La hora del sacrificio social

“Y las compañías, los bancos fueron forjando su propia perdición sin saberlo. Los campos eran fértiles y los hombres muertos de hambre avanzaban por los campos. Los graneros estaban repletos y los niños de los pobres crecían raquíticos, mientras en sus costados se hinchaban las pústulas de la pelagra. Las compañías poderosas no sabían que la línea entre el hambre y la ira es muy delgada. Y el dinero que podía haberse empleado en jornales se destinó a gases venenosos, armas, agentes y espías, a listas negras e instrucción militar. En las carreteras la gente se movía como hormigas en busca de trabajo, de comida. Y la ira comenzó a fermentar.”

Las uvas de la ira. John Steinbeck. 1939

La rebaja en la calificación de la deuda española por parte de la agencia de calificación Fitch el pasado 28.05.2010 (después de que lo hiciera hace unas semanas Standard&Poor's) nos muestra con claridad la lógica perversa que está detrás del dogma económico liberal y cómo los mercados internacionales que actúan global e instantáneamente están marcando la agenda política española que solo puede actuar localmente y con unos tiempos de reacción muy limitados.

Una lógica que va en la línea de imponer un ajuste austero que pagarán las rentas más bajas de la sociedad y donde muy previsiblemente quedarán impunes los desmanes realizados por el sector financiero, verdadero responsable de la crisis que ha gozado en los dos últimos años de todo tipo de ayudas oficiales sin contrapartida alguna.

La economía española debe mantener la solvencia de su deuda pública que supera con claridad los límites del tratado de Maastrich. Un tratado que en la actualidad no cumple ningún país relevante de la zona euro, demostrando el fracaso de los criterios de convergencia y quizás el descalabro de esta Europa economicista construida alrededor de una moneda única, sin una unión política, sin una política fiscal común, sin un presupuesto común y sobre todo con unos organismos con un importante déficit democrático como son el Consejo o la Comisión Europea.

El mantenimiento de dicha solvencia exige, según el credo liberal del FMI, BM, BCE, Consejo europeo, agencias de calificación, la gran banca europea (sobre todo la alemana), etc, poner en práctica duras medidas de ajuste que socavarán las posibilidades de recuperación y minorarán la tasa de crecimiento en los próximos años. Éstas se han materializado por el momento, en las propuestas anunciadas por el gobierno español el pasado día 12 y que fueron aprobadas por un solo voto el 28 de mayo. Pero son esas dudas en las posibilidades de recuperación de la economía española, las que son interpretadas ahora por los mercados internacionales (esos mismos actores que reclamaban el ajuste) como una debilidad que se materializa en una nueva rebaja de la calificación. Una rebaja que restará eficacia al plan de austeridad anunciado por el Gobierno.

Un plan de ajuste, que de momento se ceba con el eslabón más débil de la cadena (el colectivo de los funcionarios, los pensionistas y la ayuda oficial al desarrollo, entre otros), amenaza con una inminente reforma laboral que abaratará el despido. Además comete el error de no focalizar el problema sobre los verdaderos responsables que han originado esta descomunal crisis económica, el sector financiero y todo el entramado de actores bancarios que lo sustentan. Se oculta con gran connivencia, nocturnidad y alevosía, los grandes riesgos que ha asumido de forma irresponsable el sistema financiero español por su gran exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria durante los últimos 15 años.

En este sentido solo hemos oído a Francisco González, presidente del BBVA, hablar con más transparencia incluso que el gobierno al indicar que:

"Hay 325.000 millones de euros de crédito promotor en España y no los puede pagar el contribuyente, lo tienen que solucionar los culpables, que son los promotores, los bancos y las cajas. Y cuanto antes nos pongamos a ello, mejor"

FG coge el toro por los cuernos: empieza a asumir las pérdidas del ladrillo. Cotizalia. 27.01.10

Mientras la deuda pública supera los límites impuestos por el tratado de Maastrich pero se sitúa en niveles similares al de otros países de la UE, hemos oído muy poco en los medios de comunicación sobre la insostenible deuda privada de la economía española. Esta supera en más del triple la deuda pública y es producto de las laxas condiciones para el endeudamiento y concesión del crédito fácil que unos tipos de interés excesivamente bajos, la campaña a favor de la propiedad privada y la falta de regulación seria sobre el sector, han provocado durante los últimos lustros.

Creemos que la señal es clara, el ajuste llevado a cabo por el gobierno español no será suficiente para calmar a los mercados internacionales que exigirán medidas más duras centradas en la reforma del mercado laboral (que el gobierno ya ha señalado que aprobará por decreto el próximo día 16 de junio si no hay acuerdo entre los agentes sociales) y una reestructuración del sistema bancario español. En concreto, la reorganización del actual sistema de Cajas de Ahorros que se está realizando con unos niveles de oscurantismo y secretismo que sorprenden. Sabemos muy poco sobre qué entidades deben ser intervenidas y hasta qué punto están saneados sus balances. Además, no se ha reconocido públicamente los verdaderos problemas que ha creado un modelo económico deficiente en productividad y centrado en la actividad de construir a toda costa ya sean viviendas residenciales o infraestructuras.

