martes, 29 de junio de 2010

La triple R; Reciclar, Recuperar y Revitalizar

     
En “La Carretera” (The Road. Cormac McCarthy. 2006) los protagonistas de la novela vagan por una carretera hacia el sur del lugar donde se encuentran. La infraestructura es el único “canal” que proporciona orientación en un lugar devastado por una catástrofe natural o quizás un accidente nuclear provocado por el hombre en esta Sociedad del Riesgo global que en la novela no se menciona pero que llega a intuirse al leer entre líneas. La carretera es el nexo de unión de los protagonistas con las vicisitudes que les asaltan en su periplo hacia el sur en busca del mar y de unas condiciones climatológicas menos agresivas.

En la versión cinematográfica de la novela (The Road. John Hillcoat. 2009) con una sorprendente fotografía de Javier Aguirresarobe, la infraestructura aparece como un corredor desierto, en ocasiones destruido, que es recorrido esporádicamente por los únicos supervivientes de la catástrofe porque les permite incrementar sus posibilidades de supervivencia, en tanto que les acerca a lugares no saqueados por otros supervivientes. También les hace más vulnerables a los peligros que les acechan a lo largo de todo el recorrido.

Haciendo el supuesto de que la especie humana aprende de sus errores (supuesto refutado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia) cabe imaginar que la sociedad postapocalíptica que surgiría con posterioridad a ese gran cisma, regeneraría y recuperaría esos grandes corredores para crear nuevas zonas de esparcimiento público en un acto de devolver al peatón, al ciudadano, el territorio que le pertenece, re-creando una nueva sociedad donde los riesgos que se asumirían a consecuencia del progreso serían menores. Una sociedad que explorara las posibilidades de la ciudad densa, configurada alrededor de grandes nodos de comunicación, privilegiando la cercanía frente a la lejanía. Una sociedad que alertada por la enorme catástrofe provocada por un modelo de desarrollo hiperconsumista y dilapidador de recursos naturales optaría por introducir políticas efectivas de reciclaje en todos sus ámbitos.

Afortunadamente, en el ámbito del urbanismo y la arquitectura ya hay ejemplos de iniciativas similares en todo el mundo. Un claro ejemplo de que las políticas de reciclaje, recuperación y revitalización de espacios son una opción vital en un contexto de crisis crónica además de servir de catalizador para el cambio de un modelo energético basado en combustibles fósiles.

En la ciudad de Seúl, han demolido una antigua superautopista y la han recuperado como espacio público y natural en tanto que por debajo de esa gran infraestructura fluía un río que fue sepultado en los años 60. En el blog Pedestre se hace una interesante crónica de cómo se ha producido el proceso de recuperación del espacio y cómo ha quedado después de décadas de ocupación por parte del vehículo privado.

En Nueva York, la “ciudad automática” al decir de Julio Camba, se están reciclando las vías elevadas de una antigua vía férrea que pasa por encima del West Side en un parque lineal, creando un interesante proceso de regeneración de los almacenes que servían de aprovisionamiento y apoyo técnico e industrial en galerías de arte, viviendas con estructura de loft, tiendas, etc.

En la ciudad brasileña de Curitiba entre las décadas de los años 70 y 90 se implantó un sistema de transporte público que usaba el viario ya existente reservando un carril por el que transitarían exclusivamente autobuses de líneas regulares. La iniciativa basada en la creatividad, la sencillez y una baja inversión logró mejorar de forma apreciable la demanda de transporte del 8% inicial al 32%.

Hay que aceptar que, salvo el caso de la ciudad de Curitiba que se ha convertido en un ejemplo de planificación pública, muchas de estas intervenciones están dotadas de una gran dosis de propaganda ecologista en el sentido que intentan implantar una imagen verde dentro de la ciudad. En la gran mayoría de los casos se trata de iniciativas que no introducen cambios importantes en los actuales hábitos de movilidad de la ciudadanía, puesto que supone trasladar el flujo de tráfico a otras zonas, normalmente más degradadas y menos turísticas y los flujos de energía y residuos de la ciudad lejos de revertirse, aumentan. Sin embargo, sí suponen una ampliación del espacio público cedido al peatón y una iniciativa para recuperar espacios que antes eran coto privado del vehículo, de las infraestructuras, del hormigón armado. No se deberían desdeñar estas iniciativas de reciclaje, recuperación y revitalización como fase de transición hacia una ciudad más ecológica y solidaria energéticamente. Apoyadas de una buena estrategia de disuasión del vehículo privado y complementado por una eficiente red de transportes colectivos que potencie la intermodalidad, permitirían una reconversión de la ciudad hacia unos espacios más habitables, menos hostiles y donde el ciudadano en tanto que peatón, volvería a ser el protagonista.

Todo lo contrario de lo que se ha hecho en nuestro país. El modelo económico apuntalado en España en los últimos 15-20 años se ha caracterizado por una doble apuesta que representa las dos caras de una misma moneda, la expansión de la ciudad difusa o urban sprawl a través de una colonización del territorio basada en la construcción de obra residencial conectada a los grandes centros urbanos por diferentes tipos de infraestructuras, como el AVE, las circunvalaciones, el soterramiento de autovías, el desdoblamiento de autopistas o incluso la construcción de nuevos aeropuertos.

