jueves, 6 de mayo de 2010

Deepwater Horizon, Canarias y la Sociedad del Riesgo


“…la miseria es jerárquica, el smog es democrático”
“Los riesgos afectan más tarde o más temprano a quienes los producen o se benefician de ellos”

La sociedad del riesgo. Ulrich Beck. 1986.

En el año 2008, alentado por los elevados precios del petróleo, Repsol YPF, recuperó la idea de que al este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a unos 50 km de distancia, podía existir una gran bolsa de hidrocarburos con más de 1.000 millones de barriles de petróleo. Cifra que según las estimaciones de la petrolera equivalían a todo el consumo nacional de petróleo durante 2 años. (“Repsol cree que podría haber 1.000 millones de barriles de petróleo en Canarias”. Canarias 7. 11.06.08). La petrolera se apresuró a solicitar la ampliación de los permisos pertinentes para continuar realizando estudios concretos y prospecciones en la zona. No se trataba de un proyecto nuevo. En el año 2001 el gobierno del PP presidido por José María Aznar autorizó inicialmente las prospecciones que luego fueron anuladas por el Tribunal Supremo por entender que incorporaban un defecto de forma en la solicitud de los permisos. Al parecer no respectaban las normas medioambientales.

Afortunadamente el actual gobierno central manifestó su oposición al proyecto a esta segunda intención de la petrolera de iniciar las prospecciones y en todo caso se declaraba partidario de que estuviese sujeta al consenso social y político entre todas las partes implicadas. Los grupos ecologistas apoyados en parte por los socialistas regionales fueron los únicos que manifestaron una oposición rotunda a la propuesta, mientras que CC y PP mantuvieron posturas más ambiguas.

Un proyecto, que tampoco se nos escapa, podía consistir en una simple iniciativa por parte de la petrolera española de buscar una revalorización en la cotización bursátil de la segunda compañía nacional, en un sistema donde la economía financiera y especulativa dicta las normas a la economía real. Sin embargo, de realizarse, el proyecto incorpora un obstáculo adicional; la bolsa de hidrocarburos estaría situada en el límite de las aguas entre España y Marruecos cuya jurisdicción reclama el país africano, lo que se presenta como el principal escollo a superar ya que exigiría negociar con el controvertido gobierno marroquí la delimitación de las aguas territoriales.

Lo que ha ocurrido el pasado 20 de abril en el Golfo de México nos muestra con toda su crudeza que no podemos pasar por alto el riesgo que un proyecto de estas características tendría para Canarias y que está emparentado con otra iniciativa que presenta características similares y que consiste en instalar una central nuclear en Marruecos a solo 200 km de las islas más orientales de Canarias (“La posibilidad de una central nuclear en Marruecos despierta la reacción de los partidos canarios).

La catástrofe ecológica que va a tener lugar en el Golfo de México tiene su origen en la explosión y hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon cuyo propietario es la compañía Transocean pero su gestión corre a cargo de British Petroleum (BP) (Las autoridades de EE UU cierran dos plataformas en el golfo de México por seguridad). La plataforma contenía 2,6 millones de litros de petróleo en depósito y extraía cerca de 1,27 millones de litros por día. En el accidente han desaparecido 11 trabajadores que se han dado por muertos. El pozo submarino desde donde se extrae el crudo tiene tres filtraciones que están provocando la expulsión de unos 5.000 barriles de petróleo al día. Este dato, que en un principio solo se cifró en 1.000 barriles al día pero que algunos expertos estiman en unos 40.000 barriles diarios, situaría la catástrofe en la más grande de la historia, superando incluso al hundimiento en 1989 del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska.

La Tierra sangra oro negro en el Golfo de México a mar abierto y la metáfora es ilustrativa. Una historia recurrente en esta Sociedad del Riesgo parafraseando al Ulrich Beck. Una empresa, BP, incapaz de cerrar la herida del Planeta a más de 1,5 km de profundidad. Un vertido de proporciones gigantescas que amenaza con contaminar las costas de Luisiana, Misisipi, Florida, Alabama y Texas. Las del estado de Luisiana ya fueron castigadas en el 2005 por el huracán Katrina y se trata de una zona con gran diversidad de vida marina que alberga gran parte de la producción pesquera de EE.UU. En la zona no sólo hay un área de descanso para más de un 70% de las aves acuáticas, sino que en ella se pesca el 50% de la producción de gambas salvajes, el 35% de los cangrejos azules y el 40% de las ostras de Estados Unidos además de contener la Reserva Nacional Breton y la Reserva Nacional Pass a Outre. Un planeta esquilmado por el hombre que adelgaza a tiempo record por un sistema de producción basado en la quema de combustibles fósiles. Un modo de producción claramente obsoleto. Unas reservas de petróleo que llegan a su fin.

