jueves, 3 de junio de 2010

El concepto de interés general. Una utilización arbitraria por parte de las instituciones canarias (y 2)

                                                                                                                                                                    
En el anterior artículo hacíamos un breve repaso de dos proyectos con cierta importancia por su capacidad de movilización ciudadana y su gran impacto medioambiental en las dos islas donde se desarrollaron o se intentaron desarrollar. El objetivo era proporcionar cierta visión retrospectiva de los hechos para apoyar la idea de que la utilización del concepto de interés general que realizan algunas de las instituciones canarias, sobre todo los Cabildos, no solamente no está justificada, sino que en muchas ocasiones como los que hemos expuesto se realiza un empleo fraudulento del concepto.

Un análisis concienzudo de los diferentes casos expuestos aquí muestra una serie de pautas que se producen con cierta reiteración y que nos puede ayudar a comprender, aún más profundamente, la lógica de actuación de muchas de las instituciones canarias promotoras de estas y otras obras.

Estas pautas son:

1º- Dudosa justificación económica, social y democrática de ciertos proyectos promovidos por estas instituciones.
2º- Imposición de una solución antes de que se diagnostique el problema con rigor y honestidad profesional.
3º- Nula o escasa participación ciudadana en el proceso de declaración de interés general del proyecto.
4º- Declaración de interés general sin base jurídica y con una alta coincidencia con determinados intereses particulares, normalmente de carácter empresarial y/o económicos.
5º- Proyectos que cuentan con presupuestos públicos con una dotación económica generosa que a la hora de ejecutarlos se superan holgadamente.
6º- Las alternativas a la opción oficial son propuestas por colectivos que conforman la Sociedad Civil y se demuestran como más eficientes, menos costosas y con una afección medioambiental mucho menor que la propuesta institucional.
7º- Deslegitimación y demonización por parte de las autoridades oficiales de las alternativas propuestas por esos colectivos de la Sociedad Civil.

Esta dinámica de actuación de las instituciones canarias se puede detectar también en otras grandes obras previstas como pueden ser el cierre del anillo insular en Tenerife, la tercera pista de Gando en Gran Canaria, la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur y un largo etc, que muestran un nivel de opacidad y falta de transparencia dignas de denuncia.

A continuación realizamos el mismo ejercicio para otros dos proyectos que forman parte del programa de gobierno de los partidos políticos que detentan el poder en las actuales instituciones canarias.

Se trata de dos proyectos que aún no han sido hechos realidad por la fuerte oposición ciudadana con la que se han encontrado en las dos islas donde se han planteado, Fuerteventura y Tenerife. Además se trata de dos proyectos emparentados en tanto en cuanto se quieren desarrollar en dos zonas donde están ubicadas importantes praderas de sebadales; Granadilla en el caso de Tenerife y Agando en el caso de Fuerteventura. La aprobación por parte del Parlamento del nuevo catálogo de especies protegidas el pasado mes de mayo da cobertura legal a ambas infraestructuras (El puerto de Agando, otro 'desbloqueo' de Berriel)

Las centrales térmicas en Tuineje: Recalificación de suelo y especialización en usos

En la localidad majorera de Tuineje, más concretamente en el valle de Agando, se promueve desde hace unos años la construcción de una central térmica vinculada a un polígono y un puerto de carácter industrial. El proyecto requiere de la recalificación previa de una extensión de 169.000 metros cuadrados de suelo de uso turístico (reserva estratégica según el Plan Insular) a suelo industrial. La recalificación de los terrenos permitiría la construcción de un proyecto en una zona de gran valor natural donde además se sitúa el LIC Playas de Sotavento que incluye una importante pradera de sebadales de gran calidad e interés científico. Junto a este proyecto existe otra iniciativa de instalar otra central térmica en el Llano de la Higuera, también en Tuineje que implicaría utilizar el actual Puerto de Gran Tarajal para la descarga de combustible y el abastecimiento de la central.