Un bucle perverso que se potencia a sí mismo con graves efectos acumulativos. Se buscan zonas más despobladas para “huir” de unos centros urbanos cada vez más contaminados a base de extender nuevas redes de conexión viaria que gracias a un modelo de movilidad de carácter mayoritariamente privado e impulsado por combustibles fósiles, termina contaminando y saturando esos nuevos lugares colonizados. Lo que implica una nula estrategia de creación de cercanía y una especialización de usos de los espacios urbanos cada vez mayor (zonas comerciales, parques temáticos, zonas residenciales, áreas deportivas, etc)

Un círculo vicioso con claras influencias del modelo norteamericano pero aplicado a un territorio mucho más limitado y donde el impacto sobre el medio ambiente es y ha sido de proporciones aún no cuantificadas pero cuyos efectos sí empezamos a experimentar con el colapso reciente de la burbuja inmobiliaria y la saturación de infraestructuras que pueblan el territorio español. Saturación que ha posibilitado que España sea el país con más kilómetros de AVE en construcción del mundo mientras se envía al ostracismo el transporte de mercancías por medio del ferrocarril, infinitamente más ecológico, más eficiente y menos costoso. Un doble efecto cuya principal consecuencia ha sido la suburbanización del territorio producto de una política de infraestructuras cuya finalidad reconocida era conectar las capitales de provincia a menos de 4 horas de AVE.

Si en España el territorio es importante, en unas islas como Canarias, cuya principal actividad es el turismo, el territorio debería ser considerado “cuestión o razón de ser de la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, en general se están perdiendo posibilidades inmensas en esta línea. Se continúa fomentando un sistema de ocupación del territorio con grandes niveles de dispersión apoyado en la expansión del vehículo privado, en contra de aumentar o facilitar la densidad de sus grandes núcleos urbanos y se desconocen iniciativas de recuperación o reciclaje de espacios públicos en zonas verdes o de esparcimiento. Solo el Centro Cultural El Tanque en Santa Cruz de Tenerife representa la excepción que confirma la regla. Es de los pocos proyectos que incluyen en su propuesta programática reciclar un espacio dotándole de otra función para la que inicialmente había sido pensada e intentar recuperar el espacio donde se inserta. Paradójicamente vive actualmente una presión urbana sin precedentes al estar rodeado por ese barrio impostado que es Cabo Llanos.

En las capitales de las provincias canarias hay dos claros ejemplos de esta dinámica. En Santa Cruz de Tenerife se ha optado por una solución obsoleta y claramente equivocada para resolver el gran atasco en el que se encuentra la ciudad. Intervención que no soluciona la problemática sino que la posterga construyendo otra infraestructura viaria, la vía litoral, que ejercerá un efecto atractor sobre el tráfico rodado de carácter privado (Santa Cruz de Tenerife, una ciudad insostenible. Por una reconsideración de las infraestructuras del transporte en la ciudad (2)).

En la capital de la otra provincia, Las Palmas de Gran Canaria, se convocó en 2009 un interesante y ambicioso concurso público para mejorar el litoral de la ciudad que tuvo como resultado una doble propuesta ganadora, las tituladas “Una ciudad inteligente para todos” y “10 parques x 10 paseos”. Sin embargo, un año después se desconoce si los proyectos ganadores colaborarán conjuntamente para hacer realidad la iniciativa a largo plazo o si el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abandonado el proyecto definitivamente, demostrando en ese caso que la convocatoria del mismo no era más que una más de las acciones cosméticas destinadas a mejorar la imagen de la institución.

En los nueve proyectos finalistas, entre los que destacan también los titulados, “Lp + futura” y “Menos es más” (a todos ellos se puede acceder a través de este enlace) se manejan ya conceptos como los de flujos de energía, sostenibilidad, participación del ciudadano en la configuración de su municipio, moderación de las velocidades de los vehículos, fomento del transporte público, recuperación de espacios, acupuntura urbana frente a grandes intervenciones arquitectónicas, etc. Aunque no se trata de conceptos originales, estas propuestas suponen una visión nueva en Canarias que no han gozado del crédito o de los apoyos suficientes para hacerlos realidad.

Un ideario y una forma de hacer ciudad que está ya en el imaginario de colectivos de profesionales de la arquitectura y del urbanismo que no tienen más ambición que mejorar la ciudad con sus propuestas originales y concienciadas. El reciclaje, la recuperación y la revitalización de espacios urbanos son conceptos vitales hoy en día y que la actual estructura política que gobierna en las islas aún se resiste impulsar, unas veces por falta de presupuesto, otras por falta de auténtica voluntad política y en otros casos porque son esas mismas estructuras políticas las que se han quedado anquilosadas y obsoletas en un modo de hacer ciudad conservador, inmovilista y tributario de intereses que coinciden con ciertos grupos económicos.

Foto 1: Imagen de la película The Road.
Foto 2: Canal de Cheonggyecheon. Seúl.
Foto 3: Highway #5 Los Angeles, California, USA, 2009. Edward Burtynsky.
Foto 4: Car(e)les City - 001. Vincent Bitaud.
Foto 5: Centro Cultural El Tanque.

martes, 15 de junio de 2010

Una tercera vía interesada

 
El pasado día 04.06.2010, se publicó en el diario El País un artículo titulado “Contra el desapego ciudadano”. Un artículo que trataba sobre el desencanto y alejamiento ciudadano de la política que se practica en la actualidad. Además mencionaba el Informe sobre la democracia en España, una herramienta sociológica que intenta medir la calidad de la democracia en nuestro país cada tres años en base a dos criterios fundamentales: “la igualdad política y el control social, entendido este como el derecho de los ciudadanos a influir en las decisiones públicas y en el proceso político”.