La impotencia del actual gobierno para evitar un plan de austeridad basado en el deterioro de las condiciones de las clases populares es manifiesta. Pero ¿Hay alternativas a la propuesta oficial de salir de la crisis recortando los derechos sociales de la colectividad? ¿Hay opciones diferentes a un austero recorte del gasto público para reconducir la actual coyuntura?

Las hay y además hay que luchar por ellas porque garantizan un ajuste más equitativo y sobre todo responsabilizan de la crisis a los auténticos inductores de la actual situación, el sector financiero y todos los actores que tuvieron en la asunción excesiva de riesgos y la defensa de la desregulación del sistema financiero, un comportamiento irresponsable.

Tal y como apuntaban un grupo de economistas el pasado día 13.05.2010 (La izquierda económica plantea alternativas) y sin ánimo de ser exhaustivos las medidas que se podrían acometer irían en la línea siguiente:

a- Imponer un gravamen sobre las transacciones financieras mundial que eviten o mitigen los movimientos especulativos y contribuya a crear un fondo de recursos contracíclico destinado a solucionar los desbarajustes financieros. Tal medida debería ser complementada con una regulación del sistema financiero para que dicho gravamen sobre las transacciones financieras no sea trasladado al cliente final en forma de comisiones o tipos de interés más altos por parte de las entidades financieras.
b- Elevación de la tributación sobre los beneficios obtenidos en inversiones en las SICAV.
c- Incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas de la sociedad contribuyendo a crear un sistema fiscal más progresivo que el actual que avance en una mayor justicia tributaria.
d- Una lucha más intensa y eficiente contra el fraude y la evasión fiscal.
e- Una lucha decidida y coordinada a nivel europeo para eliminar los paraísos fiscales.
f- Revisión del actual gasto militar.
g- Elevación de la fiscalidad de las grandes compañías multinacionales que obtienen mayores beneficios.
h- Recuperación del impuesto sobre el patrimonio.
i- Promover una auditoría exhaustiva de las cuentas de las Comunidades Autónomas, liderada por el Tribunal de cuentas y que ponga de manifiesto cómo y en qué gastan y dónde se puede reducir como resultado de una utilización ineficiente de los fondos públicos
j- Sentar las bases para un cambio en el actual modelo productivo español donde se cree riqueza a través de la creación de empleo de calidad en la economía productiva y no engordando las finanzas o sectores económicos de baja productividad y competitividad y que implican un alto coste ambiental.

¿Qué es lo que evita que estas medidas no se pongan en práctica?

Desde este espacio de observación y crítica entendemos que la izquierda actual se encuentra sometida al dictado de los mercados internacionales y por tanto invalidada para aportar soluciones a esta situación tan delicada. Una situación que requiere ideas nuevas y valientes que permitan combatir el actual orden de cosas con igualdad y justicia social y que esta izquierda sedicente no es capaz de aportar por su cercanía a los centros de poder. También por su falta de rebeldía y porque en general los partidos de izquierda han asumido todo un ideario de medidas de política económica de corte conservador cuya diferencia de las practicadas por la derecha es absolutamente nula. Una derecha más centrada en garantizar el cambio de gobierno en las próximas elecciones que de establecer las bases para unas líneas de colaboración entre gobierno y oposición. Cooperar en el marco de un pacto de Estado por el bien común de la economía española sería lo recomendable. Lo contrario es una postura irresponsable, máxime cuando lo previsible es que se produzca ese cambio político, ya operado en países como Gran Bretaña, que intensificará las medidas de austeridad a costa de los colectivos más débiles de la sociedad.

Este es el drama de fondo que existe en la actualidad, una clase política incapaz de proporcionar alternativas reales para resolver una situación crítica y que explica con gran claridad que en la última encuesta realizada por el CIS se llegue a la conclusión de que el 3º problema que tiene este país después de la actual situación económica y el desempleo, no sea otro que la clase política.

Solo las exigencias de una Sociedad Civil activa y crítica con los políticos que ha elegido en el gobierno y en la oposición, que logre zafarse de su actual aletargamiento intelectual y social para reivindicar una mayor y más intensa participación en los asuntos públicos, defendiendo una profundización en el concepto de Democracia y una apología de lo comunitario frente a lo privado, permitirá presionar a las actuales instituciones públicas a encontrar soluciones de Estado y no medidas partidistas que perjudiquen a las clases menos pudientes de la sociedad.

Una ciudadanía, en fin, que exija una Europa Social, una Europa más cercana a la gente y no a las finanzas o a los centros de poder económico. Éstos pretenden imponer unas medidas que amenazan con sentar las bases de un declive duradero que empobrecerá a la sociedad a costa de polarizar aún más si cabe la actual situación económica y social.

* Viñetas publicadas en el diario El País por El Roto