Las administraciones implicadas en el proyecto, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el propio ayuntamiento de Tuineje, todas del mismo color político (CC-PP) han mantenido posturas encontradas respecto a la idoneidad de los proyectos. Mientras que el Gobierno de Canarias se declara a favor de la iniciativa, el Cabildo y el Ayuntamiento se han declarado en contra del proyecto tal y como le han pedido los ciudadanos en una de las movilizaciones más multitudinarias de la historia de Fuerteventura que sacó a la calle a más de 3.000 personas y recogió unas 5.000 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular claramente en contra del proyecto.

Sin embargo, la aprobación por parte del ayuntamiento el pasado 27 de enero de 2010 de calificar el suelo del valle de Agando como suelo industrial estratégico en el PIOF (Agando suelo industrial = central térmica) abre la puerta al Gobierno de Canarias para instalar las centrales en la medida en que esa calificación admite la central eléctrica, la industria ligera, la industria pesada y la planta de residuos peligrosos. Esta declaración pone en entredicho la postura inicial del ayuntamiento y del cabildo que se comprometieron a trasladar al Gobierno de Canarias la oposición al proyecto de las centrales térmicas y adoptar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para garantizar los acuerdos plenarios de oposición a la instalación adoptados por el Ayuntamiento de Tuineje el 19 de noviembre de 2009 y el 29 del mismo mes por el Cabildo de Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias no ha renunciado a ninguna de los proyectos mencionados, dándose el caso, único en España, de que en un mismo municipio se promuevan dos centrales térmicas. Al contrario, el Gobierno de Canarias declaró de interés general la necesidad de la central eléctrica del Llano de la Higuera durante el 2009 ante la evidencia, según esta misma institución de que el suministro energético en el sur de Fuerteventura no estaba garantizado (Impulso a la central eléctrica del Llano de la Higuera)

Según el blog de la Plataforma Ciudadana contra la Central Térmica de Agando, Plataformanoagando, sorprende que el Gobierno de Canarias solicite nuevo suelo de calificación industrial en Agando cuando el 80% de las zonas industriales del municipio de Tuineje están sin desarrollar completamente y Fuerteventura cuenta con unas inmejorables condiciones para la generación de energía eólica y fotovoltaica.

Las centrales de ciclo combinado han quedado obsoletas tecnológicamente y muchas empresas del sector han decidido no invertir más en ellas. Por tanto, llama la atención la declaración de interés general de la instalación de esa central cuando parece más correcto que lo que hay que considerar de interés general es el cambio en el modo de generación de energía. Parece más perentorio y urgente que Fuerteventura con unas condiciones climáticas propicias para las energías renovables tienda a emular el modelo energético de El Hierro y no a perpetuar un sistema energético generador de más residuos y basado en una tecnología del siglo XX.

La instalación de la central térmica en el Llano de la Higuera, a cargo de la empresa mallorquina Sampol permitiría a juicio de las instituciones Canarias acabar con los problemas de suministro en los municipios de Pájara y Tuineje. Contradicción evidente que ponen en tela de juicio el interés general de esas centrales térmicas ya que el consumo de energía en el municipio de Tuineje representa solo el 8% del consumo total de la isla, una cantidad que a priori no es relevante para justificar el apoyo del proyecto, máxime cuando hay fuentes que indican que el consumo eléctrico en la isla presenta el mayor descenso de toda Canarias.

Lo que se detecta, sin embargo, son ciertos movimientos por parte de las instituciones de la isla y del Gobierno de Canarias que van en la línea de especializar los usos de algunos municipios de Fuerteventura. En Jandía se concentrarían parte de los usos turísticos de la isla y en Tuineje se concentrarían los usos industriales necesarios para garantizar una cobertura integral en la isla. Si este es el objetivo se olvida que no es democrático imponer una instalación de la envergadura de una central térmica a muy poca distancia de algunos núcleos poblacionales sin ni siquiera iniciar un proceso de consulta popular pública, informada y libre que tenga en cuenta la opinión de los afectados y las necesidades de la isla.

Si finalmente el lugar elegido viene a ser el valle de Agando, la central requiere la construcción de un muelle de apoyo a la descarga de combustible que sería el tercero en la isla, detrás de los ya existentes en Gran Tarajal y en Jable, lo que significa un argumento más que demuestra la utilización fraudulenta que realiza el Cabildo del concepto de interés general.