El estudio pone de manifiesto que la calidad de la democracia ha bajado de los 6,2 a los 5,8 puntos en los últimos 3 años y son dos las áreas donde este deterioro se profundiza, la economía y la corrupción. Una clase política incapaz de resolver la actual situación económica ofreciendo alternativas y soluciones a los problemas de la gente y un sistema democrático golpeado por importantes casos de corrupción que afectan a todos los partidos políticos es una de las radiografías que realiza el estudio.

Dicho más claramente, un sistema político preso de determinados intereses y/o grupos de presión económicos que evitan o dificultan la toma de decisiones por parte de la clase política de cara a mejorar la situación general de las mayorías y la incapacidad de éstas para influir en las élites políticas, están en el centro del deterioro democrático en nuestro país y es la base de la actual indiferencia ciudadana hacia los resortes del sistema democrático.

A este mismo artículo se refiere el Sr. Paulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de Canarias, en una reseña publicada en ese mismo diario el pasado día 12.06.2010 titulada “La tercera vía”. El Presidente considera que el bipartidismo en que se ha instalado la sociedad española obstaculiza la salida de la actual situación económica por la falta de propuestas del PSOE y por la crispación que introduce el PP, lo que lleva al desapego y desinterés ciudadano que muestran la mayoría de las encuestas realizadas a la población.

Por esta razón reivindica “una tercera vía, un modo de hacer que rompa con esa fotografía e introduzca terceras voces que arbitren procesos de diálogo que generen la confianza y el entendimiento que la ciudadanía está pidiendo a gritos”. Y que le lleva a considerar que “en estos momentos, el PSOE es parte del problema, pero el PP no es la solución”. El Sr. Rivero Baute va más allá y acepta que “un cambio de Gobierno solo traería más de lo mismo” y por esta razón es de la opinión que “un anticipo electoral sería un paso inútil”. Esas terceras voces serían obviamente los nacionalismos.

Las palabras del Sr. Presidente nos muestran con gran expresividad el tipo de nacionalismo practicado en las islas desde el inicio de la etapa democrática en España y más concretamente desde que CC llegó al Gobierno de Canarias en el año 93. Un nacionalismo de corte conservador pero sin una ideología concreta, o mejor, con una ideología que le ha permitido desarrollar una política de pactos con un partido político y al mismo tiempo hacer guiños al gobierno central de turno, en un alarde de pericia pactista y oportunismo político (“…el PSOE es parte del problema, pero el PP no es la solución”). Un nacionalismo centrado en el discurso retórico, en ocasiones excesivamente repetitivo, de defender las singularidades y especificidades canarias al mismo tiempo que esas singularidades se han puesto en peligro de extinción al apoyar un modelo económico dilapidador de recursos naturales. Una economía basada en un sector de la construcción sin límites, tanto de obra residencial como de infraestructuras con cargo a los fondos europeos y una política turística de gran cortedad de miras, dirigida solo al denominado turismo de sol y playa. Ambas dinámicas han provocado un abandono del sector agrícola, reducido a mínimos al sustituir importantes bolsas de terreno fértil para cultivar por suelo para construir.

En el actual orden de cosas sorprende que el Sr. Rivero muestre preocupación por el desapego ciudadano en la política cuando la media de la abstención de las últimas cuatro citas electorales autonómicas arroja una cifra del 37% (1995; 35,50%, 1999; 38,91%, 2003; 35,38%, 2007; 38,73%. Fuente; Portal de la Constituación del Congreso de los Diputados). Una cifra a considerar y que nos indica, al menos en parte, que las políticas desarrolladas por CC en solitario o a través de los pactos con otras fuerzas políticas en los últimos 18 años no han sido capaces de movilizar a una gran parte de la población canaria, en lo que denota una falta flagrante de un relato político atractivo que conecte con la ciudadanía. Un déficit que no es exclusivo de la formación nacionalista pero que en todo caso permite apuntar que el desapego ciudadano respecto a la política actual no es consecuencia de la crisis actual (aunque lo intensifique) sino que es un problema que proviene de mucho más atrás y del que son responsables todas las fuerzas políticas actuales entre otros factores de más hondo calado.

La importante abstención registrada en los comicios autonómicos se puede interpretar como un indicador fiable del grado de descontento que la ciudadanía canaria ha mostrado en las diferentes citas electorales con los programas ofrecidos por los grandes grupos políticos, muy similares en las propuestas programáticas de mayor relevancia. En este sentido ¿Cuáles son las propuestas reales desarrolladas por la formación nacionalista para intentar solucionar el colapso del tráfico en las islas? ¿Qué ha hecho Coalición Canaria para evitar que Canarias esté a la cola de España en sectores como la Educación y la Sanidad? ¿Qué políticas efectivas de empleo se han desarrollado en las islas, más allá de la retórica de ese Pacto Social por la Economía y el Empleo que el Sr Rivero menciona en su escrito? ¿En todo caso qué resultados ha tenido en términos de reactivación económica? El nivel de desempleo, situando a la Comunicad en una escandalosa e insostenible cifra de casi el 30%, la mayor de España, nos muestra con toda su crudeza el resultado de esas políticas de empleo. ¿Qué acciones ha promovido el Gobierno de Canarias para reducir el actual umbral de pobreza que Caritas situaba en el 2009 en el 28% de la población Canaria?