El accidente debe hacernos reflexionar de una vez por todas de hasta qué punto los riesgos derivados de esta etapa del capitalismo no son solo “incuantificables sino incontrolables, indeterminables e inatribuibles” (“La irresponsabilidad organizada”. 1991. Ulrich Beck) y que otro suceso, esta vez de origen natural, se ha encargado de mostrarnos en las últimas semanas. La erupción en Islandia del volcán Eyjafjalla, colapsó por completo las líneas aéreas de medio mundo por la expansión de una gigantesca nube de cenizas que ocasionó pérdidas multimillonarias al sector y a muchas empresas cuyo suministro se realizaba por vía aérea.

La mayor parte de estas amenazas, (las centrales nucleares y la energía atómica representan el culmen de este tipo de catástrofes) presentan dificultades explícitas para delimitar su impacto desde el punto de vista espacio-temporal y desde el punto de vista social, característica definitoria fundamental de esta sociedad postindustrial. ¿Cómo cuantificar su impacto o se puede cuantificar si quiera? ¿Cómo delimitar sus responsables en un sistema donde la asignación de responsabilidad se diluye en un entramado burocrático altamente organizado? ¿Cómo recuperar las zonas afectadas ante unos riesgos sobre los que no hay protección y donde se desconocen las consecuencias inmediatas de esos riesgos no conocidos? ¿Hasta qué punto los informes de impacto ambiental son elementos de evaluación de los riesgos reales o no son más que meros instrumentos no independientes que avalan proyectos cuyos riesgos se subvaloran o simplemente se ignoran? Según publica el diario El País en “Obama se enfrenta a la marea negra”.

"…se ha tenido acceso a documentos de BP que, en 2009, aseguraban que las posibilidades de un suceso que provocara un vertido masivo de crudo eran "poco probables" o "virtualmente imposibles". En el análisis de impacto medioambiental que cita la agencia Associated Press, la compañía admite que un derrame de crudo podría afectar a las playas, los pantanos y la flora y la fauna del lugar, pero argumenta que "debido a la distancia que está de la costa (77 kilómetros) y la capacidad para responder que se tiene, no se esperarían impactos adversos significativos"
Si esto se confirma parece evidente que el análisis de impacto medioambiental mencionado no solo ignora deliberadamente los peligros probables que podía generar el proyecto sino que se convierte en una herramienta que habilita el desarrollo del proyecto con argumentos de dudosa profesionalidad. Lo que apoya la tesis de Ulrich Beck:
"…cuantificación, responsabilidad, compensación, previsión. No son más que conceptos vacíos; en última instancia, la seguridad política y social acaba descansando en una sobrevaloración de las posibilidades de la técnica. Para comprender la actitud de los sistemas políticos frente a los inmensos riesgos contemporáneos es necesario, (…) reparar en la contradicción social existente entre burocracias altamente desarrolladas y encargadas de la seguridad y la previsión, por una parte, y la legalización abierta y despreocupada de riesgos de magnitud hasta ahora desconocida, por otra"
Beck, Ulrich. (1991), “La irresponsabilidad organizada”, Debats, Marzo-Junio, pp. 30-37.

