protestar por la decisión tomada por el Cabildo en lo que fue un hito del movimiento ciudadano en toda Canarias. 24 horas después de la manifestación el presidente del Gobierno de Canarias en aquel entonces, Román Rodríguez, admitiendo que había escuchado
“alto y claro el mensaje del pueblo de Tenerife” (“Canarias retira a Endesa el permiso para un tendido eléctrico”. 26.11.2002. El País) derogó los permisos otorgados por su gabinete en agosto de aquel año a la filial de Endesa en las Islas, Unelco, para construir el tendido eléctrico.
En las hemerotecas quedarán imágenes como la de la policía ayudando a Ricardo Melchior, principal responsable de la propuesta inicial, a salir de la manifestación a la que había acudido en un intento de capitalizar el clamor ciudadano ante la inminencia de las elecciones autonómicas de 2003, auténtica cuadratura del círculo que quedará para la posteridad.
En el municipio gomero de Valle Gran Rey hay una pequeña población agrícola denominada Taguluche situada al oeste de la isla de la Gomera. La población contiene uno de los paisajes más emblemáticos y espectaculares de la isla puesto que se unen numerosos palmerales, cultivos en bancales y caminos rurales con una orografía muy escarpada que alcanza un gran desnivel cuya cota más alta está situada en los 900 metros del Lomo del Carretón. Se trata de una franja de terreno muy abrupta, monumental y de gran valor paisajístico que contiene los manantiales naturales de Taguluche que surgen entre los 650 y 700 metros de cota. Los manantiales se nutren de un pequeño acuífero subterráneo colgado, que contiene una capacidad de 100.000 m3 y que se recarga gracias a la variable puvliometría de la zona
Según comenta Ángeles Rodriguez Mora en “El agua de Taguluche” desde los tiempos de la conquista de la isla, el agua de los manantiales se adjudicaba de forma proporcional al terreno a regar para su mejor aprovechamiento y a través del sistema de dulas. El aprovechamiento agrícola del agua que mana de forma natural se conserva en la actualidad y permite a los pueblos circundantes vivir del cultivo agrícola, principal actividad que sustenta el modo de vida de esta población junto con la actividad turística.
En 1998 el Gobierno de Canarias (CC), el Cabildo gomero (PSOE) y el ayuntamiento de Valle Gran Rey (CC) promovieron la instalación de una embotelladora que sería gestionada por la empresa ICA Ingenieros SL y cuya materia prima sería el agua natural de los manantiales. El agua de la embotelladora se trasladaría a una nave industrial por medio de tuberías que se extenderían por todo el espacio natural protegido y que exigía obras de captación en la boca de salida de los manantiales para desviar el agua.
En la práctica el proyecto implicaba introducir una actividad industrial dentro de un espacio natural protegido (LIC de interés prioritario que forma parte de la Red Natura 2000) y además modificar el uso del agua. Del uso público, gratuito y sostenible del recurso, que era y es el sustento de la actividad agrícola de las poblaciones de Taguluche y alrededores, se pasaba al uso privado del mismo por parte de la embotelladora y que luego comercializaría para consumo privado previo pago de una cantidad de dinero. El proyecto de la embotelladora implicaba poner en peligro la actividad principal de dichas poblaciones, además de poner en riesgo la sostenibilidad del acuífero por cuanto que, mientras el uso del agua para cultivo agrícola respeta los tiempos de reposición del acuífero por tratarse de una actividad basada en la tradición y la costumbre, la extracción del agua para su comercialización por métodos industriales incrementaría la presión sobre las bolsas de agua que existen en el subsuelo. El Avance del Plan Hidrológico de La Gomera (1993) ya alertaba de que la cuenca de Taguluche era deficitaria.
En esta situación el Director General de Industria y Energía dependiente del Gobierno de Canarias acordó declarar de interés social el proyecto de envasado de aguas en resolución del 25 de mayo de 1998, sin considerar las opiniones de todos los colectivos que como resultado de la afección del proyecto se declararon en contra del mismo. Tampoco se facilitó un debate público e informado sobre la necesidad de dicho proyecto que además iba a ser financiado por el Cabildo de la Gomera (PSOE) y con el que todas las fuerzas políticas que dominan la vida política de la isla estaban de acuerdo. La declaración de interés social del proyecto permitiría, de facto, obtener la licencia de construcción en suelo rústico ante la Dirección General de Urbanismo, organismo que la concedió posteriormente pasando por alto la legislación del suelo que prohibía expresamente construir industrias en suelo rústico.
Ante este planteamiento los vecinos de las poblaciones afectadas interpusieron un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En diciembre del año 2000 el TSJC suspendió la construcción del edificio industrial como medida cautelar y en 2004 dio la razón a los vecinos indicando que “…nunca se puede anteponer el interés social de una industria al Interés General del que goza el espacio natural protegido Lomo del Carretón”. Apoyado en una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1992 donde se indica que “no puede la creación de nuevos puestos de trabajo superponerse a los valores ambientales, históricos, paisajísticos y convivenciales” el TSJC declaró ilegal la embotelladora y sentenció que: “Es más, basta aplicar la doctrina del Tribunal Supremo para poder denegar la existencia de un interés social, vimos que no es determinante la creación de puestos de trabajo, máxime lo exiguo de ello, 7 puestos; tampoco un abaratamiento de costo. Pero sobre todo, según el alto Tribunal, no se puede superponer un interés económico a otros valores ambientales.”
Ante esta resolución, el Gobierno de Canarias abandonó el caso mientras que el alcalde, Esteban Bethencourt, decidió continuar el proceso judicial hasta el Supremo. En 2009 el Tribunal Supremo declaró que no ha lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey en contra de la sentencia de TSJC que declaraba ilegal la embotelladora que el Gobierno de Canarias, el Cabildo gomero y el ayuntamiento promovieron y defendieron en contra de los vecinos y de las leyes.
Con esta sentencia la ley demuestra que la instalación de la embotelladora era manifiestamente ilegal desde el punto de vista ambiental, económico y social, lo que deja en muy mal lugar la actuación de las instituciones canarias y la declaración de interés social del proyecto. Declaración arbitraria y oportunista que se utilizó para justificar la idoneidad del proyecto.
En la actualidad aún existe el edificio de la embotelladora de dos plantas con sótano y depósitos de 20.000 m3 para el almacenamiento del agua. Construcción realizada con recursos públicos destinados por el Cabildo de la Gomera y que ahora habrá que derribar o destinar a otros usos también con dinero público.
Referencias utilizadas para elaborar este artículo:
DE LA EMBOTELLADORA DE TAGULUCHE AL PUERTO DE GRANADILLA. Eustaquio Villalba Moreno
LA EMBOTELLADORA DE TAGULUCHE Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA. Eustaquio Villalba Moreno
Foto 1: Torre de Alta Tensión.
Foto 2: Ricaldo Melchior escoltado por la policía al salir de la manifestación contra las torres de Vilaflor. En www.atan.org/energia/torres.htm
Foto 3: Palmeral Lomo del Carretón. En www.rinconesdelatlantico.com
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