En su artículo, el Sr. Rivero Baute es de la opinión de que “ha fallado la economía y no el Estado de las Autonomías”. Sin embargo, es difícil entender que después de 18 años en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, los nacionalistas no hayan tenido, al menos, la misma responsabilidad en el deterioro actual de las condiciones de vida en Canarias que los diferentes gobiernos a derecha e izquierda que se han sucedido en el gobierno central. Máxime, cuando es cierto que la economía ha fallado, pero las políticas desarrolladas en la Comunidad Autónoma distan muy poco del esquema general que rige la política económica española. Ahí están los indicadores sociales y económicos situados en las cotas más bajas de la historia canaria reciente resultado de los recortes sucesivos en los servicios básicos y la fuerte inversión en infraestructuras de gran impacto medioambiental, escasa productividad y empleo precario. Los numerosos casos de corrupción que azotan a las instituciones canarias son otro ejemplo de la connivencia entre el poder económico y el poder político que dominan las relaciones en Canarias y que pone en muy mal lugar a ese Estado de la Autonomía mencionado por el Sr. Rivero.

Casi dos décadas de gobierno que invitan a pensar que la reflexión del Sr. Rivero en el diario El País va más en la línea de situar al nacionalismo canario en una posición victimista e interesada. Una baza que han sabido utilizar hábilmente cuando la situación lo requería pero que dista mucho de la realidad política de la comunidad, donde los nacionalistas han gozado de las suficientes mayorías parlamentarias como para hacer y deshacer a su gusto en todo aquello que consideraban necesario.

Un descontento ciudadano que precisamente por la falta de alternativas de la clase política se ha traducido en un incremento progresivo de su participación en la vida política y social canaria a través de dos mecanismos principales. Por un lado, promoviendo una gran cantidad de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) en los últimos 18-20 años (las relacionadas con la vivienda, las de Veneguera en Gran Canaria, la del tranvía al norte de Tenerife, la de la ampliación del Malpaís de Güimar, la del hospital público del sur y suroeste de Tenerife, la de la declaración del litoral noreste de Granadilla en Tenerife como reserva natural especial, la de El Rincón también en Tenerife, la del Hospital del Sur en Gran Canarias, etc). Y por otro lado, la participación de la ciudadanía también se ha instrumentado por medio de frecuentes y multitudinarias manifestaciones ante determinadas decisiones tomadas por el ejecutivo canario (Puerto de Granadilla, centrales térmicas en Agando, PGO de Santa Cruz de Tenerife, la desprotección de especies en peligro de extinción, embotelladora de Taguluche en la Gomera, el tendido eléctrico de Vilaflor, contra la especulación urbanística en La Laguna) algunas de las cuales han sentado las bases para un movimiento ciudadano de cierta solidez. Movimiento que ha sido capaz de aportar soluciones a muchos de los problemas que aquejan a las Islas con mayor grado de eficiencia, lucidez y haciendo uso del concepto de interés general de forma más democrática que la propia Administración.

Estas dos líneas de actuación parecen estar indicando que la ciudadanía canaria ha estado reclamando a la clase política que la gobierna una participación activa en los asuntos públicos. Sobre todo, a tenor de la clase de ILP desarrolladas y del tipo de manifestaciones convocadas, una participación en las decisiones que afectan a su medio ambiente como reacción a una política oficial que considera el territorio poco más que un mero instrumento de producción de todas sus intervenciones.

Por tanto, el Gobierno de Canarias ha tenido multitud de ocasiones para hacer suyo el discurso ciudadano y desarrollar una verdadera política centrada en los problemas de la gente, una política que tenga en cuenta sus reivindicaciones creando “procesos de diálogo que generen la confianza y el entendimiento que la ciudadanía está pidiendo a gritos” tal y como indica el Sr. Rivero a la hora de reclamar una tercera vía de resolución del actual desaguisado económico. La realidad es que la respuesta por parte del Gobierno de Canarias ha sido la indiferencia y la utilización en beneficio propio del juego democrático para desechar esta participación activa, mostrando en muchas de las ocasiones actitudes autoritarias de dudosa justificación democrática que han rebajado la calidad de la democracia en Canarias. Dudamos profundamente de que la respuesta a esta crisis sea dar un voto de confianza (uno más) a la opción nacionalista. Creemos que la crisis actual solo se puede resolver desde abajo, fortalecimiento la Sociedad Civil escuchando sus demandas, fomentando su participación en los asuntos públicos y profundizando en el concepto de Democracia mediante una separación real de los tres poderes.

Entendemos que el escrito del Sr. Rivero no es más que una de las estratagemas del nacionalismo canario para sobrevivir en un contexto de cambio como el actual. Pintan bastos para dicha formación. Los resultados de la última cita electoral autonómica donde pasaron a ser la segunda fuerza política perdiendo 6 escaños ante el fuerte avance del PSOE invitan a pensar en ello. La pérdida del grupo de gobierno en el Parlamento español después de las últimas elecciones nacionales debido al tsunami bipartidista, también apoyan una deriva pesimista para el grupo de Coalición Canaria. No obstante, toda crisis favorece que se consoliden nacionalismos ya existentes, que afloren otros nuevos así como posturas políticas de distinto pelaje, tanto a la izquierda como a la derecha del arco parlamentario, intentando obtener ganancia de pescadores en río revuelto. Quizás en eso esté la formación nacionalista canaria en estos momentos.

lunes, 7 de junio de 2010

La hora del sacrificio social


“Y las compañías, los bancos fueron forjando su propia perdición sin saberlo. Los campos eran fértiles y los hombres muertos de hambre avanzaban por los campos. Los graneros estaban repletos y los niños de los pobres crecían raquíticos, mientras en sus costados se hinchaban las pústulas de la pelagra. Las compañías poderosas no sabían que la línea entre el hambre y la ira es muy delgada. Y el dinero que podía haberse empleado en jornales se destinó a gases venenosos, armas, agentes y espías, a listas negras e instrucción militar. En las carreteras la gente se movía como hormigas en busca de trabajo, de comida. Y la ira comenzó a fermentar.”