Burocracias y entramados de organizaciones que sirven para descargar de responsabilidad a los causantes de estos riesgos, diluyéndola en una urdimbre de expertos y subcontrataciones que les permite trasladar las consecuencias de esos riesgos al resto de la sociedad. Algo de esto se detecta ya en el caso de BP;

"Somos responsables", dijo ayer Tony Hayward, el consejero delegado de la compañía. Sin embargo, Hayward quiso matizar que su responsabilidad se limitaba a "la limpieza y el control de la fuga de crudo" y que, "en el peor de los escenarios", esto último podría tardar "hasta tres meses” (…) Bajo una ola de críticas que no para de crecer, todos y cada uno de los actores hacia los que se puede dirigir un dedo acusador están estos días intentando limitar su culpa o mirar para otro lado (…) Cierto es que la antigua British Petroleum acepta su responsabilidad pero a continuación matiza que la maquinaria que falló en la plataforma y condujo al vertido era propiedad de la empresa Transocean, dueña de Deepwater Horizon, operada por BP. O sea: no son culpables del accidente. "No vamos a especular", se informó desde Transocean a través de un comunicado que concluía así: "Esperaremos a tener conocimiento de todos los hechos para sacar conclusiones".
“BP admite que sellar la fuga de crudo puede llevar tres meses”. El País. 04.05.2010

En la zona en la que se pretendía llevar a cabo las prospecciones y posterior extracción de crudo en Canarias se desarrollan dos fenómenos naturales que provocaría que todo tipo de contaminación derivada de dicha actividad terminase alcanzando las costas Canarias. Por un lado, un viento constante dirección noreste provocado por los vientos alisios procedentes del Anticiclón de las Azores. Por otro lado la corriente marina fría de Canarias que desarrolla un itinerario norte-sur entre la costa de Marruecos y las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Además, se podría ver afectado el abastecimiento de agua potable realizado en las dos islas más orientales a partir de la desalación de agua de mar desde los años 60. Todo ello sin mencionar la principal actividad de la que vive Canarias, el turismo de sol y playa que representa más del 70% de la actividad económica canaria.


El dramático accidente ocurrido en el Golfo de México y las especiales condiciones en las que se encuentra Canarias debe posicionarnos en contra de este tipo de proyectos que por un lado suponen perpetuar un modelo de desarrollo obsoleto abocado al fracaso en un plazo de tiempo que cada vez está más cerca, y por otro lado implican unos riesgos de tal magnitud que hace recomendable reivindicar el principio de precaución como iniciativa preliminar para estudiar otro modo de hacer las cosas y de investigar la adopción de otros sistemas de producción alternativos menos agresivos con la naturaleza porque:
“…la naturaleza ya no puede ser pensada sin la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada sin la naturaleza”
Beck, Ulrich. (1986), La sociedad del riesgo. Ed Paidós

Un comentario final

En el artículo publicado el 11.05.2010 en el diario El País titulado "Cruce de acusaciones por el vertido en el Golfo de México" se muestra claramente como la tres compañías implicadas en el accidente de la plataforma petrolífera, a saber, Transocean (propietaria de la plataforma), BP, (petrolera) y Halliburton (encargada de sellar los pozos abiertos) se dedican a lanzarse acusaciones de negligencia en las audiencias organizadas por el senado de EE.UU. que intentan esclarecer las razones y los responsables del accidente. La actitud de los tres principales actores persigue liberarse de la responsabilidad del accidente. No es más que una muestra clara de la irresponsabilidad organizada que mencionábamos más arribadonde las compañías que generan los riesgos están inmersas en un entramado de subcontrataciones, vacíos legales y ausencia de protección medioambiental con límites legales de contaminación que junto con la falta de verdadera voluntad política de control se termina por protejer de forma indirecta a los que potencian o comenten esos delitos. Veremos cómo termina este asunto pero no tiene visos de que las compañías implicadas en el accidente sufran un castigo ejemplar tal y como pasó con el vertido en Aznalcollar por parte de Boliden o las compañías que fletaban el Prestige. Mientras tanto el vertido de petróleo ya ha tocado las costas de EE.UU. Particularmente ilustrativo es lo publicado el día 13.05.2010 en el diario El País en el artículo "La planta de BP no superó un examen rutinario de control" donde se indica que:
"Por el derecho a explotar el yacimiento Misisipi Canyon Area, en el cuadrante MC 252, BP pagó al Gobierno federal 26 millones de euros. De ese dinero, ni un céntimo fue a parar a las arcas del Gobierno de Luisiana, que ahora se enfrenta a un desastre antológico"
Lo cual demuestra que en muy pocas ocasiones las zonas donde se desarrollan las prospecciones se benefician de los ingresos que genera la extracción.

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