El superpuerto de Granadilla. La gran estafa

El mismo comportamiento del Cabildo se puede observar en los últimos 10 años respecto a la construcción del Puerto Industrial de Granadilla. La propuesta oficial en su versión inicial (luego fragmentada en partes) contaba con la construcción de un superpuerto que se adentraba en el mar hasta 1,5 Km desde la costa alcanzando los 50 m. de profundidad. El proyecto preveía ganar al mar 1.370.000 m2 para lo que hacían falta hasta 21.000.000 m3 de material de relleno que al parecer se obtendrían de los materiales extraídos en la construcción de la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur. Las dimensiones del proyecto y la zona donde pretenden ubicarlo afectan de lleno al espacio protegido a nivel europeo LIC Sebadales del Sur de Tenerife.

El aparato propagandístico y mediático del Cabildo de Tenerife comienza a vender el proyecto en los medios y a la opinión pública como la opción más viable para captar el tráfico de contenedores, crudo y productos y la única posible para diversificar la economía de la isla de Tenerife. La contestación ciudadana, plataformas sociales y determinadas áreas de la Universidad de La Laguna se han encargado de cuestionar el proyecto demostrando con argumentos contundentes que dicha infraestructura no se necesita.

Las actuaciones posteriores del Cabildo, grupos de presión y demás instituciones afines al proyecto han girado sobre varias iniciativas concretas:

1º- Declarar el puerto industrial de Granadilla de interés público de primer orden ante el colapso del actual Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, el puerto de Santa Cruz no solo no está agotado sino que se encuentra infrautilizado y la Unión Europea ha proporcionado fondos para su ampliación (”El proyecto del puerto de Granadilla: excusas sin fundamento”. Federico Aquilera Klink)

2º- Tenerife tiene que facilitar la entrada del gas para cumplir con el protocolo de Kioto y reducir su dependencia del petróleo. Para ello es necesario instalar una central de ciclo combinado, lo que requeriría una plataforma portuaria que facilite la entrada del combustible. Sin embargo, la central de ciclo combinado puede existir con independencia del puerto mediante una plataforma Off Shore y además la introducción del gas en la isla no cambiaría la dependencia energética de Canarias de los combustibles fósiles.

3º- Descatalogar una parte concreta del sebadal situado entre el lugar destinado para el puerto y el LIC. Sin embargo, el TSJC suspendió cautelarmente el inicio de las obras del puerto durante el 2009 ante la denuncia del grupo ecologista Ben Magec. La suspensión cautelar viene a ratificar la denuncia de los ecologistas que indica que la “descatalogación ad hoc” de especies protegidas porque se encuentran en lugares protegidos que interrumpen el desarrollo de una infraestructura es una ilegalidad.

4º- Modificar el actual catálogo de especies protegidas, mediante una proposición de ley promovida por CC y apoyada por el PP, reduciendo a la mitad el número de especies bajo protección y rebajar la protección de otro 30%, incluyendo la seba. Si el obstáculo para la construcción del puerto es el nivel de protección de los sebadales, una modificación en el catálogo de especies protegidas cambiando el catálogo permitirá suprimir dicho obstáculo. (“Puerto de Granadilla, el gran fraude”. Francisco Castro Morales)

Lo que demuestran los hechos en este caso es el denodado esfuerzo por parte de las instituciones públicas que gobiernan la isla, con el Cabildo de Tfe a la cabeza, de justificar el puerto utilizando argumentos muy dudosos que han ido modificando al tiempo que la ciudadanía y los movimientos sociales se han encargado de desmentirlos.

La última iniciativa de estas instituciones de cambiar el catálogo de especies protegidas da una vuelta de tuerca más al asunto al abrir la posibilidad de desarrollar toda una batería de argucias de dudosa justificación legal y democrática. (Ecologistas irán a los tribunales si se aprueba el catálogo)

Foto 1: Cartel de la manifestación contra el puerto industrial en Granadilla el 27.11.2005
Foto 2: Valle de Agando. Fuerteventura. en el blog Plataformanoagando
Foto 3: Ubicación del LIC Sebadales Granadilla y ubicación de la 1ª fase del puerto de Granadilla. En el blog Elmalpais-lasislas
Foto 4: Planta del puerto industrial de Granadilla. En el blog de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza

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