Las uvas de la ira. John Steinbeck. 1939

La rebaja en la calificación de la deuda española por parte de la agencia de calificación Fitch el pasado 28.05.2010 (después de que lo hiciera hace unas semanas Standard&Poor's) nos muestra con claridad la lógica perversa que está detrás del dogma económico liberal y cómo los mercados internacionales que actúan global e instantáneamente están marcando la agenda política española que solo puede actuar localmente y con unos tiempos de reacción muy limitados.

Una lógica que va en la línea de imponer un ajuste austero que pagarán las rentas más bajas de la sociedad y donde muy previsiblemente quedarán impunes los desmanes realizados por el sector financiero, verdadero responsable de la crisis que ha gozado en los dos últimos años de todo tipo de ayudas oficiales sin contrapartida alguna.

La economía española debe mantener la solvencia de su deuda pública que supera con claridad los límites del tratado de Maastrich. Un tratado que en la actualidad no cumple ningún país relevante de la zona euro, demostrando el fracaso de los criterios de convergencia y quizás el descalabro de esta Europa economicista construida alrededor de una moneda única, sin una unión política, sin una política fiscal común, sin un presupuesto común y sobre todo con unos organismos con un importante déficit democrático como son el Consejo o la Comisión Europea.

El mantenimiento de dicha solvencia exige, según el credo liberal del FMI, BM, BCE, Consejo europeo, agencias de calificación, la gran banca europea (sobre todo la alemana), etc, poner en práctica duras medidas de ajuste que socavarán las posibilidades de recuperación y minorarán la tasa de crecimiento en los próximos años. Éstas se han materializado por el momento, en las propuestas anunciadas por el gobierno español el pasado día 12 y que fueron aprobadas por un solo voto el 28 de mayo. Pero son esas dudas en las posibilidades de recuperación de la economía española, las que son interpretadas ahora por los mercados internacionales (esos mismos actores que reclamaban el ajuste) como una debilidad que se materializa en una nueva rebaja de la calificación. Una rebaja que restará eficacia al plan de austeridad anunciado por el Gobierno.

Un plan de ajuste, que de momento se ceba con el eslabón más débil de la cadena (el colectivo de los funcionarios, los pensionistas y la ayuda oficial al desarrollo, entre otros), amenaza con una inminente reforma laboral que abaratará el despido. Además comete el error de no focalizar el problema sobre los verdaderos responsables que han originado esta descomunal crisis económica, el sector financiero y todo el entramado de actores bancarios que lo sustentan. Se oculta con gran connivencia, nocturnidad y alevosía, los grandes riesgos que ha asumido de forma irresponsable el sistema financiero español por su gran exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria durante los últimos 15 años.

En este sentido solo hemos oído a Francisco González, presidente del BBVA, hablar con más transparencia incluso que el gobierno al indicar que:
"Hay 325.000 millones de euros de crédito promotor en España y no los puede pagar el contribuyente, lo tienen que solucionar los culpables, que son los promotores, los bancos y las cajas. Y cuanto antes nos pongamos a ello, mejor"

Mientras la deuda pública supera los límites impuestos por el tratado de Maastrich pero se sitúa en niveles similares al de otros países de la UE, hemos oído muy poco en los medios de comunicación sobre la insostenible deuda privada de la economía española. Esta supera en más del triple la deuda pública y es producto de las laxas condiciones para el endeudamiento y concesión del crédito fácil que unos tipos de interés excesivamente bajos, la campaña a favor de la propiedad privada y la falta de regulación seria sobre el sector, han provocado durante los últimos lustros.

Creemos que la señal es clara, el ajuste llevado a cabo por el gobierno español no será suficiente para calmar a los mercados internacionales que exigirán medidas más duras centradas en la reforma del mercado laboral (que el gobierno ya ha señalado que aprobará por decreto el próximo día 16 de junio si no hay acuerdo entre los agentes sociales) y una reestructuración del sistema bancario español. En concreto, la reorganización del actual sistema de Cajas de Ahorros que se está realizando con unos niveles de oscurantismo y secretismo que sorprenden. Sabemos muy poco sobre qué entidades deben ser intervenidas y hasta qué punto están saneados sus balances. Además, no se ha reconocido públicamente los verdaderos problemas que ha creado un modelo económico deficiente en productividad y centrado en la actividad de construir a toda costa ya sean viviendas residenciales o infraestructuras.

La impotencia del actual gobierno para evitar un plan de austeridad basado en el deterioro de las condiciones de las clases populares es manifiesta. Pero ¿Hay alternativas a la propuesta oficial de salir de la crisis recortando los derechos sociales de la colectividad? ¿Hay opciones diferentes a un austero recorte del gasto público para reconducir la actual coyuntura?

Las hay y además hay que luchar por ellas porque garantizan un ajuste más equitativo y sobre todo responsabilizan de la crisis a los auténticos inductores de la actual situación, el sector financiero y todos los actores que tuvieron en la asunción excesiva de riesgos y la defensa de la desregulación del sistema financiero, un comportamiento irresponsable.

