Impunidades

  
Una preocupante percepción de impunidad se instala en la mente de quien lee un periódico, escucha un informativo de televisión y radio o simplemente se toma la molestia de ver la situación del mundo a través de Internet. Una impunidad no solo entendida como ausencia de castigo sino como un término más amplio, desdibujado y de existencia inevitable. Hoy no solo no existe castigo sino que ni siquiera se plantea que haya acción punitiva alguna y cuando la hay, su legitimidad es endeble y carece de argumentos sólidos. Se trata de un término que ha evolucionado con el tiempo paralelamente al hecho constatado, y parece que inexorable, de que cada vez más tendremos que convivir con su presencia. Al mezclarse con otros conceptos que definen esta sociedad, negligencia, irresponsabilidad, asimetrías de poder, abusos….puede tomar múltiples modalidades de presentación pero un efecto único demoledor; socavar los pilares de una sociedad basada en la igualdad ante la Justicia y con ello la perversión misma de la Democracia.

Impunidad que unas veces está vinculada al cinismo y a la connivencia, como la postura reactiva e irresponsable que la Comunidad Internacional mantiene frente al régimen dictatorial del presidente sirio Bachar el Asad, responsable de perpetrar una de las mayores represiones sobre su propio pueblo. Que la Comunidad Internacional opte por mirar a otro lado, mientras se cometen asesinatos de civiles que luchan por instaurar la democracia, refleja la inoperancia de la ONU como organismo internacional que vela por la paz, al tiempo que quedan al descubierto los intereses mezquinos de los principales países ricos. Estos prefieren un sátrapa conocido que otro por conocer, no vaya a ocurrírsele poner en juego los intereses geopolíticos de Occidente en la zona.

Otras veces la impunidad adopta la forma de canallas tratados como caballeros que disfrutan de auténticos privilegios. Son esos ejecutivos de Goldman Sachs con sueldos indecentes y prestigio de tecnócratas, cuya estrategia a nivel mundial ha permitido al banco colocarles como gestores políticos de la crisis en Europa y América, a pesar de que las prácticas especulativas y fraudulentas de la entidad con derivados financieros, formen parte de las causas desencadenantes de esta crisis. Una estrategia que ha permitido al banco continuar ganando cantidades ingentes de dinero a costa de los intereses públicos y de Estados enteros como el de Grecia. Simultáneamente, el banco continúa maquinando para profundizar en la desregulación del sector financiero o, al menos, conspirando para que la regulación del sector siga siendo una intención que solo ocupe las primeras planas de los periódicos.

En otras ocasiones la impunidad se manifiesta en la existencia de una burocracia anquilosada, corrupta y dominada por unos señores que se benefician de mantener un status quo favorable a sus intereses, eludiendo investigar serios indicios de fraude electoral, como en las pasadas elecciones presidenciales en Rusia, celebradas entre denuncias de tongo con indicios claros de manipulación de urnas en algunas mesas electorales.

En España la impunidad también campa a sus anchas tomando formas variopintas. En situaciones se manifiesta posibilitando que el único condenado por la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular sea el juez Baltazar Garzón, el mismo que la destapó. Mientras, una pieza separada del Caso Gürtel conocida como el Caso de los trajes permite a Ricardo Costa y Francisco Camps ser declarados no culpables de la acusación de cohecho impropio. Ante la imposibilidad de demostrar que estos señores se habían pagado sus trajes, el tribunal tampoco encontró pruebas suficientes de que fueran las empresas de la red Gürtel quien los abonara. Del análisis de ambos hechos se desprende, como mínimo, una dosis importante de contradicción; destapa la perversión con la que es utilizada la justicia para inhabilitar a un magistrado que osa investigar tramas de corrupción que afectan al Partido Popular o los mismísimos crímenes del franquismo.

Igual grado de impunidad se detecta en el Caso Nóos, otra pieza separada de un caso mayor de corrupción, el Caso Palma Arena, cuyas ramificaciones son tan amplias que abarcan varias comunidades autónomas. Las informaciones publicadas alrededor de los oscuros negocios de Iñaki Urdangarín y la posible implicación de la Infanta Cristina, permite preguntarnos sobre los negocios, las inversiones y las propiedades de una de las instituciones más opacas e intocables en España, la Corona. Una cuestión planea de fondo en todos estos casos ¿Somos todos iguales ante la ley? Es evidente que no.

El último movimiento de Endesa fichando a la exministra de economía por el partido socialista, Elena Salgado, ignorando la ley de incompatibilidades, no es impunidad, es, directamente, un fraude.

En Canarias también tenemos evidentes muestras de impunidad, no en vano es la segunda región con más número de cargos políticos imputados por prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias. Existe impunidad cuando se premia a determinados políticos con puestos de responsabilidad a pesar de que sobre ellos penden sospechas fundadas de que su gestión política no perseguía el interés público. Es el caso de Luz Reverón. Antigua concejala de urbanismo por CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la última legislatura, tomó posesión como directora insular de la Administración del Estado en La Gomera por el PP, previa baja como militante de CC. La Sra. Reverón está imputada por el Caso Mamotreto en el que se investiga la posible ilegalidad del edificio al haberse construido sin autorización, invadiendo la zona de servidumbre e incumpliendo presuntamente la normativa urbanística vigente.

Pero el ejemplo paradigmático de otra variedad de impunidad, esta vez la de cómo formaciones políticas se convierten en valedoras de la corrupción al cerrar filas alrededor de personajes sobre los que gravitan graves acusaciones, es Miguel Zerolo. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife fue nombrado senador por la Comunidad Autónoma por el Parlamento de Canarias, a pesar de estar imputado por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en uno de los mayores casos de corrupción de nuestra Autonomía, el Caso Las Teresitas. Un estatus que permite al exalcalde que la causa instruida por el TSJC pase al Tribunal Supremo y por tanto demorar la fijación de la vista oral de un procedimiento que se encontraba en su fase final. Otra forma más de impunidad, al utilizar los resquicios legales en su condición de aforado, las causas se eternizan en los juzgados y solo al cabo de mucho tiempo son juzgadas…. Si se tiene la suerte de que los delitos por los que se le acusa no prescriban.