Tal y como apuntaban un grupo de economistas el pasado día 13.05.2010 (La izquierda económica plantea alternativas) y sin ánimo de ser exhaustivos las medidas que se podrían acometer irían en la línea siguiente:

a- Imponer un gravamen sobre las transacciones financieras mundial que eviten o mitigen los movimientos especulativos y contribuya a crear un fondo de recursos contracíclico destinado a solucionar los desbarajustes financieros. Tal medida debería ser complementada con una regulación del sistema financiero para que dicho gravamen sobre las transacciones financieras no sea trasladado al cliente final en forma de comisiones o tipos de interés más altos por parte de las entidades financieras.
b- Elevación de la tributación sobre los beneficios obtenidos en inversiones en las SICAV.
c- Incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas de la sociedad contribuyendo a crear un sistema fiscal más progresivo que el actual que avance en una mayor justicia tributaria.
d- Una lucha más intensa y eficiente contra el fraude y la evasión fiscal.
e- Una lucha decidida y coordinada a nivel europeo para eliminar los paraísos fiscales.
f- Revisión del actual gasto militar.
g- Elevación de la fiscalidad de las grandes compañías multinacionales que obtienen mayores beneficios.
h- Recuperación del impuesto sobre el patrimonio.
i- Promover una auditoría exhaustiva de las cuentas de las Comunidades Autónomas, liderada por el Tribunal de cuentas y que ponga de manifiesto cómo y en qué gastan y dónde se puede reducir como resultado de una utilización ineficiente de los fondos públicos
j- Sentar las bases para un cambio en el actual modelo productivo español donde se cree riqueza a través de la creación de empleo de calidad en la economía productiva y no engordando las finanzas o sectores económicos de baja productividad y competitividad y que implican un alto coste ambiental.

¿Qué es lo que evita que estas medidas no se pongan en práctica?

Desde este espacio de observación y crítica entendemos que la izquierda actual se encuentra sometida al dictado de los mercados internacionales y por tanto invalidada para aportar soluciones a esta situación tan delicada. Una situación que requiere ideas nuevas y valientes que permitan combatir el actual orden de cosas con igualdad y justicia social y que esta izquierda sedicente no es capaz de aportar por su cercanía a los centros de poder. También por su falta de rebeldía y porque en general los partidos de izquierda han asumido todo un ideario de medidas de política económica de corte conservador cuya diferencia de las practicadas por la derecha es absolutamente nula. Una derecha más centrada en garantizar el cambio de gobierno en las próximas elecciones que de establecer las bases para unas líneas de colaboración entre gobierno y oposición. Cooperar en el marco de un pacto de Estado por el bien común de la economía española sería lo recomendable. Lo contrario es una postura irresponsable, máxime cuando lo previsible es que se produzca ese cambio político, ya operado en países como Gran Bretaña, que intensificará las medidas de austeridad a costa de los colectivos más débiles de la sociedad.

Este es el drama de fondo que existe en la actualidad, una clase política incapaz de proporcionar alternativas reales para resolver una situación crítica y que explica con gran claridad que en la última encuesta realizada por el CIS se llegue a la conclusión de que el 3º problema que tiene este país después de la actual situación económica y el desempleo, no sea otro que la clase política.

Solo las exigencias de una Sociedad Civil activa y crítica con los políticos que ha elegido en el gobierno y en la oposición, que logre zafarse de su actual aletargamiento intelectual y social para reivindicar una mayor y más intensa participación en los asuntos públicos, defendiendo una profundización en el concepto de Democracia y una apología de lo comunitario frente a lo privado, permitirá presionar a las actuales instituciones públicas a encontrar soluciones de Estado y no medidas partidistas que perjudiquen a las clases menos pudientes de la sociedad.

Una ciudadanía, en fin, que exija una Europa Social, una Europa más cercana a la gente y no a las finanzas o a los centros de poder económico. Éstos pretenden imponer unas medidas que amenazan con sentar las bases de un declive duradero que empobrecerá a la sociedad a costa de polarizar aún más si cabe la actual situación económica y social.

* Viñetas publicadas en el diario El País por El Roto

jueves, 3 de junio de 2010

El concepto de interés general. Una utilización arbitraria por parte de las instituciones canarias (y 2)

                                                                                                                                                                    
En el anterior artículo hacíamos un breve repaso de dos proyectos con cierta importancia por su capacidad de movilización ciudadana y su gran impacto medioambiental en las dos islas donde se desarrollaron o se intentaron desarrollar. El objetivo era proporcionar cierta visión retrospectiva de los hechos para apoyar la idea de que la utilización del concepto de interés general que realizan algunas de las instituciones canarias, sobre todo los Cabildos, no solamente no está justificada, sino que en muchas ocasiones como los que hemos expuesto se realiza un empleo fraudulento del concepto.

Un análisis concienzudo de los diferentes casos expuestos aquí muestra una serie de pautas que se producen con cierta reiteración y que nos puede ayudar a comprender, aún más profundamente, la lógica de actuación de muchas de las instituciones canarias promotoras de estas y otras obras.

Estas pautas son:

1º- Dudosa justificación económica, social y democrática de ciertos proyectos promovidos por estas instituciones.
2º- Imposición de una solución antes de que se diagnostique el problema con rigor y honestidad profesional.
3º- Nula o escasa participación ciudadana en el proceso de declaración de interés general del proyecto.
4º- Declaración de interés general sin base jurídica y con una alta coincidencia con determinados intereses particulares, normalmente de carácter empresarial y/o económicos.
5º- Proyectos que cuentan con presupuestos públicos con una dotación económica generosa que a la hora de ejecutarlos se superan holgadamente.
6º- Las alternativas a la opción oficial son propuestas por colectivos que conforman la Sociedad Civil y se demuestran como más eficientes, menos costosas y con una afección medioambiental mucho menor que la propuesta institucional.
7º- Deslegitimación y demonización por parte de las autoridades oficiales de las alternativas propuestas por esos colectivos de la Sociedad Civil.

Esta dinámica de actuación de las instituciones canarias se puede detectar también en otras grandes obras previstas como pueden ser el cierre del anillo insular en Tenerife, la tercera pista de Gando en Gran Canaria, la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur y un largo etc, que muestran un nivel de opacidad y falta de transparencia dignas de denuncia.

A continuación realizamos el mismo ejercicio para otros dos proyectos que forman parte del programa de gobierno de los partidos políticos que detentan el poder en las actuales instituciones canarias.

Se trata de dos proyectos que aún no han sido hechos realidad por la fuerte oposición ciudadana con la que se han encontrado en las dos islas donde se han planteado, Fuerteventura y Tenerife. Además se trata de dos proyectos emparentados en tanto en cuanto se quieren desarrollar en dos zonas donde están ubicadas importantes praderas de sebadales; Granadilla en el caso de Tenerife y Agando en el caso de Fuerteventura. La aprobación por parte del Parlamento del nuevo catálogo de especies protegidas el pasado mes de mayo da cobertura legal a ambas infraestructuras (El puerto de Agando, otro 'desbloqueo' de Berriel)

Las centrales térmicas en Tuineje: Recalificación de suelo y especialización en usos

En la localidad majorera de Tuineje, más concretamente en el valle de Agando, se promueve desde hace unos años la construcción de una central térmica vinculada a un polígono y un puerto de carácter industrial. El proyecto requiere de la recalificación previa de una extensión de 169.000 metros cuadrados de suelo de uso turístico (reserva estratégica según el Plan Insular) a suelo industrial. La recalificación de los terrenos permitiría la construcción de un proyecto en una zona de gran valor natural donde además se sitúa el LIC Playas de Sotavento que incluye una importante pradera de sebadales de gran calidad e interés científico. Junto a este proyecto existe otra iniciativa de instalar otra central térmica en el Llano de la Higuera, también en Tuineje que implicaría utilizar el actual Puerto de Gran Tarajal para la descarga de combustible y el abastecimiento de la central.

Las administraciones implicadas en el proyecto, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el propio ayuntamiento de Tuineje, todas del mismo color político (CC-PP) han mantenido posturas encontradas respecto a la idoneidad de los proyectos. Mientras que el Gobierno de Canarias se declara a favor de la iniciativa, el Cabildo y el Ayuntamiento se han declarado en contra del proyecto tal y como le han pedido los ciudadanos en una de las movilizaciones más multitudinarias de la historia de Fuerteventura que sacó a la calle a más de 3.000 personas y recogió unas 5.000 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular claramente en contra del proyecto.

Sin embargo, la aprobación por parte del ayuntamiento el pasado 27 de enero de 2010 de calificar el suelo del valle de Agando como suelo industrial estratégico en el PIOF (Agando suelo industrial = central térmica) abre la puerta al Gobierno de Canarias para instalar las centrales en la medida en que esa calificación admite la central eléctrica, la industria ligera, la industria pesada y la planta de residuos peligrosos. Esta declaración pone en entredicho la postura inicial del ayuntamiento y del cabildo que se comprometieron a trasladar al Gobierno de Canarias la oposición al proyecto de las centrales térmicas y adoptar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para garantizar los acuerdos plenarios de oposición a la instalación adoptados por el Ayuntamiento de Tuineje el 19 de noviembre de 2009 y el 29 del mismo mes por el Cabildo de Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias no ha renunciado a ninguna de los proyectos mencionados, dándose el caso, único en España, de que en un mismo municipio se promuevan dos centrales térmicas. Al contrario, el Gobierno de Canarias declaró de interés general la necesidad de la central eléctrica del Llano de la Higuera durante el 2009 ante la evidencia, según esta misma institución de que el suministro energético en el sur de Fuerteventura no estaba garantizado (Impulso a la central eléctrica del Llano de la Higuera)

Según el blog de la Plataforma Ciudadana contra la Central Térmica de Agando, Plataformanoagando, sorprende que el Gobierno de Canarias solicite nuevo suelo de calificación industrial en Agando cuando el 80% de las zonas industriales del municipio de Tuineje están sin desarrollar completamente y Fuerteventura cuenta con unas inmejorables condiciones para la generación de energía eólica y fotovoltaica.

Las centrales de ciclo combinado han quedado obsoletas tecnológicamente y muchas empresas del sector han decidido no invertir más en ellas. Por tanto, llama la atención la declaración de interés general de la instalación de esa central cuando parece más correcto que lo que hay que considerar de interés general es el cambio en el modo de generación de energía. Parece más perentorio y urgente que Fuerteventura con unas condiciones climáticas propicias para las energías renovables tienda a emular el modelo energético de El Hierro y no a perpetuar un sistema energético generador de más residuos y basado en una tecnología del siglo XX.

La instalación de la central térmica en el Llano de la Higuera, a cargo de la empresa mallorquina Sampol permitiría a juicio de las instituciones Canarias acabar con los problemas de suministro en los municipios de Pájara y Tuineje. Contradicción evidente que ponen en tela de juicio el interés general de esas centrales térmicas ya que el consumo de energía en el municipio de Tuineje representa solo el 8% del consumo total de la isla, una cantidad que a priori no es relevante para justificar el apoyo del proyecto, máxime cuando hay fuentes que indican que el consumo eléctrico en la isla presenta el mayor descenso de toda Canarias.

Lo que se detecta, sin embargo, son ciertos movimientos por parte de las instituciones de la isla y del Gobierno de Canarias que van en la línea de especializar los usos de algunos municipios de Fuerteventura. En Jandía se concentrarían parte de los usos turísticos de la isla y en Tuineje se concentrarían los usos industriales necesarios para garantizar una cobertura integral en la isla. Si este es el objetivo se olvida que no es democrático imponer una instalación de la envergadura de una central térmica a muy poca distancia de algunos núcleos poblacionales sin ni siquiera iniciar un proceso de consulta popular pública, informada y libre que tenga en cuenta la opinión de los afectados y las necesidades de la isla.

Si finalmente el lugar elegido viene a ser el valle de Agando, la central requiere la construcción de un muelle de apoyo a la descarga de combustible que sería el tercero en la isla, detrás de los ya existentes en Gran Tarajal y en Jable, lo que significa un argumento más que demuestra la utilización fraudulenta que realiza el Cabildo del concepto de interés general.

El superpuerto de Granadilla. La gran estafa

El mismo comportamiento del Cabildo se puede observar en los últimos 10 años respecto a la construcción del Puerto Industrial de Granadilla. La propuesta oficial en su versión inicial (luego fragmentada en partes) contaba con la construcción de un superpuerto que se adentraba en el mar hasta 1,5 Km desde la costa alcanzando los 50 m. de profundidad. El proyecto preveía ganar al mar 1.370.000 m2 para lo que hacían falta hasta 21.000.000 m3 de material de relleno que al parecer se obtendrían de los materiales extraídos en la construcción de la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur. Las dimensiones del proyecto y la zona donde pretenden ubicarlo afectan de lleno al espacio protegido a nivel europeo LIC Sebadales del Sur de Tenerife.

El aparato propagandístico y mediático del Cabildo de Tenerife comienza a vender el proyecto en los medios y a la opinión pública como la opción más viable para captar el tráfico de contenedores, crudo y productos y la única posible para diversificar la economía de la isla de Tenerife. La contestación ciudadana, plataformas sociales y determinadas áreas de la Universidad de La Laguna se han encargado de cuestionar el proyecto demostrando con argumentos contundentes que dicha infraestructura no se necesita.

Las actuaciones posteriores del Cabildo, grupos de presión y demás instituciones afines al proyecto han girado sobre varias iniciativas concretas:

1º- Declarar el puerto industrial de Granadilla de interés público de primer orden ante el colapso del actual Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, el puerto de Santa Cruz no solo no está agotado sino que se encuentra infrautilizado y la Unión Europea ha proporcionado fondos para su ampliación (”El proyecto del puerto de Granadilla: excusas sin fundamento”. Federico Aquilera Klink)

2º- Tenerife tiene que facilitar la entrada del gas para cumplir con el protocolo de Kioto y reducir su dependencia del petróleo. Para ello es necesario instalar una central de ciclo combinado, lo que requeriría una plataforma portuaria que facilite la entrada del combustible. Sin embargo, la central de ciclo combinado puede existir con independencia del puerto mediante una plataforma Off Shore y además la introducción del gas en la isla no cambiaría la dependencia energética de Canarias de los combustibles fósiles.

3º- Descatalogar una parte concreta del sebadal situado entre el lugar destinado para el puerto y el LIC. Sin embargo, el TSJC suspendió cautelarmente el inicio de las obras del puerto durante el 2009 ante la denuncia del grupo ecologista Ben Magec. La suspensión cautelar viene a ratificar la denuncia de los ecologistas que indica que la “descatalogación ad hoc” de especies protegidas porque se encuentran en lugares protegidos que interrumpen el desarrollo de una infraestructura es una ilegalidad.

4º- Modificar el actual catálogo de especies protegidas, mediante una proposición de ley promovida por CC y apoyada por el PP, reduciendo a la mitad el número de especies bajo protección y rebajar la protección de otro 30%, incluyendo la seba. Si el obstáculo para la construcción del puerto es el nivel de protección de los sebadales, una modificación en el catálogo de especies protegidas cambiando el catálogo permitirá suprimir dicho obstáculo. (“Puerto de Granadilla, el gran fraude”. Francisco Castro Morales)

Lo que demuestran los hechos en este caso es el denodado esfuerzo por parte de las instituciones públicas que gobiernan la isla, con el Cabildo de Tfe a la cabeza, de justificar el puerto utilizando argumentos muy dudosos que han ido modificando al tiempo que la ciudadanía y los movimientos sociales se han encargado de desmentirlos.

La última iniciativa de estas instituciones de cambiar el catálogo de especies protegidas da una vuelta de tuerca más al asunto al abrir la posibilidad de desarrollar toda una batería de argucias de dudosa justificación legal y democrática. (Ecologistas irán a los tribunales si se aprueba el catálogo)

Foto 1: Cartel de la manifestación contra el puerto industrial en Granadilla el 27.11.2005
Foto 2: Valle de Agando. Fuerteventura. en el blog Plataformanoagando
Foto 3: Ubicación del LIC Sebadales Granadilla y ubicación de la 1ª fase del puerto de Granadilla. En el blog Elmalpais-lasislas
Foto 4: Planta del puerto industrial de Granadilla. En el blog de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza